Cuando Roy Rivera fue víctima de desaparición forzada, Clara Luz Flores era presidenta municipal de Escobedo y Adrián de la Garza era procurador de Justicia de Nuevo León. Ahora ambos contienden por la gubernatura del estado.

Texto: Daniela Rea

CIUDAD DE MÉXICO.- El 11 de enero del 2011, hombres armados que portaban chalecos de la policía municipal de Escobedo Nuevo León, sacaron al estudiante universitario Roy Rivera Hidalgo de su casa. Desde entonces, su madre Leticia Hidalgo, lo ha buscado en campo, en juzgados y en la justicia internacional.

En enero del 2018 Leticia Hidalgo y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que la acompaña en su búsqueda, interpusieron una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la desaparición de Roy Rivera Hidalgo. Este pasado 21 de abril el organismo internacional emitió su resolución:

El estado mexicano es responsable de la desaparición de Roy y ésta califica como desaparición forzada porque el estado tenía conocimiento de los vínculos entre policías y criminales, porque nunca investigó el crimen, porque el tiempo en que Roy ha estado desaparecido la familia que le busca y le espera ha sido una tortura para ella. 

A 10 años de los hechos, la ONU «nos da la razón sobre lo que durante años hemos gritando en un valle de impunidad y simulación, en Nuevo León, en todas sus instituciones, en la búsqueda de nuestro ser querido Roy Rivera. Con esto nos confirman que el estado sí sabía de la desaparición de Roy, que es responsable de la desaparición de Roy, que es responsable de no haber buscado ni investigado a Roy y que el estado tortura, porque es una tortura tener a un hijo desaparecido. Fue el estado y sigue siendo el estado”, dijo Leticia Hidalgo, en una conferencia de prensa para anunciar la resolución de la ONU.

“El Comité considera que los hechos constituyen una desaparición forzada atribuible al estado mexicano es decir, Roy Rivera Hidalgo pudo ser desaparecido por el estado y continúa sin ser localizado por su propia irresponsabilidad”, agregó Hidalgo.

Responsables de entonces, ahora van por gubernatura

Cuando Roy fue desaparecido Clara Luz Flores era presidenta municipal de Escobedo y Adrián de la Garza era procurador de Justicia de Nuevo León. Ahora ambos contienden por la gubernatura del estado.

La familia Rivera Hidalgo tendrá reuniones con el gobierno mexicano, particularmente con Olga Sánchez Cordero, titular de Segob, para trazar una ruta de trabajo y cumplimiento de las recomendaciones a autoridades estatales y federales.

“El estado debe seguir buscándolo, encontrarlo y regresarlo a casa e investigar a quienes no investigaron, quienes permitieron la desaparición. Incluso, el Comité es muy enfático en como el estado mexicano y de Nuevo León sabía de lo que estaba pasando, la vinculación de agentes estatales vinculados con delincuencia organizada y no hicieron nada y además de no haber hecho nada no investigaron y negaron el hecho y dejaron la carga de la prueba a la familia, algo  que seguimos viendo ahora: son las familias  quienes investigan”, dijo Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

La ONU afirmó en su documento que la investigación del contexto de las desapariciones es importante para prevenir futuras desapariciones y que está obligado a generar las condiciones de no repetición.

La ONU señaló que  el estado tiene la responsabilidad de la liberación de Roy en caso de encontrarse con vida; en caso de que haya fallecido se entreguen sus restos mortales a sus familiares en condiciones dignas. 

Agregó que el estado mexicano está obligado a investigar y sancionar cualquier acción que haya podido entorpecer la búsqueda y localización de Roy Rivera Hidalgo; además de proporcionar la información detallada de todos los resultados de su investigación; de procesar y sancionar a las personas responsables de las acciones y de divulgar estas resoluciones.

El estado mexicano debe dar una reparación integral que incluya una indemnización así como asistencia medica y psicológica y adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.