La esposa de un hombre muerto a manos de la Guardia Nacional durante una persecusión reveló que funcionarios federales le ofrecieron dinero a cambio de no interponer una denuncia. El coordinador de la Guardia Nacional en Tamaulipas fue removido

Texto: Carlos Manuel Juárez / Elefante Blanco

Foto: Especial

TAMAULIPAS.- Los asesinatos de un hombre y una mujer civiles a manos de elementos de la Guardia Nacional en el centro de Nuevo Laredo sacudieron la institución de seguridad. El gobierno federal decidió quitar a Pedro Ventura Vargas de la coordinación estatal y, en su lugar nombró a Bernardo Reginaldo Reyes Herrera. El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó del cambio en el mando, aunque no habló del hecho del pasado 8 de abril, donde elementos de la corporación mataron al tramitador aduanal Jorge Alberto Rivera Cardoza, de 42 años, y una mujer comerciante.

Este miércoles, Viridiana Promotor, viuda del hombre asesinado, reveló que personal federal le ofreció un millón para no poner denuncia contra los responsables de la muerte de su esposo ante la Fiscalía General de la República, quien abrió una carpeta de investigación de los homicidios tras una persecución en el centro de la ciudad.

La versión de la familia coincide con el procedimiento de un migrante guatemalteco asesinado por militares en marzo. A cambio del dinero, la familia debe firmar un documento en el que renuncia a seguir el procedimiento en contra de los oficiales. La oferta completa es un millón de pesos aproximadamente, más los gastos funerarios y una partida extra para apoyo psicológico.

“Me ofrecieron un millón para no poner denuncia”, dice Viridiana Promotor, de 35 años, viuda de Rivera Cardoza, con quien compartía dos hijos: Jorge Alberto, de 9 años, e Ilze Regina, de 6.

La mujer recuerda que tardaron tres días en entregarle el cuerpo de su esposo. El primer día de espera una persona uniformada que se identificó como miembro de la Guardia Nacional y otras tres que dijeron ser de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hablaron cuando estaba en el Servicio Médico Forense (Semefo).

La señora Viridiana se reunió varias veces con los funcionarios federales y firmó los documentos. Asegura que no sabe ni qué signó. “Me dieron a entender que si les denunciaba yo iba a pisar la cárcel por denunciarles”, afirma. “En otro papel decía que no iba a proceder. Pero yo no traía cabeza. Y yo hice lo que ellos me dijeron que hiciera, porque pensaba que tenía que hacerlo para que me entregasen el cuerpo”, dice.

La semana pasada, Pedro Ventura Vargas, todavía coordinador estatal, aceptó la participación del personal y, por ello, informó que dialogó una familiar de Jorge Alberto, una de las víctimas, mientras cientos de personas se manifestaban afuera del cuartel en el Kilómetro 7 de la Carretera Nacional al día siguiente del hecho.

En esa protesta, el mando policiaco dijo: “estoy enterado de la situación y quiero decirte que estamos muy apenados y tristes por los resultados de las actividades del día de ayer y quiero decirte, que tengas la plena confianza que la gente que participo, si lo hizo mal, serán castigados con toda la fuerza de la ley del estado, no podemos permitir que nadie esté por encima de la ley”.

Testigos de los hechos señalaron que los integrantes de la GN dispararon a un vehículo que seguían cuadras atrás, las balas hirieron de muerte al tramitador aduanal Jorge Alberto Rivera Cardoza, de 42 años, y una vendedora, la cual no ha sido identificada, que se encontraba afuera de la iglesia.

Los pobladores comentaron que los agentes intentaron colocar una bolsa con droga y equipos de radiofrecuencia en la camioneta de la víctima, pero ante la confrontación con los pobladores se alejaron de los sitios de muerte.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de los guardias nacionales. Además, culpó a militares de sembrar municiones, drogas y aparatos de comunicación, de acuerdo con la información recabada por el presidente del organismo ciudadano, Raymundo Ramos.

La versión integrada en el documento afirma que los agentes de la Guardia Nacional circulaban en el centro de Nuevo Laredo, a 100 metros del Puente Internacional Número Uno, cuando dispararon al conductor de una camioneta pick up azul, “ocasionándole una muerte instantánea”.