La esposa del indígena atribuyó la liberación a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se enteró de su caso en la conferencia matutina, porque muy temprano desde Baja California Sur le empezaron a llamar distintas autoridades

Texto: Reyna Haydeé Ramírez

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.-  Melitón está libre. Cerca de las siete de la noche de ayer miércoles salió del Cereso 2 de Nogales, Sonora.

“¿Quieres salir libre? Firma aquí”, le dijo el enviado de la Fiscalía de Sonora y Melitón firmó. ¿Qué le hicieron firmar? aún no se sabe.

Ayer mismo, a media mañana, Teodosia, su esposa, recibió una llamada de los Juzgados, le informaban que se había adelantado la audiencia para las tres de la tarde de este miércoles y que el mismo día saldría libre su esposo.

Sin pensarlo se fue a los juzgados, junto con el abogado. La audiencia sí se reanudó y ahí se enteró que a su esposo le hicieron firmar papeles para liberarlo. No saben aún qué tanto firmaron, pero sí que una de esas firmas era para revocar a su abogado particular, que les había ayudado a conseguir una asociación de Derechos Humanos de indígenas de Vizcaíno en Baja California Sur.

La audiencia fue tan rápido que ni cuenta se dieron ella ni el abogado, porque a él le quitaron la personalidad jurídica y ella no entendió lo que dijeron, sólo que su esposo saldría ayer mismo y que si querían irse a Oaxaca o Baja California Sur podrían hacerlo, pero él tendría que ir a firmar cada mes a Sonora.

Teodosia atribuyó esa llamada de la Fiscalía a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se enteró de su caso en la conferencia matutina, porque muy temprano desde Baja California Sur le empezaron a llamar para que la escuchara o viera en Internet y alcanzó a escuchar:

“Es una injusticia o es un abuso de autoridad o un exceso de la autoridad. Entonces, vamos a pedirle a Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que atienda hoy mismo este caso para ver si se puede liberar a esta persona lo más pronto posible.

“Nosotros esos casos no los permitimos, no los toleramos, no somos iguales”, dijo López Obrador tras escuchar que la Fiscalía de Sonora y un Juez de Nogales, basados en un reporte de la Guardia Nacional, habían armado el caso legal contra Melitón por el presunto delito de conducir una camioneta al parecer robada en Puebla.

Ayer mismo, personal de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana informó que ya se estaba atendiendo el caso con la Fiscalía de Sonora y con el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, para ver el actuar de los agentes en Sonora.

Sobre este presunto robo, existen dos números de serie de una camioneta NR300, Nissan, color blanca. Uno, modelo 2018, que en la Plataforma México aparece con reporte de robo del 4 de diciembre del 2020 en Puebla, y otra modelo 2016, que es la que conducía Melitón y que su familia explica que la compraron en Tlaxcala, a una persona que la usaba para labores del campo, que además cuenta aún con seguro, credencial de elector del vendedor, entre otros documentos.

Las partes en el juicio deberán aportar los elementos para llegar al fondo de este asunto. Si efectivamente existe un vehículo robado, porque en la audencia el asesor jurídico, dijo no haber encontrado a la víctima, pues la Fiscalía de Puebla tenía poco o nada de interés en colaborar.

La audiencia simulada

Melitón, de 44 años, indígena mixteco, de oficio albañil, que habla y entiende poco o nada de español, estaba preso desde el 7 de febrero. Tres agentes de la Guardia Nacional lo detuvieron en un retén instalado en el kilómetro 32 de la carretera federal 2, en Santa Ana, Sonora.

En menos de 24 horas fue puesto a disposición del Ministerio Público en Magdalena, Sonora, y turnado al juez, quienes en conjunto con la defensora de oficio simularon una audiencia de control de detención, donde contrario a lo que dice la Ley, le impusieron como “perito traductora” a su esposa, que habla el idioma mixteco y lo básico para comunicarse en español.

La audencia dura casi dos horas y a la mitad, todas las partes se olvidaron de Teodosia que no traducía nada.

La defensora de oficio, Jazmín Hernández Gándara, había ojeado el expediente minutos antes de la audiencia, incluso leyó los argumentos y las leyes en una computadora, para pedir al Juez que no le diera la razón al Ministerio Público, porque la compra del vehículo fue de buena fe. También pidió que no le autorizara la prisión preventiva, pues era la medida cautelar más severa y riesgosa para Melitón, por ser un delito no grave.

El Ministerio Público argumentó que Melitón no era de Sonora y viajaba frecuentemente, que era del sur de México y por ello podía buscar a la víctima y actuar contra ella, y que su domicilio era incierto y había que garantizar su presencia en el juicio.

“Efectivamente mi representado no es del estado de Sonora y no por eso se le va a privar de su libertad, no por eso se le va a tomar en perjuicio, puesto que él al momento de venir, él lo venía haciendo con toda libertad para trasladarse a la ciudad por motivos familiares. No estaba huyendo del lugar, ni estaba tratando de obstaculizar algo”, dijo Hernández Gándara.

“No por ese hecho de que él efectivamente cuente con un trabajo y viaje frecuentemente, ya va a ser algo que obstaculice la justicia… que sea del sur, no quiere decir que ya efectivamente va a encontrar el domicilio de la víctima… no se le puede tomar en su perjuicio que sea del sur”, añadió.

Bien, dijo el Juez, para dar nuevamente la razón al Ministerio Público:

“Pues sí estimo que pueda existir un peligro de sustracción, debido a que no solo no cuenta con arraigo, ni domicilio, no hay un arraigo, en este estado, no solo en esta ciudad, sino en este estado.

“Debido a lo contrastante de los domicilios en el estado de Oaxaca, como en el estado de Baja California Sur, sin precisar ninguno de los dos, sin precisar con quién, dónde, en qué sentido, frecuencia, el objeto o frecuencia de sus viajes… aunado a lo que se viene diciendo que el contrato fue en el estado de Tlaxcala, que conoce a las partes, que tiene los datos de las partes, entonces por lo tanto… atendiendo a lo manifestado por el ministerio público… esta medida cautelar de prisión preventiva, la estimo procedente”, dijo el juez.

El proceso sigue.

No es un caso o argumento aislado

Ayer mismo, una ciudadana informó que este caso, casi idéntico, le sucedió a su padre, campesino de 77 años, en agosto del 2020, pero en el estado de Morelos, mismo tipo de vehículo, un NR300, Nissan, también presuntamente robado en Puebla.

Su padre también estuvo preso, se endeudó para pagar abogados, para sacar su vehículo, y su proceso aún sigue y la deuda también.

“¿Qué pasa con las leyes que atropellan a campesinos, a personas de la tercera edad, o indígenas? ¿Qué pasa en Puebla?”, cuestionó.

Otra ciudadana narró que policías en Hermosillo, Sonora, intentaron hacer lo mismo con ella, hace un par de meses, la pararon sin razón, y le dijeron que su vehículo tenía reporte de robo. En este caso ella se defendió, su principal argumento era que su carro era comprado en agencia. Y se fue. Su caso no llegó a juzgados.

En ambos casos prefieren omitir sus nombres.