Si el gobierno federal realmente quiere dejar atrás la guerra contra las drogas, tiene que empezar por detener las prácticas más dañinas de la estrategia de disminución de la oferta de drogas a través de la erradicación de cultivos, que resulta claramente contraproducente

Por: Amaya Ordorika Imaz* / @amaya_oi

El miércoles 17 de febrero de 2021, el Presidente Andrés Manuel comentó sobre la continuidad de las labores de erradicación de cultivos, la resistencia comunitaria a ésta y la posibilidad de comenzar programas de sustitución de cultivos mediante el programa Sembrando Vida. 

Ante sus declaraciones rescatamos dos aspectos fundamentales a retomar. Por un lado, a pesar de haber iniciado su sexenio anunciando el final de la guerra contra las drogas en México, la erradicación de cultivos subsiste como política pública. Por el otro lado, México está contemplando la implementación de una estrategia de sustitución de cultivos ilícitos. Debido a la importancia de ambos aspectos, se abordarán en dos publicaciones diferentes. En este texto abordaremos la primera y en la siguiente edición hablaremos sobre la sustitución de cultivos.

La erradicación de cultivos se ha convertido en uno de los indicadores más importantes de las acciones gubernamentales de corte prohibicionista en cuanto a plantas psicoactivas ilegales. Esta métrica es reportada por los países integrantes de la Organización de Naciones Unidas a su Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC) anualmente. En muchos casos, se celebra el aumento de las acciones de erradicación forzada. No obstante, la evidencia muestra que la erradicación de cultivos ilícitos no resulta directamente en la debilitación o eliminación de los mercados ilegales, mientras que resulta en consecuencias graves para las comunidades cultivadoras.

La erradicación forzada, ya sea manual o a través del uso de químicos (en ocasiones por aspersión aérea) es una práctica utilizada en diversos países de América Latina en los que se cultivan sustancias psicoactivas ilegales. No obstante, sus impactos en la disminución de dichos cultivos son menores y únicamente tienen efecto a corto plazo. Si bien hay una eliminación inmediata de los cultivos, estas políticas generan lo que se conoce como el efecto globo. 

De acuerdo con el texto Violencia política, asistencia militar de Estados Unidos y producción de coca en los Andes centrales publicado en la Revista de Ciencia Política del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el efecto globo es el resultado de la implementación de políticas gubernamentales contra mercados de bienes ilegales en el que solamente se provocan cambios en las estrategias de producción y el incremento de la violencia. 

El texto señala que “los estudios existentes han demostrado que las industrias ilegales rentables pueden adaptarse y responder de manera efectiva a los cambios que se dan en la lucha contra las drogas ilícitas” y en particular destaca que la erradicación de cultivos de coca en los andes centrales ha servido para reestructurar la producción y comercio de drogas, sin disminuirlos.

Aunado a que dicha estrategia no logra su objetivo principal de disminuir o erradicar los cultivos ilícitos, ésta genera consecuencias secundarias sumamente preocupantes. Como se ha mencionado, la erradicación de cultivos no tiene un impacto en el mercado general de drogas ilícitas ni en los grandes grupos dedicados al narcotráfico. No obstante, impacta de manera desproporcionada en las comunidades campesinas dedicadas al cultivo. Los impactos en estas comunidades son transversales y resultan en una mayor dependencia a los cultivos ilícitos.

Como se plantea en el texto Erradicación manual, fumigación aérea y precios de la Coca en Colombia, los cultivos ilícitos generalmente funcionan bajo la estructura de un monopsonio controlado por una organización criminal más grande que compra las cosechas a las comunidades cultivadoras por un precio definido de manera independiente a la demanda. Esto resulta en que los grupos dedicados a la compra, en ocasiones transformación y venta de los productos tengan un margen de ganancia suficiente para solventar los costos de la erradicación.

No obstante, las comunidades campesinas cultivadoras pierden el ingreso de su principal sustento económico. De acuerdo con testimonios de mujeres cultivadoras del estado de Guerrero, esto resulta en una disminución significativa de la capacidad adquisitiva, lo cual impacta en la producción y venta de otros productos de la misma comunidad y de comunidades aledañas. A la vez, en muchas ocasiones, las familias cultivadoras toman préstamos por parte de los grupos a los que venden los productos ilícitos y al ser erradicados sus cultivos no sólo pierden el ingreso sino que se quedan con una deuda con los grupos dedicados al narcotráfico.

Asimismo, la erradicación mediante el uso de químicos puede generar impactos en el suelo, el agua y la salud de las comunidades. Si bien el uso de químicos como el glifosato no está tan documentado en México como lo está en Colombia y otros países de América Latina, testimonios de mujeres y hombres dedicados al cultivo de amapola en México señalan el uso de químicos que impactan en la fertilidad de sus tierras y contaminan el agua. Esto tiene impactos en la salud de la comunidad y merma el cultivo de otros productos lícitos.

De acuerdo con testimonios de mujeres cultivadoras de América Latina, el impacto económico familiar de la erradicación resulta en muchas ocasiones en la deserción escolar, el hambre y el desplazamiento por causas económicas. Por lo anterior, muchas comunidades en la región, en particular en México, Colombia, Perú y Bolivia, se han organizado para resistir las intervenciones de erradicación, lo cual resulta en confrontaciones con las fuerzas de seguridad (mayormente las fuerzas castrenses)  que son altamente desiguales en capacidad del ejercicio de la violencia y que en ocasiones devienen en violaciones graves a derechos humanos.

Esto último agrava la vulnerabilidad de comunidades campesinas que se encuentran entre el asedio de las fuerzas del Estado y el de los grupos dedicados al narcotráfico. Testimonios de mujeres cultivadoras en Guerrero destacan que las fuerzas de seguridad del Estado no acuden a los llamados ciudadanos cuando se encuentran en situaciones de peligro y solamente se presentan para asediar a las comunidades y erradicar sus cultivos.

Ante la evidencia internacional y los testimonios de las comunidades dedicadas a los cultivos ilícitos resulta fundamental reevaluar la estrategia de disminución de la oferta de drogas a través de la erradicación de cultivos por resultar claramente contraproducente a los objetivos oficiales. Si el gobierno federal realmente quiere dejar atrás la guerra contra las drogas, tiene que empezar por detener las prácticas más dañinas de dicho modelo. A la vez, se acrecienta la urgencia de desarrollar indicadores en materia de política de drogas que se enfoquen en medir los impactos de dichas políticas en el bienestar y el acceso a una vida digna de la población mexicana. 

* Coordinadora General de Incidencia Política.