Con la intención de que Francisco García Cabeza de Vaca no sea juzgado por delincuencia organizada, los legisladores de Tamaulipas, de mayoría del PAN, establecieron que los desafueros de los funcionarios estatales deberán ser aprobados por mayoría absoluta del congreso local

Texto y foto: Carlos Manuel Juárez

TAMAULIPAS.- El Congreso de Tamaulipas aprobó el reglamento del proceso de declaratoria de procedencia, también llamado de desafuero, con 24 votos a favor de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

En medio del proceso por desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, los diputados establecieron que el proceso que se realiza en la Cámara federal deberá replicarse completamente a nivel estatal y, al final, aprobarse por mayoría absoluta.

De acuerdo con el punto aprobado, el Congreso tamaulipeco recibirá las decisiones a favor de retirar el fuero a diputados locales, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y/o el gobernador de Tamaulipas para procesarlas en un plazo máximo de 60 días.

El primer paso indica que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política recibirán el acuerdo del legislativo federal y ponerlo a votación, después iniciará un procedimiento similar al que actualmente realiza el Poder Legislativo federal.

El Congreso estatal convocará a una Sección instructora que decidirá si acepta el dictamen federal. La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que entregar el expediente y el órgano legislativo abrirá un plazo de alegatos, con el objetivo de elaborar un dictamen que será votado por el Pleno.

La votación se realizará en una sesión especial, donde participarían los agentes de la FGR, el gobernador García Cabeza de Vaca, las y los legisladores locales. Al final, el Pleno debe votar el proyecto presentado por la Sección instructora. De no aprobarse, el presunto responsable se mantiene en el cargo con protección del fuero.

El punto de acuerdo fue firmado por el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Edmundo Marón Manzur, la diputada Karla Mar Loredo y el diputado secretario Roque Hernández Cardona.

“También el procedimiento de homologación tiene como finalidad verificar que la acusación del Ministerio Público Federal tenga fundamento probados y que no sea una simple acusación de la oposición política que vulnere la soberanía estatal; y que la declaración emitida por la Cámara de Diputados que resuelva que ha lugar a proceder en contra de los funcionarios se ajuste a la normatividad aplicable”, afirma el punto de acuerdo.

El reglamento establece nueve puntos; el octavo indica que de aprobarse la separación de la persona imputada del cargo el Congreso de Tamaulipas deberá designar al sustituto. En caso de no votar a favor, la causa penal queda abierta y puede surtir efectos cuando el presunto responsable no goce de fuero.

Consultado al respecto, el abogado penalista Gabriel Regino precisó que la acción legislativa aprobada ayer no tiene efectos sobre el proceso de solicitud de declaración de procedencia contra el gobernador Cabeza de Vaca y viola el artículo 133 de la Constitución federal.

“Es inválida e inconstitucional, porque no pueden ir en contra de la Constitución. Si los diputados reformaron para proteger al gobernador han cometido el delito de coalición de servidores públicos y han escalado al conflicto al siguiente nivel, porque la Federación puede iniciar una investigación contra todos los diputados y declarar la desaparición de poderes”, afirmó.

El abogado Regino reiteró que la decisión que tome la Cámara de Diputados federal debe ser acatada por el Congreso tamaulipeco, quien al ser notificado, tiene la obligación de nombrar gobernador interino, conforme lo establece la norma nacional.