25 febrero, 2021
Agnes Torres y decenas de personas trans fueron asesinadas antes de que el estado reconociera su derecho a existir jurídicamente; después de la presión de la sociedad civil, todas las personas trans podrán cambiar sus documentos de acuerdo con su identidad autopercibida
Texto: Fernando Merino / @FerMerinoN
Fotos: Marlene Martínez
PUEBLA.- “Cuando mi hermana [Agnes Torres] fue asesinada, estaba cabildeando la reforma de ley que hoy lleva su nombre, [la cual buscaba que] el derecho de las personas trans [sea] reconocido legalmente”, dijo ayer en un video Gisela Torres, hermana de la activista.
Este jueves, la reforma que garantia el derecho a la identidad de las personas trnas fue aprobada después de años de estar congelada en dos legislaturas y en la mayoría del tiempo de la actual, hasta que las exigencias de colectivas feministas y trans se materializaron en compromisos tras la toma pacífica del Congreso.
Ese mérito de la sociedad civil fue reconocido por José Juan Espinosa Torres (PT) y Rocío García Olmedo (PRI), quienes presentaron iniciativas en los mismos términos de la que se aprobó; así como Vianey García Romero y Estefanía Rodríguez Sandoval (Morena), quienes presentaron la iniciativa que fue aprobada.
Con un minuto de silencio en memoria de Agnes Torres 一activista trans asesinada el 9 de marzo de 2012—, las y los legisladores iniciaron una sesión de más de cinco horas, que concluyó con la aprobación en lo general de las reformas al Código Civil con 34 votos a favor y seis abstenciones, esto pese a los intentos de diversos legisladores por dilatar las discusión del dictamen y los dichos homo-bi-lesbo-transfóbicos del diputado sin partido Héctor Alonso Granados, que estuvieron presentes durante toda la discusión.
Al respecto, las diputadas Vianey García y Estefanía Rodríguez solicitaron a la Mesa Directiva del Congreso que los discursos de odio del diputado Héctor Alonso sean incluidos de manera íntegra en la versión estenográfica de la sesión, para que posteriormente se puedan abrir los procedimientos correspondientes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla para sancionar sus agresiones.
Éste es el primero de los tres acuerdos pactados por la Junta de Gobierno y Coordinación Política tras el término de la toma pacífica del Congreso el 18 de diciembre; aún falta por discutir la iniciativa en materia de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y el análisis de la Alerta de Violencia de Género en contra de las Mujeres (AVGM), lo cuales deberán abordarse antes de la primera semana de abril.
Con la aprobación, Puebla se convierte en el estado número 14 en garantizar el derecho a la identidad de las personas trans en México, algo que ya avalaron la Ciudad de México 一primera entidad que legisló en la materia en 2008 y que simplificó el trámite en 2014一, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.
La diputada García Olmedo dijo que el Congreso local no está facultado para hacer modificaciones en materia procedimental, civil y familiar, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ), por lo que advirtió el dictamen puede caer en inconstitucionalidad, para resolver lo anterior presentó diversas propuestas reformatorias que fueron avaladas por las y los legisladores.
Entre las 15 propuestas reformatorias que hizo García Olmedo, destacan la eliminación de párrafos de la iniciativa que dictaban el proceso y los requisitos que debían seguir las personas para acceder al cambio de sus documentos, pues eso sí podría considerarse como un cambio procedimental, de acuerdo con la legisladora.
Por su parte, José Juan Espinosa (PT) también presentó propuestas reformatorias por las mismas causas que enunció García Olmedo, pero no fueron aprobadas.
Al respecto, Marco Moreno, de la organización experta en constitucionalidad de los derechos de la diversidad sexual México Igualitario, dijo en entrevista para LADO B que el dictamen de la Ley Agnes no propone cambios a códigos procedimentales y procesales sino a un código sustantivo que es el Civil.
El experto explicó que el derecho tiene dos dimensiones en su legislación: la sustantiva, que es la que declara los derechos, y la adjetiva que es la que señala cómo los jueces van a llevar a cabo esos derechos. En el caso de la Ley Agnes, lo que se modifica es un procedimiento de corte administrativo porque no lo van a realizar jueces sino el personal del Registro Civil y, por lo tanto, no se están invadiendo competencias de instancias a nivel federal.
Sobre la redacción del dictamen, Marco Moreno señaló que no encontraron nada que pudiera ser llevado a la corte por caer en inconstitucionalidad, y destacó que durante la elaboración de la iniciativa se hizo un ejercicio de derecho comparado con los dictámenes en la materia aprobados en otros estados y, hasta el momento, nadie ha impugnado, aseguró el experto, por lo que eso no podría ocurrir en Puebla tras la aprobación de la Ley Agnes.
A partir de su publicación en el Periodico Oficial del Estado (POE), las personas que deseen modificar sus documentos oficiales, de acuerdo con su identidad autopercibida, podrán hacerlo en cualquier registro civil, y de esta forma ser reconocidas de manera jurídica; este cambio garantizará que los trámites administrativos se realicen con el nombre que las personas trans elijan.
Esta nota fue elaborada por el equipo de LADO B. La reproducimos con su autorización como parte de la alianza de la Red de Periodistas de A Pie. Aquí puedes ver la publicaición original.
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