La despenalización del aborto en Quintana Roo va encaminada. Habrá sido gracias a la resistencia civil de las mujeres que comenzaron con un plantón afuera del congreso, en noviembre de 2020

Twitter: @celiawarrior

Las colectivas que integran la Red Feminista Quintanarroense lograron ganar una pequeña batalla. Empujaron y empujaron y orillaron a los diputados y diputadas del congreso de su estado a comprometerse a… ¿Tan solo hacer su trabajo? [¡Vaya!]. 

Hay una discusión legislativa programada para este 24 de febrero que podría culminar en Quintana Roo convirtiéndose en el tercer estado en despenalizar el aborto en México. Si ese momento llega habrá sido gracias a la resistencia civil de las mujeres que comenzaron con un plantón afuera del congreso, en noviembre de 2020.

El plantón se convirtió en toma pacífica del recinto y tuvieron que pasar 73 días —de los cuales durante 40 les quitaron la luz y el agua— para llegar a la firma de un convenio donde legisladores se comprometieron a seguir con el proceso legislativo [literal, con su trabajo]: calendarizar, realizar foros, sesionar en comisiones, dictaminar y votar en el pleno la iniciativa en cuestión. Todo con fecha límite del 24 de febrero y, claro, a cambio de volver a ingresar al edificio. Ah, y mientras tanto la toma pacífica de las activistas permanece.

Parece broma, pero es el ejemplo perfecto, por un lado, de cómo un aparato legislativo complejísimo puede pretender ignorar la exigencia de atención a una problemática que afecta no a una minoría, sino a la mitad de la población; y, por el otro, de la protesta feminista llevada a la resistencia civil bien organizada.

Ahora, es importante mencionar un par de detalles de la iniciativa en cuestión: 

1. Antes de ella hubo dos más que pretendieron modificar el código penal estatal en relación al aborto —una fue ciudadana, la otra de una diputada—, pero nunca llegaron a discutirse. 

2. Las modificaciones al código que proponen esas dos y la actual iniciativa eliminarían la necesidad de presentar una denuncia formal para no sancionar la interrupción del embarazo en caso de violación, pero mantendría la pena si se realiza después de la semana 12. 

Si les resulta ocioso que remarque que despenalización no es igual a legalización, créanme, no lo es. En las grietas entre la elección de palabras se esconden los pseudo argumentos de quienes no pueden aceptar abiertamente que lo que no toleran es perder el control punitivo sobre lo que creen les pertenece: los cuerpos y vidas de las niñas y mujeres.

Así que sentar a señores y señoras legisladores a la mesa para cobrar la deuda que tienen con las ciudadanas puede parecer poco, pero es mucho. Y las integrantes de la Red Feminista Quintanarroense han apostado a múltiples estrategias solo para lograr que les hagan caso —desde las establecidas institucionalmente, como presentar iniciativas; hasta las que podrían considerarse radicales, como la toma del congreso, una protesta pacífica y “parte esencial de un sistema democrático”, dice la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Las mujeres abortamos con leyes o sin leyes, pero queremos poder hacerlo en condiciones dignas y que se garanticen nuestros derechos”, se escucha en un audio distribuido por la Red Feminista a través de WhatsApp, en la tercera semana de febrero, cuando el congreso realizó una serie de foros rumbo al dictamen de la iniciativa. 

Un día antes del acordado con legisladores para votar la iniciativa, Tania Ramírez de la colectiva Siempre Unidas planteó algunos posibles escenarios: el dictamen es negativo, o positivo y rechazan la iniciativa en el pleno porque no tienen la mayoría de votos, y lo llevan a la Suprema Corte. O es positivo, pero no pasa a pleno hasta el 8 de marzo para presumirlo. O simplemente no hay dictamen, los legisladores rompen el acuerdo y la Red Feminista Quintanarroense mantiene la toma. 

Como sea, la despenalización del aborto en el estado va encaminada. Aún cuando el voto de los legisladores en Quintana Roo sea en contra, no podrán continuar pretendiendo ignorar las exigencias de sus ciudadanas.