21 febrero, 2021
Legisladores de Guatemala se reúnen a partir de este lunes con autoridades mexicanas con la intención de lograr reparación a las familias de las víctimas de la masacre de Camargo, Tamaulipas
Texto: Carlos Manuel Juárez
Fotos: FGJ Tamaulipas
Nueve legisladores de Guatemala buscan que el gobierno de México implemente un paquetes de medidas de reparación a las familias de las víctimas de la masacre de Camargo.
El comité legislativo llegó a la Ciudad de México, donde a partir del domingo se reunirán con la embajada guatemalteca.
El diputado por el distrito de San Marcos, Mario Ernesto Gálvez, dijo que la gira se debe a que la reunión entre autoridades guatemaltecas y el gobierno de Tamaulipas se dio con mucha tibieza y sin resultados claros para las familias.
El grupo legislativo, que solamente incluye al partido UNE, busca agilizar la repatriación de los cuerpos de las 16 víctimas guatemaltecas identificadas.
El presidente de la Comisión de Migrantes Rubén Escobar, y el jefe de la Bancada UNE, Carlos Barrera, y seis legisladores arribaron para sostener reuniones con autoridades federales y estatales a partir del día lunes 22 de febrero.
Las y los guatemaltecos identificados que fallecieron en la masacre son Marvin Alberto Tomás López, Élfego Roliberto Miranda Díaz, Adán Coronado Marroquín, Édgar López, Ribaldo Danilo Jiménez Ramírez, Mádelyn Estefanie García Ramírez, Bramdon David García Ramírez, Rubelsy Elías Tomás Isidro, Santa Cristina García Pérez, Anderson Marco Antulio Pablo Mauricio, Iván Gudiel Pablo Tomás, Osmar Neftalí Miranda Baltazar, Paola Damaris Zacarías Gabriel y Dora Amelia López Rafael.
Hay dos centroamericanos más que no han sido revelado sus nombres. Además, los familiares de los mexicanos Jesús “N” y Daniel “P” reclamaron sus cuerpos; ambos fueron señalados como los presuntos traficantes que trasladaban a los migrantes.
El pasado miércoles, los funcionarios del gobierno de Tamaulipas y de la embajada de Guatemala se reunieron para revisar las investigaciones por el multihomicidio en la frontera, cometido presuntamente por un grupo de 12 policías estatales, de los cuales 8 son parte del Grupo de Operaciones Especiales, entrenado en Estados Unidos.
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