Cuando llegó la pandemia el gobierno federal les recortó los recursos para usarlos en la crisis sanitaria. Sin embargo, las Casas de la Mujer Indígena persisten en su labor de prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos

Texto y fotos: Lizbeth Álvarez Martínez

PUEBLA.- La pandemia por covid-19 provocó un aumento de los casos de violencia contra las indígenas en sus comunidades, constata Rubí Nolasco Cruz, representante legal de la Casa de la Mujer Indígena (CAMI) “Yoltica”, en Tlaola, por lo que han tratado de mantener sus servicios, pese a los riesgos que corren y al recorte de 350 mil pesos que el gobierno federal les aplicó el año pasado.

Al inicio de 2021, las responsables de la Casa Yoltica habían decidido cerrar por unos días. Sin embargo, en menos de ocho días tuvieron que reabrir:

“Las mujeres fueron a tocarnos las puertas de nuestras casas. Es una grosería dejarlas afuera. Saben que damos acompañamientos, que trabajamos los temas de violencia”, señaló la abogada, entrevistada en la sede de la CAMI. 

“Varios hombres que trabajaban fuera de la comunidad regresaron por la falta de empleo. Entonces, la falta de trabajo y la incertidumbre son detonantes de la violencia” y llegan a agredir a sus esposas y demás integrantes de la familia, reconoció la especialista.

Aunado a lo anterior, “las cargas de trabajo aumentan para las mujeres. Le sumas también que ellas son las que se encargan de la educación de sus hijos y, luego, sin acceso a internet…”, relata.

Las mujeres decidieron reabrir la casa con guardias y con medidas sanitarias ante la pandemia: tapete y gel desinfectantes y las indicaciones para el uso correcto del cubrebocas.

Quienes atienden los CAMI no solo enfrentan la pandemia por covid-19. Nolasco Cruz refiere que, debido a la política de austeridad del gobierno federal, hubo un recorte entre el 25 y 30 por ciento a instancias que atienden la violencia contra las mujeres.

“Nosotras cada año metemos un proyecto, pero nos avisaron que probablemente no iba a haber recursos para las CAMI. Iniciamos un cabildeo con autoridades a nivel federal, con el apoyo de mujeres representantes que están como diputadas, que legislan. Armamos esta red de apoyo”. No obstante, el año pasado la La Secretaría de Hacienda y Crédito Público les aplicó un recorte de 350 mil pesos para operar la CAMI. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público había hecho este recorte, pero “en esta pelea de presupuesto nos autorizan un recurso emergente. Se recuperaron las becas que les dan a las integrantes de la casa de la mujer. Abonamos así al tema de la prevención de la violencia contra la mujer”, recalcó.

A pesar de la pandemia y el recorte presupuestal, la CAMI ha mantenido el 80 por ciento del ritmo de trabajo. El año pasado recibieron entre 45 y 60 mujeres a quienes les dieron apoyo jurídico y psicológico, además de los acompañamientos al Ministerio Público o a hospitales, señala Nolasco Cruz.

En los talleres de capacitación que dan en las comunidades atienden de 200 a 300 mujeres por año sobre temas de derechos humanos, salud sexual reproductiva, prevención de abuso sexual en escuelas, empoderamiento de las niñas.

Las acciones de las CAMI constituyen una herramienta para el acceso a los derechos de las indígenas. Son un espacio donde se brinda atención con pertinencia cultural, perspectiva de género y de derechos humanos para prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos.