Los elementos estatales son los más señalados como los responsables de los actos de tortura; el fiscal Peniche asegura que el repunte, cinco veces más que durante el gobierno de Duarte, obedece a que ese delito se ha convertido en una estrategia de defensa de los detenidos

Texto: Blanca Elizabeth Carmona

Foto: Imagen ilustrativa/ Dirección de Seguridad Pública Municipal Chihuahua

CHIHUAHUA.- La tortura en el estado de Chihuahua es un delito que durante el gobierno de Javier Corral Jurado ha dejado al menos 1,347 víctimas, según datos oficiales.

La cantidad de personas que denunciaron daños por actos de tortura en lo que va de esta administración es casi cinco veces mayor a la registrada durante el sexenio de César Duarte Jáquez, cuando se reportaron 282 víctimas por este delito, se desprende de información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a través de solicitudes de información vía Transparencia.

La mayoría de las víctimas señalan a empleados del estado, principalmente agentes de corporaciones policiacas, como los torturadores, según datos de las carpetas de investigación abiertas por la autoridad estatal desde el 2010.

Las cifras arrojan un resultado contrario a lo que ofreció Javier Corral en su toma de protesta como gobernador de Chihuahua, cuando dijo que en su gestión “no más casos de tortura para obtener confesiones”:

“Nuestros cuerpos de policía merecen respeto a su función y solo la lograremos con capacitación en la investigación y en el respeto a los derechos humanos” afirmó el 4 de octubre de 2016.

Actualmente el escenario es distinto. Datos oficiales muestran que los casos de tortura en el estado se dispararon durante su gestión, principalmente en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, localidades que concentran casi el 70 % de los casos registrados.

Sin embargo, para el fiscal General del Estado de Chihuahua, César Peniche Espejel, este aumento en el número de víctimas y de carpetas de investigación iniciadas por tortura no es indicativo de que exista un incremento de esta conducta ilegal.

Considera que el repunte obedece a que la denuncia de tortura cada vez más se utiliza como una estrategia de defensa de los detenidos, para desvirtuar la acción de la autoridad. También, asegura, porque en el sexenio pasado se presentó un subregistro de los casos.

Para Carla Palacios Flores, abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte – organización que brinda acompañamiento a víctimas y familiares de víctimas de tortura y desaparición forzada– las cifras de tortura exhiben que en el estado las autoridades incurren en tratos crueles e inhumanos de manera sistemática y generalizada para que detenidos se declaren culpables de delitos que en su mayoría no cometieron.

Lamenta que la autoridad niegue la tortura porque considera que con esa postura se obstaculiza la justicia para los afectados. Aunque concede que el aumento puede estar relacionado a que ahora la ciudadanía tiene más información para detectar cuando ha sido víctima de tortura.

En 10 años,  mil 600 víctimas

La información proporcionada por la Fiscalía muestra que de 2010 al mes de agosto de 2020,  1,629 personas denunciaron que fueron víctimas de tortura en el estado de Chihuahua.

De ese total, al menos 1,347 – un 82.6 %– se registran de 2017 a agosto de 2020, periodo en el que la FGE abrió 976 carpetas de investigación, de acuerdo con información obtenida de respuestas a solicitudes de información presentadas vía Transferencia. La cantidad puede ser mayor debido a que el reporte del último año solo contempla la incidencia registrada en Ahumada y Ciudad Juárez.

Las otras 282 víctimas de tortura se registraron entre el 2010 a 2016, periodo que corresponde al gobierno de Duarte, cuando el Ministerio Público (MP) dependiente de la FGE abrió 204 carpetas de investigación por tratos crueles e inhumanos. Algunas de estas indagatorias incluyen a varias víctimas, se informó.

Los datos exhiben un incremento de más del 400 % en la cantidad de víctimas desde el 2017.

“La denuncia por supuestos temas de tortura se ha incrementado por ser una estrategia empleada por los abogados defensores para tratar de desvirtuar una detención en el momento de la audiencia de control, porque eso conlleva la desestimación de los datos de prueba recabados hasta entonces”, dice el fiscal general de Chihuahua.

El número de denuncias y de carpetas de investigación iniciadas por el ilícito de tortura no es indicativo de que exista o se hubiese incrementado, asegura César Peniche.

“Basta que se mencione la palabra tortura para que el juez de inmediato ordene la apertura de una investigación, aún y cuando no haya datos objetivos de su existencia, razón por la cual son asuntos que no proceden después de realizada la investigación”, dice.

Peniche asegura además que en años pasados se dio un subregistro respecto al delito de tortura, porque en hechos constitutivos de ese delito se iniciaban pero “como abuso de autoridad o carpeta de hechos”.

Negar los hechos, inicio de impunidad

Para Palacios Flores, abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte esa visión del fiscal representa un obstáculo para obtener justicia para las víctimas.

“Hay una negativa de parte de las autoridades de aceptar que estos delitos se comenten en el Estado de Chihuahua, es decir una negativa para aceptar que existe desaparición forzada, que existe tortura” lamenta.

“Hay una constante estigmatización de las autoridades para las víctimas que denuncian, es decir se les tacha de ser familiares o integrantes de grupos del crimen organizado, lo cual es un obstáculo grave, primeramente para que se pueda establecer una confianza de parte de las víctimas para las autoridades y para que las víctimas también narren a cabalidad, es decir de manera completa, sus relatos de tortura o desaparición”, añade.

Los tratos crueles e inhumanos, sin embargo, se han documentado hasta en el interior de la propia Fiscalía, como ocurrió en mayo del 2019, cuando defensoras del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte sorprendieron actos de tortura a ministeriales en oficinas la Unidad Antisecuestros.

El organismo dio a conocer que sus derechohumanistas atestiguaron el castigo físico y psicológico al que era sometido un detenido. Primero observaron cómo agentes ministeriales trasladaban violentamente a un detenido, luego escucharon gritos y llanto, además de golpes y amenazas con palabras altisonantes.

Las defensoras confrontaron a los agentes por la violación de derechos humanos que estaban cometiendo en el edificio de la Fiscalía, pero éstos “de manera violenta” les respondieron que se retiraran ya que se encontraban en medio de una “investigación”.

“Fue muy irónico haber sido testigos de un hecho como ese dentro de la corporación, sobre todo porque esto ocurrió en una hora donde la institución seguía teniendo afluencia (de personas) y que aconteciera frente a la unidad de Control Interno, que precisamente está encargada de investigar actos de tortura al interior de la Fiscalía”, dice ahora una de las defensoras de derechos humanos que atestiguó ese hecho que pidió el resguardo de su identidad por cuestiones de seguridad. 

Estatales, la autoridad más acusada

Aun cuando la información proporcionada por la Fiscalía no precisa el nombre de corporaciones cuyos agentes acumulan más denuncias por tortura, si muestra que los elementos estatales son la autoridad más señalada como responsable.

De acuerdo con la información obtenida a través del sistema de Transparencia, los funcionarios o empleados estatales son los que más incurren en practicar la tortura, con 624 carpetas de investigación iniciadas contra ellos en el periodo 2010 a 2019, de acuerdo con los datos oficiales.

En segundo lugar están los funcionarios municipales con 435 carpetas de investigación; en tercero, los federales con cuatro carpetas ante el Ministerio Público (MP) del fuero común; también tres cometidos por particulares –aunque la ley establece que ese delito solo lo pueden cometer los servidores públicos y a éstos únicamente se le puede juzgar cuando estén acompañados de funcionarios–.

En nueve casos, la Fiscalía no se especificó quiénes fueron los responsables. Tampoco se tuvo acceso a información de la autoridad más acusada por este delito en el 2020.

Testimonios de las víctimas señalan que la asfixia con bolsas de plástico en el rostro, descargas eléctricas en los genitales, golpizas propinadas a personas encobijadas, desnudos, violación con rifle u otros objetos, humillaciones, amenazas de causar daño a los familiares y de asesinar a las propias víctimas, son algunos de los métodos de tortura más utilizados por agentes de corporaciones policiacas.

La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura describe que este delito lo comenten el o los servidores públicos que inflija a una persona dolores o sufrimientos –sean físicos o psíquicos– con el fin de obtener información o una confesión; también como un castigo por un acto que haya cometido o se sospeche que realizó; para que realice o deje de hacer algo o bien para obtener un placer.

La impunidad

Aunque las denuncias por posibles actos de tortura se cuentan por decenas en Ciudad Juárez, prácticamente ninguna llega a terminar en una responsabilidad penal o administrativa para los responsables.

Una muestra de esto son las 722 carpetas de investigación que se abrieron tan solo en los municipios de Ahumada y Ciudad Juárez, de enero de 2017 a agosto de 2020. De esas, el 97.6 % aún se mantiene en investigación y el resto se declinó o se mandó al archivo temporal, se desprende de la información proporcionada por la Fiscalía.

Palacios Flores, abogada del CDHPN y representante legal de víctimas de desaparición forzada y tortura, dice que la mayoría de las denuncias no prosperan debido a que las autoridades le apuestan más al hartazgo de las víctimas, a quienes se les pide acreditar el delito sin haber pasado por un proceso judicial.

“Se les exige que pasen por un Protocolo de Estambul, un relato perfecto es decir que no tengan ninguna falla. Se les exige una cantidad importante de cosas que para ellos como víctimas es completamente desgastante”, expone.

Palacios también consideró ridículo que la Fiscalía investigue a sus propios agentes.

“¿Cómo pedirles a las víctimas que confíen en sus propios perpetradores, en la propia institución que los victimizó?”, dice Palacios.

Este trabajo fue publicado originalmente en LA VERDAD JUÁREZ que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.