14 enero, 2021
Entre las empresas beneficiadas en los contratos de prisiones privadas está Black Rock y compañías de Carlos Slim, Olegario Vázquez y Jerónimo Marcos Gerard, cuñado de Carlos Salinas. El presidente advierte que buscará cancelar los contratos por los que todavía el gobierno debe pagar 190 mil millones de pesos, con o sin internos en los penales
Texto: Daniela Pastrana y Reyna Haydee Ramírez
Foto: Saúl López Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Felipe Calderón otorgó contratos por adjudicación directa a 6 empresas privadas para la administración de 9 reclusorios. Estos contratos, que suman más de 266 mil millones de pesos, obligan al gobierno a pagar a las empresas por un periodo de 20 años, al término de los cuales éstas mantendrían el control de los penales, “con o sin personas privadas de su libertad”.
Las empresas beneficiadas con los centros de reclusión son: Exi Quiantium, SA de CV (Sonora y Guanajuato); Gia, SA de CV (Oaxaca); DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria SA de CV (Durango); Capital Inbursa, SA de CV (Chiapas y centro Femenil Morelos); Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán SA de CV (Michoacán), y Black Rock, SA de CV (Guanajuato).
En la información que reveló la titular de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Rosa Icela Rodríguez, se aprecia que los contratos sin licitar se entregaron en el sexenio de Felipe Calderón, a través de la Secretaría de Seguridad Pública que entonces presidía Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos.
Las cláusulas amparan contratos hasta por 22 años, el último de ellos terminaría hasta el año 2037.
Rodríguez explicó que, en los últimos 9 años, el gobierno ha pagado más de 75 mil 665 millones de pesos, que representan el 36 por ciento del monto pactado entre el gobierno federal y particulares por la construcción de los reclusorios en Sonora, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Durango, Guanajuato, Chiapas y Morelos. Eso significa que aún están pendientes de pagar 190 mil 658 millones de pesos, con un costo final proyectado de 266 mil 300 millones de pesos, para terminar de pagar en el año 2035.
Sólo en 2020, el pago destinado a estas empresas alcanzó los 16 mil millones de pesos, equivalente a la mitad de lo que el gobierno mexicano destinará a las vacunas contra la covid-19.
“Por eso no avanzaba México, por eso cada vez más pobreza. ¿Cuándo va a alcanzar el presupuesto? Miren, 16 mil millones de pesos es la mitad de lo que nos van a costar las vacunas ¿Cuánto tenemos disponible para las vacunas? Treinta y dos mil millones”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las empresas que en 2010 y 2011 recibieron ventajosos contratos para administrar al menos ocho de los 17 penales federales que hay en México tienen como propietarios, entre otros, a Carlos Slim, Olegario Vázquez y Jerónimo Marcos Gerard, este último cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari,
A través de empresas gestoras de inversión, crearon fideicomisos para administrar, y prácticamente convertir en privados, los penales federales de Sonora, Michoacán, Durango, Oaxaca, Chiapas, Morelos y dos en Guanajuato.
Los penales de Sonora y uno de Guanajuato en un principio fueron operados por dos fiduciarias distintas que tenían como cabeza principal a ICA Constructora. Actualmente están a cargo de la empresa Exi Quantium S. A. de C. V., que hoy preside Andrés Alija Guerrero, quien hizo su carrera en empresas de Carlos Slim.
El cefereso de Oaxaca se entregó al fideicomiso creado por GIA S. A. de C. V. en marzo de 2011. Esta empresa se atribuye a Jerónimo Marcos Gerard Rivero, Igual que aparece como ejecutivo clave de Black Rock México, que también tiene bajo su administración un penal en Guanajuato.
Un penal más es también parte de este tipo de fideicomisos, aunque no fue mencionado en la conferencia del presidente, se trata del Centro Federal de Readaptación Social Varonil en Ramos Arizpe, Coahuila, con capacidad para 2 mil 520 internos. De acuerdo con el sitio oficial del gobierno de México, es administrado por BlackRock México Infraestructura I, S. de R.L. de C.V., de Jéronimo Gerard, Juan Alberto Leautaud Sunderland y José María Zertuche Treviño.
Los ceferesos de Michoacán y Durango se atribuyen a dos empresas filiales de Prodemex, del director general de Grupo Empresarial Ángele, Olegario Vázquez.
Recientemente Prodemex y Black Rock se asociaron para buscar sin éxito un contrato para construir un tramo del Tren Maya.
De acuerdo con la información presentada, los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, excoordinador general de Centros Federales; Arturo Sosa Viderique, director de Administración de la ex Coordinación General de Centros Federales, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de adquisiciones de la misma.
El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, expuso que los contratos fueron por adjudicación directa y los servicios que se estipulan son adquisición del terreno, equipamiento, desarrollo de la infraestructura y diseño del proyecto, así como el pago de la conservación, el mantenimiento de las instalaciones y equipos de laboratorio, limpieza, jardinería, alimentación, dotación de uniformes y artículos de higiene personal a los internos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la Consejería Jurídica de la Presidencia se pondrá en contacto con los empresarios beneficiarios para dar por terminado esos contratos en buenos términos. En caso de que no haya conciliación, se iniciará una denuncia para la cancelarlos.
“Hay una denuncia presentada en la Fiscalía General que tiene que ver con la situación del señor García Luna. He dado instrucciones al consejero jurídico para que se actúe en dos vertientes: que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente, y que si tienen voluntad de que haya un arreglo, se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la Hacienda Pública, se va hablar con cada uno de ellos. En paralelo, se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo”, dijo López Obrador.
El mandatario se reservó los nombres de los empresarios beneficiados con los contratos, sólo dijo que son muy cercanos al poder en los pasados sexenios. “Salvo que me los pida el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos)”, dijo irónico, en relación con la polémica que ha surgido esta semana por su propuesta de reestructurar la administración pública y eliminar los órganos autónomos.
“Nos importa que haya castigo, nos importa mucho recuperar lo robado, la reparación del daño. Miren: en promedio, 3 mil 500 pesos diarios tener un recluso. Es lo que yo gano al mes, es un hotel de gran lujo, esto es lo que tenemos que enfrentar. Es un botón de muestra, esto se extendió durante todo el gobierno, se dedicaron a saquear, corrupción a estos extremos. Todavía no terminamos de limpiar, pero estamos convencidos y comprometidos a desterrar la corrupción del país. Teníamos que actuar porque ya estamos en falta, para cumplir con el contrato se pagó en el 2019 y se pagó en el 2020, como en el caso de Odebretch, contratos leoninos», insistió.
Rosa Icela Rodríguez destacó que 72 por ciento de 22 mil millones que se ejercieron en 2021 fueron para las empresas privadas. Esto son 15 mil 562 millones. Luego, desglosó los gastos que representan al erario cada uno de los 12 mil internos de esos centros. Esta es la relación:
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