El siglo XIX estuvo enfrascado en una larga lucha entre liberales y conservadores. Uno de los momentos claves de este periodo fue cuando la iglesia católica patrocinó y apoyó un golpe a la Constitución de 1857, un documento modelo de los derechos civiles en México

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Entre los muchos presidentes de México que han sido vacilantes está Ignacio Comonfort. Su carrera política y militar está llena de luces y sombras, un personaje perdido entre la conciliación y las medias tintas.   

Comonfort nació en Amozoc, Puebla, en 1812. Su padre fue un militar que murió cuando Ignacio tenía 5 años. Desde entonces, el niño se dedicó a trabajar para ayudar a su madre sostener a su familia. Se dice que cuando asistió al Colegio Carolino —actualmente sede de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla—, el muchacho se las arregló como sirviente de otros alumnos.

Comonfort encontró cobijo en el Ejército, en un momento en que la patria estaba gestándose en medio de varias guerras internas. A los 20 años, se convirtió en capitán y participó en una de las batallas definitivas contra el gobierno del dictador Antonio López de Santa Anna, en Guerrero. Buen militar, avanzó también escalones en la política, donde fue diputado.

En 1855 Juan N. Álvarez dejó la presidencia a causa de la agitación política que provocó la promulgación de la Ley Juárez, donde se abolieron los tribunales especiales y el fuero eclesiástico. El guerrerense dejó las puertas abiertas para un compañero de batallas y Ministro de Guerra: Ignacio Comonfort.

Inolvidable es el manifiesto a la nación de Álvarez el día de su renuncia:

“Pobre entro a la Presidencia y pobre salgo de ella, pero con la satisfacción que no pesa sobre mí la censura pública, porque dedicado desde mi más tierna edad al trabajo personal, sé manejar el arado para sostener a mi familia, sin necesidad de los puestos públicos, donde otros se enriquecen con ultraje de la orfandad y la miseria”.

Pero si la Ley Juárez provocó un cisma político en el país, con revueltas auspiciadas por las clases más acodadas y la Iglesia católica, la Constitución de 1857 fue un verdadero terremoto.

Además de la terrible desigualdad y de la poca representativa política, el siglo XIX también tuvo una de las generaciones de liberales más brillantes en la historia de México: Miguel Auza, Ponciano Arriaga, José Santos Degollado, Vicente Riva Palacio, Isidro Olvera, Melchor Ocampo; y los imperdibles periodistas Guillermo Prieto y Francisco Zarco. Todos ellos diputados.

Esa bancada liberal logró que se aprobara, en 1857, una Constitución de vanguardia en el mundo. El lugar donde se aprobó el documento se encuentra resguardado en Palacio Nacional y conserva el mobiliario y la decoración de la época.

Parte de la redacción de esa Constitución era una esbozo de la actual: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”. “El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. La República sería “representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación”.

El documentó ratificó la abolición de la esclavitud, abolición de monopolios de paso, una reforma agraria donde se contempla la ocupación de tierras del clero y de grandes terratenientes, registro civil y secularización de cementerios. Libertad de expresión, se mantuvo la Ley Juárez, enseñanza libre, libertad de culto, pena de muerte sólo para casos graves, como traición a la patria, abolición de títulos de nobleza y honores hereditarios y periodo presidencial de 4 años.

Con dificultades, el 5 de febrero de 1857 quedó aprobada la Constitución. En la sesión legislativa, el diputado liberal Ponciano Arriaga hizo un planteamiento sobre la propiedad:

“El pueblo no puede ser libre, ni republicano, y mucho menos venturoso, por más que cien constituciones y millares de leyes proclamen derechos abstractos, teorías bellísimas, pero impracticables, en consecuencia del absurdo sistema económico”.

La reacciones fueron inmediatas, la Iglesia católica anunció la excomunión para todos los que la reconocieran.

El dubitativo presidente, Ignacio Comonfort juró la Constitución a principios de diciembre, pero se involucró secretamente en un autogolpe de Estado en la que participaron el partido conservador, militares como el general Félix María Zuloga y los políticos Manuel Payno y Juan José Baz.

Los conspiradores pensaron que la Constitución del 57 era demasiado radical, con muy pocas garantías para el clero y las clases acomodadas. Comonfort creía que sería imposible gobernar con semejante documento.

Las ideas del golpe fueron vertidas en el llamado Plan de Tacubaya, que fue firmado en el exconvento franciscano de Tacubaya. Actualmente, el exconvento es parte del Cuartel General de la Zona Militar Número Uno.

El 17 de diciembre de 1857 los conservadores dieron el golpe de Estado.

Los liberales —apegados a la Constitución— dieron el poder al presidente de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Benito Juárez. Por su lado los conservadores nombraron a Comonfort como presidente. El país quedó dividido en dos bandos durante varios años, en la llamada Guerra de Reforma.

Ignacio Comonfort fue desechado un año después por los políticos del bando conservador, quienes llegaron a proponer la vuelta de Santa Anna. Comonfort se refugió en Estados Unidos y volvería a México para combatir a los franceses en 1862.