16 diciembre, 2020
Desde hace dos años miles de personas que pidieron asilo en Estados Unidos han sido obligadas a permanecer en México, a la espera de que se resuelva su petición. Muchas son mujeres, enfrentadas a una constante situación de riesgo. Aquí la historia de una de ellas, Fany, y su familia
Texto: Rodrigo Soberanes
Foto y video: Duilio Rodríguez
CIUDAD JUÁREZ.- Fany aún se pregunta qué hacen ella y su familia en Ciudad Juárez desde hace 14 meses sin poder moverse de ahí. Salieron de El Salvador porque unos adolescentes les habían prometido la muerte y lograron escapar una noche a escondidas. Después, en la frontera norte de México, sobrevivieron a un secuestro a manos de supuestos policías.
Cuando cruzaron el Río Bravo y se entregaron a las autoridades de Estados Unidos pidiendo asilo, de inmediato los mandaron de vuelta al lado mexicano de la frontera.
“Sé que estamos en una situación bien difícil por lo que vivimos en El Salvador, lo que vivimos acá y no sé ni cómo vamos a hacer ni cómo vamos a solucionar las cosas”, dice Fany desde el albergue Pan de Vida de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
Llegó hasta ahí, a ese albergue, un día después de que se había lanzado al Río Bravo con su familia “para entregarnos en Estados Unidos”. Su estancia en el país del norte no duró ni dos días completos.
La Patrulla Fronteriza los entregó al Departamento de Seguridad Nacional, donde se enteraron de que existía algo llamado Protocolo de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés) y que tenían que firmar su entrada a esa polémica estrategia migratoria impuesta por el gobierno de Donald Trump el 20 de diciembre de 2018.
Ese programa, también llamado Quédate en México, consiste en sacar del país a solicitantes de asilo y enviarlos a territorio mexicano para que esperen ahí sus citas ante la corte que les toque, para explicar por qué piden al gobierno de Estados Unidos que los deje permanecer en el país.
El programa fue parte de una dura negociación del presidente Donald Trump con el naciente gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El magnate prácticamente obligó al presidente mexicano a aceptar el MPP. Fue el inicio de una controvertida política de AMLO, quien empezó su mandato con un mensaje de puertas abiertas a la migración, y terminó por cerrar las puertas y enviar a la Guardia Nacional a contener el flujo de personas que vienen del sur.
Muchos de ellos tenían el proyecto de asilarse en Estados Unidos. No lo consiguieron.
Hasta septiembre de 2020, un total de 68 mil 430 personas fueron trasladadas desde Estados Unidos a la frontera norte de México, de acuerdo con datos de The Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), una organización de la Universidad de Syracusa que reúne información sobre justicia federal en Estados Unidos.
Según Trac, hasta septiembre de 2020 había 24 mil 540 casos pendientes en las cortes de Estados Unidos. Esto significa que de las 68 mil 430 personas que firmaron su entrada el MPP registradas hasta ese mes, alrededor de 43 mil 890 inmigrantes pudieron volver a sus países.
La información sobre su destino final se desconoce. Ni el gobierno estadounidense ni el Instituto Nacional de Migración (INM) de México se han preocupado por recabar los datos.
En todo caso si volvieron a sus lugares de origen se enfrentan a un territorio donde son perseguidos.
El momento en que Fany, sus hijos y esposo se presentaron ante las autoridades migratorias estadounidenses fue fugaz:
“Uno de migración nos llamó y nos preguntó si sabíamos lo que iba a pasar con nosotros. ‘No’, le dije. ‘Pues ustedes van para México nuevamente’. ‘¡Cómo!, ¿por qué?, yo no puedo regresar a México’. Fue lo único que alcancé a decir. Me dijo: ‘tienen que firmar unos papeles’. ‘¿Y si no los firmo, qué?’. ‘Los firmes o no los firmes, siempre vas para México’”.
La mujer salvadoreña, que un día antes de cruzar el río había sido liberada por sus secuestradores en Ciudad Juárez, dijo claramente al funcionario que la atendió:
“Yo no puedo regresar a México”. La respuesta del agente de migración fue contundente: “Eso se lo tienen que explicar al juez”. ¿Pero cuándo podría estar ante un juez? Nadie lo sabía.
Lo que Fany le explicó al gobierno de Estados Unidos, a través de abogados voluntarios que la contactaron cuando ya estaba en el albergue en Ciudad Juárez, es que el 21 de abril de 2019 unos jóvenes “pandilleros” mataron a su tío, que en realidad era como su padre. Expuso que también a sus hijos los amenazaron.
Les dijo que era inminente un ataque contra su familia si se quedaba en El Salvador.
“Mi tío era como un papá para mí. Tío esto, tío lo otro. Siempre estuvo ahí para darme ánimos y de repente me dicen: mira, mataron a tu tío y no sabemos por qué. Al siguiente día yo fui y le pregunté a la esposa qué vio. No sabía quiénes eran, pero venían vestidos de policías. Mataron también a los dos cipotes (niños) que vivían con él”.
No hizo falta ningún esfuerzo para saber quiénes eran los matones porque ellos mismos se presentaron después a su casa, exigiendo una suma de dinero con amenazas elocuentes.
“Golpearon a mi esposo, le ponían la pistola a él. Mis niños miraban todo eso. A mi hijo mayor la pandilla lo seguía. Llegaba de la escuela a estudiar y decía: ‘Mamá, ya no quiero estudiar. Están llegando unos cipotes diciendo que me meta a la pandilla o los van a matar a todos’. Lo iba a traer a la escuela y decía: ‘Mire, mamá, ahí están’”.
La noche del 23 de junio de 2019, Fany y su familia salieron de casa. No le dijeron a nadie, ni siquiera a sus familiares y amigos. Se fueron en la penumbra y tomaron rumbo hacia el norte con la idea de reunirse con la mamá y hermanas de ella.
Tuvieron la suerte de pasar por todo México sin sobresaltos hasta llegar a Ciudad Juárez.
Ahí se acabó la suerte.
“Llegamos a Juárez. Yo traía un teléfono pequeño y una cartera, de repente vimos unos policías. No corrimos ni huimos. Nos quedamos parados nomás y se acercaron dos a nosotros. Nos preguntó uno de ellos de dónde éramos. Tuvimos que decirle que de El Salvador. Nos llevaron para una oficina. A mi esposo y a mí nos metieron a un cuarto y a mis hijos en una sala”.
“Escuché que mis niños lloraban. Les dije que me dejaran verlos y me decían que se los iban a dar al DIF. ‘¿Por qué, si no los estoy maltratando ni tampoco los he abandonado?’. ‘Pero los estás trayendo a sufrir’. Me quitaron la cartera y el teléfono. Sacó la pistola y la puso en la mesa. Me asusté mucho. ‘¿Qué pasa, por qué no nos dejan ir?’. Mi esposo me dijo que ya no dijera nada. Él estaba muy nervioso. No nos soltaron, nos quedamos esa noche ahí”.
Todo estaba muy raro, pero Fany no tardó en saber la verdad. Al día siguiente “uno de ellos dijo: ‘Vayan, ahora sí se pueden ir de aquí’. Yo pensé ¿cómo así? dijeron ya estuvo, ya arreglamos las cosas, y yo preguntaba qué cosas arreglaron”.
Tomó a sus hijos y abandonaron el lugar donde estuvieron encerrados. La familia se encaminó al Río Bravo para tratar de cruzar a Estados Unidos.
El propósito era entregarse a las autoridades migratorias de ese país. “Que nos agarren ahí”, le dijo a su esposo porque en México corrían más peligro. “Nos quedamos en el muro parados esperando a Migración”.
– ¿Le contaron a las autoridades esto que me acaban de contar?, se le preguntó.
-No, no pudimos
Tan pronto Fany pudo comunicarse con sus parientes que viven en Estados Unidos, su mamá le contó que había recibido una llamada de esos supuestos policías y que pagó 4 mil dólares por su liberación.
Entonces entendió. Habían estado secuestrados.
La familia salvadoreña es parte de los miles de personas que han sido obligadas a permanecer en México, a la espera de resolver una petición de asilo que, para ellos, representa salvar la vida.
No tuvieron forma de defenderse. Cuando firmaron los documentos que los incorporó al programa Quédate en México no tuvieron ninguna asesoría legal.
Al regresar a México abordaron una camioneta del Grupo Beta, dependiente del Instituto Nacional de Migración (INM) que los llevó al albergue donde ahora se encuentran.
El refugio está en medio de un páramo desértico, con dunas y que tiene una vista privilegiada de El Paso, Texas, y donde inclusive se atisban algunos poblados fronterizos de Nuevo México.
Es el territorio donde esperaban refugiarse y encontrar una mejor vida. Un incierto futuro que, hasta ahora, sigue ausente.
“El programa Quédate en México es inédito. Fue una política inventada por Estados Unidos. Es una modalidad que se llama Acuerdo de Transferencia, donde hay peticiones de asilo y las personas esperan en otro país”, dijo Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración.
Kuhner explicó que, de acuerdo con los lineamientos de MPP, Estados y México deben asegurarse de que se cumpla “el debido proceso”, es decir, que todas las personas tengan acceso a un abogado, un intérprete, a conocer los detalles de su juicio y a conocer los tiempos y procedimientos que involucran.
“En este caso ha sido casi imposible para abogadas y abogados representar a personas, sobre todo cuando los mandan a lugares de la frontera extremadamente peligrosos”, opinó Kuhner.
Además, México debería garantizar que se cumpla “el principio de no devolución” para que ninguna persona que haya dejado “su país de persecución” tenga que volver y arriesgarse a perder la vida. Y por su parte México tendría que garantizar el mismo debido proceso.
El 19 de octubre pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos informó que analizaría casos de migrantes acogidos al MPP, tomando en consideración que esa política pública podría ser ilegal.
La decisión se basó en el antecedente establecido en febrero cuando una corte local bloqueó la implementación de Protocolo “por violar leyes federales e internacionales”.
En su campaña electoral el ahora presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a cancelar el MPP en sus primeros días de gobierno.
No está claro si cumplirá. En su lista de cuatro prioridades a atender de inmediato no se encuentra el tema de la migración.
En todo caso, si mantiene el compromiso sería una noticia esperanzadora para miles de personas que, desde hace dos años, esperan estoicamente en poblaciones fronterizas, arriesgando su vida y expuestas a un creciente riesgo por la pandemia de covid-19.
Pero hay obstáculos en ese camino, recuerda Gretchen Kuhner. Uno de ellos, por ejemplo, es la crisis económica mundial y que en Estados Unidos ha sido particularmente severa.
Las miles de personas obligadas a integrarse al MPP, entre ellas las que decidieron volver a sus países, dudan que el gobierno mexicano hubiera cumplido su compromiso de cuidar a las personas que aceptaron recibir en su territorio.
“Desde nuestra perspectiva, México no ha cumplido”, dijo Gretchen Kuhner.
Así, en tal escenario el primer paso en el camino a la solución corresponde a Joe Biden. Y para cumplir con su palabra “el primer paso sería anunciar la terminación de MPP. Esto significaría que las personas que llegan a la frontera ya no las van a regresar”, resalta la directora de IMUMI.
La segunda etapa sería que las personas que están en frontera y que están bajo MPP tengan los mismos beneficios.
Cómo lo va a hacer Biden pero sobre todo cuándo son las preguntas a responder en medio de la emergencia sanitaria porque los temas prioritarios del presidente electo “van a ser el control de la pandemia, la logística de la vacuna y la recuperación económica”.
La familia salvadoreña ha debido adaptarse a su nueva circunstancia. No ha sido sencillo, especialmente para Fany.
Su esposo, por ejemplo, padece de esa clase de miedo que puede sobrellevarse: cada madrugada sale del albergue para trabajar en la construcción de carreteras.
Un empleo que le da cierta seguridad: en el inhóspito desierto, con el calor extremo que se multiplica por las dunas y que casi derrite el asfalto de las carreteras, es difícil que los secuestradores, policías o delincuentes, se animen a cazar víctimas.
Menos entre obreros que parecen fantasmas de negro, cubiertos de pies a cabeza para no quemarse la piel.
Los hijos de Fany salen de su casa hasta una tienda a dos calles del albergue. Lo hacen en relativa paz, después que entablaron una especie de acuerdo con los vendedores de droga que abundan en Anapra.
Desde la primera vez que los abordaron en la calle, dijeron que no, con calma, y dejaron las cosas tranquilas.
Pero Fany está lejos de la calma y paz. Ella padece de ese miedo que paraliza. El que le impide dar dos pasos en las arenosas calles del refugio.
Su casa está frente a un solar con una cancha de voleibol, con viejas llantas enterradas para entretener a los niños del barrio.
Acostumbrada al clima de Centroamérica, para Fany es raro sentir frío a pesar del sol quemante, sobre todo en otoño e invierno.
A la izquierda del refugio se ve la presa de Anapra. Cerca de ahí está una cruz donde mataron a un hombre. Cuando hace calor, la visten con una playera. Cuando hace frío, le cuelgan un suéter, como si la madera fuera el cuerpo de la víctima.
Frente al albergue pasan los autobuses que llevan a miles de trabajadores de colonias periféricas de Ciudad Juárez a trabajar a las plantas maquiladoras.
Y también, muy esporádicamente, llegan autobuses de transporte público que son abordados por huéspedes del albergue que salen a abastecer sus despensas.
Es la vida de Fany y su familia desde hace varios meses, cuando engrosaron la lista de miles de solicitantes de asilo en una corte de El Paso, a unos metros de su casa actual.
Las audiencias se suspendieron durante la pandemia de covid-19, y aunque paulatinamente parecen reiniciarse la esperanza de que les toque un turno próximo se mira lejana.
Hay, sin embargo, esperanza, y se reduce a febrero de 2021. En esa fecha está programada la audiencia de la familia pero también es el mes en que Fany espera el nacimiento de su cuarto hijo.
Algo que sucede con frecuencia entre los albergados en el programa Quédate en México y que en el caso de las mujeres, explica Gretchen Kuhner, les coloca en una situación vulnerable.
“Muchas de las personas que han regresado a través de MPP son mujeres con niñas y niños chiquitos. Para ellas el cuidado de la familia es muy diferente que cuando estás sola. Envuelto en este tema de cuidado está la salud, la educación, si van a perder un año de escuela o más” dice.
Es preguntarse “qué hacer con la situación emocional, qué hacer con un secuestro. Está la salud reproductiva, si te puedes embarazar, todos estos temas son importantes”.
Fany, con el embarazo de seis meses, sabe de eso. Todos los días va y viene desde temprano en su casa. Lava y cocina para que sus hijos salgan a tomar clases a un centro de estudios que hay dentro del albergue.
Es difícil verla desocupada. Y más difícil es verla de mal humor. “Los primeros meses me sentí mal por el embarazo, tal vez por la situación en la que estamos y ahora viene un bebé en camino” confiesa.
“Pero estoy bien, un bebé es una bendición. Mis hijos son lo mejor que puedo tener”.
Editor y fotógrafo documental, retrato, multimedia y vídeo. Dos veces ganador del Premio Nacional de Fotografía Rostros de la Discriminación.
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