La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tiene un antecedente: la ejecución extrajudicial de dos normalistas: Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, en la carretera del Sol el 12 de diciembre de 2011. Se cumplen 9 años, y el crimen sigue impune

Texto: Kau SirenioPioquitno 

Foto: Jose J. Hernández / Cuartoscuro

GUERRERO.- A nueve años de que fueron asesinados los normalistas de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, sigue la impunidad. De la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de Guerrero y al congreso local, no se cumplió ni siquiera una línea. Esto, porque el Partido de la Revolución Democrática (PRD) protegió a los principales responsables de estos hechos ocurridos en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011.

La recomendación de la CNDH iba dirigido al gobernador Ángel Aguirre Rivero y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal; estas dependencias debían indemnizar a familiares de los estudiantes asesinados por las policías federal, estatal y ministerial, en la Autopista del Sol, así como a los tres heridos y los 24 detenidos y torturados durante el desalojo violento.  

En la comisión instructora del congreso local mayoría del PRD, Bernardo Ortega Jiménez y Luisa Ayala Mondragón se opusieron a que el exprocurador Alberto López Rosas y el exsecretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borjas, fueran objeto de juicio político. Hicieron lo imposible y lo lograron.  Los perredistas propusieron que la sanción fuera de un año, lo que significaba mero trámite a la recomendación de la CNDH. 

Sin embargo, el dictamen ni siquiera llegó al pleno, debido a que el juez federal de primer distrito exoneró al exprocurador. Alegó que la Procuraduría de Justicia del Estado no aportó pruebas suficientes para acreditar el delito de encubrimiento, a pesar de que López Rosas mintió una y otra vez, cuando intentó inculpar al normalista Gerardo Torres, quien fue torturado para que, se declarara culpable de haber disparado en contra de sus compañeros. La noche del 12 de diciembre el ex funcionario presentó un arma larga y granadas de fragmentación que supuestamente portaba el estudiante. 

En lugar de justicia, en los primeros dos años, el gobierno estatal desplegó una intensa campaña para desvirtuar la demanda de justicia de los normalistas. Incluso, policías federales, estatales, soldados y marinos, reprimieron de manera sistemática a estudiantes de Ayotzinapa: el 10 de diciembre de 2012, marinos y policías federales dispararon en contra de los muchachos cuando realizaban actividades de colectas de dinero en la carretera Iguala-Chilpancingo; en el tramo conocido como Casa Verde, dos estudiantes fueron torturados y cuatro más fueron llevados a la procuraduría de justicia ese día.

Mientras, la policía estatal detuvo a 25 normalistas el 7 de mayo de 2013, cuando realizaban boteo para costear el festejo del Día de las madres. Los hechos ocurrieron en el mismo tramo de Casa Verde; los jóvenes fueron liberados después que profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) tomaron las instalaciones de la procuraduría esa tarde.

De las agresiones, tortura y detenciones arbitrarias sumaron más de 10 casos del 12 de diciembre a hasta el 26 de septiembre de 2014, día en que policías municipales de Iguala secuestraron y desaparecieron a 43 normalistas y asesinaron a tres de ellos y tres civiles más. En ese contexto, el Estado mexicano permitió y confabuló la tragedia de Iguala.  

En la búsqueda de justicia, los padres de familia de los jóvenes asesinados se reunieron con organismos internacionales para exponer su demanda y solicitar su intervención para acabar con la impunidad institucional en México. 

Una lista amplia

La lista de los responsables por omisión o comisión del delito de lesa humanidad en contra de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa del 12 de diciembre de 2011, la encabeza el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, el ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Ramón Almonte Jorja, el ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas y la actual diputada local, Silvia Romero Suarez.

Para eximirse de la culpa, el exprocurador López Rosas asegura en su libro Ayotzinapa, verdades, sesgos y falsedades (una infamia desde el poder) la orden para reprimir y asesinar a los normalistas vino del secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, quien le habría dicho: “quiero detenidos”, y la secretaria de Educación, Silvia Romero Suarez. 

Al día siguiente de que la policía federal, estatal y ministerial dispararan en contra de los normalistas cuando protestaban en el punto conocido Parador de Marqués de la Autopista del Sol, fueron separados del cargo únicamente el entonces procurador Alberto López Rosas y el secretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja, y a uno que otro funcionario menor.  

Sin embargo, uno de los personajes clave de este hecho sigue intocable a pesar que ese día dijo a los periodistas: “El gobernador me ordenó limpiar la carretera y está limpia”; así contestó agresivo el general retirado del Ejército, Ramón Miguel Arriola Ibarra, entonces subsecretario de Seguridad Pública de Guerrero.  

Recomendación ignorada

La recomendación de la CNDH estableció la destitución de los funcionarios del gobierno, así como juicio político en contra Almonte Borja y López Rosas. Sin embargo, esto no sucedió. 

En este proceso electoral, López Rosas se inscribió como precandidato a gobernador de Guerrero por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 

Hasta la fecha lo único que el gobierno del estado ha hecho es la disculpa pública, que más bien pareció un acto de puro trámite, de simulación. Porque ese día, los principales ofendidos y víctimas no llegaron al evento programado por el gobierno del estado. 

El 21 de noviembre de 2012, el gobernador encabezó en Acapulco un acto en el que se supone pediría disculpas públicas a los agraviados por la muerte de los dos estudiantes. El problema es que no consultó a los agraviados acerca del lugar y la fecha para tales disculpas. Y lo que es peor, ni siquiera los invitó. Si acaso, hasta un día antes, después del mediodía, localizaron a algunas de las víctimas de la represión para entregarles a través de un oficio en el que se les avisaba, que no invitaba, que tenían que presentarse al día siguiente para el manoseado acto. 

Por eso no asistió ninguno de los familiares de los estudiantes asesinados ni de los que detuvieron y torturaron en los separos de la Policía Ministerial. Quienes sí asistieron fueron los familiares de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, el empleado de la gasolinería que falleció víctima de las quemaduras que sufrió cuando intentó apagar la máquina despachadora que alguien –nadie sabe a ciencia cierta quién– incendió. En el acto, los familiares de Gonzalo agradecieron al gobernador el apoyo. 

De hecho, ha sido evidente de que, desde el principio, el gobernador ha tenido un trato muy diferente con la familia de este trabajador al que dio a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa. 

En el primer punto de la recomendación de la CNDH establece que el gobierno tiene que indemnizar a los padres de los estudiantes asesinados y castigar a los responsables directos del asesinato de los normalistas. Hasta ahora, sólo hay dos detenidos; los demás siguen libres. 

Mientras, el caso del estudiante Edgar Espíritu, herido por un disparo de la policía ministerial, no ha sido resuelto, a pesar de que su estado de salud es delicado, ya que un balazo daño una tercera parte de su pulmón. 

En el evento de la supuesta disculpa pública, Aguirre aprovechó el momento para decir que su gobierno cumplió con las recomendaciones de la CNDH: “En cuanto a sanciones a los probables responsables, se sigue proceso penal a dos policías ministeriales, de acuerdo con los estudios periciales realizados por la PGJE, CNDH y Procuraduría General de la República, y corresponde al Poder Judicial determinar su situación jurídica”, asienta el boletín oficial del referido acto, que puede leerse en la página web del gobierno del estado. 

A nueves años del 12 de diciembre en la Autopista del Sol, los responsables de la ejecución extrajudicial de Gabriel Echeverría y Alexis Herrera continúan en las calles y se candidatean para puesto de gobierno en Guerrero. El exgobernador Ángel Aguirre hizo todo lo posible por proteger a sus incondicionales y trató a toda costa de desprestigiar el movimiento estudiantil, al grado de polarizar a la opinión pública en torno al tema Ayotzinapa. 

2011: el inicio

Desde noviembre de 2011, el gobernador y medios impresos de la capital guerrerense desplegaron una campaña de satanización en contra de los normalistas, al grado de exponerlos linchamiento público, en las calles de Chilpancingo. Estos hechos fueron parteaguas que culminó el 26 de septiembre de 2014, en Iguala cuando la policía municipal desapareció a 43 estudiantes, sin que hasta la fecha haya rastro de ellos.

De ese desprestigio, vinieron múltiples agresiones hacia los normalistas, que a la fecha suman más de medio centenar de estudiantes agredidos: 9 asesinados y 43 desaparecidos en nueve años.

12 de 2011: Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino asesinados en la Autopista del Sol; de estos hechos no hay un solo detenidos, ni sentenciados, el crimen sigue impune. Los policías ministeriales Rey David Cortes Flores e Ismael Matadamas Salinas señalados en fotografías disparando en contra de los normalistas fueron liberados 16 meses después.  

Sin embargo, el comandante Rey David Cortes Flores fue asesinado el 09 de enero de 2019. De acuerdo a las imágenes que se obtuvieron en el lugar de los hechos el 11 de diciembre de 2011, el ministerial fue señalado de haber disparado en contra de los estudiantes de Ayotzinapa.

7 de enero de 2014: Fredy Vázquez Crispín y Eugenio Tamarit Huerta atropellados en la carretera Zihuatanejo-Acapulco por un tráiler que iba en exceso de velocidad; de este hecho aún no hay reparación de daño y sentencia en contra del único detenido. 

Mientras que el 26 de septiembre de 2014: Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardos fueron asesinados en Iguala por la policía municipal de ese municipio, además de la desaparición forzada de 43 de sus compañeros. 

El 5 de octubre de 2015: Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro, ambos asesinados en la carretera Chilpancingo-Tixtla en un aparente asalto carretero, los supuestos asaltantes fueron detenidos semanas después y sentenciados a 60 años, el 11 de septiembre de 2017.