El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que la posición expresada esta semana por la Fiscalía de Veracruz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no representa la del gobierno mexicano. La conferencia presidencial abrió una polémica sobre la responsabilidad de los jueces en la falta de justicia

Por Daniela Pastrana

Foto: Presidencia

El gobierno federal enmendó la plana a la Fiscalía estatal del gobierno de Veracruz, que hace unos días, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), defendió la “verdad histórica” en el caso de Ernestina Asencio, una náhuatl de 72 años, que murió después de ser violada por militares, en su comunidad de la Sierra de Zongolica.

En voz del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, el gobierno federal aclaró su postura:

En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica. Esta posición por supuesto es inaceptable para el Gobierno de México, por lo cual queremos señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana no representa la posición del Estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de derechos humanos y las instrucciones del Presidente para atender estos asuntos”.

De acuerdo con lo dicho por el subsecretario, Ascencio fue violentada sexualmente en 2007 por militares cuando se encontraba pastoreando a sus borregos en el municipio de Soledad Atzompa.

Su hija la encontró tirada en el camino hacia su casa y al cuestionarle lo que le había sucedido, la señora le contestó: “los soldados se me echaron encima, mija. Me duele la cadera”. Luego de ello, la mujer fue trasladada a una unidad médica rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero no estaba abierta, así que sus familiares la llevaron hasta la ciudad de Mendoza, Veracruz, donde falleció la madrugada del 26 de febrero del 2007.

Según el reporte presentado esta mañana en la conferencia diaria de Palacio Nacional, Asencio tenía presencia de lesiones correlativas con violación vaginal y anal; sus agresores le introdujeron vía anal un objeto punzocortante que le destrozó el riñón, el hígado y el intestino. Encinas dijo que esta versión fue confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (hoy fiscalía).

“Sin embargo, de manera posterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación y exhumó el cuerpo, llegando a la conclusión de que por las evidencias que encontró, la señora Ernestina había fallecido por, y lo voy a citar textualmente, ‘por las alteraciones tisulares y viscerales consecutivas, anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario, úlceras gástricas y pépticas agudas de una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mecenteril’», dijo Encinas Rodríguez.

En febrero pasado, el médico legista Juan Pablo Mendizábal confirmó a Pie de Página que la indígena fue agredida sexualmente y que los gobiernos de Felipe Calderón y Fidel Herrera acordaron modificar la versión de los peritos.

Felipe Calderón Hinojosa fue presidente de México de diciembre de 2006 a diciembre de 2012 y es responsable de iniciar una guerra armada contra los cárteles del narcotráfico que sigue hasta hoy y que ha provocado miles de violaciones a los derechos humanos.

El subsecretario Encinas Rodríguez afirmó que el caso se reabrirá y se agotarán todas las líneas de investigación hasta que encontrar a los responsables por las agresiones físicas y sexuales que provocaron la muerte.

“Después de haber conversado con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, con la Secretaría General de Gobierno de ese estado, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos decidido que el informe sobre estos hechos que se presentará el próximo 3 de enero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecerá que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación a fin de garantizar la verdad la justicia y la reparación integral para las víctimas”, aseguró.

“La Secretaría de Gobernación coordinará ante la Comisión Interamericana estos trabajos a fin de alcanzar con los familiares de las víctimas una solución amistosa que permita atender a fondo esta denuncia que por ejecución extrajudicial y violencia contra la mujer presentaron los familiares de la señora Ernestina Ascencio para resolver de fondo este hecho y garantizar justicia no repetición y la reparación integral”.

“Tragedia jurídica”

La de este jueves, que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, fue una conferencia muy peculiar. Además del tema de Ernestina Ascencio, presentado por Encinas Rodríguez, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio respuesta al reclamo hecho por la reportera de Sinaloa Judith Valenzuela sobre el caso de su hijo, preso desde hace 13 años por una acusación falsa y sostenida con tortura.

Sánchez Cordero explicó que el joven fue detenido por el presunto delito de delincuencia organizada y portar armas exclusivas del Ejército; sin embargo, conforme avanzó el proceso de demostró que fue torturado. Ante las irregularidades en el caso, la CIDH ordenó su liberación y la reparación del daño; a pesar de ello, desde hace 3 años cumplió una sentencia y aún sigue recluido, porque se pidió la reposición del caso y ésta aún no tiene respuesta.

“Es una injusticia por donde se le vea. Hay cuatro protocolos de Estambul que determinaron que fue torturado”,

dijo Sánchez Cordero.

La exministra explicó que es paradójico que, en este caso, sea la petición de reposición del procedimiento lo que  tenga detenida la liberación del joven, a pesar de que ya cumplió la sentencia de 10 años.

“Es una tragedia jurídica, porque no hay sentencia definitiva”, dijo la secretaria.

Segunda llamada, segunda

El caso de Rafael Méndez Valenzuela, de 33 años, fue presentado por su madre en la conferencia presidencial del 25 de noviembre. Ahí, la periodista expuso que Rafael fue detenido y encarcelado de forma injustificada en enero de 2008 en Valle de Bravo, Estado de México. Policías estatales, agentes federales y militares, lo torturaron durante seis horas y media para que firmara una declaración en la que reconocía que formaba parte del grupo criminal La Familia.

Al joven, que entonces tenía 20 años, le rompieron los dedos de la mano uno por uno, recibió golpes en los oídos y asfixia”.

A principios del año pasado, la CIDH emitió una resolución a principios del año pasado, en la que pidió al Estado mexicano liberar de inmediato a Rafael Méndez y reparar el daño. Pero eso no ha ocurrido por los retrasos en los juzgados.

El caso fue expuesto nuevamente hace tres días en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador por otro reportero, lo que provocó una fuerte reacción del presidente:

“Ya se le pidió a la secretaria de Gobernación que atendiera este asunto, de nueva cuenta, segunda llamada, segunda llamada para la secretaria de Gobernación, que se atienda este asunto y te quiero pedir que, con Jesús Ramírez (vocero presidencial) se busque que hoy mismo te reciba la secretaria de Gobernación, porque a mí me importa mucho que haya justicia y que se atienda esto, ya no quiero seguirlo escuchando, es decir, quiero que se resuelva y si no es posible legalmente, que venga aquí la secretaria de Gobernación y que explique por qué razones están detenidos quienes se ha demostrado son inocentes”, dijo.

La respuesta llegó este jueves, con un llamado de la secretaria de Gobernación y exMinistra de la Corte al poder judicial:

“Desde esta tribuna hacemos un llamado al Poder Judicial a agilizar el trámite de resolución de todos los asuntos en los cuales la demora en la impartición de justicia trae como consecuencia la afectación de un derecho tan importante como la libertad personal”,

expresó Sánchez Cordero.

Suprema Corte del Derecho

Pero la discusión no paró ahí. López Obrador dijo que hablará hoy mismo con el presidente de la Corte y que también se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura por la dilación de la sentencia, y el subsecretario Encinas dijo “a título personal”, que “la jueza está incurriendo en irresponsabilidad del servicio público”.

El tema provocó una amplia reflexión, tanto de la exMinistra como del Presidente sobre los límites del derecho y la visión conservadora de muchos jueces y abogados para interpretar la ley.

“Una cosa es el derecho y otra la justicia” resumió el mandatario, quien en su acostumbrado estilo dijo que respeta a los jueces, y que muchos están haciendo un buen trabajo, pero luego soltó un golpe muy duro contra esta visión purista de la ley.

Si no van a impartir justicia, dijo, “entonces que la Suprema Corte de Justicia se llame Suprema Corte del Derecho”.  

“Yo lo indulto hoy”

El presidente se mostró visiblemente contrariado ante la nueva intervención de la periodista sinaloense, quien aludió a la responsabilidad del gobierno para establecer un Estado de Derecho y, como en otros casos, aclaró que acudió a la conferencia presidencial como último recurso, porque confía en el mandatario.

Fue entonces cuando el presidente ofreció liberar a su hijo por medio de un indulto presidencial y le preguntó a la exMinistra si era posible hacerlo con el poder que tiene como mandatario.

“Porque si puedo, indulto hoy mismo”, afirmó López Obrador.

La respuesta dejó claro que ni siquiera en un país tan presidencialista como México, el presidente tiene el poder para cambiar todo. Y, también, que el Poder Judicial tiene mucho que arreglar:

“El indulto procede cuando hay sentencias definitivas, en este momento, todas la sentencias son inexistentes por la reposición del procedimiento”.