En los últimos dos años han sido desaparecidas más de mil 200 personas y se han hallado 164 fosas clandestinas en Guanajuato. El gobierno de Diego Sinhue guardó silencio hasta que fue imposible negar el horror: en un pequeño pueblo, junto a un parque recreativo, se encontraron 79 cuerpos sepultados. La cuenta sigue creciendo

Texto Daniela Rea

Foto: Especial

GUANAJUATO.- Del 2009 a la fecha han sido desaparecidas 2 mil 369 personas en el estado, y, en ese mismo periodo, han sido encontradas al menos 215 fosas clandestinas.

El problema creció en los últimos dos años, cuando fueron desaparecidas la mitad de ese total y se localizó el 80 por ciento de las fosas (164).

Los datos de personas desaparecidas provienen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación; mientras que los datos de las fosas son registros periodísticos, pues la Fiscalía estatal había negado la existencia de entierros clandestinos.

Activistas y académicos publicaron en agosto de este año el  Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato (de enero de 2009 a julio de 2020) que sumó 109 fosas hasta 2019; pero este año se agregaron al conteo las 33 fosas encontradas en Cortázar el 1 de noviembre, las 65 fosas en Salvatierra en octubre y las 8 encontradas en la presa El Conejo, en Irapuato, en septiembre.

Colectivos de familiares y personas solidarias en el estado han denuncidado reiteramente la falta de reconocimiento de estos crímenes por parte del gobierno de Diego Sinhue, lo que consideran el principal obstáculo para buscar a las personas desaparecidas y evitar más desapariciones.

“Después del golpe de que se encuentran las fosas de Salvatierra –65 fosas con 79 cuerpos en su interior– ya no pudieron esconder o negar el problema. Sobre todo por la presencia de la Comisión Nacional de Búsqueda que las nombra como fosas clandestinas, porque la Fiscalía de Guanajuato ha negado que existan, había negado decir ese nombre”, dice a Pie de Página Jorge Reyes, académico de la Universidad Iberoamericana y uno de los coautores del informe sobre fosas clandestinas, publicado por Data Civica,  la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, (CMDPDH), Artículo 19 y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (PDH Ibero).

Se destapa el horror

En agosto de este año un equipo de periodistas e investigadores publicaron el Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato (enero de 2009 a julio de 2020) en el que advertían la existencia de fosas clandestinas en la entidad y, además, alertaban la falta de reconocimiento gubernamental del problema.

“La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de su Unidad de Transparencia, ha negado la presencia de tales sitios en varias respuestas a solicitudes de acceso a la información realizadas en diferentes años. Además, en la entidad no existe un registro estatal de fosas y el discurso oficial ha tendido a ocultar este fenómeno. La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tampoco cuentan o han recibido datos actualizados de fosas por parte de esta entidad. Las cifras disponibles sobre fosas clandestinas han sido documentadas por la prensa escrita local y nacional”, dice el informe.

Sin embargo en este año los hallazgos de las fosas en la presa El Conejo, en Salvatierra y  en Cortázar hicieron imposible que se siguiera ocultando el problema.

Una mujer que busca a un familiar desaparecido, integrante del colectivo Mariposas destellando buscando corazones y justicia de Salvatierra, explica que la búsqueda de puntos en este municipio comenzó dos meses antes de que se encontraran las fosas.

 “Empezamos a busar puntos a partir de las carpetas y los puntos salieron de 9 carpetas, ahí empezamos a ir con la comisión de búsqueda. No nos interesa saber quién se los llevo, quién fue, solamnete dondé están.  Y que los identifique la autoridad”, dice.

Esta mujer que acudió a las excavaciones de las 65 fosas recuerda la sensación de estar en ese predio ubicado junto a un parque recreativo, un rastro y una fábrica de huevo Bachoco:

“Al inicio era buscar y buscar y escuchábamos a Pachuli (el perro bonimio) ladrar a lo lejos y sentíamos la emoción de recuperar y de regresarlos a casa. Pero al cuarto, quinto día, que se nos acabaron las banderitas para señalar las fosas encontradas las empezamos a señalar con botellas de agua vacías y era impresionante avanzar en el terreo y ver todo ese espacio lleno de marcas de posibles fosas y ya llevábamos 40 cuerpos y fue cuando Pachuli seguía ladrando y entonces ya decíamos ay no, dios, por favor, que ya no ladre… la conciencia de saber que eran tantos los que quedaron ahí, que hay vecinos que pudieron escuchar y no dijeron nada…”.

El 3 de noviembre, después de que la Fiscalía llevaba una semana trabajando en las fosas de Salvatierra con las comisiones nacional y estatal de búsqueda, abandonó el lugar, es decir, quitó el resguardo después de encontrar 59 cuerpos. Sin embargo por insistencia de las familias y las comisiones de búsqueda ese martes 3 de noviembre se regresó al predio a buscar y después de varios días de trabajo se encontraron 20 cuerpos más, para sumar un total de 79.

Personal de las comisiones nacional y estatal trabajaron ese día el predio y encontraron evidencia que fue abandonada por la Fiscalía estatal en el lugar: un casquillo, un cinturón, una navaja, una falange y un hioides: un hueso que es fundamental para saber causa de muerte como asfixia o decapitación.

Excavaciones sin protocolo

A finales de noviembre se publicó el “Informe de observación de integrantes de la Sociedad Civil, Búsqueda generalizada de personas desaparecidas, Salvatierra, Guanajuato”. Fue realizado por activistas, académicos y solidarios de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, que han acompañado las exhumaciones, previo acuerdo con la CEB.

El informe abarca precisamente las exhumaciones en Salvatierra entre el 20 de octubre y el 19 de noviembre y tiene como objetivo registrar cómo se hizo el trabajo de campo y hacer recomendaciones sobre este. Para sus comentarios partieron de los lineamientos que obliga el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB), publicado el 6 de octubre del presente año y que entrará en vigor en 2021.

Lo que se encontró fue:

Falta de seguridad y filtración de información: pues se filtraron a medios fotografías de osamentas, cuerpos, rostros de las familias buscadoras,  tomadas por personas en el lugar del hallazgo, entre ellos integrantes de FSPE y FGE.

Falla logística de búsqueda: los observadores registraron poca articulación entre las distintas instituciones y al interior de ellas, lo que hace que el trabajo sea poco transparente, no se informe con claridad a familiares y haya poca certeza de una identificación forense. Además de inseguridad en el transporte, un microbús.

Trabajo técnico incompleto y mal realizado. “No se siguen los protocolos básicos de recolección de pruebas, de restos óseos y cuerpos encontrados. Muestra de ello es que la FGE afirmaba haber realizado las exhumaciones, pero se habían dejado restos óseos, en particular falanges que parecían no estar asociadas a ninguna fosa o cuerpo; parecía incluso que los habían dejado tirados, pues en ocasiones estaban incompletos. Este equipo puede afirmar que la Fiscalía no realiza el trabajo adecuado para el registro de la exhumación de las fosas, que no se levantan las pruebas asociadas a los entierros, pues desde la Antropología Forense se requiere considerar los objetos que pudieran dar cuenta de qué y cómo fue lo que ocurrió en el sitio y aportar elementos a la carpeta de investigación y al análisis de contexto”

Los observadores además señalaron la falta de participacion de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Guanajuato (CEAIV) y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG). “Ninguna de las dos instituciones se hicieron presentes en ninguna etapa del proceso de búsqueda, ni antes del mismo, lo que supone una falta de interés en la situación de las víctimas y las familias buscadoras y no se ofreció acompañamiento ni jurídico ni psicológico, dejando a la deriva a las buscadoras”.

El 28 de octubre las comisiones nacional y estatal dieron una conferencia conjunta en donde se informó oficialmente del hallazgo de fosas clandestinas. Para entonces habían encontrado 59 cuerpos. En la conferencia la titular de la CNB, Karla Quintana, repitió lo que las familias buscadoras han dicho por todo el país: “Estamos aquí en Salvatierra para buscar a las personas desaparecidas. NO venimos por culpables, venimos a buscar a las muchachas y muchachos que nos hacen falta. No se requiere una denuncia, se pueden acercar a la CNB a hacer una denuncia anónima”.

En esa conferencia aclaró que los restos recuperados estaban en rescuardo de la Fiscalía estatal y que la CNB apoyaba metodológicamente con arqueólogos y antropólogos, pues se habían visto fallas en metodologías de levantamiento.

Reconocer el problema, lo mínimo

Fabrizio Larusso, académico de la UIA en León, que ha dado seguimiento a las desapariciones en Guanajuato y ha acompañado coelctivos de búsqueda, refiere que lo mínimo debido por el gobierno estatal es “reconocer la existencia de algunos sitios con fosas clandestinas, hacer el registro estatal de fosas y desapriciones (como lo ordena la ley) e involucrar a las familias”.

“La Fiscalía ha mantenido un patrón de escasa participación con las familias. Las leyes ahora lo exigen, que se involucre a las familias, y les cuesta la adaptación a una realidad social distinta, a leyes distaintas y a prácticas que abonarían a la verdad y a la justicia”.

Familias de distintos colectivos y observadores han reclamado personal capacitado para las exhumaciones, revisión del contexto, que el personal no sea indolente, que se involucre a colectivos, sociedad civil, observadores.

“(Estas carencias) se  traducen muchas veces en negación de derechos y faltas graves para  la futura identificación y restitución digna de los cuerpos, faltas en el análisis de contexto, en el tratamiento del sitio, las evidencias, los cuerpos. Eso no abona a una correcta identificación, hemos visto desaseo y trabajos con prisa, como cerrar el sitio (Salvatierra) y que se vuelvan a encontrar cuerpos. De no ser por las familias se daba por cerrada esa busqueda y se encontro mucho más…”.

La búsqueda de las familias

El colectivo A tu encuentro, de Irapuato, participó en la búsqueda de fosas en la presa El Conejo, ahí se recuperaron 15 cuerpos, algunos de ellos fragmentados y en bolsas de plástico.Bibiana Mendoza, una de sus integrantes, habla sobre la falta de certeza de las familias para la identificación de los cuerpos.

“Tenemos mucho miedo del tema de la doble desaparición, la Fiscalía recoge un cuerpo y se lo entregan a la familia, 7 meses, 2 años después (…) La Fiscalía no está acostumbrada a que se les audite, no están acostumbrados a que nadie les señale cuando hacen mal su trabajo, pero esto se trata de la vida de nuestros familiares”, agrega Bibiana.

Bibiana afirma que ha sido un trabajo de las familias el poder acceder a las búsquedas, pues al inicio la Fiscalía no permitía acompañar las búsquedas.  “Nos costó mucho trabajo que nos dejaran observar más de cerca en las fosas, como pudimos fuimos ganando terreno, pero nos cancelan la búsqueda al inicio”.