En el norte de Sinaloa hay un colectivo de mujeres que ha encontrado más de 200 cuerpos en fosas clandestinas y ayudado a identificar a, por lo menos, 80 de ellos. Esta es la primera entrega de la serie Camino a encontrarles, realizada por A dónde van los desaparecidos, IMER y Quinto Elemento lab

Texto y fotos: Marcos Vizcarra

SINALOA.- Cuando una mujer pierde a su hija, esposo, hermana o cuñada suele portar una playera de color blanco, símbolo de la promesa de buscar hasta encontrarle.

Esa camiseta la usará todos los días y la cambiará por otra del mismo color. A veces tendrá la fotografía de su persona desaparecida y otras solo la leyenda “Te buscaré hasta encontrarte”. 

Al cumplir esa promesa, cambiará de playera.

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En la radio local se escucha la noticia: “integrantes de Las Rastreadoras han encontrado los cuerpos de dos personas”. Es el 21 de mayo de 2020. El locutor se escucha serio, de corte fúnebre.

Se refiere a Las Rastreadoras de El Fuerte, un colectivo formado por más de 600 familias que buscan a personas desaparecidas en el norte de Sinaloa. Ese día encontraron los dos cuerpos gracias a la llamada de un informante anónimo que delató la ubicación a Mirna Nereyda Medina Quiñónez, fundadora de la organización.

Un par de horas después de ese hallazgo en Los Mochis, detrás de una zona conocida como La Cartonera, las mujeres encontraron el cuerpo de otra persona en otra fosa clandestina. Este colectivo ha encontrado a 200 personas con el mismo método durante seis años: aceptar la colaboración de mensajeros anónimos.

Ese método, sin embargo, no serviría de nada si no hubieran creado antes una base de datos.

Es un archivo tan extenso y efectivo que cualquier agencia forense podría envidiar. En este guardan detalles, secretos y descripciones muy detalladas de personas desaparecidas que puedan ayudar a su identificación, como cicatrices, marcas de accidentes, tatuajes, lunares o cualquier marca de nacimiento. Cosas que hacen únicas a esas personas.

La información que han recopilado Las Rastreadoras es tan importante como lo son las búsquedas en campo, pues no sólo encuentran cuerpos, también han ayudado a identificarlos.

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En territorio sinaloense hay al menos 4 mil 977 personas desaparecidas, según la Comisión Nacional de Búsqueda. El panorama es poco alentador: de 2018 a julio de 2020 se habían encontrado al menos 151 fosas clandestinas, de donde fueron desenterrados 253 cuerpos de personas.

Este estado es el quinto con el mayor número de casos por desaparición y el segundo en el registro de fosas clandestinas en México.

Entre 2010 y 2019 la Fiscalía estatal registró la exhumación de 547 cuerpos y más 10 mil restos de huesos humanos.

La mayoría de esos hallazgos los hicieron grupos de familiares de personas desaparecidas que han tenido que aprender técnicas forenses como Las Rastreadoras de El Fuerte.

Los perpetradores, según dijo en entrevista el Fiscal General del Estado, Juan José Ríos, son principalmente grupos criminales. Aunque un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, basado en el análisis de 338 expedientes, señala que al menos en 142 involucran a policías municipales, estatales o miembros del Ejército, la Marina, la Policía Federal y hasta funcionarios de la SEP.

La falta de coordinación entre la Fiscalía estatal y el Sistema Estatal de Seguridad se traduce en pocos hallazgos por las autoridades. Mientras tanto Las Rastreadoras del Fuerte —nombradas así por el periodista Javier Valdez—  siguen en sus urgentes búsquedas por encontrar sus hijos e hijas desaparecidas.

Solas, sin protección, han recorrido Ahome, Choix, Guasave y El Fuerte, en parajes donde operan grupos criminales dedicados a la producción y trasiego de drogas hacia Estados Unidos y Centroamérica con un saldo de 10 mil asesinatos en 10 años, el desplazamiento forzado de más de 34 mil personas, y casi 10 mil desaparecidos.

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Desde su fundación en 2014, Las Rastreadoras comenzaron a recibir mensajes de voz o de texto, mapas hechos a mano o imágenes de celulares de fuentes anónimas que se condolían al verlas con picos y palos buscando cuerpos en los cerros, guiadas solo por su intuición hacia puntos y zonas geográficas donde podían encontrar entierros.

“Nosotras no sabemos quiénes son los que nos hablan, pero nos imaginamos que muchas personas son la¿s que se llevaron a nuestros hijos, pienso que hasta policías hay involucrados”, señaló Mirna Nereyda Medina Quiñónez, quien buscó durante tres años a su hijo Roberto Corrales Medina, y lo encontró en 2017 gracias a uno de esos informes.

-¿Y si esas personas son las agresoras?, se le pregunta a la fundadora de Las Rastreadoras de El Fuerte.

“A lo mejor eso pasa y ya no pueden con la conciencia, no están tranquilos ¿y nosotras qué vamos a hacer?, no somos la policía y lo que queremos es encontrar a nuestros tesoros desaparecidos”, responde sentada frente a un escritorio en el que ha colocado una docena de expedientes con fotografías, números de teléfono y los nombres de personas que fueron arrebatadas de sus familias. 

Mujeres como Reyna Isabel Rodríguez Peñuelas, madre de Eduardo González Rodríguez -desaparecido con su cuñada Zumiko Lizbeth Félix Ortega el 9 de febrero de 2016 en Guasave- sospechan por la inacción de las autoridades no buscan.

“Al gobierno no le interesa, no le importa buscar a nuestros desaparecidos y pues nosotras somos las más interesadas, (de que aparezcan) de una u otra manera, pero que aparezcan”, señala la mujer rastreadora.

La inacción de las autoridades empujó a que este grupo de mujeres hiciera dos tipos de búsquedas: en campo y en oficina.

En 2016 rentaron un local en una plaza comercial de Los Mochis como bodega donde almacenar herramientas, después se dieron cuenta que podía tener otro uso.

En la entrada un cartel indica: “Derechos Humanos”. Las ventanas están tapizadas con papeles de color blanco, fichas de búsqueda, decenas de fotografías donde se alcanza a leer: “¿Has visto a?” y seguido de un memorial improvisado donde se leen estos nombres: José Francisco Ramírez García, desaparecido el 10 de junio de 2017. Jesús Izaguirre Valenzuela, la última vez que se le vio fue el 3 de mayo de 2015, en Sonora. Antonio Alan Rubio Escalante, de Choix. Pedro Ventura Medina Quevedo, de Culiacán.  “Decidimos hacer un banner donde estuvieran las personas que habían sido localizadas. En este caso en esta pared al fondo están las fotos de los que hemos encontrado”, cuenta Mirna mientras toma una carpeta de color beige. Su hijo Roberto está entre esos retratos.

En esa oficina Mirna muestra carpetas apiladas en su escritorio. Las tiene clasificadas por año, por sexo y por municipio. Algunos casos son investigados por la Fiscalía local y otros por la Fiscalía General de la República.

De una caja toma unas libretas: contiene anotaciones sobre hechos importantes. Se alcanza a leer una lista: “llamar a los familiares para que les hagan exámenes forenses”; otra: “pedir más información sobre la desaparición”.

En los archivos anotan cada actividad donde intervienen abogadas, fiscales, psicólogas, trabajadoras sociales y funcionarias de las comisiones de búsqueda y de víctimas, y registran cada uno de sus rastreos de fosas  y llevan un diario de campo.

Coleccionan fotos, videos y audios de cada hallazgo.

Michelle García Parra, una joven voluntaria de 21 años, graduada en 2019 como Licenciada en Mercadotecnia, es la encargada de alimentar el archivo. Ella también debe estar atenta para cuando Las Rastreadoras le hablen para preguntarle  características de las personas desaparecidas.

“Lo que hago son las fichas de los desaparecidos, todo el proceso que fue cómo desapareció una persona”, describe  la joven al abrir una de estas carpetas que tiene digitalizada y que clasifica en columnas en tablas de excel.

“Se le pregunta la fecha de nacimiento, la fecha de desaparición, las características principales como si llevaba placas, si tiene brackets, si tiene tatuajes, que es principalmente con lo que se le identifica. Algunos (familiares) vienen personalmente a hacer su denuncia aquí, otros simplemente es por el contacto por internet, por celular”, dice.

Michelle alimenta y revisa la base de datos al mismo tiempo que contesta el teléfono para registrar nuevas denuncias y elabora  fichas de personas con características de personas  desaparecidas y pide datos del trabajo de campo de Las Rastreadoras así como de los datos que obtienen en la Fiscalía. La voluntaria manda correos electrónicos, compra boletos de avión o de camión para que las mujeres acudan a las oficinas de Gobierno en donde sean requeridas, y organiza sesiones virtuales para charlas  con organizaciones nacionales o entrevistas con periodistas.

Cada tanto el cotejo de las características de un cuerpo recién exhumado con la detallada información que tienen sobre las personas desaparecidas arroja coincidencias y enciende la esperanza de que un cuerpo sin nombre podrá ser identificado. 

Las Rastreadoras llaman “tesoro” a cada cuerpo encontrado.

“Al momento en que las Rastreadoras encuentran un tesoro  me dicen: ‘(el cuerpo) trae placa en la pierna izquierda’, y rápido voy a una ficha y reviso quiénes son los que traen una placa en una pierda, quiénes son los que van más apegados a la descripción del tesoro y así ir descartando poco a poco y así llegar a la conclusión que dos o tres son posiblemente ellos”, asegura la joven, Lo que sigue es acudir al Ministerio Público y presentar esa información para confirmar o descartar si se trata de esas personas de las que sospechaban o no.

“Entonces si ya la familia se hizo el ADN es más fácil (confirmar) que sea o no”, asegura.

Michelle García Parra ha sabido continuar un proyecto creado por la socióloga Carolina Robledo Silvestre, Coordinadora del grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF) del CIESAS, quien colaboró en 2016 y 2017 con Las Rastreadoras para documentar su trabajo y encontró que contaban con información importante, histórica, necesaria de preservar.

“En realidad gran parte de este trabajo está situado en la memoria de Las Rastreadoras, especialmente en la cabeza de Mirna, que se acuerda de todos los detalles, desde la primera búsqueda que hizo hasta la última, pero también era necesario propiciar una metodología que permitiera otros formatos para tener esta memoria en el tiempo y también para que estuviera compartida con otras personas, sobre todo con los mismos buscadores, para que ellas pudieran producir búsquedas mucho más estratégicas considerando un análisis del patrón de las desapariciones”, narra Robledo Silvestre.

Poco a poco ordenó con Las Rastreadoras libretas y cajas, acumulando cada detalle en una hoja de cálculo dividida en dos bases de datos.

Una de esas bases se dedica a detallar las fosas clandestinas encontradas por  ellas que incluye pormenores de los hallazgos que les permitieran analizar el contexto geográfico de los lugares donde ocurrieron los hallazgos, la temporalidad y las características físicas de los cuerpos desenterrados y las pertenencias que les rodeaban.

El otro archivo es sobre personas desaparecidas, con todas sus características, detalles, secretos, de forma que sirviera como un documento histórico para comprender el fenómeno de las desapariciones en el norte de Sinaloa.

“Esta base de datos permitía, en primer lugar, medir la magnitud del fenómeno, pero también consideramos muy importante que nos permitiera identificar el perfil de la persona desaparecida”, dice la doctora en Ciencias Sociales.

Gracias a este archivo ha logrado conocer el perfil de las víctimas de desaparición.

“Eran sobre todo personas que vivían en condiciones de precariedad las que estaban siendo desaparecidas, jóvenes que no habían tenido oportunidades escolares, oportunidades laborales, que realizaban trabajos a destajo en el campo o que también hacían parte de las economías ilegales en las bases de las pirámides, arriesgando sus vidas y ganando poco”, explica Robledo, como uno de sus hallazgos.

Este trabajo es fundamental y clave para lo que han logrado Las Rastreadoras. Su método no tiene mayor complicación que la de entrevistar a familiares, hacer notas de campo, prender la computadora, sumar más casos y guardarlos en distintas memorias electrónicas. Lo que cualquier fiscalía debería de hacer, pero no hace con el empeño y la minuciosidad de estas mujeres con una promesa pendiente.

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A Ofelia Flores Moreno le desaparecieron a su esposo, José Candelario Espinoza, en 2017. Ese año se unió a Las Rastreadoras. Con ellas aprendió a dar seguimiento y acompañamiento para la identificación de cuerpos ante las autoridades. 

Se reúne con los fiscales y lleva un seguimiento puntual de los avances en las identificaciones de cada uno de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas. 

“Se les pide (en la Fiscalía) que hagan un cruce de ADN más rápido con las personas -por ejemplo- registradas como que tenían una placa en el brazo o la pierna, y ya van descartando. Inclusive una misma lo puede hacer, porque puedes ir descartando, haz de cuenta que dices ‘éste solo lo tiene en la pierna izquierda y la pierna que se encontró es la pierna derecha’, y así no tardas mucho tiempo en aparecer los resultados de ADN y saber quiénes son”, explica en entrevista.

Gracias a ese seguimiento ella logra presionar para que los procesos de identificación no se eternicen. “Ya ves que hay muchos que cuando son osamentas puedes tardar hasta seis meses para que sean identificados, es muy difícil, entonces así se hacen los procesos más rápido”.

Su labor también consiste en registrar cuáles cadáveres continúan en la morgue, cuáles fueron enviados a las fosas comunes o se quedaron en las funerarias porque las autoridades dicen que les falta espacio y personal.

La rapidez en los procesos de investigación es difícil de alcanzar en un estado donde apenas 16 agentes del Ministerio Público especializados en la búsqueda deben volver la identidad de casi 5 mil personas que están desaparecidas.

Las muestras genéticas que requieren para la identificación de los cadáveres únicamente pueden realizarse en el laboratorio de genética forense de la Fiscalía General del Estado, en Culiacán, la capital sinaloense -a tres horas de Los Mochis- donde en los últimos cuatro años se han tomado 880 muestras a cuerpos de personas no identificadas: una cuarta parte corresponde a los hallazgos de Las Rastreadoras. 

Aunque la búsqueda inicia en el campo, sigue en la oficina, al momento de la identificación genética Las Rastreadoras pasan la estafeta a la Fiscalía.

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En julio de 2017 Mirna Medina siguió  la ubicación que recibió de parte de un mensajero anónimo. Junto a sus compañeras encontró los huesos de un brazo, un húmero, el cúbito y el radio que estaban semienterrados junto con empaques de accesorios de carros, los mismos que vendía su hijo -Roberto Corrales Medina- la tarde en que lo desaparecieron. 

Un mes después, con pruebas genéticas, esos restos confirmaron y recuperaron su identidad.

“Desde ese día me dediqué a buscarlo, le hice aquella promesa de que iba a buscar hasta encontrarlo y se lo cumplí aquel día, un 14 de julio de 2017. Mis compañeras y yo encontramos los restos en esa fosa… algunos de los restos, porque igual todavía no los encontramos”, cuenta esta fuerte mujer.

Roberto vendía discos compactos, USB con música regional y accesorios de carros. La tarde del 14 de julio de 2014, un grupo de hombres se lo llevó, lo asesinó y lo enterró en una fosa clandestina. Una semana después de la desaparición, Mirna se juró encontrarlo como fuera necesario. Preguntó en El Fuerte, La Constancia, San Blas y Mochicahui, pueblos de  una ruta carretera conocida por Roberto, pero no encontró ni una pista. Fue al Ministerio Público y se inició una carpeta de investigación con su nombre, señas particulares y el relato de la última vez que fue visto. 

En la búsqueda Mirna Medina conoció a otras mujeres que también tenían a sus hijos, hijas, esposos o hermanos desaparecidos. 

Hablaron, se escucharon, lloraron juntas mientras platicaban de sus casos y dos meses después, el 12 de septiembre de 2014, fundaron el colectivo. Salieron a rastrear guiadas por su instinto con palas, picos y varillas sin tener éxito, hasta que comenzaron a recibir llamadas de informantes sin nombre que las llevaron hacia tumbas clandestinas. Después de haber destapado la primera, esto ya no paró. 

En seis años de incansable búsqueda las Rastreadoras de El Fuerte han encontrado hasta 200 cadáveres y han logrado identificar a más de 80 personas gracias a ese archivo creado con datos recopilados en libretas, expedientes y el disco duro de una computadora.

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En la oficina de Las Rastreadoras no solo hay fotos y fichas de las personas desaparecidas, también ahí cuelga una manta, donde están los rostros de las personas localizadas. 

Ahí está el de Roberto Corrales Medina, hijo de Mirna, el de Alejandro López Serna, hijo de  Reyna Serna, el de Belisario Quintero Medina, joven de Chihuahua, hijo de Don Belisario Quintero. El de Ernesto Vega Robles, hijo de la señora Rosario Robles. Todos ellos fueron encontrados en fosas y recuperados por sus madres.

Con las fotografías de sus hijos encontrados animan a las otras compañeras, sean veteranas o recién llegadas a la organización, para que sigan buscando en un estado donde las personas no dejan de ser desaparecidas y sólo colectivos como este han logrado encontrar, identificar y devolver a las personas con sus familiares.

Son más de 50 rostros que forman parte de un memorial en honor a cada uno de los “tesoros” localizados. Colocar las fotografías ahí es también es la señal para poder cambiar de playera, una de color verde, en la que se lee “Promesa Cumplida”.

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Este texto forma parte de la serie “Camino a encontrarles: Historias de búsquedas”. Un proyecto de podcasts y reportajes escritos y coproducidos por A dónde van los desaparecidos, IMER noticias y Quinto Elemento Lab.