En Chihuahua hay 26 niñas, niños y adolescentes huérfanos por la violencia. El Fondo para atenderlos, creado en el 2010 y reformado en la administración de Javier Corral, acumula problemas de diseño e implementación que provocan apoyos tardíos o que no responden a las necesidades de los beneficiarios (primera de dos partes)

Abraham Rubio / Especial para La Verdad*

Ilustración: Marla Rascón

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.- “Mamá, me quiero morir”. Violeta lo dice con la seguridad y sencillez suficiente para consternar a su madre, Carolina. Ella le pregunta a su hija por qué. Cómo es que una niña de cuatro años se quiere morir. Por qué se quiere ir cuando más la necesitan su madre y su hermano, Adán, de 6 años. Pero la menor insiste: “si yo me muero, me puedo ir con mi papá y allá en el cielo lo voy a poder ver”.

La mujer no sabe cómo explicarle a su hija que no volverá a ver a su padre, asesinado el 13 de octubre 2009, que el cielo no existe y que él no estará esperándola si ella se muere también.

Carolina se queda en silencio. Abraza a su hija y llora. 

Violeta es una de más de 26 mil niñas, niños, y adolescentes que perdieron a su madre o padre, algunos ambos, a consecuencia de la violencia en el estado de Chihuahua desde el 2008. Ese sector de la población que desde 2010 ha tratado de atender el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI), pero que por problemas de diseño y mala implementación ha ayudado parcialmente y revictimizado a los beneficiarios. 

Violeta perdió su registro a los dos años por un error en su acta de nacimiento y tuvo que enfrentar sus problemas psicológicos por su cuenta. A Uziel le dieron unos zapatos escolares para iniciar sus estudios de primaria, pero no puede usarlos; apenas tiene unos meses de vida y esos zapatos le quedarán correctamente hasta dentro de cinco o seis años. A Adán y Armando no les han servido los apoyos educativos porque han cambiado de escuela en múltiples ocasiones por la depresión que no han podido atender. 

Las organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a víctimas y las mismas familias receptoras del programa han documentado algunos de estos problemas con los apoyos educativos o asistenciales cada que llegan tarde, mal, o que no corresponden a la verdadera necesidad de los beneficiarios.

El problema se agrava con la atención a la salud mental. Los huérfanos y tutores tienen problemas psicológicos que no pueden tratar en las sesiones que proporciona el FANVI porque, además de insuficientes, son inaccesibles para las víctimas indirectas. Pese a esto, la mayoría del presupuesto se invierte en apoyos en especie.

Todo esto ha impactado en los más 10 mil beneficiarios registrados hasta el 2019.

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Han pasado 10 años desde que, en su toma de protesta como gobernador de Chihuahua el 4 de octubre de 2010, el priista César Duarte Jáquez exclamó ante la clase política estatal y nacional que “la suerte de la patria se jugaba en Ciudad Juárez”. El político prometió regresarle la grandeza al municipio fronterizo afectado por una ola de violencia que lo colocó ese año como el más violento del país al acumular 3 mil 766 víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con el INEGI. 

Aquel día, Duarte Jáquez respaldó el proyecto de seguridad del presidente Felipe Calderón Hinojosa y giró instrucciones directas al entonces secretario de Hacienda estatal, Cristian Rodallegas, para destinarle 100 millones de pesos a un programa dedicado a atender a los huérfanos de las víctimas del narcotráfico en el estado; les dio un plazo de 30 días. 

El Ejecutivo estatal presentó la iniciativa con carácter de decreto el 28 de octubre de 2010, afirmando que los huérfanos en el estado eran “miles” –hijos en su mayoría de las víctimas de homicidio que oscilaban entre los 20 y 40 años– desde que inició la estrategia de seguridad del gobierno federal. Sin embargo, la justificación no fue clara en la dimensión del problema.

La Fiscalía General del Estado (FGE) estimó que por cada víctima de homicidio doloso ocurrido entre 2008 y 2012 habría entre dos o tres hijos en condición de orfandad, es decir, entre 26 mil y 28 mil huérfanos en la entidad. De tal manera que solo en Ciudad Juárez se calculan entre 14 mil y 16 mil niños que perdieron a su progenitor. El proyecto del Ejecutivo fue votado por unanimidad sin esos detalles y cuatro meses después se presentaron las reglas de operación. 

A partir de entonces el Fondo daría atención a los niños y niñas mediante apoyos en especie en tres rubros: educativos (becas, útiles escolares, pagos de inscripción, uniformes y zapatos escolares, transporte, además de incentivos culturales y deportivos); médicos (atención psicológica, médica y rehabilitación física); y asistenciales (despensas y guardería).

El presupuesto, de acuerdo con información del FANVI, se concentró en dos rubros: los apoyos asistenciales y educativos. El 40 por ciento del presupuesto ejercido se gastó en despensas, el 38 por ciento en uniformes y el 19 por ciento en calzado. El gasto en despensas, que no se contempló ni siquiera el primer año, se disparó a partir del 2013 hasta el cierre del sexenio de Duarte.

Sin embargo, los números de los apoyos en especie no se comparan con los relacionados con la atención psicológica: la Fiscalía Especializada de Atención a Víctimas y Ofendidas del Delito (FEAVOD) dio un total de 3 mil 196 terapias durante todo el sexenio.

La presidenta del DIF Estatal y presidenta del Comité Técnico del FANVI, Bertha Gómez Fong, declaró públicamente en 2015 que la atención a la salud mental era el eje principal del programa, pero la desplazaron para atender necesidades “más apremiantes” como alimentación y educación. 

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Hoy, Carolina recuerda la etapa en la que Violeta le explicó que quería morirse para encontrarse con su papá. Surge de nuevo porque ahora su hijo tiene problemas de depresión que han afectado en su desempeño escolar. “Él no pudo sacar todo lo que tenía en aquel entonces”, explica.

Ella y sus hijos han vivido cada etapa del FANVI desde que inició.

Al principio les ayudó con terapias psicológicas. La primera sesión grupal fue en una iglesia cercana a su casa –ubicada en la colonia Felipe Ángeles, al norponiente de Ciudad Juárez–; el resto fueron en las oficinas de la Fiscalía, a más de 10 kilómetros de su casa. Ya no pudo llevar a sus hijos. La situación era difícil, tenía 23 años, no tenía redes de apoyo y no podía dejar de trabajar. Sin embargo, continuaron con el resto de los apoyos en especie. 

La madre reconoce que los apoyos educativos ayudaron, pero afirma que no siempre llegaban a tiempo o correctamente: “una vez me llegó mal el uniforme y se los entregué para que me lo cambiaran; me dijeron que me hablarían después para entregármelo, pero nunca me llamaron”. Por eso, cuando le llegaron “unos zapatotes” que no coincidían con la talla de su hijo, se los quedó para venderlos o regalarlos. Además, las cartas de condonación de las cuotas escolares en varias ocasiones llegaron tarde y no servían porque ya había hecho el pago, presionada por la escuela.  

El apoyo de las despensas lo perdió al primer año. La razón: no podía acudir a recogerlas porque comenzó a trabajar y el horario de entrega que marcaban no era accesible (de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde), además tenía que ir hasta las oficinas de Desarrollo Social, en el Parque Central Hermanos Escobar, a más de 12 kilómetros de su casa y su trabajo.

Al principio le permitieron que su mamá la recogiera, pero al cabo de unos meses, se la negaron hasta que fuera ella. Pidió permisos en su trabajo, pero estos se los fueron restringiendo. No pudo ir en más de una ocasión a recogerla los días 15 de cada mes ni en el horario marcado. Cuando Carolina tuvo la oportunidad de volver, ya se la habían cancelado. 

Esa no fue la única experiencia de ese tipo. El FANVI, que ya había ayudado con la condonación de la inscripción durante dos años, decidió quitarle el apoyo a Violeta porque la menor fue registrada solo con los apellidos maternos. El padre no negó la paternidad, dice Carolina, pero en aquel tiempo tuvo que registrarla de forma urgente porque necesitaba su acta de nacimiento para inscribirla en la guardería. Ella puso una demanda de manutención y el padre la firmó, sin embargo, fue asesinado antes de que pudieran hacer el cambio de apellidos.

Pese a la voluntad de la familia del padre y Carolina, el costo de los tramites legales para hacer la demanda de paternidad detuvieron a la madre. Violeta se quedó sin el FANVI. 

Adán es el único que conserva el apoyo, o lo que queda para él. Sin embargo, la depresión del adolescente perdura y Carolina no sabe cómo ayudarlo para que no afecte más en su desempeño escolar: “me esfuerzo por darles todo lo que puedo, pero yo nunca les voy a poder dar a su papá.” 

Ni reformas de Corral elimina anomalías

La llegada de Javier Corral Jurado implicó continuidad, pero hubo algunas reformas en la estructura y en los parámetros del FANVI: el 9 de mayo de 2017 presentó la iniciativa para reformar el decreto que dio origen al programa –No. 30/2010 I P.O.– y poder incluir a los familiares de víctimas de privación de la libertad personal y desaparición forzada. Pero el cambio más importante se generó en el órgano rector del fideicomiso, que estableció que a partir de entonces la presidencia del Comité Técnico pasaría del DIF estatal al titular de la FGE, César Augusto Peniche Espejel.

Al igual que la administración de su antecesor, concentró la mayor parte de los recursos en los apoyos asistenciales y educativos. De 2017 a 2019 se han gastado 63.8 millones pesos, distribuidos el 38 por ciento en uniformes, el 23 por ciento en despensas, el 20 en calzado, el 13 por ciento en chamarras y el 5 por ciento en lentes; estos últimos apoyos incluidos con Corral Jurado. 

Sin embargo, la llegada del gobernante panista no implicó un cambio en el tema de la salud mental, de hecho, disminuyeron el número de terapias psicológicas –que fueron delegadas a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal a partir del 2017– al pasar de un total de 615 en 2017 a 250 en 2019. 

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“A ver… los del FANVI espérense: vamos a atender primero a la gente que viene a comprar sus uniformes”, grita el proveedor. Grecia espera. No le queda de otra, la situación económica se complicó desde el asesinato su esposo en 2009 y debe conseguir uniformes para Karen (10 años) y Armando (16), aunque tenga que dejar de trabajar un día de la semana.

Los hijos de Grecia forman parte del FANVI desde 2017. Ella reconoce que tardó en buscarlo, casi seis años en pedir información y otro más en inscribirse, pero recurrió a él para tener acceso a la ayuda que necesitan sus hijos para estudiar la preparatoria y la primaria, respectivamente. 

Lo primero que le ofrecieron fue la despensa. Las cuales fueron un problema debido a que a veces no llegaba por ellas porque los horarios eran restrictivos (de las nueve de la mañana a las dos de la tarde). Todo eso se hizo menos complicado cuando les cambiaron la modalidad hace un año aproximadamente a una tarjeta (primero con 200 pesos, y a partir de enero, con 500 pesos).

Sin embargo, con el apoyo de los uniformes y zapatos escolares no ha corrido con la suerte de que lleguen a tiempo. Primero, cuando recién inició, un proveedor discriminó a los beneficiarios del FANVI. Luego, cuando cambiaron la metodología y les dieron una tarjeta con mil 500 pesos, no le depositaron el dinero para comprar el uniforme y sus hijos ya habían iniciado el ciclo escolar. La razón que le dieron es que sus hijos no estaban registrados y tenía que mandar nuevamente los documentos de la escuela para comprobar que estuvieran inscritos. 

A Grecia no le ofrecieron la atención psicológica para sus hijos y cree que pudo haber hecho la diferencia en estos dos últimos años: “Creo que a los hijos siempre les va a hacer falta su figura paterna y a la larga pues sí se ven reflejadas ciertas situaciones de la ausencia…”.

Armando, por ejemplo, tiene depresión y ha estado en siete diferentes escuelas –tres secundarias y cuatro preparatorias distintas– desde el 2012. Grecia dice que el problema se ha agravado más con su hijo que con Karen, quien tiene problemas de ansiedad: “me ha dicho que algo en su mente no está bien, o sea, es la cuestión de la depresión, de sentirse como triste”.

Entregan zapatos escolares a bebés

Le dieron unos zapatos escolares para iniciar sus estudios de primaria, pero no puede usarlos. Apenas tiene unos meses de vida y esos zapatos podrá usarlos correctamente hasta dentro de cinco o seis años.

Se llama Uziel, vive con su abuela y desde que su madre desapareció, en 2018, ella se ha encargado de buscar asistencia para él y su familia. El FANVI fue la solución que les dio el Gobierno del Estado de Chihuahua para acceder a algún tipo de ayuda, pero solo tienen unos zapatos en desuso.

Este es uno de los casos que acompaña la Red Mesa de Mujeres, organización de la sociedad civil enfocada en la atención de víctimas de violencia de género en Juárez, y parte del registro de malas experiencias. 

Yadira Cortés, portavoz de la organización, afirma que el FANVI combina una serie de procesos revictimizantes que en cada administración se acentúan o replican. 

El caso de Uziel combina un poco eso: para poder inscribirlo al FANVI, la abuela tuvo que iniciar un juicio para tomar la patria potestad de su nieto y asumirse como la tutora legal del menor. Cortés dice que eso implicó un proceso de revictimización debido a que el trámite jurídico fue una manera de recordarle que posiblemente su hija ya está muerta, pese a estar desaparecida. 

Aunado a ello, la Red Mesa de Mujeres tiene quejas de despensas que se tardan entre dos o tres meses en llegar, son de mala calidad y, además, las madres de mujeres víctimas de desaparición o feminicidio tienen acceso limitado a ellas, debido a que deben trasladarse largas distancias hasta las oficinas de Desarrollo Social en el Parque Central Hermanos Escobar. 

El escepticismo en las organizaciones civiles se extendió conforme inició operaciones el FANVI o pasaron los años. Catalina Castillo Castañeda, directora de la Organización Popular Independiente (OPI), reconoce que la creación del programa fue esperanzadora debido a que entre el 2008 y 2010 los niños y adolescentes que atienden en los programas comunitarios comenzaron a tener problemas de orfandad: ahí la organización comenzó a detectar problemas psicoemocionales en las víctimas indirectas. 

Sin embargo, Castillo Castañeda dice que al pasar el tiempo solo fueron atendidos los que sí tuvieron la oportunidad de tener su registro en orden. Hubo niños que rechazaron porque no tenían ni siquiera acta (principalmente del norponiente y el poniente, donde hay problemas estructurales de desigualdad); ellos quedaron en manos de las OSC. 

Mala implementación y fallas de origen

En aquel entonces Bertha Gómez Fong, presidenta del DIF estatal y del Comité Técnico, dijo que se había cambiado el enfoque en la salud mental de los beneficiarios porque hubo gente que le manifestó que tenía que atender necesidades “más apremiantes”, como la entrega de uniformes, zapatos, la condonación del pago de inscripción escolar o el acceso a alimentos. 

Verónica Castillo Arnal, psicóloga especializada en la atención a niños con estrés postraumático, recuerda que cuando se diseñó el programa ella y otros especialistas manifestaron que debería hacerse énfasis en la salud mental, pero las organizaciones que fueron consultadas y el mismo gobierno determinaron dejarla en segundo plano.  

Pero la evidencia apunta a lo contrario: la atención psicológica debe ser el pilar. 

La investigación de Brenda Jarillo, Beatriz Magaloni, Edgar Franco y Gustavo Robles, que analiza el impacto de la guerra contra las drogas en los niños y escuelas, concluye que un ambiente violento dificulta el aprendizaje de los estudiantes porque, además de afectar el contexto en el que operan las localidades, el miedo a la delincuencia o la posibilidad de ser víctima impactan en el rendimiento educativo de los estudiantes. El estrés psicológico conlleva al ausentismo o la deserción escolar temprana.

Por otra parte, las investigadoras Mónica Caudillo y Florencia Torche concluyeron en su estudio sobre el impacto de los homicidios en México que la exposición a la violencia comunitaria –en especial al aumento de homicidios dolosos– influye sustancialmente en el fracaso escolar: “un aumento en los homicidios locales de 1 por cada 10 mil habitantes de 2009 a 2010 habría resultado entre 2 mil 306 y 3 mil 74 más niños que fallan en la escuela primaria”.

Eso no es un efecto trivial, afirman. No lo es porque incluso cuando los estudiantes que estuvieron ayudados por programas de apoyo educativo –becas, despensas, entre otros– manifestaron los efectos de su entorno en angustia psicológica, trastornos del sueño, comportamiento agresivo, trastornos de atención y concentración y síntomas de estrés postraumático.

La necesidad de atención psicológica existe y Juana Mary Ramírez, extrabajadora del FANVI, lo ha visto. Llegó a canalizar a varios beneficiarios con los psicólogos debido a que presentan problemas en la escuela, problemas de depresión o, en el caso de los que son enviados por la Fiscalía recién ocurrida la pérdida, manifiestan el estrés postraumático de formas violentas: “han llegado diciéndome ‘quiero una pistola pa’ matar al que mató a mi papá’”.

Sin embargo, la atención psicológica es deficiente.

Las experiencias de los tutores de los beneficiarios inscritos en el FANVI indican que las terapias fueron insuficientes, no son de fácil acceso y no están enfocadas en la atención particular de la víctima indirecta. 

Carolina manifestó, por ejemplo, que su trabajo no le permitió llevar a sus hijos a terapia debido a que tenía que hacer dos horas de camino desde su casa, ubicada al oriente de la ciudad. En cambio, pudo hacerlo cuando las terapias ocurrieron en centros comunitarios cercanos a la zona donde habita.

Otro aspecto que señalan los beneficiarios es el seguimiento que le dieron a la salud mental. Inés, por ejemplo, recuerda que solo fue seis semanas a las terapias grupales y después ya no hubo más.

Le ayudaron con el luto, pero no con lo que dejó en ella presenciar el homicidio de su esposo ni con el temor que sintió cuando escuchó esos tres disparos y luego la amenaza de los sicarios mientras abrazaba a sus hijos: “no quiero que vayas a salir, no quiero que vayas a dar parte a nadie, porque si no ahorita voy a andar por aquí y vengo y los mato a todos”. 

Así duró un año con ese sentimiento de temor. Un ruido estruendoso o ver un automóvil sin placas la hacía pensar que venían por ella, que alguien sacaría un arma para matarla… como a su esposo. 

La investigadora Lina María Aguirre Rodríguez, quien recuperó ese testimonio en el estudio Las narrativas de las viudas en Ciudad Juárez: una estrategia metodológica para la intervención del trabajador social en contextos de violencia criminal, concluyó que además de que la atención fue insuficiente, “los profesionales que intervinieron en este programa carecían de los conocimientos en el tratamiento psicosocial de la pérdida, así como de la experiencia para actuar en estos hechos violentos; los ayudó de manera parcial para afrontar la pérdida del ser querido, pero no así los síntomas del estrés postraumático”.

Las palabras de Carolina, quien ha vivido toda la evolución del FANVI, resumen el problema del desdén de la salud psicológica en el diseño del programa: “de qué sirve que un niño esté bien alimentado, si no ha podido trabajar la pérdida de su padre o madre. De qué sirve que le des acompañamiento escolar, si te va a dejar tirada la escuela”.

Incumplen con entregas de apoyos

Las entregas de los apoyos educativos y asistenciales en especie son el pilar principal del FANVI, pero la entrega de estos ha sido un problema desde la creación del programa y las quejas en relación con la operación de este son consistentes.

El informe “Un trato de indolencia. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México de la organización Amnistía Internacional ya había desglosado en 2017 algunas de las problemáticas que las víctimas indirectas han tenido que enfrentar con el FANVI:

“La calidad y periodicidad del apoyo no cumplen con los fines del fideicomiso, ya que los uniformes y útiles escolares son de mala calidad y se entregan cuando el ciclo escolar está ya avanzado”. Además, afirma que el derecho a la alimentación tampoco es garantizado debido a que “varias familias describieron que las provisiones de víveres entregadas suelen estar incompletas y con productos en malas condiciones; además, suelen entregarse con meses de retraso”.

El informe es consistente con lo que los beneficiarios reportan. La Red Mesa de Mujeres tiene registro de que a veces las despensas tardaban en llegar hasta tres meses, detenidas por temas administrativos en la ciudad de Chihuahua, y en malas condiciones; además, el horario de atención y la ubicación de las oficinas complican la recepción del apoyo.

Carolina tuvo que dejar las despensas porque no podía dejar de trabajar para recogerlas en horarios restrictivos de 9:00 am a 2:00 pm, a veces antes: “pedí permiso para ir un día, llegué y me dice la señorita: ‘ya no te puedo atender porque yo ya no atiendo a las 2:00. 

Le dije que era la 1:40. Y me dijo: ‘pues sí, pero ya no te puedo atender porque tengo que sacar el trabajo’. Le pregunté: ¿Entonces desde qué horas ya no puedes atender? ‘Desde la 1:30’”.

El 27 de agosto de 2015, El Diario de Juárez documentó la queja de una tutora que afirmó que los trabajadores del FANVI no quisieron darles los apoyos a los beneficiarios debido a que la primera dama y presidenta del Comité Técnico, Bertha Gómez Fong, no pudo acudir ese día a Juárez a hacer la entrega porque días atrás había sufrido un accidente en helicóptero junto con su esposo, César Duarte.

Al día siguiente, el Gobierno del Estado publicó una nota aclaratoria en el mismo periódico donde desmintió a la beneficiaria denunciante: señaló a la madre denunciante por su nombre y sostuvo que sí recibió el apoyo, además de aclarar que la entrega no fue condicionada en ningún momento. 

Pero lo confirma Carolina: “a veces te retenían la despensa porque el gobernador tenía que venir a tomarse la fotografía con toda la gente para dar las despensas y, si no ocurría, te regresabas sin despensa”.

En el caso de los apoyos educativos la situación es similar: llegan mal y a destiempo. Fue hasta el último año que el FANVI simplificó el tema de la entrega de despensas y los uniformes mediante tarjetas de vales para que los beneficiarios compraran la despensa (a finales del 2019 pasó de 200 a 500 pesos para consumo mensual) y sus uniformes con los proveedores (depositan mil 500 pesos para comprar los uniformes y calzado). 

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Los problemas de implementación están acompañados de problemas en el monitoreo y la evaluación de los casi diez años que lleva en funcionamiento el FANVI. 

El programa no tiene forma de monitorear la situación de los beneficiarios. Las reglas de operación indican que el FANVI debe dar un reporte al Comité Técnico –integrado por universidades, organizaciones civiles y representantes del gobierno estatal– con un seguimiento que consiste en la actualización del padrón y los beneficios que se dieron.

Sin embargo, persisten los problemas y su falta de participación. De hecho, la Auditoría Superior del Estado (ASE) encontró que durante el ejercicio fiscal de 2018 el Comité Técnico no llevó a cabo las seis sesiones mínimas que se deben de efectuar durante cada año. 

Como consecuencia de la falta de análisis de los resultados, el programa no ha cambiado. Incluso cuando se actualizaron las reglas de operación en 2019 solo hubo cambios en la estructura y no en los objetivos del programa.

Ana Luna Flores, encargada de documentación y análisis de la OPI, afirma que parte de ello se debe a una falta de entendimiento del entorno de cada menor:

“El FANVI está enfocado a evitar la deserción escolar, pero evitar la deserción escolar no está directamente ligada ni al otorgamiento de zapatos ni del uniforme ni siquiera de la inscripción; está ligada a factores que tienen que ver con alimentación, con la situación psicológica, con la atención médica y la violencia estructural. (…) Le dieron una barnizada al problema”. 

* NOTA DE LA REDACCIÖN: la identidad de los menores y sus madres fue modificada por cuestiones de seguridad.

Este reportaje fue realizado por la LA VERDAD, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie