La detención del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos en Estados Unidos es apenas el síntoma de un sistema político, construido durante décadas, que permitió el surgimiento de él y otros personajes vinculados a la corrupción y el tráfico de drogas. Su captura empezó a fraguarse hace mucho tiempo.

Alberto Nájar

@anajar

En alguna época mi familia tuvo un negocio de lavado de autos. Estaba cerca de una base militar, en Jalisco.

Los sábados era frecuente que llegaran soldados a lavar sus vehículos, el día que empezaba su descanso. Algunos, antes del servicio, bajaban de la cajuela bolsas, a veces cajas llenas de marihuana.

Parte de su comisión, el botín de las operaciones en la Sierra Madre Occidental contra el narcotráfico. La droga no era solamente para su consumo personal sino parte de sus negocios particulares.

Era la década de los 80. Unos años antes, en 1972 y 1973, el gobierno federal estableció la Operación Cóndor para erradicar los cultivos de amapola y marihuana en el llamado Triángulo Dorado.

Es una región montañosa que comparten Sinaloa, Durango y Chihuahua. El operativo militar afectó seriamente a miles de campesinos, pero no a los jefes de las bandas de tráfico.

Porque antes de iniciar la batalla altos mandos militares y de la ya desaparecida Dirección Federal de Seguridad avisaron a los capos, para que tomaran previsiones.

La mayoría se mudó con sus familias a Guadalajara, que desde entonces se convirtió en una ciudad santuario para el grupo que después se llamaría Cartel de Sinaloa.

Desde entonces se conocían los vínculos de militares con el narcotráfico. Algo que ahora parece sorprender a muchos con la captura en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos Zepeda.

Fue el secretario de la Defensa Nacional en el anterior gobierno, encabezado por Enrique Peña Nieto. Es, además, el primer militar de ese rango que es detenido en el extranjero, acusado de sostener vínculos con el crimen organizado.

La Fiscalía de Brooklyn lo acusa de proteger a una organización conocida como H-2, una escisión de lo que fue el cartel de los Hermanos Beltrán Leyva.

La banda opera en Nayarit y uno de sus protectores es el exfiscal del estado Édgar Veytia, quien el año pasado fue sentenciado en Estados Unidos a 20 años de prisión por narcotráfico. 

En el océano de odio y lodo que algunos insisten en llenar, no fueron pocos los que vieron en la detención una señal para descalificar la estrategia de seguridad del presidente López Obrador.

No faltó quien se alarmara por el respaldo del mandatario al Ejército, cada vez más responsable de tareas que corresponden a civiles. Pero es un gesto de hipocresía.

Porque el camino a la captura de Cienfuegos empezó a pavimentarse hace mucho tiempo, durante el gobierno de los ahora opositores. 

Los críticos convenientemente olvidan al general Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado.

La agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, lo acusa de proteger a los capos que ordenaron el asesinato de uno de sus agentes, Enrique Camarena Salazar.

Pocos recuerdan a Jesús Gutiérrez Rebollo, detenido en 1997 por proteger al Cartel de Juárez, como también sucedió con los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo, vinculados al mismo caso.

O la decisión de desplegar a soldados de élite en sustitución de agentes de la Policía Judicial Federal.

De allí nació el cartel de Los Zetas, formado por soldados del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, los Gafes.

Estos casos ocurrieron en gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero en las administraciones del Partido Acción Nacional (PAN) también se cocieron habas.

El ejemplo más claro es García Luna a quien se revelaron vínculos con el Cartel de Sinaloa desde al menos 2001, en el gobierno de Vicente Fox.

Desde entonces comenzó el crecimiento exponencial de esa organización, que se convirtió en una de las más poderosas del mundo. 

Esto no hubiera sido posible sin el respaldo de autoridades. García Luna, la persona más cercana al impresentable Felipe Calderón, ayudó al ascenso del Cartel.

Como lo hicieron otros, militares entre ellos. No es casualidad que en el primer círculo de seguridad de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, participaran exsoldados de élite.

Ni que el gobierno estadunidense decidiera confiar la información más delicada para capturar al capo en la Secretaría de Marina, y no en el Ejército.

Tampoco hay que olvidar el papel de militares en el robo de combustible a Pemex, como es el caso de Tomás Ángeles Dauahare quien era el jefe de seguridad de la empresa.

Ni la responsabilidad de otros miembros de la clase política. Porque en este escenario hay otros actores.

Es el caso del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández, detenido por colaborar con el Cartel del Golfo y Los Zetas. O los señalamientos al actual mandatario Francisco García Cabeza de Vaca.

Más allá de la escandalosa captura del exsecretario de la Defensa, lo cierto es que su caso es apenas un síntoma de un cuerpo enfermo, de un estado narco paralelo que se incubó en el país desde hace décadas.

Quienes ahora cuestionan las decisiones de seguridad del actual gobierno deberían mirarse al espejo, y entender que Salvador Cienfuegos, Genaro García Luna, Joaquín El Chapo Guzmán y otros personajes son creación suya.

Son herencia del sistema y la clase política que ellos construyeron, alimentaron y ahora reclaman con nostalgia.