Hace un cuarto de siglo, más de 30 comunidades de la Montaña y la Costa de Guerrero crearon una policía para cuidarse entre todos; 25 años después, tras innumerables vaivenes, la CRAC-PC tiene un principal reto: reorganizarse ante la fuerte presencia del crimen organizado

Texto y fotos: Kau Sirenio

GUERRERO.- La policía comunitaria cumplió 25 años de llevar seguridad a las comunidades indígenas en siete municipios de la Costa y la Montaña de Guerrero. El proceso organizativo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria en la región, ahora conocido como territorio comunitario, nació el 15 octubre de 1995 cuando 36 comunidades se organizaron para enfrentar el problema de la violencia.

Después que los pobladores de Cuanacaxtitlán, municipio de San Acatlán, se organizaron para fundar su propia seguridad comunitaria, vinieron las asambleas en otras comunidades de este municipio, los promotores de la seguridad invitaron a los alcaldes de San Luis Acatlán, Azoyú y Malinaltepec; a los agentes del Ministerio Público de las regiones de Costa y Montaña; los jueces de Primera Instancia; al procurador de Justicia del estado; y al gobernador de Guerrero, a la Asamblea Regional que se llevó a cabo en Pascala del Oro, municipio de San Luis Acatlán, en la que buscarían alternativas conjuntas para solucionar el problema de inseguridad.

Ninguna de las autoridades convocadas, sin embargo, llegó a la asamblea; lo mismo sucedió con la asamblea que se realizó en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, en la que se perfilaba de manera más formal la construcción de seguridad comunitario. 

El 15 de octubre de ese año se reunieron las comunidades indígenas en Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec para conformar una Policía Comunitaria para la seguridad de los pueblos, después de la discusión, 40 comisarios de las comunidades avalaron la creación de su sistema de seguridad. 

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En los primeros años, la Policía Comunitaria ponía a los detenidos a disposición del Ministerio Público, tal como lo hacía la policía auxiliar de camino de Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán; con el argumento de que no existían elementos procesales suficientes, los juzgadores del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero liberaban a los infractores. 

La inacción de las instancias gubernamentales generó descontento en la PC y la población, hizo que las comunidades determinaran en una asamblea en 1998 que las propias comunidades impartirían la justicia. Esto dio paso a la conformación de la Coordinadora de Autoridades Indígenas CRAIN, en lo posterior sería la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC. 

Sin el financiamiento gubernamental, la Policía Comunitaria logró reducir los índices delictivos en la zona de influencia. Sin embargo, el gobierno y el Ejército mexicano empezaron un acoso sistemático sobre esta corporación autónoma. 

El 26 de febrero de 2002, el gobierno del estado quiso obligar a la CRAC y a la Policía Comunitaria deponer las armas, porque estaban “fuera del marco legal”, según lo declaró el gabinete de seguridad en una reunión donde estuvo el magistrado del poder judicial Julio Lorenzo Jáuregui y las máximas autoridades militares de la 27 zona militar.

Lorenzo Jáuregui dijo, con base en el artículo 4 constitucional (derogado en 2001), que la Policía Comunitaria está fuera de la ley, y agregó que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se basan los comisarios indígenas para argumentar su sistema de seguridad pública, “es inaplicable al sistema mexicano”. 

Los comisarios llegaron a la reunión con el ánimo de encontrar los acuerdos que les permitieran seguir con su sistema de seguridad en el marco de su sistema normativo, porque en esa fecha se incrementaron las hostilidades por parte de la Procuraduría del estado y el Ejército, en contra de la Policía Comunitaria. 

En un operativo inusual la policía judicial intentó detener a cinco excomisarios cuando entregaban el cargo a nuevas autoridades. Vecinos de 20 comunidades impidieron las detenciones. 

Después de una acalorada discusión entre los funcionarios y los comisarios, se suspendió el diálogo y vinieron las amenazas de parte de los primeros a los indígenas. Como una salida al conflicto, los comisarios propusieron llevar a cabo consultas en las comunidades donde tienen presencia, para determinar si continuaba su sistema de seguridad o entregaban las armas. Los resultados se entregaron un mes después, el 26 de marzo de ese año. 

La primera asamblea consultiva fue en la comunidad de Potrerillo Cuapinole el 10 de marzo. Los dos pueblos indígenas que asistieron –Mephaas (tlapanecos) y Ñuu Savi (mixtecos)– decidieron mantener su policía comunitaria, porque, argumentaron, es parte de su vida como pueblos indígenas. 

En la conclusión dijeron que no quieren confrontarse ni con la policía estatal ni con el Ejército, y aceptaron que las armas que tienen para la defensa de sus comunidades queden guardadas para evitar cualquier confrontación. 

Al mismo tiempo que se consultaba a los pueblos para conocer su decisión acerca del futuro de la PC, los dirigentes de la CRAC interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Pública aprobada en agosto de 2001, con el argumento de que no fueron consultados como pueblos indígenas ni se tomó en cuenta a la Policía Comunitaria, en la redacción de la nueva ley.

Mientras avanzaba la consulta, el 21 de marzo organizaron un foro en San Luis Acatlán para definir la postura frente al gobierno, mientras en las comunidades se levantaban actas en asambleas para reafirmar su interés por la Policía Comunitaria. 

Las hostilidades emprendidas por el Ejército y el gobierno de René Juárez Cisneros ocurrieron en el momento de mayor expansión y consolidación de la Policía Comunitaria. Desde su sexto aniversario, comunidades de Marquelia y otros municipios de la Costa Chica habían pedido su inclusión a la policía comunitaria. 

El litigio en contra de la CRAC y PC empezó cuando decidieron no entregar a los detenidos al Ministerio Público. “Más rápido de lo que los entregábamos, los liberaban”, afirma el fundador de la policía comunitaria de Cuanacaxtitlán, Filemón López. 

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Desde su fundación, el sistema de seguridad comunitaria se extendió en las regiones marginadas de Guerrero. Este sistema de seguridad indígena tiene dos funciones: la seguridad y la justicia. La primera es la prevención de delitos y protección de la seguridad pública y comunitaria, que está a cargo de los policías comunitarios que son electos en asamblea comunitaria. 

Esta organización está coordinada en el espacio regional por la Coordinadora Regional de Autoridades-Policía Comunitaria (CRAC-PC), el cual se encarga de detener a los agresores. El órgano de seguridad se encarga de realizar acciones de prevención de la violencia, a través del resguardo de fiestas y eventos especiales, así como el patrullaje en los caminos y comunidades que integran todo el sistema.

Otra tarea que desempeña esta institución indígena es la administración de justicia, que es ejercida en las comunidades por los comisarios municipales –quienes atienden faltas o problemas menores-. En el ámbito regional, esta labor corresponde a los coordinadores regionales de la CRAC, quienes se encargan de resolver las faltas graves. 

A partir de 2007, la CRAC tiene tres Casa de Justicia, entre las que se distribuye la atención a las comunidades integrantes del sistema de acuerdo con su cercanía geográfica. La primera sede es Casa de Justicia de San Luis Acatlán, ubicada en la cabecera municipal; las otras dos Casa de Justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec; y la Casa de Justicia de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc. 

Meses después de que la CRAC cumplió 17 años, inauguraron la Casa de Justicia de El Paraíso, el 22 de diciembre de 2012, en la comunidad del Paraíso, municipio de Ayutla. Así sumaron cuatro sedes de justicia comunitaria. Los coordinadores regionales se eligen en la Asamblea Regional, que es la máxima instancia de decisión dentro del sistema comunitario.

Esta Asamblea está integrada por las autoridades comunitarias (comisarios municipales y comisariados ejidales o comunales), por las autoridades regionales coordinadores regionales de Autoridades Comunitarias y Comité Ejecutivo; además de representantes de organizaciones sociales, y por todos habitantes de las comunidades integrantes del sistema que quieran intervenir y decidir. Se trata del órgano de decisión más importante de toda la estructura comunitaria.

Durante 25 años, la CRAC-PC ha vivido vaivenes desde su fundación, varias comunidades abandonan el sistema de seguridad comunitaria, pero luego regresan, tiene mucho que ver con su posición política. Además, en 2014, los pueblos indígenas tuvieron crisis interna cuando el excoordinador Eliseo Villar Castillo negoció con el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero para credencializar a los policías comunitarios.