Desde el lunes tres comunidades otomíes y una mazahua ocupan una parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Piden que el gobierno de la Ciudad de México responda sus demandas de vivienda, mismas que llevan esperando desde hace 20 años. El titular de la dependencia federal, Adelfo Regino, abrió este jueves una invitación al diálogo

Texto y Fotos: Arturo Contreras Camero

“¡Ya llevamos 500 años y 28 más resistiendo! Podemos quedarnos más así”, dice con sorna Isabel Valencia. Frente a ella, la fachada de las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) está cubierta de pintas con las siglas EZLN y pósters de Zapata. “Si quieren tardarse, que se tarden, allá donde vivo no tenemos lo necesario para pasar la pandemia. Cuando llueve tenemos que esperar hasta las tres de la mañana para que se baje la suciedad que sale de las coladeras y poderse acostar uno en ahí en la calle”. Isabel Valencia lleva viviendo así más de dos décadas.

El pasado 12 de octubre, a 528 años de que Cristóbal Colón llegara a las costas de América, cuatro grupos indígenas, todos unidos bajo el amparo del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno, tomaron las oficinas del INPI. El rechazo del gobierno a un diálogo y a brindarles atención une sus reclamos. A algunos los han ignorado por 23 años, a otros por 3. Buscan una opción de vivienda asequible, que les permita seguir viviendo en la ciudad.

“Nos dicen que somos necios, que no entendemos; si llevamos años de que nos prometen y se van, llega otro y hace lo mismo. Esta 4T, nos dijo cuando llegó, que nos esperemos un poquito, porque se estaba haciendo la transición”, remata Isabel, detrás de ella un grupo de niñas y niños toma clase en una mesa en la calle, personas entran y salen del edificio con cara de estar muy ocupados.

Isabel dice que ha vivido toda su vida en la ciudad, llegó cuando tenía 4 años, con su familia, provenientes de Santiago Mezquital, en Querétaro. Venían buscando una mejor vida. Cuando llegaron rentaban un cuartito muy pequeño en el que apenas cabían, a veces no les alcanzaba para pagar la renta, hasta que el 19 de septiembre del 85 el edificio donde rentaban se desplomó.

“Era muy difícil encontrar dónde rentar, a veces era muy caro, a veces muy lejos, a veces no nos dejaban en un lugar por los niños, ya ve que son familias muy grandes. Por la necesidad de no tener dónde vivir y de decir no hay para la renta, vimos todo lo que se había caído y dijimos vámonos para allá. Y fuimos habitándolo poquito a poco y fueron llegando más hermanos otomíes, dijimos vamos a ayudarnos y vamos a apoyarnos, vamos a estar aquí para ver lo que sea necesario. Hasta hoy, desde el día que decidimos quedarnos ahí, no hay una respuesta (de las autoridades”.

En 1997 Isabel y su familia llegaron al inmueble de Zacatecas 74, en la colonia Roma. Su caso es similar al del predio en Guanajuato 209, también en esa colonia; al de Roma 18, en la colonia Juárez y al de Avenida Zaragoza 1434, en Pantitlán, según explica Filiberto Margarito Juan, uno de los dos concejales de estas cuatro comunidades indígenas de la ciudad.

“Tomamos este edificio y así va a estar hasta que nos den respuesta sobre la expropiación de los predios de Zacatecas y Guanajuato, así como de una dotación de vivienda para las 80 familias de Roma 18 y para las familias Mazahuas de Pantitlán”, asegura. “La verdad es que aquí vivimos mejor, aquí hay agua, hay luz, hay cocina, hay para hacer todo lo demás. En el campamento llueve y hace frío.”

Los otomíes piden al gobierno de la Ciudad de México (desde hace más de 20 años) que expropie los terrenos de la colonia Roma para que el Instituto de Vivienda, que desarrolla vivienda social, construya lugares a los que las familias indígenas puedan acceder mediante créditos. Para el caso de Pantitlán y la Juárez, piden vivienda de interés social dentro de las cercanías de sus actuales hogares.

INPI abre diálogo 

La mañana del jueves el Instituto de los Pueblos Indígenas publicó una carta en la que asegura que un día antes esa institución así como la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos local habían acudido a establecer comunicación con los pueblos otomíes. 

«El miércoles 14 de octubre se plantea una mesa de trabajo al grupo en cuestión a fin de brindar la información acerca de los avances en la atención de la problemática planteada respecto al derecho de la vivienda además de ofrecerles una reunión personal con el titular del instituto Adelfo Regino Montes para ser atendidos”, dice el comunicado.

Al respecto, las comunidades indígenas aseguran que conocieron el comunicado apenas el jueves por la mañana, por medio de redes sociales y planean emitir una respuesta este viernes. Mientras tanto, los pueblos otomíes planean llevar a cabo un foro en las instalaciones tomadas al que se invitaron a distintas personalidades del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno.

Su okupa, sin embargo, no alcanza todos los rincones del edificio. Solo el vestíbulo de recepción, donde las paredes están tapizadas de pósters con motivos de la lucha indígena y personalidades como Samir Flores, defensor medioambiental asesinado en Huexca, Morelos. Detrás de ella, en el cubículo de las escaleras, es donde duermen los hombres, en las esquinas de los descansos se pueden ver unas colchonetas de hule espuma sin forro y unas mantas viejas. Arriba, en la primera planta un letrero dice “Entrada solo mujeres”. Detrás de la puerta, entre los pasillos de los cubículos, los escritorios y las computadoras hay algunas bolsas para dormir. “No hemos tocado nada del material de oficina de equipo”, dice Filiberto. Es cierto, más que una okupa, parece que los funcionarios oficinistas hubieran trasnochado en la oficina por un proyecto muy demandante. Abajo, en el estacionamiento hay una cocina improvisada y unas cuantas sillas, el resto del inmueble permanece en silencio.