La misma noche que Cosmelín, de 16 años, desapareció, su cuerpo asesinado era llevado al Semefo, donde se le catalogó como no identificado. Siete años después, las autoridades reconocieron que aunque lo tenían, por un error dijeron que no era él y lo mandaron a una fosa común, donde lo perdieron. Es uno más de los cuerpos en el país que se desconoce dónde está enterrado

Texto: Francisco Rodríguez/Quinto Elemento Lab

Ilustración: Alejandra Saavedra

Fotografías: Iván Gutiérrez

COAHUILA.- Marcela Balderas llegó la mañana del 6 de mayo de 2011 al anfiteatro de Torreón. Desesperada y angustiada preguntó si ahí estaba su hijo Cosme Humberto Alarcón Balderas de 16 años, quien no había regresado a casa la noche anterior después de terminar su trabajo como empacador en City Club.

-Tiene 16 años. Llevaba camisa de manga larga blanca con letras rojas enfrente. Traía pantalón de mezclilla negrito y tenis blancos –describió la mamá con voz temblorosa.

-¿16 años? – preguntó el funcionario del lugar.

-Sí, 16 años –recalcó la madre y sintió como un galope en el pecho.

-No hay con esas características –respondió y le dejó ver sólo los cuerpos que consideró se asemejaban a la descripción. 

Marcela Balderas no lo halló entre aquellos cuerpos balaceados y tatuados. Aquel año, en Torreón morían violentamente entre dos y tres personas cada 24 horas debido a la lucha por la plaza entre Los Zetas y el Cártel de Sinaloa. 

Cuatro días visitó el Servicio Médico Forense (Semefo) con el dolor punzándole el pecho. Ya no entre, jefecita, le decían a la entrada los trabajadores. Mire, mamita, ya no entre, se va a enfermar, repetían. Ella quería encontrar a su hijo, como fuera pero encontrarlo.

-¿Aquellos cuerpos? –preguntaba Balderas con la fotografía de su hijo en mano.

-Son de más edad. Esos tienen tatuajes –era la repetida respuesta.

Marcela Balderas se retiraba de la morgue con la esperanza de que, si su hijo no estaba entre aquellos cuerpos no identificados, en algún momento regresaría a casa.  

Un día ya no la dejaron entrar a revisar. Y no volvió a pisar el Semefo.

Foto1. El 5 de mayo de 2011 desapareció Cosme Humberto Alarcón Balderas. Su madre, Marcela Balderas, acudió varios días a buscar el cuerpo en el Semefo de Torreón.

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El 5 de mayo de 2011 a las 3 de la tarde, Cosme Humberto Alarcón Balderas salió de su casa como todos los días. “Ya me voy. Te quiero mucho, mamasota”, le dijo a su madre después de embarrarla de besos. “Dios te bendiga y te acompañe”, respondió. Cosme caminaba hasta el City Club donde trabajaba como cerillito, cerca de la carretera Torreón-Matamoros.

A las 7:10 de la tarde Cosme se comunicó con su mamá: “Acuérdate que no te voy a dar nada hoy. Me voy a comprar unos calcetines y una camisa”, recordó sobre el dinero que ganaba.

Los hijos menores de Marcela, Leonardo y María Luisa, también trabajaban como empacadores en dos Sorianas diferentes. Habían acordado de verse en Soriana Oriente para regresar juntos a casa.

A las 7:50 de la noche las llamadas al celular de Cosme entraban a buzón.

Su hijo no llegó al punto de reunión. La madre comenzó a desesperarse. El celular, como un eco que zumbaba la cabeza, seguía mandando a buzón.

“A lo mejor se fue a la casa a ver la lucha libre americana”, pensó porque su hijo era aficionado. Pero en el camino recordó que ese día no transmitían la lucha. Era jueves. Se apuró para llegar a la casa.

No lo halló.

Pasó al City Club y un vigilante le contó que lo vio irse como a las 7:45 de la noche. “Andaba recogiendo carritos y se nos perdió de vista”, informó el guardia.

Marcela Balderas habló a la policía pero le explicaron que debía dejar pasar 72 horas para reportarlo como desaparecido. “Vaya primero a hospitales y al Semefo”, recomendaron. El viernes 6 de mayo, muy tempranito, ella comenzó a peregrinar por hospitales, por la cárcel municipal y el anfiteatro de la ciudad, ubicado entonces en el sótano del Hospital Universitario, un bodegón donde en la época más violenta de la ciudad hacinaban los cuerpos como bultos de papa. 

Fue al ejido Hormiguero porque allí vivía la novia. Fue a buscarlo a un templo cristiano donde su hijo solía reunirse con amigos. No encontró ni una señal. 

Ese viernes visitó la entonces Procuraduría de Justicia estatal que encabezaba Jesús Torres Charles, quien 5 años después sería acusado por testigos en Estados Unidos de proteger a Los Zetas. La agente del ministerio público le echó en cara que seguramente su hijo andaba de vago. “Mi hijo no es así”, respondió la madre, segura y de frente.

La pasaron con otra licenciada de la que ella no recuerda el cargo.

-¿Qué ropa traía? –le preguntó la funcionaria con las palabras de concreto desde su escritorio.

-Una camisa de manga larga blanca con letras rojas enfrente. Sin cuello. Traía pantalón de mezclilla negrito y tenis blancos.

La licenciada se comunicó por teléfono al Semefo.

-¿Tienes un cuerpo con estas señas: camisa blanca, pantalón negro, 16 años. Tenis blancos? –preguntó frente a ella. Un hormigueo le recorrió el pecho.

-No, aquí hay uno pero tiene tenis negros –alcanzó a escuchar que una mujer informó.

-Ah, no es –decretó la licenciada sin más pruebas. Colgó y soltó: “No se desespere, allí anda, esos muchachitos allí andan de vagos”, repitió sin empacho.

Y Marcela Balderas se retiró con la desesperación cargada como losa en los hombros, pero con la esperanza de que su hijo regresaría a casa.

***

La Fiscalía de Desaparecidos en Coahuila registra 2 mil 185 desaparecidos desde 2006, mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) 2 mil 884. Pese a las discrepancias, ambas dependencias coinciden en que 2011, el último año de la administración de Humberto Moreira, fue el año con más desaparecidos en el estado. Aun así tuvieron que pasar las 72 horas para que la policía investigadora se dispusiera a buscar a Cosme Humberto. 

“Anda con la novia, anda de vago”, era la respuesta de los oficiales. “Mi hijo no es así”, defendía Marcela Balderas como se defiende a un hijo. “Eso dicen todas las mamás”, escuchaba de respuesta.

Pero Cosme nunca paseaba sin pedir permiso. Estudiaba el primer año en el Bachillerato Técnico La Laguna, en la especialidad de máquinas y herramientas, su pasión. Le gustaban la música cristiana y Los Temerarios. Deseaba ser futbolista profesional y estudiar una carrera técnica. Era portero y medía 1.89 metros. Era renegón. Soñaba con hacerle una casa a su mamá y no había día que por las noches no le dijera a ella antes de dormirse que la quería. Cada mañana, como ritual, le repetía las mismas palabras: te quiero mucho, mamá.

“Todo el dinero que ganaba me lo daba. Yo le daba para lo que necesitara de la escuela, para el lonche, los camiones. Estábamos ahorrando también para hacerle su quinceañera a su hermana”, recuerda ella y cada que habla de los sueños rotos el sentimiento la desborda. Se le ahogan las palabras.

Semanas después, la agente del Ministerio Público encargada de su caso informó que Cosmelín, el niño que gustaba de subir a la azotea a escribir, simplemente se había querido ir por gusto, porque vivía violencia en casa.

“Decían que yo lo golpeaba, que le había intentado quitar un tatuaje con una plancha y que lo habían visto con la marca”.

Platica Marcela Balderas desde su casa. Su casa son dos cuartos donde no hay puerta que los separe, tres camas, paredes de block sin enjarre ni pintura; una estufa, un tanque de gas, cajas con expedientes, dos guardarropas viejos.

Muestra pertenencias de su hijo: un suéter, su pantalón de portero y su cuaderno de apuntes donde llenaba las hojas de citas o pensamientos bíblicos cuando subía a la azotea:

Tomado del cuaderno de Cosme, tal cual lo plasmó:

¿Quien es bueno?

Como está escrito: no hay justo, ni siquiera uno

a un uno Romanos 3:10

¿Quien ha pecado?

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En 2018 el padre de Marcela, José Balderas Aguilar, rogaba a su hija antes de morir que investigara sobre una noticia que apareció en el periódico siete años atrás.

En El Siglo de Torreón, el sábado 7 de mayo de 2011, se publicó una noticia con el titular: ENCUENTRAN CADÁVER CON IMPACTOS DE BALA EN LA CABEZA. Según la nota, el agente del Ministerio Público llegó al lugar de los hechos a las nueve de la noche del 5 de mayo. El occiso era de aproximadamente 25 años, vestía playera de manga larga color blanco, pantalón de mezclilla color negro, tenis negros. El cadáver fue trasladado al Semefo. 

La Averiguación Previa 98/2011 es más detallada: el cuerpo fue hallado a las 8:40 de la noche del 5 de mayo en la calle Múzquiz y Río Nazas, a 100 metros del Puente Plateado que une Torreón y Gómez Palacio. Fue levantado por los peritos a las 11 de la noche. Vestía mezclilla negra, calzón rojo, “camisa mangas blancas atrás hacia adelante”, tenis negros. Medía 1.70 cm, tenía complexión regular, moreno, pelo negro, frente chica, ojos chicos, corte, nariz chica chata, boca grande, labios gruesos. En la escena fueron encontrados seis casquillos 7.62×39 (cuerno de chivo).

Después de siete años de búsqueda, de tocar puertas, de unirse a otras madres con su misma pena en el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), de marchar en protestas, de gritar porque le devolvieran a su hijo; comenzó a exigir aquel expediente. Una y otra vez, la madre se aferró a esa averiguación. “Sí está el cuerpo pero no es su hijo. Tiene 25 años ese muchacho y su hijo 16. Trae la misma ropa pero no coincide con la edad”, afirmó César Castillo, el ministerio público, según ella recuerda. “El expediente lo traen extraviado”, aseguró después Roberto Solís, otro ministerio público.

En abril de 2018, Marcela Balderas expuso su caso ante Amnistía Internacional, organización que le advirtió que su queja podría desencadenar consecuencias porque había autoridades involucradas por omisión. Y así fue.

Menos de un mes después, un sábado, afuera de su trabajo, en la colonia Nueva California, Marcela Balderas vio rondar una patrulla del Grupo de Armas Tácticas y Especiales (GATE) de Coahuila, el grupo élite que formó el exgobernador Rubén Moreira (diciembre 2011-noviembre 2017) para combatir el crimen organizado y que ha sido acusado de múltiples violaciones a derechos humanos. Cuando regresaba caminando a su casa se le acercó la patrulla y una mujer policía le aventó un vaso con alcohol. “Andas alcoholizada. Súbete”, ordenó. Ella se resistió y a golpes la esposaron y subieron.

La llevaron al municipio de Matamoros a 15 kilómetros de Torreón. Comenzó a orar. A su mente sólo llegaban sus hijos. En algún momento se le cayó el celular y se marcó el número de Claudia Soto, mujer que busca a su esposo desaparecido. “Claudia, Claudia, me quieren matar”, gritó desesperada. La policía le arrebató el celular y se lo apagó. En Matamoros la arrastraron como si fuera res y la tumbaron al piso de la cárcel municipal. Le quebraron el tabique de la nariz y le abrieron el labio a patadas. “Me van a matar”, pensó. Cuando la golpeaban, la policía le gritó “por andar de hocicona”. Los policías estatales la dejaron encerrada y se fueron. La liberaron hasta que sus compañeras de FUUNDEC abogaron por ella.

Tres días después le avisaron que el expediente 98/2011 había aparecido. Sin embargo, Fernando González, coordinador del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense de Coahuila, trató de convencerla por última vez:

-¡Entiende! No es, este cuerpo es de 25 años. No es.

-Quiero verlo –insistió Marcela Balderas, convencida que tenía el derecho de hacerlo.

-Pero si no es el cuerpo ya no vamos a investigar más, ya nos esperaremos hasta que aparezca algo. ¿Aceptas? ¿Sí o no? –retó el funcionario estatal.

-Acepto –respondió como apostando su vida en ello.

En una oficina de la Fiscalía le mostraron las fotografías del expediente. 

Marcela Balderas se queda callada unos segundos, extiende los brazos y se toma un dedo, frunce el ceño como si quisiera paralizar las lágrimas, toma aire y mira al piso. Entonces describe:

“Su perfil de cara, acostado, se le mira su cara… igualita, su barba, no se había rasurado. Se le mira su cara… Me lo enseñaron sucio, lleno de sangre, hinchado… Pero era visible su rostro. Traía sus tenis negros, sus calcetines cafés, su pantalón negro. Su camisa blanca con letras rojas enfrente. Tenía un impacto en el pómulo izquierdo, otro en el ojo izquierdo… y en el labio superior derecho… y trae golpes en su cuerpo… como quemaduras de cigarro… Me da mucho coraje porque su cara es de un niño de 16 años, no se mira grande. Traía su bóxer rojo con elástico gris”.

El registro equivocado de la edad de Cosme, que le costó a la madre siete años de búsqueda, muestra otro grave problema que arrastran los servicios forenses de todo el país: la falta de especialistas para identificar a las personas, como antropólogos forenses expertos, a cargo de determinar la edad, la estatura y hasta el sexo en los casos de destrucción de los cuerpos más complejos. Al cierre de 2019, en los Semefo de todo el país apenas habían 52 antropólogos, sin precisar si contaban con la especialidad forense. En Coahuila son ocho.

Anselmo Apodaca, el exdirector de la Unidad de Servicios Periciales de FGR, ahora consultor independiente, menciona que hay un déficit de antropólogos porque si a la Escuela de Antropología e Historia ingresan 40 alumnos, sólo se gradúan dos. También advierte que muchos de los peritos que trabajan en los servicios periciales en México no están especializados.

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Cuando identificó a su hijo, Marcela Balderas sintió tristeza y coraje. “Me hubieran evitado tanto tiempo de sufrimiento”, dice mientras se limpia la mejilla. “Nunca imaginé que lo habían matado ese mismo día. Ha sido un calvario, de volverme loca”, añade con coraje en sus palabras.

Enseguida, repasa lo que ha vivido en nueve años: estuvo tres meses en estado de coma derivado de una taquicardia porque ya no podía con el dolor; perdió su casa porque la vendió para pagar un investigador privado que no le entregó ninguna pista; perdió trabajos porque no rendía; padece ansiedad y actualmente toma medicamento para poder dormir, pues en el sueño se le aparece la sonrisa de su hijo.

Su “error”: haber pensado que su hijo se había llevado los tenis blancos y no unos negros “Ahí sí me equivoqué”, cuenta como si cargara con una culpa.

Lo que debía de haber sido un final menos triste no ha ocurrido. Las autoridades desconocen dónde enterraron al cuerpo con los tenis negros. El único detalle que se conoce del destino del cuerpo Cosme, es que fue enviado a la funeraria San Antonio y sacado de allí el 10 de mayo para ser llevado a la fosa común. Pero la funeraria ya no existe en Torreón y sólo se halla una sucursal en el municipio de Matamoros.

“Investigaron y está un señor que se acuerda que sacaron un cuerpo de un joven con el físico parecido pero dice que el panteonero no lo registró; que dejaron al muchacho y en el panteón se encargaron de enterrarlo porque había mucha gente y no tenían tiempo. Por eso no hay registro”, relata la madre. De eso hace dos años y Marcela Balderas siente que lo ha vuelto a perder. 

Como ocurrió con el cuerpo sin vida de Cosme Humberto Alarcón Balderas, las autoridades forenses no tienen registro del destino final de, cuando menos, 999 cadáveres que entre 2006 y 2019 fueron ingresados a los Semefo de Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. ¿Dónde tienen a esos cuerpos ahora? No supieron responder en dónde están.

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Recuperar el cuerpo de Cosme ha sido otra peregrinación por los laberintos de la burocracia que extravía a personas. A Marcela Balderas le dijeron primero que habían donado el cuerpo a la facultad de Medicina de Torreón, a donde según cifras oficiales la Fiscalía entregó 46 cuerpos no identificados de 2012 a 2017. Luego, que siempre no. En ninguno de los dos panteones municipales hay registros de la inhumación de su hijo. Funcionarios de la Fiscalía de Desaparecidos le han dicho a la señora Balderas que creen, por recuerdos del panteonero, que su hijo podría estar en el cementerio número 2 de Torreón. Pero no hay dato que lleve a la fosa donde lo enterraron. 

El sepulturero del panteón 2 es Apolinar Pérez que arrastra 24 años caminando entre tumbas y fosas. Cuando le pido a Apolinar -hombre de gorra beisbolera y zapatos desgastados- me señale dónde están las fosas comunes, me lleva a la parte alta del cementerio. Entre las tumbas me dice: “aquí es donde hay más”, y extiende el brazo sobre los montones de tierra caliente sobre la que estamos parados y donde no hay ningún señalamiento. Sólo Apolinar sabe dónde están, pero desconoce cuántas son. 

-Hay otras, pero esas están salteadas –refiere.

-¿Cómo los enterraba?

-Unos están en bolsas, otros en zíper, unos están a ‘rais’ y otros en sábanas. No había tiempo de nada, ‘vámonos, vámonos y fuga’.

En este panteón, ubicado al sur de la ciudad, era común que los pistoleros del crimen organizado se metieran para practicar tiro al blanco con las lápidas. O que llegaran a disparar y balacear a los deudos durante un sepelio.

En muchas fosas hay 4, 5, 6 cuerpos. “Como fuera los echábamos”, admite. Una respuesta de la dirección municipal de panteones a una solicitud de Transparencia lo respalda: de 2005 a 2009 inhumaron 53 cuerpos pero no saben en cuántas fosas porque no hay registro. De 2010 a 2012 hay registro de 119 cuerpos inhumados en 28 fosas, un promedio de 4 cuerpos por fosa. Y todo recae en la memoria de Apolinar.

Además, el registro oficial de los cuerpos aquí enterrados se lleva en el cementerio número 1, al poniente de la ciudad. Ahí tienen constancia de la inhumación de un cuerpo no identificado el 4 de junio de ese año; es el entierro más próximo a la fecha del asesinato de Cosme Humberto, cuando en la práctica después de no identificarse un cuerpo en tres días, era enviado a la fosa.

En este panteón, cuenta el sepulturero Ángel García -robusto y de andar cansado- comenzaron a traer los cuerpos no identificados en 2012, cuando ya no cabían en el otro.

-Este cuate lo tiraron ahí en la Guerrero, en cachitos, y ahí está otro que tiraron pero a ese le cortaron la cabeza –platica Ángel García con la tranquilidad de quien orienta a un turista, mientras camina entre las fosas comunes desperdigadas entre las tumbas.

Fue hasta 2018 que por orden de la Fiscalía, los sepultureros comenzaron a clavar cruces de madera en las fosas comunes con el número de averiguación escrito con marcador negro. “Antes sí se metían 3, 4, 6, 8, de la escuela de Medicina también. Ahora con todos esos de los desaparecidos ya hay más cuidado”, menciona Ángel García. 

El sepulturero asegura que en las fosas de este panteón también enterraron botellas con papeles que contienen los números de averiguación. Hay también –explica- métodos que elaboraron para ubicar las fosas, como apuntar la tumba vecina o guiarse por la barda perimetral. “La barda tiene números, los agarramos por número de block, por decir la carpeta fulana está sobre el block 80 por 100”, explica y el método se escucha primitivo para ubicar 133 pozos donde hay 208 cuerpos inhumados de febrero de 2012 a junio de 2020, según la dirección de Panteones de Torreón.

-¿Y hay espacio para más fosas? –pregunto al panteonero.

-Estamos saturados, en esos cachitos es donde los metemos, ya no hay lugar.

Y señala hacia los retazos de tierra libre entre tumbas.

Según una respuesta de la Fiscalía de Coahuila a una solicitud de información (folio 00558120), en el estado hay 889 cuerpos que no fueron identificados, la mayoría de ellos asesinados entre 2006 y los primeros cinco meses de 2020 por disparos de arma de fuego o estrangulados, principalmente. En 66 casos los cadáveres estaban “incompletos”, de 12 tenían solo restos calcinados, seis estaban desmembrados, de 88 cuerpos tenían solo restos óseos y había 17 esqueletos.

La cifra de cuerpos enviados a la fosa común en los panteones de Torreón (380) no cuadra con el número de cuerpos no identificados hallados desde 2006 por la Fiscalía (492) en la ciudad. 

“Es una cochinada lo que se hizo”, critica Silvia Ortiz, representante del Grupo VIDA, y mamá de Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida el 5 de noviembre de 2004 en Torreón. Silvia Ortiz señala que la Fiscalía de Coahuila en muchos casos no recabó fotografías o huellas dactilares, y por la desorganización, dice, las autoridades se están topando con que los cuerpos enterrados en ciertas fosas, no están. “Es una doble desaparición”, añade molesta.

La misma información que entregó la Fiscalía refleja las malas prácticas de registro que había todavía el año pasado. Hay, por ejemplo, un reporte de 20 cuerpos no identificados pero se desconoce la fecha del hallazgo y en algunos casos hasta la ciudad donde fueron encontrados. Además, de 181 cadáveres no identificados no se sabe la causa de muerte porque falta la necropsia en el expediente, sin contar los casos donde fueron hallados simplemente restos óseos y fue imposible realizar una necropsia.

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En enero de este año le avisaron a Marcela Balderas que tenía que esperar para la exhumación del cuerpo de su hijo Cosme, como si esperar nueve años no fuera suficiente.

“Se siente dolor y temor de que no vaya a aparecer, que me digan que no lo encuentran, que se perdió”, comparte, y se estremece de solo pensar en aguantar más años. Nunca perdió la esperanza de ver a su hijo de vuelta. Esperaba que “Cosmelín”, como lo llamaba, aquel niño de 16 años que comía con tanto gusto la carnita con tomate y cebolla, se parara en la puerta y le dijera que había regresado. Y se fundieran en un abrazo profundo.

Marcela Balderas explica que el dolor que siente es como una enfermedad crónica. Todavía no tiene descanso. Y ahora su angustia es encontrar los restos de su hijo entre fosas comunes. Le deprime pensar en el tiempo que se pueda llevar. Ya pasaron casi dos años desde que identificó a su hijo en las fotografías. Las autoridades responden con lentitud pasmosa para sacar de las fosas los cuerpos ya reclamados por familiares. Está el caso de Cristian Daniel Mundo Vallejo, un joven de 18 años que desapareció en Piedras Negras en 2011, el mismo año que Cosme. 

Tres meses después de la desaparición, Lorena Vallejo identificó por fotografías el cuerpo de su hijo en el Semefo de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en Saltillo, a más de 400 kilómetros de Piedras Negras. Supo ahí que el cuerpo de Cristian Daniel llevaba diez días sepultado en la fosa común del panteón La Paz, en esa ciudad. Y pese a tener la orden de la PGR para que se lo entregaran, Lorena Vallejo tardó 8 años en lograr la exhumación. Apenas el 14 de agosto de 2020 llevó a casa los restos de su hijo. 

En el caso de Cristian Daniel, la PGR tenía registro del sitio donde habían enterrado el cuerpo. En contraste, las autoridades desconocen en qué fosa depositaron el cuerpo de Cosme Humberto. 

No es el único. Por lo menos hay otro caso del Grupo VIDA de Torreón en las mismas circunstancias.

José Ángel Herrera, fiscal en Coahuila de Personas Desaparecidas, reconoce que antes de la Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense, de 2016, no había información sistematizada de cuerpos y fosas y culpa de ello a los administradores de los panteones municipales.

“Cuando acudes a registrar una averiguación previa penal te das cuenta que una persona no identificada puede estar inhumada en un lote pero al llegar no solo hay una, sino dos o tres.”, explica Herrera. En la entrevista descarta que la Fiscalía estatal pudiera tener un subregistro, pues dice que los cuerpos “extra” que han encontrado pudieron llegar “por otros medios”.

-¿Cómo cuáles medios?

-Se está trabajando para determinar qué tipo de situaciones pudieron haber pasado”.

Pese a esta nueva cara de la crisis forense que enfrenta Coahuila, la de los cuerpos sin identificar perdidos en el enorme desierto de fosas comunes, este estado y Guerrero fueron elegidos para probar un Plan de Exhumación. Un gran reto de cara a la herencia de la llamada “guerra contra el narcotráfico” por la que los servicios forenses de todo el país se convirtieron en maquinarias de entierros: de la plancha del anfiteatro a la fosa común pasaron al menos 27 mil 271 cuerpos sin identidad, como el de Cosme, sin que haya certidumbre sobre si el registro de cada inhumación estuvo completo, como Quinto Elemento Lab documentó.  

Esa incertidumbre, dice Silvia Ortiz, de Grupo VIDA, se palpa en el hecho que las autoridades no han mostrado a los colectivos las carpetas de los cuerpos no identificados. “No tomaron ni siquiera una foto. ¡Cómo nos van a mostrar algo incompleto, tienen que resolver!”.

Casos como el de Cosme Humberto, según Silvia Ortiz, reflejan las malas prácticas forenses: muchas familias sabían de cuerpos recuperados en las morgues y pedían saber si era su familiar, pero se les negaba el acceso por detalles nimios en las descripciones que hacían los familiares.

Ortiz pide que acabe la práctica común entre peritos, de hacer una “estimación visual” que deja a su criterio hacer la descripción de los cadáveres y que lleva a errores graves. “¿Qué edad de su familiar?, ‘40 años’, ‘no, mire, la persona que tenemos aquí tiene entre 20 y 30 años’. ‘Ah pues no es’. Y se iban”. 

Y quizá esos errores forenses son responsables de haber enviado a la fosa común a decenas de cuerpos que no pudieron ser identificados por sus familias, como la de Marcela Balderas. También es causante de que ahora los cadáveres no identificados enviados a la fosa común, tengan que ser desenterrados como parte del Plan de Exhumaciones para obtener un correcto registro y que exista la posibilidad de identificación. 

El Plan de Exhumaciones está en vigor desde abril de 2017, pero en diciembre de 2019 se realizó el último trabajo. A casi un año, no hay fecha de reanudación. José Ángel Herrera, el fiscal estatal de Personas Desaparecidas, explica que el Plan establece un tiempo de 6 a 7 años para concluir con el desentierro de todos los cadáveres y restos enviados a fosas comunes, pero asegura que no han reanudado porque los colectivos de víctimas solicitaron una revisión.

Ariana García Bosque, asesora y representante legal de la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, dice que pese a la entrada en vigor de la Ley de Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas de Coahuila, se siguen presentando malas prácticas en el levantamiento de cuerpos, el registro y la identificación. 

Opina que si no hay sanciones a esas prácticas, de nada servirán las leyes pues al paso de los años se tendrán que volver a evaluar los procedimientos y será un doble trabajo, como el caso de los cuerpos desenterrados como parte del Plan de Exhumaciones y que, al no ser identificados por las familias, tuvieron que ser regresados al fondo de la tierra. En agosto se inauguró el Centro Regional de Identificación Humana, donde deberían resguardarse estos cuerpos para facilitar su localización en el futuro, pero todavía no está en funciones. 

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Marcela Balderas siente tristeza y coraje de recordar cómo la victimizaron las autoridades por siete años, y cómo ahora los ministeriales le aseguran con la mirada agachada que sí buscaron en su momento en el Semefo.

Vive con miedo de que le pase algo a sus otros dos hijos. El miedo, enfatiza, la come día a día. 

Cada noche se lamenta que el mismo día que inició su búsqueda mataron a su hijo. Y se pregunta por qué no estaba el cuerpo cuando revisó en la morgue. 

Y todos los lamentos y cuestionamientos le provocan un llanto de rabia.

También sabe que aunque encuentren a su Cosmelín, le entregarán unos restos. Tiene fe en que los tenis negros se hayan conservado. Le gustaría atesorarlos. Lo que más desea es tener a su hijo, tener sus huesos un día en casa para decirle que siempre lo buscó, que nunca se cansó de buscarlo. 

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Este reportaje es parte de la serie #CrisisForense de Quinto Elemento Lab, que revela el colapso del sistema forense en México y las consecuencias para miles de familias que buscan a sus seres queridos y para los miles de cuerpos que siguen sin identidad. Próximos lanzamientos cada semana de septiembre y octubre. Visita www.quintoelab.org/crisis-forense