A seis años de la violación más grave de derechos humanos de la historia reciente en México, se han liberado a 77 de los 142 detenidos. Las familias de las víctimas asesinadas y desaparecidas del caso Ayotzinapa siguen buscando justicia

Texto: Kau Sirenio

Fotos: Archivo Pie de Página / Daliri Oropeza

Así empezó la historia en Guerrero hace seis años: media decenas de policías comunitarios montaron un retén en el arco de la entrada principal hacia el pueblo de Ayotzinapa, ahí los comunitarios mitigan la noche con la luz titilante de una fogata que se resiste ante la amenaza de un aguacero. La noche no presagia nada bueno para el medio millar de normalistas que estudian en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, las primeras noticias que llegan a cuenta gotas anuncian el asesinato de tres estudiantes y decenas de desaparecidos.  

En el camino que va a la puerta principal de la escuela de cuyo lema es: “Cuna de la conciencia social”, un par de normalistas montan su propia fogata para iluminar a los familiares y vecinos de Tixtla que van llegando a la escuela para saber qué pasó en Iguala esa noche 26 de septiembre de 2014.

Los gritos y el ladrido de los perros en los pasillos de la Normal de Ayotzinapa convierten la noche aterradora. No hay saludos, ni abrazos. Las caras largas y pálidas de los normalistas revela el miedo. 

Hay cierta agitación en Ayotzi. Los estudiantes doblan los pasos al comedor del internado. Todos preguntan qué pasó. Pero nadie tiene la respuesta. Los cuarteños (los de cuarto grado) gritan casi al unísono: 

–Paisa, muévanse al comedor; tenemos que ir por los compas a Iguala. El gobierno los atacó, no sabemos, pero dicen que hay muertos. 

–Dicen que hay varios muertos, paisa. ¿Es cierto eso? –quiere saber uno del comité de derechos humanos. 

La noche tomó de sorpresa a todos. Las horas pasan y las respuestas llegan a cuentagotas. Mientras que los normalistas toman acuerdos en la reunión en el comedor. Los muchachos del comité de Relaciones Exteriores (Relex) desesperados buscan comunicarse con las organizaciones sociales de Iguala. Pero nadie les contesta. 

–Tío, por favor, ayuda a nuestros compañeros. Están atrapados en Iguala –suplica el Relex a un profesor de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) que le toma la llamada. 

Pero de otro lado no hay respuesta. El miedo se apodera de los estudiantes, que a sus 20 años viven esa noche sus peores pesadillas. 

Después de un saludo de “gracias, Tío, por venir”, el muchacho suelta su teléfono móvil al reportero: 

–Escucha, tío, los están matando. ¿Escucha los disparos? –inquiere el normalista.  

Sin soltar el teléfono móvil, el reportero escucha las ráfagas de armas largas que truenan ensordecedoras. 

El Relex se dobla y suelta a llorar. 

Los del comité hacen un esfuerzo por hacer su primera lista de los jóvenes que se fueron a Iguala esa tarde: “El Carrilla, El Cochiloco… ese bato no, paisa, no recuerdo los nombres, pero hay que hacer una lista para saber. Urge saber cuántos están allá”, apura un cuarteño que fue comité estudiantil.

La persecución

Hace seis años, cuando la policía municipal desapareció a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala.  El gobierno de Enrique Peña Nieto desdeñó la lucha de los padres de los 43 normalistas y trató de ocultar la verdad sobre este hecho, considerado por la opinión pública nacional e internacional, como el peor agravio en contra de la sociedad mexicana desde la matanza de Tlatelolco en 1968. 

La única respuesta a la exigencia de justicia durante todo este tiempo fue lo que el propio gobierno quiso imponer como la “verdad histórica”, la cual, a cumplirse los seis años de la tragedia, quedó en evidencia la gran mentira del siglo. 

Con la desaparición de los 43 normalistas se visibilizó la persecución política en contra de la disidencia en Guerrero y en el país, con base en torturas, desapariciones y asesinatos políticos.

El hostigamiento empezó en Guerrero, cuando mil 500 policías federales desalojaron a maestros y normalistas que protestaban en contra de la reforma educativa, en la Autopista del Sol, el 5 de abril de 2013. En el movimiento magisterial participaban los normalistas de Ayotzinapa y ocho normales públicas más. 

Después de este desalojo, el 1 de mayo del mismo año, en Chilpancingo, la Policía Federal detuvo a cuatro maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), después de la conmemoración del Día Internacional de Trabajo, y los envió, esa misma tarde, a una cárcel de alta seguridad en Tepic, Nayarit, acusados de terrorismo. 

Con estos hechos, el gobierno de Enrique Pena Nieto reinventó la Guerra Sucia en Guerrero, cuyo gobernador, Ángel Aguirre Rivero, no defendió la soberanía de la entidad, debido a que él mismo ya estaba aplicando esas estrategias de contrainsurgencia hacia sus opositores. 

La detención de los cuatro maestros en mayo de 2013 fue el parteaguas porque de ahí siguió la desaparición del líder de Unidad Popular (UP) de Iguala, Arturo Hernández Cardona, y siete de sus compañeros, a manos de sujetos desconocidos el 30 de mayo. Tres días después, los cuerpos del dirigente y dos de sus compañeros aparecieron con huellas de tortura en un paraje cercano a la colonia Valerio Trujano, perteneciente al municipio de Tepecoacuilco. 

El Otoño Rojo de 2014 alcanzó su punto más cruento la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, cuando policías municipales y civiles armados atacaron a normalistas de Ayotzinapa que ese día habían llegado a Iguala para hacerse de autobuses en los cuales viajar a la Ciudad de México para la conmemoración de la matanza del 2 de octubre. El atentado dejó tres normalistas y tres civiles asesinados, dos decenas de heridos, así como 43 estudiantes desaparecidos. 

Por sus dimensiones, este hecho fue también la primera palada de tierra de lo que a la postre significó la sepultura de un régimen que intentó mantener su propia “verdad histórica”. 

Hasta antes de la desaparición de los 43 normalistas, habían asesinado a 10 activistas que apoyaban la lucha de los normalistas que demandaban justicia por el asesinato de Gabriel y de Alexis. Estos asesinatos tuvieron un común denominador. En todos estuvieron involucrados civiles armados con la intención de hacerlos pasar como ajuste de cuentas. Ni uno de estos crímenes se ha esclarecido. 

En cambio, 25 activistas más fueron encarcelados, tres de ellos, enviados a cárceles de máxima seguridad de Oaxaca, Veracruz y Nayarit. Arturo Campos Herrera, de la policía comunitaria de Ayutla, fue enviado a Almoloya; a Gonzalo Molina, lo recluyeron primero en Oaxaca y luego en el Altiplano. A la hoy senadora por Morena Nestora Salgado la enviaron a Nayarit. 

La persecución política estuvo acompañada de una campaña de odio en contra de los movimientos sociales. Aguirre Rivero dio entrevistas en cadena nacional de televisión para acusar a los normalistas: “los muchachos de la Normal de Ayotzinapa tienen rencor social, porque son adoctrinados por la guerrilla”. 

“Además, ellos se dedican a robar combustible a los transportistas; mi gobierno ha sido y será tolerante ante estos hechos, pero llegará el día que meteremos en orden a los muchachos porque ya rebasaron el límite de la ley; pronto llegará el día en que aplicaremos todo el rigor de la ley”, advirtió. 

Este lenguaje de odio fue el primer disparo en contra de los estudiantes. 

Además de las amenazas verbales de copiosa reproducción en los medios de comunicación, se pasó a los hechos concretos. Cuando los normalistas llegaron a la central camionera de Chilpancingo esa tarde del 26 de septiembre de 2014, la terminal estaba bajo resguardo de la Policía Federal, para impedir que los jóvenes se llevaran los autobuses. 

Fue por ello que los estudiantes fueron a Iguala, ciudad que, prácticamente, fue una trampa para ellos. Así empezó la represión más atroz en contra de la población estudiantil y civil. 

A partir de estos hechos el gobierno federal encabezado por Peña Nieto, en lugar de procurar justicia, buscó por todas las formas posibles impedir que se hiciera justicia. 

Lo que sí hizo fue construir pruebas falsas para impedir que se conociera la verdad de lo ocurrido esa noche, ya que el Ejército estuvo involucrado desde el primer momento de la persecución de la policía municipal de Iguala en contra de los normalistas. 

Como parte de esta estrategia para obstaculizar la justicia, desde los primeros detenidos, más por lo evidente de su participación que por cumplir con la procuración de justicia, se violó el debido proceso. Gran parte de las declaraciones de los detenidos fueron arrancadas con base en tortura, o bien, se integraron mal los expedientes. 

A seis años de ese episodio trágico en el país y considerado la violación más grave de derechos humanos de la historia reciente, se han liberado a 77 de los 142 detenidos. 

Además, se giraron órdenes de detención en contra de uno de los principales artífices de la “Verdad histórica”, el ex encargado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio. Mientras que otros implicados fueron detenidos por el mismo hecho pero acusados de torturas y fabricación de culpables. 

El 7 de mayo de este año se reinstaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) en la investigación del caso Ayotzinapa.  El GIEI había sido suspendido después de presentar su segundo informe sobre el hecho ocurrido aquel 26 de septiembre de 2014. 

El actual presidente Andrés Manuel López Obrador se ha reunido en múltiples ocasiones con los padres de los normalistas. La última reunión fue la del 12 de agosto para conocer los avances de la fiscalía especial para el caso Iguala, a cargo de Omar Gómez Trejo. El fiscal informó días antes de esta reunión que, en la barranca de La Carnicería, ubicada a 800 metros del basurero de Cocula, se encontraron restos del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

Este martes, llegó a Mexicali, Baja California, la Comisión Estatal de Búsqueda para realizar un operativo en Mexicali para localizar a quien presumiblemente sería uno de los 43 normalistas desaparecidos en el caso Ayotzinapa ocurrido en el 2014. 

Aún con la pandemia del covid-19, los padres de los 43 normalistas anunciaron que este sábado marcharán para demandar castigo a los culpables y presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.