Abogados y un exmagistrado acusan sesgo, parcialidad y problemas de procedimiento en la decisión del juez de sobreseer uno de los siete amparos que interpusieron ejidos propietarios del agua del río Cuautla. Advierten que es una negación de los derechos a los demandantes

Texto y foto: Daliri Oropeza

“Les niegan a los ejidatarios de Ayala el derecho a defender sus derechos”. La clave para entender esta afirmación está en la decisión de un juez que no admitió a los demandantes como sujetos legítimos y jurídicos de derechos; asegura el exmagistrado Jorge Fernández Souza, quien laboró en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México.  

La unión de Ejidos en Defensa del Agua de Ayala junto con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala dieron una conferencia de prensa junto con los abogados Carlos González, Magda Gómez, Francisco López Bárcenas, Juan Carlos Flores y Jorge Fernández Souza.

En ella denunciaron que el juez del primer tribunal colegiado en materia administrativa de Morelos dio su resolución solo con el peritaje que realizó la parte demandada: la Comisión Nacional del Agua. Acusaron que hizo un peritaje antes de tiempo, pues nunca trató de fondo la demanda que hicieron los ejidatarios sobre la violación de sus derechos al agua, al territorio, a la libre determinación, a defender la tierra, a la consulta, a la salud, al medio ambiente, entre otros.

Más grave aún, coincidieron todos los panelistas: el motivo del juez para sobreseer el amparo fue considerar que los ejidatarios, usuarios y propietarios del agua no tienen interés legítimo ni interés jurídico para iniciar un juicio de amparo, porque no demandan a través de la Asociación Civil Asurco.De acuerdo con lo que describe el abogado Juan Carlos Flores, la asociación de Asurco no puede comprometer el agua ni los recursos de los ejidatarios que de por si les pertenecen a los campesinos. Solo tienen injerencia para el agua que se reparte.

Desde la reforma a la ley del agua en donde solo se puede dar a través de concesiones, es que tiene validez la asociación civil Asurco, recalcó el abogado Carlos Gonzalez. A Asurco se le dan las concesiones. Lo que pasa con el territorio lo deciden los ejidatarios en asamblea. La tierra les fue otorgada después de la Revolución, desde la lucha de Zapata hasta las resoluciones presidenciales que van a cumplir 100 años, recalcó González. 

San Juan Ahuehueyo, uno de los ejidos que interpuso el amparo sobreseído por el juez, tiene su decreto presidencial con fecha del 19 de enero de 1923, donde se le dota de 600 litros de agua por segundo del río Cuautla. Esa es una razón suficiente de interés legítimo y jurídico y es ahí donde está lo absurdo, recalca el exmagistrado Fernández Sousa.

Como usuarios directos del afluente, son más que sujetos jurídicos y legítimos, además de por recalca Fernandez.

“Es absurdo el giro que le da el juez. Lo que hacen los juzgadores, es decir que no tienes interés porque no tienes ese derecho (…) Los ejidatarios son titulares jurídicos porque son parte de la asociación a la que pertenecen. El interés jurídico está claro, al igual que el legítimo. No había por qué negar”, aseguró Fernández Sousa. 

“Es claro y evidente el interés jurídico desde la perspectiva agraria de la posesión de tierras y aguas. Existe afectación directa de los intereses de los ejidatarios, es incuestionable”, recalca el abogado González. 

La abogada Magda Gómez recordó que hay “una cadena de juicios vigentes”, no solo uno como afirmaron el presidente y la secretaria de Gobernación en la conferencia matutina. 

La defensa de los pobladores señala que son 16 amparos vigentes contra el Proyecto Integral Morelos. De estos, 6 son por el agua del río Cuautla y contra el acueducto que conectaría a la termoeléctrica. Contra el Gasoducto son 3, incluídos los de pueblos indígenas como Amilcingo y Atlixco. Contra la termoeléctrica es uno interpuesto desde 2014. Hay 2 amparos vigentes para que se respete la autodeterminación de los pueblos, que ya decidieron que no quieren ni la termoeléctrica ni el gasoducto. A la par, hay 4 amparos en trámite contra la consulta que realizó el gobierno federal el año pasado.

El panel dijo que de estos, solo resolvieron uno del uso del agua del río Cuautla y está lleno de “irregularidades”. Calificaron la determinación del juez como “parcial”, “insostenible” “aberrante”.

“Con estas acciones, se nota la intención del poder ejecutivo de llevar a cabo sus proyectos, sin tomar en cuenta la opinión y el descontento de los pueblos que se verían afectados”, recalcó el abogado mixteco Francisco López Bárcenas.

Antecedentes legales

Por una solicitud de la Secretaría de Gobernación, desde hace 6 meses los  amparos y recursos que tienen que ver con el Proyecto Integral Morelos se concentraron en un solo tribunal. El abogado Juan Carlos Flores explicó que esto “en teoría ayuda para que no haya sentencias contradictorias y para que sea la justicia mas efectiva”. Sin embargo, advierte que existe un riesgo de que al ser solo un juzgado o tribunal se pueda corromper. 

“Perdemos la diversidad de los poderes judiciales, de los tribunales que dictan la justicia y es el caso que estamos viviendo. Con este tribunal ya vimos su parcialidad, está realizando dictámenes con falta de imparcialidad. Se ve la mano de una ex ministra de la Suprema Corte. Es ella que desde sus contactos en el poder judicial mueve las decisiones”, asegura el abogado Flores. 

El peritaje no fue imparcial, a consideración de los panelistas, por ser realizado por una investigadora de Conagua: “Si es empleada de las autoridades de Conagua, señalada como responsables, es absurdo que sea perito. Está limitada por la permanencia y pertenencia al lugar en el que trabaja”, recalcó el exmagistrado Fernández Sousa.

La perito abarcó en su investigación toda la cuenca del río Amacuzac para decir que solo hay una afectación del 4% en el recorte del afluente del río Cuautla, lo cual es un error para ver la afectación real pues el Cuautla tiene su propio cauce, recalcó el abogado Flores, quien lleva 3 amparos de los ejidatarios. Se tendría que medir solo con el agua que corre en el río Cuautla. 

La exministra de la SCJN  Olga Sánchez Cordero dijo el 10 de septiembre: “jurídicamente están resueltos todos los juicios de amparo y puede continuarse el proyecto”.

Aseguró que “los ejidatarios se ampararon, argumentando que implica el disminución del caudal para el riego (…) se realizaron estudios periciales en hidrología forense, las cuales arrojaron que no causa falta de agua en los suministros de agua en los distritos de riego, dicen los peritos muy profesionales. actualmente los juicios de amparo se sobresellaron”, dijo Cordero. 

El panel de abogados denunció que este modo de negar el derecho a defender los derechos que los demandantes afectados interponen con juicios, es el mismo argumento que se usó en otros pueblos. Por ejemplo en el noroeste, para permitir que se instale una fábrica de amoniaco que va a afectar al pueblo mayo, contra el pueblo guarijio para permitir que su territorio fuera inundado por la presa pilares y en el caso de los ch’oles por la construcción del megaproyecto Tren Maya en su territorio durante la pandemia. Es preocupante, concordaron.

Con el sobreseimiento, “estamos en una situación para ubicar bien la mirada de la exministra de la SCJN, que tiene todas las redes del mundo para promover la acumulación de juicios para la resolución de este juicio de amparo”, aseguró la abogada Gómez, y advirtió “estamos a ciegas en términos de justicia”.