No es que el reto estuviera fácil para Andrés Manuel López Obrador, las soluciones son complejas. Sin embargo, la rigidez con la que se le permite a al Tren Maya avanzar mientras que México atraviesa esta crisis es un verdadero peligro para la población de la península de Yucatán. La velocidad con la que corre este tren está poniendo en peligro el estado de derecho en el país

*Por Naayeli Ramírez Espinosa

En abril de 2020, funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), acompañados de quienes dijeron eran sus representantes (un despacho privado), les dijeron a miembros del ejido 5 de febrero en Campeche que necesitaban organizarse para recibir el pago por los derechos de vía que nunca les habían pagado además de los derechos que se afectarían con este nuevo proyecto. A varios ejidos vecinos se les informó lo mismo.

En mayo de 2020 -en el pico de la pandemia- y sin ninguna asesoría externa, Fonatur citó al comisariado de este ejido y los ejidos vecinos en la ciudad de Campeche para que firmaran los contratos y entregarles los cheques por el pago de derechos. Les pagaron alrededor de 2 millones que, repartidos entre los ejidatarios, es una cantidad ridícula en retribución de las afectaciones a recibir. No hubo mucho más. No hubo discusión, no hubo propuestas, no se intercambiaron mapas, no hubo preguntas, y tampoco se habló de impactos. Nadie les dijo que probablemente tendrían que desalojar algunos hogares, no les dijeron el precio que se estaba pagando y tampoco se habló nunca de la expropiación de sus tierras. Como cereza del pastel no les entregaron los documentos que habían firmado. Ni copias les dieron el día de la firma de los papeles.

Poco más de un mes después, los conflictos comenzaron. Algunos ejidos vecinos decidieron remover a sus comisariados por los pagos que ellos recibieron como gestores y la falta de transparencia en los precios pagados. Las quejas eran muchas porque no se conocían los avalúos y porque los precios que propusieron los ejidos fueron rechazados. A cada ejido se le hicieron pagos distintos. Miembros de un ejido vecino (Felipe Carrillo Puerto) interpusieron una denuncia penal en contra del despacho. En julio, el ejido 5 de Febrero le comenzó a negar la entrada a sus tierras a los ingenieros de Fonatur por falta de información y de documentos. En Yucatán también abundaron las denuncias y acusaciones en redes sociales a los comisariados y Fonatur por corrupción. Mientras tanto, las oficinas de la Procuraduría Agraria estuvieron cerradas en mayo y parte de junio y cuando abrieron. Hasta hoy se han acercado a los ejidos que les han pedido asesoría para conseguir los documentos que firmaron.  

En julio de 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) organizó una consulta sobre impactos ambientales en Champotón dirigida a toda la población de la península para llevar a cabo en un solo día. El ejercicio fue un chiste: pocas organizaciones, personas y pueblos pudieron atender; no hubo interpretación a idiomas locales; y, no se explicó el contexto ambiental del proyecto por región ni por tramo. Representantes del ejido 5 de Febrero acudieron, y sus preguntas se quedaron sin respuestas. No había la información que ellos solicitaron. Ellos entendieron que debían buscar, contratar y pagar a algún experto en cuestiones ambientales para apoyarles en conocer los efectos sobre lo que ellos estaban preocupados.

Después de impedir que Fonatur entrara a trabajar por varios días, les pasaron copias simples del contrato que habían firmado. Las fotos no tenían los anexos del contrato (el mapa de hectáreas a afectar, el trazo y el avalúo). Ahí vieron lo que habían firmado: un contrato de ocupación previa en el que el ejido cede de manera gratuita los derechos de vía. Este contrato además establece que se realizará la expropiación de lo que parece el total de sus tierras. El contrato establece el pago de un adelanto a cuenta de la indemnización a otorgar  en el proceso de expropiación. Resalta la irregularidad de que el contrato dice que la representante de la Procuraduría Agraria acompaña a los ejidatarios, pero no está su firma, porque ella no estaba. Nadie de la Procuraduría Agraria, al parecer, ha visto esos contratos.

Para que Fonatur realice este trabajo del pago de derechos, necesita información que se guarda en el Registro Agrario Nacional. El personal del Registro Agrario está brindando información a Fonatur gracias a que Fonatur puede pagar las copias y el papel. Por otro lado la Procuraduría Agraria también solicita información pero no tiene para pagar sus copias y el papel, y el servicio se vuelve más lento para ella. Cuando los campesinos vienen por información, comúnmente no son atendidos porque no hay papel, no comprueban su calidad o no tienen una copia de su credencial de elector (entre otras razones). 

Espero que este recuento y explicación aclare cómo el proyecto del Tren del sureste está provocando más pobreza y desigualdad. Si se quisiera promover lo contrario, el gobierno federal se coordinaría para apoyar a los campesinos de la región, particularmente los que serán afectados por la vía. Si se quisiera promover la inclusión social, el gobierno  compartiría información y se harían los procesos de manera transparente. Además se brindarían capacitaciones, se escucharían solicitudes y requisitos de la población, y se otorgaría tiempo para que los pueblos y ejidos reflexionaran y decidieran de manera conjunta. Si se quisiera promover equidad no se le quitaría presupuesto al ombudsperson de las campesinas y campesinos.

No es que el reto estuviera fácil para Andrés Manuel López Obrador y sus proyectos. Los problemas son graves y las soluciones son complejas. Sin embargo, la rigidez con la que se le permite a este proyecto avanzar mientras que el país atraviesa esta crisis es un verdadero peligro para la población de la península. La velocidad con la que corre este tren está poniendo en peligro el estado de derecho en el país.

La pandemia combinada con la prisa ha impedido que se realicen las consultas a los pueblos indígenas requeridas para este proyecto. Las Manifestaciones de Impacto Ambiental no se han presentado debidamente. Además, hay tramos de construcción del tren que se adjudicaron a empresas sin cumplir con todos los requisitos. Aún cuando parezca sorprendente, Fonatur ha ignorado todas las suspensiones otorgadas por el poder judicial a los que han interpuesto amparos en contra del proyecto, sin recibir multas por esta falta de acatamiento de órdenes judiciales. La CNDH también emitió una recomendación a Fonatur para que detuviera sus acciones durante la pandemia por poner en peligro la vida, integridad y salud de la población que también fue desdeñada por esta agencia del gobierno federal. 

Para colmo de males, el presidente de la República se atrevió a atacar a organizaciones que han denunciado estas irregularidades en medios de cobertura nacional. Con cifras de 2006, y sin comprobar ninguna ilegalidad, pretendió estigmatizar a abogados, personas indígenas y expertos en asuntos ambientales por investigar y delatar estas situaciones. Lo hizo además con saña, varios días seguidos. En los días siguientes, más de mil 500 organizaciones civiles le exigieron una disculpa pero el presidente se hizo el desentendido. 

Pretender que las decisiones que toma Fonatur unilateralmente son las mejores es una equivocación. La pluralidad y diversidad de este país siempre se ha menospreciado siendo tal vez su mayor fortaleza. Un verdadero cambio sería afrontar la dificultad que representa nuestra diversidad para resolver este terrible problema de inequidad e impunidad que nos aqueja. 

Termino con este pensamiento que cruza mi mente mientras escribo: Calakmul es conocido como el lugar al que acudimos a comprender nuestra propia muerte (y por lo tanto nuestra vida). ¿Será que este Tren llevará a la 4T a su muerte?

*La autora es abogada y consultora.