29 agosto, 2020
El acusado fue detenido en flagrancia violando a una menor de edad. Pero la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas fabricó pruebas, destruyó indicios, no investigó material genético ni huellas dactilares. Colectivas de mujeres de todo el país acusan tráfico de influencias y corrupción.
Texto: Dalia Souza/ ZonaDocs
@Dalia Souzal
Fotos: Christian Cantero y María Fernanda Lattuada
Jalisco.- Colectivas y mujeres organizadas en Zacatecas, Yucatán, Ciudad de México y demás estados del país, se unieron para denunciar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJZ) ha encubierto al probable violador de una joven menor de edad que fue detenido en flagrancia.
Tanto el Tribunal Supremo de Justicia del estado como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, han tolerado estos delitos y violaciones a derechos humanos, sin que hasta ahora se hayan pronunciado al respecto, pese a que sus representantes se encuentran notificados de la situación.
De acuerdo con la representante legal de la adolescente, la (FGJEZ) ha montado una farsa en la investigación del delito de violación para favorecer al violador y, con ello, ha incurrido en una serie de delitos que afectan directamente el acceso a la justicia de la víctima y podría dejar libre al agresor sin sanción.
Entre ellas, la defensora advirtió que el abogado del acusado entregó un expediente clínico del IMSS falso. Por otro lado, no se realizó la confronta entre el material genético encontrado en el cuerpo de la adolescente y el ADN del agresor. La ministerio público adscrita al área de adolescentes en Conflicto con la Ley alegó que no fue posible, debido a la cantidad mínima de espermatozoides en la muestra. Pero tampoco compararon las huellas dactilares encontradas en el vehículo donde el sujeto fue detenido en flagrancia; y se falsificó el número telefónico que permitiría obtener la sábana de llamadas y la geolocalización del victimario.
La agresión ocurrió el 2 de abril pasado. Y luego de esta serie de omisiones, violaciones a derechos humanos y delitos cometidos, entre ellos, la revictimización, la violencia institucional, la presentación de pruebas falsas y el tráfico de influencias, el jueves 27 de agosto se llevará a cabo el Juicio oral que podría dejar en libertad a este violador y, en opinión de las defensoras, a un feminicida en potencia.
En rueda de prensa el pasado 25 de agosto, diversas colectivas feministas en el estado de Zacatecas, así como, mujeres organizadas en Yucatán, Ciudad de México y demás entidades del país, se unieron todas para denunciar que, en Zacatecas, las dependencias encargadas de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, jóvenes y niñas protegen violadores y encubren a feminicidas en potencia.
Bajo la consigna ¡No estás sola! y ¡Nosotras sí te creemos!, las defensoras narraron que los hechos acontecieron el día 2 de abril de 2020, cuando un joven de 16 años de edad con premeditación y engaños sacó de su casa a la adolescente que después sería su víctima.
“La alcoholizó y la violó de todas las formas posibles, oral, anal y vaginalmente, mientras ella estaba inconsciente”, describieron las colectivas en un comunicado.
Elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, Zacatecas lo detuvieron en flagrancia esa misma noche; y lo trasladaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Pero podría salir libre este 27 de agosto gracias a la investigación; la defensa de la víctima acusa corrupción, tráfico de influencias, pruebas falsas, desprotección a la víctima, la protección al presunto agresor. Todo ello con la omisión del Tribunal Superior de Justicia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas.
“El escenario de impunidad creado por la Fiscalía hace que el violador de esa niña pueda salir libre el jueves 27 de agosto ya que la Fiscalía montó una farsa en la investigación de este delito de violación, favoreciéndolo con todas las pruebas, para exculpar a este delincuente” señalaron en su comunicado.
Las violencias de las que fue víctima ese 2 de abril no pararon después de que llegó la Policía Municipal de Guadalupe, Zacatecas a aprehender a su agresor, aquello sería apenas el principio de lo que impunemente ha permitido el sistema de justicia patriarcal, encabezado en el estado por el Gobernador, Alejandro Tello.
La adolescente debió esperar por más de tres horas (desde las 3:00 hasta las 6:00 am) en la misma sala donde se encontraba la familia de su victimario; luego iniciar con todos los exámenes médicos, psicológicos y periciales. Ahí, no dejó recibir humillaciones y agresiones hasta que por fin fue recibida para ser sometida a otro proceso revictimizante que duró casi diez horas.
Según refiere la representación legal de la adolescente víctima, pese a las dificultades que se tuvieron para que las agentes del ministerio público, adscritas al área de Adolescentes en Conflicto con la Ley, hicieran su trabajo, las investigaciones “no iban tendientes a favorecer al violador”; sin embargo, advierte que, esto cambió el 3 de junio, cuando el imputado contrató a un abogado particular al que se le describe como: “un hombre corrupto y sin escrúpulos que se está valiendo del tráfico de influencias y corrupción para comprar a las autoridades”.
Y es que el ahora abogado fungió como Director de Investigaciones en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, durante el mandato de Amalia García Mediana. Para las colectivas, este hombre ha sido “el principal criminal detrás de toda esta farsa procesal”.
Entre las irregularidades y delitos cometidos en el proceso de investigación por la Fiscalía del Estado de Zacatecas, se encuentran las siguientes:
La defensa del agresor entregó como prueba un expediente clínico falso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual señalaba que éste había acudido a “una cita médica el día 7 de julio”, cuando se encontraba en un centro de internamiento. Todo con el objetivo de pedir un cambio en la medida cautelar concedida, que ofrece beneficios a los adolescentes en conflicto con la ley cuando tienen problemas de salud.
Según indicaba este expediente, el joven agresor padecía de “espalda bífida”, además de otros padecimientos que “le impedían cargar el cuerpo de una mujer inconsciente” señaló la abogada.
La defensora de la víctima solicitó al Juez Especializado en Justicia para Adolescentes que requiriera al centro de internamiento un informe sobre las entradas y salidas realizadas por el acusado. Con ello solicitó al IMSS un informe para conocer la licitud del expediente clínico presentado. Así pudo conocerse que: 1) El centro de internamiento nunca ha concedido un permiso al imputado para acudir a una cita médica; y 2) que la nota médica fue alterada, al igual que todo el expediente clínico que presentó la defensa, sobre esto el IMSS ya tiene una investigación en curso.
Ante estas pruebas a todas luces falsificadas, la abogada de la víctima solicitó al juez la suspensión de la audiencia programada para ese día. Sin embargo, éste sólo otorgó un plazo de 24 horas para demostrar la ilicitud del expediente y, posterior a ello, lo amplió tres días, porque el abogado del imputado alegó que no podía asistir. Justificó la petición de aplazamiento advirtiendo que “tenía otra audiencia que atender”.
En ese sentido, la audiencia intermedia que se tenía programada para el 21 de agosto fue pospuesta hasta el 24 de agosto. A decir de la abogada de la víctima, esto es “absolutamente absurdo e ilegal”. En casos como éste la ley marca que debe ser nombrado un abogado de oficio que se presente a la audiencia “pues no se pueden privilegiar los derechos de un abogado particular sobre los de la niña violada”, advirtió en el comunicado.
Esta decisión impactó directamente el tiempo que tanto la abogada como la víctima tienen para preparar la audiencia de juicio oral donde se dictará sentencia del imputado, ya que, ésta se tiene programada para el 27 de agosto, -dos días después de haber llevado a cabo la audiencia intermedia del 24 de agosto-. Asimismo, denuncian las colectivas “dio tiempo a la defensa del imputado para preparar un escenario de impunidad”.
La adolescente agredida entregó el número de teléfono del agresor para que fuera investigado por la fiscalía desde el mismo 3 de abril. Entregó una captura de pantalla, para que ls autoridades pidieran sábanas de llamada y geolocalización. Sin embargo, en sus trámites, la agente del ministerio público no usó el celular del acusado, sino pidió que se investigara el de la madre del agresor.
“El número de teléfono que la ministerio público puso en esa solicitud que firmó el fiscal general era el de la madre del violador. Esto a pesar de que desde el 3 de abril, la niña entregó a través de su madre, capturas de pantalla con una conversación en whatssapp donde se aportaba el número real del agresor. Y se había solicitado que se investigara desde el primer día».
Al respecto, la abogada de la víctima refiere que, tales acciones –que pasaron tanto por la Fiscalía General, como por un juez federal, quienes aprobaron la solicitud– impactan directamente la teoría del caso, ya que, dados los resultados de la sábana de llamadas y la geolocalización erróneas se desprende que el agresor no habló y tampoco estuvo en el lugar de los hechos con la víctima.
El juez del caso tiene conocimiento de lo anterior y no hizo nada al respecto.
Dada la violencia con la que el agresor violó a la joven víctima, fue posible encontrar rastros de semen en todo su cuerpo, advirtió la abogada; sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, no solicitó el perfil genético del acusado para realizar una confronta con el material genético encontrado en el cuerpo de la víctima, de haber sucedido así, se tendría también certeza científica de lo señalado por la adolescente.
Con ello, hay que advertir que este procedimiento se trata de una acción obligada en todos los protocolos de atención e investigación a delitos sexuales; asimismo, la madre de la joven habría solicitado a la Ministerio Público realizar todas las pruebas genéticas necesarias desde el día 3 de abril.
Para justificar esta omisión, la Ministerio Público señaló que sólo se encontraron «dos espermatozoides» y que, con esta cantidad era imposible obtener un perfil genético. A decir de la representante legal de la víctima, tras consultar a diversos peritos forenses independientes en el país, esto es falso; y si bien, se presentaron ante el juez todos los fundamentos científicos para solicitar la reapertura de la investigación “tampoco esta fue razón suficiente para el juez”, advirtieron las colectivas en el comunicado.
No hay un informe pericial de lofoscopia. Bajo la misma lógica, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas no comparó y ni confrontó las huellas dactilares encontradas en el automóvil donde se consumaron los hechos con las del imputado (donde fue encontrado en flagrancia).
A decir de la agente del Ministerio Público adscrita al área de Adolescentes en Conflicto con la Ley, en audiencia intermedia frente al juez “no había hecho esta confronta porque no era relevante para la teoría del caso”; una vez más el juez hizo caso omiso al señalamiento.
La defensa del imputado en complicidad con las ministerios público de la Fiscalía de Zacatecas, han solicitado dos dictámenes ginecológicos, más para desvirtuar las lesiones recientes encontradas en el cuerpo de la menor desde el día 3 de abril y que señalan el delito de violación.
Con esta acción buscaron aumentar la temporalidad de las lesiones y “orientar a que la violación de una niña no pasó, que la niña miente, que el violador es inocente porque las lesiones iniciales son de mayor antigüedad que los hechos de violación” recriminaron las colectivas en el comunicado. Tampoco hubo algún señalamiento por parte del juez.
Sobre todos estos hechos cometidos por las agentes del ministerio público del área de Adolescentes en Conflicto con la Ley, señalan las colectivas, tiene conocimiento la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.
Estas son sólo algunas de las irregularidades, delitos y violaciones a derechos humanos que rodean la investigación del caso.
Si bien el Tribunal Superior de Justicia se encuentra enterado de todo lo anterior, desde que se llevó a cabo la audiencia intermedia e, incluso, se le solicitó que las corrigiera aplicando control de convencionalidad y reaperturando la investigación, el juez a cargo se negó.
Tanto el juez como el abogado del imputado llegaron tarde a dicha audiencia –señalaron las colectivas– y sumada a las omisiones cometidas por las agentes del mp del área de adolescentes en conflicto, ésta “dio un giro de 180 grados” privilegiando al agresor por su edad (16 años).
Al término de la audiencia intermedia que se llevó a cabo el pasado lunes 24 de agosto, la madre de la víctima, así como su abogada, solicitaron al juez una vez más que corrigiera estas violaciones graves a derechos humanos cometidas por la fiscalía dentro de la investigación. Y es que, éste, es el deber constitucional que el juez tiene. Según explicó la defensora, el artículo 20 apartado C fracción V de la Constitución Mexicana, sobre los derechos de las víctimas, establece que:
“El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación”.
Por lo tanto, advirtió la abogada, el juez tiene la facultad y la obligación de ejercer actos de control y corregir todas aquellas malas actuaciones del ministerio público, a la par de ser el garante de que todos los actos procesales que se lleven a cabo frente al Tribunal Superior de Justicia se realicen sin atentar contra los derechos humanos.
“EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ZACATECAS es un violador más de esta niña porque en esa audiencia intermedia del día 24 de agosto se incluyeron para pasar a juicio pruebas tergiversadas mediante las cuales se favorece al IMPUTADO … ADEMÁS POR CONTROL DE CONVENCIONALIDAD NO SE PUEDEN PONER CUESTIONES PROCESALES POR ENCIMA DE LOS DERECHOS HUMANOS, MENOS DE UNA NIÑA VÍCITMA DE VIOLACIÓN. Todo esto se argumentó frente al JUEZ Y LO IGNORÓ” sentenciaron.
Desde el 15 de mayo, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas tiene conocimiento de estas situaciones, lamentablemente, denuncian las colectivas junto con la abogada y la familia de la víctima, “estos hechos de corrupción y violación a derechos humanos han ido en aumento, enfrentando hoy un escenario de impunidad total”.
Como se señaló antes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas conoce de las violaciones y delitos cometidos en este caso. Incluso, existe una queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas desde el 19 de julio de 2020; pero el titular la ha ignorado y no ha emitido ninguna recomendación en contra de las autoridades responsables:
“Desde el 19 de julio de 2020 hay una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Zacatecas, la cual a través de María de la Luz Domínguez, Presidenta de este organismo garante y protector de derechos humanos, tuvo una actuación intermitente y deficiente para garantizar el derecho a la debida diligencia y al debido proceso de la menor durante las investigaciones hechas por la fiscalía, dejando crecer los actos de corrupción hasta el punto en que el violador puede quedar libre este jueves 27 de agosto, día que se llevará a cabo la audiencia de juicio oral en la que se dictará sentencia”.
Este jueves 27 de agosto se llevará a cabo el juicio oral para dictaminar sentencia en contra de este adolescente violador, ello pese a que apenas el pasado lunes 24 de agosto se llevó a cabo la audiencia intermedia. A decir de la defensora de derechos humanos y representante legal del caso, esta decisión es absurda y violatoria al derecho a una adecuada defensa para la víctima; mientras que, otorgó tiempo al abogado del presunto “para preparar un escenario de impunidad”:
“Tenemos temor fundado que la defensa del violador ya haya llegado a arreglos con la presidencia del Tribunal y el Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, pues actos de corrupción como éstos no pueden ser permitidos sino se cuenta con protección al más alto nivel”.
El delito que se persigue es el de violación equiparada y agravada, ya que ésta fue perpetrada por el agresor mientras la adolescente estaba alcoholizada y en incapacidad de defenderse; asimismo hubo violencia física y psicológica para consumar el acto.
Al tener 16 años, en conformidad con la ley, el agresor sólo puede recibir una pena máxima de cinco años. Aun así, la agente del mp buscó que la pena se calculara en tres años, al omitir todos los hechos de violencia física y psicológica antes narrados.
Respecto a la reparación del daño, también la Ministerio Público pretendió que ésta se valuara en 30 mil pesos. No obstante, la abogada de la víctima logró que esto se modificara para garantizar que la misma consiguiera ser acorde al daño ejercido en contra del proyecto de vida de la adolescente, así como que fuese integral y que se definiera en la etapa de ejecución.
Frente a todo lo anterior, la abogada de la adolescente víctima buscará ampararse ante la justicia federal, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tome una decisión en este caso y sancione a los responsables.
Sin embargo, hasta ahora, han advertido que existe temor fundado de que las siguientes situaciones se lleven a cabo durante la audiencia de este 27 de agosto:
1.- Que la Fiscalía siga manipulado el caso a través de sus testigos: policías de investigación y peritos. Y a través de las actuaciones del ministerio público.
2.- Que el Tribunal Superior de Justicia continúe protegiendo al violador de una niña, continuando con este ejercicio jurisdiccional sin control de convencionalidad por decir lo menos.
3.-Que esos poderes públicos que protegen al violador ejerzan presión sobre los Tribunales Federales ante el inminente amparo de la justicia federal que buscará la niña.
Por otro lado, han realizado una serie de exigencias que van desde la demanda al Congreso del Estado de Zacatecas para que “mande un punto de acuerdo urgente exigiendo al fiscal, al presidente del tribunal, a la presidenta de la comisión de derechos humanos para que garanticen los derechos humanos a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia, al debido proceso, a la debida diligencia de esta niña víctima de violación”; hasta el llamado a la Fiscalía del Estado de Zacatecas y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia para que “ dejen de proteger al violador y hagan su trabajo que es garantiza el acceso a la justicia de la menor”.
También requirieron al Gobernador del Estado, Alejandro Tello, que “controle las acciones sobradas de corrupción de la Secretaría de Seguridad Pública y funcionarios que se puedan prestar al tráfico de influencias y corrupción en este caso”.
Al IMSS, a través de su delegada estatal, que “siga cumpliendo con sus obligaciones de investigar este acto de corrupción donde se cometió un delito federal al falsificar documentos oficiales”.
Al Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas que “ejerza las acciones de control para posibles actos de corrupción de sus policías que aprehendieron al violador en flagrancia y que se presentarán a la audiencia a juicio como testigos”.
Y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que “no ceda ante ningún acto de presión por parte de las autoridades del estado de Zacatecas”.
Finalmente, en el acto más grande de sororidad y tras escuchar las palabras de la familia de esta adolescente víctima de violación, quien refirió que el daño ocasionado “es irreparable” y “lo único” que buscan es “justicia para ella, para que pueda tener un poco de paz” al saber que su agresor no se encuentra libre, las colectivas que se sumaron a la reunión virtual, no dudaron en abrir sus micrófonos y repetir una y otra vez las frases “!No están solas!, ¡Nosotras te creemos!, Si tocan a una nos tocan a todas!”.
*Este texto se publicó originalmente en Zona Docs. Aquí puedes consultar la nota original.
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