Hace casi 23 años, paramilitares asesinaron a 45 tsotsiles de Chenalhó, Chiapas. El hecho fue conocido como la Masacre de Acteal. En 2005 las familias y sobrevivientes demandaron al Estado mexicano ante la CIDH. Hoy la resolución está en puerta

Texto: Samantha Anaya / Zona Docs*

Fotografías: Grupo de Comunicación Las Abejas 

CHIAPAS.- El 22 de diciembre de 1997 un grupo paramilitar entrenado y financiado por el Gobierno de México –en aquel momento priísta–, entró en el campamento de desplazados Los Naranjos ubicado en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas. Ahí ejecutaron a 45 miembros de la comunidad Las Abejas. El ataque duró horas; la policía no intervino pese a que estaba a 200 metros de la escena.

Las Abejas de Acteal, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, y las y los sobrevivientes de la masacre han buscado justicia desde entonces. El caso se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El pasado 12 de agosto, sobrevivientes y familiares, convocaron a una conferencia de prensa. Ahí instaron a la CIDH a que dicte pronto el Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y Otros.

Una vez presentadas las evidencias y testimonios, esta exigencia de justicia está en la última etapa del proceso. Se espera la resolución de la CIDH para señalar la complicidad del Estado mexicano en el caso de Acteal.

“La justicia que anhelamos es investigar a todos los autores intelectuales de la Masacre de Acteal; empezando con el expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, el general Enrique Cervantes Aguirre, el exsecretario de la Defensa Nacional, Emilio Chuayfet Chemor, el exsecretario de Gobernación, Julio César Ruiz Ferro, el exgobernador de Chiapas, Mario Renán Castillo; y todos los otros ex funcionarios que son responsables de dicha masacre”.

Las Abejas de Acteal.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha acompañado a Las Abejas en este largo proceso. En conferencia de prensa, el Frayba, junto con los deudos y los sobrevivientes, explicó un poco el porqué de la matanza en aquellos años.

Los años de contrainsurgencia

“Nosotros pensamos que la razón por la que este grupo paramilitar asesinó a estas 45 personas fue para dar un mensaje de intimidación a los otros pueblos. Los campamentos militares siempre han estado presentes en el territorio; pero en aquel entonces aseguraron que no habían escuchado balazos, aun cuando estaban a 200 metros y cuando el hecho duró casi 6 horas”, precisó el abogado Rubén Moreno, integrante del Frayba.

En Chenalhó hubo avisos sobre el riesgo que corría la población civil. A partir de agosto de 1996, la violencia se incrementó como respuesta a la creación del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista de San Pedro Polhó, y las amenazas, robos, homicidios, desapariciones, despojos, secuestros, entre otros, se habían convertido en eventos cotidianos en la región, lo que provocó el desplazamiento de miles de familias.

Para llevar a cabo la masacre, “el ejército reclutó a civiles para hacer ‘el trabajo sucio’, ya que el ejército no podía hacerlo porque a nivel internacional se les acusaría de violación a los derechos humanos”, afirmó Rubén Moreno.

La búsqueda de justicia

El 2 de marzo de 2005 la CIDH recibió una denuncia presentada por Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Ahí  se expuso la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos por la masacre del 22 de diciembre de 1997 cometida en contra de indígenas tzotziles en Acteal; y por la falta de sanción a todos los autores materiales e intelectuales de los hechos.

La petición presentada a la CIDH denuncia: el Estado mexicano violó los siguientes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

1.1, obligación de respetar los derechos;

4, derecho a la vida;

5, integridad personal;

8, garantías judiciales;

17, protección a la familia; 19, derechos del niño; y

25, protección judicial.

La CIDH recibió información de los peticionarios el 29 de noviembre de 2007, el 2 de septiembre de 2008, el 4 de noviembre de 2009 y el 23 de abril de 2010. Posteriormente, la CIDH obtuvo información del Estado mexicano el 29 de enero, 24 de agosto, 28 de noviembre de 2007 y el 23 de junio de 2010.

Tras el análisis, la CIDH concluyó que la petición era admisible. 

El 20 de octubre de 2015, Las Abejas de Acteal y el Frayba sostuvieron una audiencia pública con la CIDH. Ahí presentaron el «Estudio psicosocial de los antecedentes», en la que se abordan los factores asociados al hecho y el manejo de la emergencia; las consecuencias psicosociales; y el impacto colectivo en la comunidad de Acteal, así como un Informe Pericial Médico Forense.

La masacre se inscribió en un contexto de guerra, donde las acciones paramilitares fueron parte clave de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano.

Pedro Alfaro Navarro, director del Frayba, en el informe.

Recuento de una masacre anunciada

El Frayba denunció la existencia de paramilitares, meses antes a la masacre; incluso ante el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet. Luego, ante el Ministerio Público a inicios de 1998, posterior a las denuncias del obispo Raúl Vera sobre la existencia de los paramilitares en la zona.

El resultado de este ataque fue la ejecución de 18 mujeres adultas, cuatro de ellas con embarazos de entre cinco y ocho meses de gestación: siete hombres adultos; 16 niñas y adolescentes de entre ocho meses y 17 años de edad; así como cuatro niños de entre dos y 15 años. Un total de 26 personas resultaron heridas, en su mayoría niños y adolescentes, 16 de los cuales fueron hospitalizados con heridas graves.

La policía trasladó los 45 cuerpos a Tuxtla Gutiérrez, a una distancia de más de cuatro horas, sin el consentimiento de las familias. Amontonaron los cadáveres en un convoy de redilas de la misma policía. En la capital del estado, peritos removieron los órganos; y para cuando devolvieron los restos, se encontraban con un alto grado de descomposición.

La “investigación” de los hechos

En la madrugada del 23 de diciembre de 1997 la Procuraduría General de la República (PGR) llevó a cabo una diligencia judicial, y concluyó que:

• No se preservó el lugar de los hechos.
• No se dio intervención a peritos en criminalística de campo.
• No se fijó fotográficamente, con la pericia requerida a cada uno de los cuerpos.
• No se practicó legalmente las diligencias de levantamiento de cadáveres.

Al menos 15 exservidores públicos de bajo nivel estuvieron sujetos a proceso; algunos de estos obtuvieron su libertad dos años después; otros recibieron condenas de ocho años de prisión; y 11 fueron acusados de haber permitido que civiles portaran armas en días previos a la masacre. Sus condenas iban de 3 a 7 años de prisión, con derecho a fianza.

Jacinto Arias Cruz, expresidente municipal de Chenalhó (liberado el 10 de abril de 2013), fue sentenciado a 36 años y 3 meses de prisión; sin reparación de los daños.

Al exmilitar Mariano Pérez Ruiz se le acus acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea; recibió una sentencia de 4 años y 6 meses de prisión.

Además, las autoridades procesaron a  87 civiles indígenas tsotsiles como autores materiales de la masacre. Seis de éstos fueron absueltos; porque el juez consideró que no existían elementos que acreditaran su participación en los hechos. Esto, a pesar de que los sobrevivientes reconocieron a estas personas personas. Otros alcanzaron libertad por razones de humanidad y uno falleció en prisión durante el proceso penal.

Las recompensas de los señalados

En 2006, la organización sociedad civil de Las Abejas de Acteal denunció que el entonces gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, premió a los asesinos con tierras, casas y pensiones mensuales. La condición para que recibieran estos beneficios era que no regresaran a vivir a las comunidades de Chenalhó, lo cual no sucedió: los asesinos de Acteal siguen cerca de la comunidad y gozan de los regalos que les otorgó el gobierno.

Por todo ello y ante la negativa de las instancias federales para castigar a los responsables de la masacre, la comunidad de Las Abejas y las y los sobrevivientes de la masacre decidieron buscar alternativas: una era acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y la otra ha sido que los pueblos organizados construyan una justicia verdadera, digna, duradera y humanizada, a la que llaman “La Otra Justicia”. En ella se reconoce y se busca castigar a los autores intelectuales y materiales del crimen, para tomar medidas efectivas y evitar que se repitan estos hechos.

El CIDE

En diciembre de 2006 el CIDE informó que había asumido la defensa de 75 de los detenidos de Acteal y emplazó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer nuevos parámetros de actuación en el caso. La relación documentada, entre el CIDE y los detenidos es compleja: Por un lado, los paramilitares utilizados en la agresión eran evangélicos. Esta profesión de fe es compartida con algunos miembros de la clínica jurídica del CIDE en aquel entonces, y también con el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa.

El periodista Luis Hernández Navarro escribió en su momento:

«La secuencia de los hechos es incontrovertible. Primero se firmó una alianza en 2006 para apoyar la candidatura presidencial de Felipe Calderón y la asociación política evangélica Encuentro Social. Punto central de ese pacto fue revisar el estado procesal de los expedientes formados con
motivo de la masacre de Acteal.»

La defensa de la clínica jurídica del CDE fue impecable e implacable. Revisó todo el derecho a debido proceso de los imputados y sentenciados. Halló omisiones y fallas en las investigaciones que la Procuraduría General de la República hizo en 1997, cuando conoció e integró los expedientes. 

Trabajo legal impecable, liberación de culpables

En agosto de 2009, la SCJN  ordenó la liberación inmediata de 20 de los paramilitares sentenciados por el crimen, porque no se les siguió debido proceso. En algunos de los casos, en efecto, hubo problemas serios de identificación de los responsables; por ejemplo, las fotografías de los señalados no fueron presentadas conforme a derecho. Así, en efecto hubo individuos que probaron haber estado fuera de la comunidad aquel día y sin embargo fueron sentenciados culpables. Pero la resolución de la Corte no sólo liberó a aquéllos; también a culpables probados. 

De acuerdo con el periodista Luis Hernández Navarro, “uno de los actores claves de esta historia es Hugo Eric Flores, que entonces era profesor en el CIDE. En 1999 fue asesor del presidente Ernesto Zedillo. Aunque él lo niega, en ese mismo año ofreció a los abogados de los presos interceder ante el mandatario y su secretario particular. El 17 de agosto de 2009, el dirigente de Encuentro Social dijo, en entrevista con Carmen Aristegui, que su interés por el caso de Acteal proviene de una visita que realizó en el año 2000 a la ermita donde se produjo la matanza.”**

Qué esperan de la CIDH

En espera de la resolución definitiva por parte de la CIDH, las y los sobrevivientes de la masacre de Acteal buscan que ésta señale la responsabilidad y la participación del Estado ante la grave violación a sus derechos humanos.

El abogado en el caso, Rubén Moreno, reitera que este es el último y más importante paso:

“Es la palabra de una Comisión internacional, y ya no sólo la palabra de nosotros, las y los acompañantes de la comunidad. Con esto, las familias podrán ver la reparación integral de este crimen, lo cual no se ha podido lograr mediante alguna de las instancias nacionales. Esto demostrará que esta larga lucha ha valido la pena, y que la voz de las y los sobrevivientes tiene fuerza”.

*Este trabajo fue publicado originalmente en Zona Docs, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original

** La Redacción de Pie de Página agregó la historia de la participación del CIDE en la defensa de los sentenciados.