25 agosto, 2020
El pasado viernes se llevó a cabo la audiencia contra el exfuncionario de Vallarta, a quien se encontró con una niña en su auto. La jueza determinó vincularlo a proceso, ahora por corrupción de menores y agravante uso de violencia
Texto: Jade Ramírez / Perimetral
Fotos: Colectivas feministas
PUERTO VALLARTA, JALISCO.- Más de seis horas duró la audiencia del pasado viernes en los juzgados especiales del puerto jalisciense en el pacífico mexicano, Luis Alonso “N”, ex director de Recursos Humanos de la policía municipal de Puerto Vallarta, enfrenta hasta el momento dos imputaciones: abuso sexual y corrupción de menores.
En la audiencia la jueza Karina Rivas determinó vincular a un segundo proceso al imputado, ahora por corrupción de menores y con la agravante de uso de violencia. Se determinó que no saldrá libre, sino que que correrán tres meses para una siguiente audiencia donde podría suceder que la Fiscalía del Estado presente otras imputaciones si profundiza en la ampliación de la carpeta.
Sandra Quiñones es la abogada de la familia, profesora de la carrera de Derecho y ya oficialmente coadyuvante del Ministerio Público para el caso; explica cómo se logró enmendar la plana mal hecha de la Fiscalía del Estado de Jalisco cuya exposición ante la jueza, duró tres horas.
Demostrar la lesión en el desarrollo esencial de la menor y su sexualidad era un reto para la defensa que fue tornándose sencillo de lograrlo porque desde el principio percibieron un cambio en la perspectiva de la juzgadora. También se hizo una inspección del vehículo, pero de fondo los datos que le dieron a la juez, fueron las periciales en psicología.
Normalizar la violencia
Al profundizar en la carpeta de investigación se sumaron patrones repetitivos del exfuncionario.
Por su parte el gobierno municipal de Puerto Vallarta criminaliza las protestas feministas en lugar de hacerse cargo de lo que fue responsable.
Aunque 20 días después la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres anunció la creación de una mesa interinstitucional para erradicar la trata, en dos años la Alerta de Violencia de Género a Mujeres no ha operado, ni siquiera, las medidas básicas del mecanismo en la ciudad.
Si el gobierno de Vallarta destina recursos al Instituto Municipal de la Mujer, asegura Quiñones, es porque se “cuelga” de programas federales, pero el ayuntamiento no ha etiquetado un peso para cambiar la realidad de las niñas.
El 19 de julio a las 13:37 horas se reportó la flagrancia del abuso sexual y se dio la detención del director de Recursos Humanos de la policía de Vallarta, por elementos de la corporación, pero las siguientes 14 horas la policía municipal fue omisa y dilatoria para procesar el caso, por lo que se asoman otras denuncias.
En Puerto Vallarta hay 67 denuncias de abuso sexual a menores. Las estadísticas que organizaciones como CLADEM Jalisco arrojan dan que de cada 100 casos en el estado solo uno llega a juicio. Por ello este caso del abuso sexual y corrupción a una menor pretenden cause una transformación de fondo en la impartición de justicia, a decir de Sandra Quiñones.
El que lleve el proceso en prisión con las dos imputaciones para las activistas que respaldan el trabajo de la abogada, no es suficiente pues “hay más” y la Fiscalía del Estado debe avanzar en otras líneas de investigación articulen indicios para otros delitos; buscan garantizar la reparación de daño de manera integral lo que implica, la no repetición.
La Secretaría de Turismo a nivel federal abrió un programa entre 2017 y 2018 para prevenir la trata de personas en destinos turísticos y controlar los riesgos en visitantes para que menores no fuesen víctimas de abuso sexual; se firmó antes en 2015 un Código de Conducta para las buenas prácticas en destinos turísticos después de que la Organización Mundial del Turismo reveló que en México había entre 16 y 20 mil niños víctimas de trata y explotación sexual, pero el gobierno de Jalisco a la fecha no tiene una sola política de combate.
En lo que va de este año hay dos funcionarios municipales con denuncia de abuso sexual a menores: el caso de la menor de 10 años en Vallarta y en Nayarit, el del jefe de Licencias y Permisos de la Subdirección de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Juan Fernando “N”, que se hizo público el fin de semana, hay una denuncia en su contra por abuso sexual a su hijo de cuatro años.
Este trabajo fue publicado originalmente en PERIMETRAL que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
Enfocada a la cobertura de temáticas sobre derechos humanos, conflictos socio-
ambientales y cultura. Ha sido premiada por la Bienal Internacional de Radio en la
categoría de Radioarte, Radio Indigenista, Mesa de Análisis y Debate; finalista del Premio Fundación Nuevo Periodismo en 2007 y 2009. Obtuvo el Premio Internacional de Periodismo Rey de España por el reportaje “La Discriminación vuela por Avianca”, también en 2009. Actualmente escribe para medios digitales y realiza reportajes para la radio y televisión universitaria en Jalisco.
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