Nuevo Francisco León, en Ocosingo, inició procesos legales contra las autoridades sanitarias de ese estado por no implementar medidas que previnieran la propagación de SARS-CoV-2 luego de que uno de los habitantes se suicidara por contagiarse de ese virus

Texto: Andrés Domínguez / Chiapas Paralelo

Fotos: Google Streetview y cortesía

En la comunidad Nuevo Francisco León, en Chiapas, 700 familias promovieron acciones legales para que en la población se realizará una campaña de control de la pandemia por parte de la Secretaría de Salud y otras autoridades, luego de que un habitante se suicidara al enterarse que tenía covid-19. Sin embargo, pese a contar con el aval la juez, nunca se realizó nada, por lo que se ordenó dar vista al Ministerio Público.

Todo comenzó el 13 de abril, día en que Samuel “N”, un indígena de 54 años de la etnia Zoque, habitante de la comunidad rural Nuevo Francisco León, se contagió de covid-19. Un día después de que le notificaron sobre el contagio, se suicidó ahorcándose en la vereda del río que atraviesa su comunidad “por sentimiento de culpa, desesperación y no tener apoyo”.

Samuel era trabajador de una plantación, en el cual labora una parte de las familias de la comunidad. El dueño del rancho, ante el suicidio y la desinformación entre la población decidió patrocinar las acciones legales y asignó a Luis Eduardo García Parra para litigar a favor de las 700 familias.

García Parra, abogado autorizado de la comunidad indígena, narró los procedimientos legales que se han hecho desde la muerte del poblador y el momento legal en que se encuentra dicha situación con la comunidad:

Primero García Parra promovió el Amparo indirecto 340/2020 ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales de Tuxtla Gutiérrez, a cargo de la jueza Minerva López Constantino para que la Secretaría de Salud estatal, a cargo de José Manuel Cruz Castellanos, se apersonara en el lugar, realizará identificación de los casos, pruebas de detección y campañas de información sobre covid-19, sin embargo, nunca lo hizo.

El 23 de abril, la jueza instruyó diversas acciones a autoridades federales y estatales, como garantizar alimentos y agua a la población, asimismo, en materia de salud, ordenó lo siguiente a la Secretaría de Salud (Acuerdo de la jueza PRIMER ACUERDO):

• Acudir a la comunidad y establecer medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2.

• Identificar a los habitantes de la Comunidad Indígena “Nuevo Francisco León” que tuvieron contacto con la persona contagiada por el virus covid-19, para realizarles pruebas y saber si fueron infectadas y darles atención médica de ser necesario para proteger su vida.

• Garantizar la salud y la vida de los pobladores, adoptando las medidas que correspondan para cada caso en particular, lo cual puede incluir la instalación de una unidad médica móvil.

El litigante mencionó que el cuerpo de Samuel fue manipulado por pobladores y hasta el día siguiente las autoridades llegaron para constatar la muerte.

Ya que que las autoridades sanitaria incumplieron las indicaciones de la jueza, los habitantes promovieron un posterior recurso de queja. Éste se encuentra en un Tribunal Colegiado y respecto del cual incluso se solicitó sea atraído por la Suprema Corte.

“Ellos (Secretaría de Salud) no cumplieron con hacer las acciones contundentes y hoy los pobladores aseguran que existen entre 3 y 5 personas fallecidas con síntomas similares a covid-19, lo que pudo haberse evitado si la Secretaría hubiera dado cumplimiento a la orden de la Juez”, dijo el abogado.

García Parra explicó que no se ha podido comprobar la causa de las muertes ya que no existe personal médico en la comunidad que certifique éstas, lo que a su vez también acredita el incumplimiento de la Secretaría.

“Se abrirá una carpeta de investigación ya que no se obedeció la suspensión de la Juez de Distrito. El no acatar la suspensión implica uno de los delitos señalados en la Ley de Amparo, causa por la cual se ordenó dar vista al agente del Ministerio Público. La Secretaría tenía que realizar acciones afirmativas positivas, pero nunca se acataron” explicó.

El abogado mencionó que ahora será el agente del Ministerio Público quien se encargará en saber si se cometió o no un delito (notificación al Ministerio Público sobre el caso AUTO VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO)

“Vamos a darle seguimiento para que la carpeta se continúe; tal vez el titular de la Secretaría no haya ordenado actuar de forma omisa, sin embargo, por su posición jerárquica es responsable”, añadió.

García Parra reafirmó que ahora es ya tarde para que se apliquen las acciones ordenadas por el Juzgado porque ya habrían ocurrido muertes que pudieron ser evitadas. Ahora se tendrá que analizar la legalidad en las actuaciones de las autoridades y deslindar responsabilidades.

“Es posible, incluso, reclamar daño moral causado a los familiares de las personas que aparentemente fallecieron por covid-19, además, de seguir incumpliendo, la Juez podría imponer multas y hasta el arresto del secretario”, dijo.

En síntesis, en dicha acción legal se podría concluir si hubo o no negligencia por parte de la autoridad correspondiente.

Este trabajo fue publicado originalmente en CHIAPAS PARALELO que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.