En 1989, comenzó en Baja California la transición de una dictadura perfecta a una democracia imperfecta. Hoy, la Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos la posibilidad de mantener viva esa transición

@chamanesco 

Hace 31 años, comenzó en Baja California la historia de la transición a la democracia en México. 

Después del fraude electoral de 1988, y cuando los partidos políticos negociaban con Carlos Salinas una reforma política que daría nacimiento al Instituto Federal Electoral, el triunfo del panista Ernesto Ruffo en aquella entidad fue una bocanada de aire fresco para un sistema de partido hegemónico que no resistía más.

Todo ocurrió después de Baja California: la fundación del IFE en 1990, Chihuahua 1992, el primer debate presidencial en 1994, Jalisco 1995, la reforma de 1996 que ciudadanizó a la autoridad electoral, las elecciones de 1997 en las que la izquierda ganó la capital y el PRI perdió la mayoría en el Congreso, la alternancia en el año 2000; la normalización de alternancias electorales en municipios, estados y ayuntamientos; la derrota del PAN en 2012 y el triunfo de Morena en 2018.

Tres décadas que resumen apretadamente la historia de la transición de una dictadura perfecta a una democracia imperfecta.

Todo eso es lo que está en juego este lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando los ministros discutan y voten el proyecto del ministro Fernando Franco, quien propone declarar inconstitucional una ley aprobada por el Congreso bajacaliforniano para extender el mandato de Bonilla hasta 2024.

Se requieren los votos de ocho de los 11 ministros para detener ese intento de atropello a la democracia, mantener vigente el orden legal y democrático en Baja California y en todo el país, e impedir que el capricho de Jaime Bonilla termine por manchar el legado de Andrés Manuel López Obrador y su llamada “cuarta transformación”.

El proyecto del ministro Franco da la razón a cinco partidos políticos y la CNDH (la anterior a Rosario Piedra, desde luego), que promovieron seis acciones de inconstitucionalidad en contra de la llamada “Ley Bonilla”, una reforma que, una vez efectuada y sancionada la elección, amplió el mandato del gobernador electo de dos a cinco años. 

Que Morena ganara Baja California en 2019, después de 30 años ininterrumpidos de gobiernos panistas, vino a confirmar que la democracia funciona y que nadie debe gobernar para siempre.

Nadie cuestionó el triunfo de Jaime Bonilla en esos comicios del 2 de junio de 2019, ni que Morena y sus aliados ganaran los cinco ayuntamientos y los 17 distritos del estado.

Bonilla y la coalición Juntos Haremos Historia ganaron democráticamente, tal como lo hizo López Obrador un año antes en la elección presidencial.

Por eso sorprendió que Bonilla intentara ampliar su mandato, con aparente anuencia de algunos sectores de Morena y la complaciente indefinición inicial del presidente, quien tardó semanas en hacer un pronunciamiento firme en contra de semejante aberración.

Hoy, que la Corte está a punto de resolver en definitiva el caso Bonilla, vale la pena recordar cómo, de principio a fin, se celebró un proceso electoral para elegir un gobernador de dos años, y no de cinco. Y cómo Bonilla pretendió, de principio a fin, modificar las reglas del juego cuando el partido ya había empezado 

El 28 de diciembre de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral de Baja California aprobó el acuerdo para emitir la convocatoria al proceso electoral, especificando claramente un periodo de gobierno del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

Ese acuerdo fue impugnado por Morena ante el Tribunal Estatal Electoral de Baja California, que el 24 de febrero de 2019 resolvió ordenar al Instituto publicar una adenda a la convocatoria, ampliando hasta 2024 el plazo del gobierno que se elegiría en las elecciones de junio.

El 8 de marzo de 2019, el IEEBC publicó la adenda a la convocatoria original, acatando el resolutivo del Tribunal Estatal, pero ésta fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por otros partidos políticos.

El 27 de marzo, la Sala Superior del TEPJF revocó la sentencia del Tribunal Estatal y todos los actos derivados de ella, en especial la adenda a la convocatoria, por lo que refrendó que el periodo de gobierno sería de dos años.

El 30 de marzo, el Consejo General del IEEBC aprobó el registro de la candidatura de Jaime Bonilla por la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, aclarando que éste se daba conforme a la convocatoria aprobada el 28 de diciembre, para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021

El 3 de abril, el candidato Jaime Bonilla impugnó este acuerdo ante el Tribunal Estatal, que el 7 de mayo nuevamente le dio la razón a Morena y ordenó al IEEBC publicar una nueva adenda a la convocatoria; esta vez, ampliando el plazo de gobierno hasta el 31 de octubre de 2025.

El 10 y 11 de mayo, PAN y PRI impugnaron la sentencia del Tribunal Estatal nuevamente ante el tribunal federal, que el 29 de mayo volvió a establecer que el periodo de gobierno sería de dos años. 

El 2 de junio se llevaron a cabo los comicios en Baja California, resultando ganador el candidato Jaime Bonilla para un periodo de dos años.

El 11 de junio de 2019, el Consejo General del IEEBC emitió el dictamen que validaba el cómputo estatal de las elecciones de gobernador y establecía que el periodo de gobierno sería de dos años, conforme a la convocatoria originalmente emitida por el propio Instituto. Así fue entregada la constancia de mayoría al gobernador electo.

Semanas después, Jaime Bonilla recurrió al TEPJF para impugnar la constancia de mayoría, que le fue entregada para un plazo de dos años.

El 8 de julio, el Congreso estatal aprobó una reforma a la Constitución local para ampliar el mandato hasta el 2024, que inmediatamente fue bautizada como #LeyBonilla. Y el 22 de agosto, el mismo Congreso aprobó someter dicha Ley a consulta popular en octubre.

El 18 de septiembre, el Tribunal estatal confirmó los resultados del cómputo estatal y declaró la validez de la elección de gobernador, para un periodo de dos años.

El 2 de octubre, la Sala Superior del TEPJF confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría para Jaime Bonilla Valdez, por un periodo de dos años.

La consulta sobre la #LeyBonilla se llevó a cabo el 13 de octubre. Con escasa participación, 84 por ciento de los votantes dijeron sí a la ampliación de mandato.

El 15 de octubre, el Congreso estatal declaró válida la consulta y, dos días después, el gobernador saliente de Baja California, Francisco Vega, publicó la #LeyBonilla, que de inmediato fue controvertida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por diversos partidos políticos.

Jaime Bonilla tomó protesta el 1 de noviembre como gobernador de Baja California por un periodo de cinco años, acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ese día declaró que era legal la toma de protesta por el periodo establecido por el Congreso.

En sus cinco meses de gobierno, Bonilla se ha visto envuelto en varias polémicas, tanto por el nombramiento en su gabinete de personajes acusados de corrupción, como por su insistencia en quedarse en el poder hasta 2024.

La consulta realizada el pasado 21 de marzo para frenar el proyecto de la cervecera Constellation Brands y su cuestionamiento público a las cifras de la Secretaría de Salud sobre COVID-19 lo han mantenido en el ojo del huracán.

Puesto contra las cuerdas por el proyecto que busca restituir el orden constitucional en su estado, ahora Bonilla ha emprendido una serie de investigaciones en contra de su antecesor, el panista Francisco Vega. 

Ojalá que, como tuiteó el gobernador hace dos días, no se trate de una “cacería de brujas” o un distractor, sino de una acción en busca de justicia y rendición de cuentas a los bajacalifornianos.

También sería bueno que un día se supiera a cambio de qué, un Congreso de mayoría panista aprobó la #LeyBonilla en julio de 2019 y por qué esos diputados abrieron la puerta para este enredo constitucional y político, al que se espera que la Corte ponga punto final de una vez y para siempre.