11 enero, 2019
Texto: Miguel Ángel León Carmona / E-Consulta – Veracruz. Ilustración de Portada: Adriana Carreón
Fotografías: Paola Cruz
Este de 11 de enero se cumplen tres años de la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, y seis años de la desaparición de ocho policías municipales en Úrsulo Galván. La fecha no es la única coincidencia. En ambos casos está documentada la participación de la policía estatal de Veracruz que dirigía Arturo Bermúdez. Y en ambos casos, fueron ejecutadas por Marcos Conde, principal brazo ejecutor de crímenes cometidos en el gobierno de Javier Duarte
Este reportaje fue publicado originalmente en E-Consulta – Veracruz. y republicado en Pie de Página con autorización del medio y de los autores.
XALAPA, VERACRUZ. – Trece familias de Veracruz recuerdan con horror el 11 de enero. Ese día, en dos eventos distintos -uno en 2013 y otro en 2016- ocho policías municipales y cinco jóvenes fueron desparecidos por policías estatales. El brazo ejecutor de esas desapariciones tiene nombre y está preso: Marcos Conde, un comandante de mirada siniestra que tuvo permiso para exterminar durante el gobierno de Javier Duarte.
El mismo modus operandi fue evidenciado en Úrsulo Galván y Tierra Blanca mediante videograbaciones y testimonios: entre 2012 y 2016, en seis delegaciones donde Marcos Conde fue designado como subdelegado de la policía estatal, toda persona que los oficiales consideraban “de actitud sospechosa” era intervenida; una mirada, un apellido o una palabra era suficiente para que los hombres de Conde pulverizaran a sus presas o las entregaran a integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Incontables desapariciones forzadas se ejecutaron de manera sistemática.
El 18 de enero de 2016, Conde y siete de sus escoltas fueron detenidos por su involucramiento en la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca. A la fecha, los ocho expolicías permanecen recluidos y esperan sentencia en el penal de Máxima Seguridad de Gómez Palacio, Durango.
La política de exterminio de la SSP replicada por Conde, que finalizaría en Tierra Blanca, al sur del estado, en enero de 2016, tuvo su génesis en La Antigua, zona costera que el mando policial recorrió para “barrer” con todo aquel señalado de cometer secuestros, violaciones o abigeatos, o quien, bajo su criterio, tuviera nexos con Los Zetas, grupo delincuencial al que él mismo habría pertenecido, según investigaciones ministeriales.
En 55 días -entre el 26 de noviembre de 2012 y el 19 de enero de 2013- un total de 22 personas fueron desaparecidas o asesinadas en los municipios de La Antigua y Úrsulo Galván, zona conurbada que se ubica a 40 kilómetros del Puerto de Veracruz. Policías, taxistas, estudiantes, bomberos, brigadistas y un reportero, se carearon con la muerte, infiltrada entre uniformes azules.
Pese a la existencia de señalamientos sobre estos crímenes por parte de mandos policiales, el gobierno del priista Javier Duarte –sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero– nunca emprendió investigaciones. Por el contrario, el exsecretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita, quien sigue en libertad un juicio por desaparición forzada, entregó reconocimientos a varios mandos por su trabajo en favor de la seguridad de Veracruz.
“Por el compromiso y gran conciencia de la función policial que lo ha llevado a desempeñarse con puntualidad, pulcritud, espíritu de cuerpo y heroísmo. Exhortándolo a continuar sirviendo a la sociedad veracruzana”, se lee un reconocimiento, firmado por Bermúdez Zurita, en favor de Alfonso Zenteno Pérez, preso y acusado de ser verdugo de 37 personas, entre los años 2013 y 2015.
Por los casos de Úrsulo Galván y Tierra Blanca las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos emitieron las recomendaciones 03/2017 y 5VG/2017, respectivamente. Ambos organismos coincidieron en una colaboración entre los cuerpos policiales de Veracruz e integrantes de la delincuencia organizada para desaparecer a sus víctimas.
La CNDH advirtió en la recomendación 5VG/2017 sobre “violaciones al derecho humano a la integridad personal, con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio de las víctimas”, ello apoyado en la declaración de ocho ex policías estatales y algunos civiles detenidos que reconocieron formar parte del CJNG.
Sin embargo, las familias de ambos casos que hoy cumplen un año más desde que perdieron a sus seres queridos, lamentan el retraso en la justicia. Disculpas públicas por parte del Gobierno de Veracruz y justicias condenatorias aún pendientes, que, coinciden, abonarían a castigos ejemplares y la no repetición de estos crímenes en la entidad del Golfo de México.
“Veracruz sigue siendo un cementerio y para desgracia de quienes hemos padecido estas situaciones los casos se van olvidando y la justicia se hace más lenta. Ya los reflectores están en los actuales sucesos que son día a día”, dice Bernardo Benítez Herrera, padre de Bernardo Benítez Arroniz, uno de cinco jóvenes desaparecidos el 11 de enero de 2016.
“Se cumplen años y años de nuestros casos y hay tristeza porque a pesar de que hemos andado tanto pareciera que andamos en círculos. No hay quien nos escuche. Con las autoridades es como hablar en el desierto”, abona Martha González Menéndez, madre de Luis Alberto Valenzuela González uno de los ocho policías desaparecidos en Úrsulo Galván, el 11 de enero de 2013.
El 11 de enero de 2013, a las 6 de la tarde, ocho policías municipales de Úrsulo Galván salieron a hacer un rondín de rutina para no regresar más a sus hogares. Se trata de Luis Alberto Valenzuela González, Javier Araus Molina, Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra, Guillermo Torres Perdomo y Aureliano Sánchez Tonil.
Los ocho oficiales –media planilla de dicha corporación– se reportaron con sus esposas y uno de ellos con su madre. De acuerdo con la declaración de un vendedor de cervezas, todos fueron interceptados por cuatro patrullas estatales en la comunidad de El Arenal mientras compraban esquites y después fueron desarmados. Desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos.
Los ocho hombres habían compartido con sus familiares las intenciones de dejar sus empleos, debido al periodo violento que se vivía en esa región “gobernada” por el Cartel de los Zetas. Sus planes no eran en vano, pues el plagio de los ocho fue el cierre de numerosos crímenes considerados de lesa humanidad emprendidos por el equipo de Conde Hernández.
Un reportero de la zona costera centro –de quien se omite el nombre por seguridad–ubicó el inicio de una serie de eventos violentos en los municipios de La Antigua y Úrsulo Galván, cuando Marcos Conde apenas cumplía 26 días de haber sido nombrado delegado en esa región.
El 26 de noviembre de 2012 fue reportado el asesinato del taxista Édgar Herrero Guerra. Recién había llegado de trabajar en los Estados Unidos y fue hallado al interior de su taxi en el tramo carretero Salmoral-Paso de Ovejas, en el municipio de Paso de Ovejas. La víctima presentaba impactos de bala en el cuerpo y el “tiro de gracia”; además estaba maniatado con cinta industrial.
Ese hecho fue consignado por el reportero policiaco del Diario de Cardel, Sergio Landa Rosado, mismo que destacó como portada en el diario regional. Ello habría provocado que recibiera amenazas y fuera blanco de integrantes de la delincuencia organizada que se entendían con los elementos de la SSP.
Ante la mirada de reporteros, Sergio Landa Rosado fue privado de su libertad afuera del Diario de Cardel, el 28 de noviembre de 2018. El periodista fue ingresado por la fuerza a un vehículo particular y llevado junto con dos personas plagiadas con rumbo a Veracruz. De acuerdo con testigos, el vehículo de los plagiarios era resguardado por al menos dos patrullas de la policía estatal.
“Eran las 3:30 de la tarde. Estaba afuera del periódico en el que trabajamos. Llegaron por él en una camioneta blanca. Todos bajaron las cortinas. El subdirector (del Diario de Cardel) llamó a la Marina (…) En esos días había un ambiente raro en la ciudad. Camionetas y vehículos daban vueltas en lugares públicos”, refirió el reportero entrevistado.
El automóvil de los captores de Landa fue intervenido por personal adscrito a la Secretaría de Marina Armada de México y policías estatales del entonces Grupo Tajín a las afueras de La Antigua. Los conductores al verse sorprendidos se dieron a la fuga. El reportero policiaco pudo librar la muerte por primera ocasión. Luego fue enviado al sur de Veracruz por algún tiempo en calidad de refugiado. “Yo creo que desde entonces el plan era desaparecerlo”, refiere el reportero.
El 30 de noviembre de 2012 ocho jóvenes fueron desaparecidos en la comunidad de José Cardel, en La Antigua. Las víctimas se encontraban en las inmediaciones de una cancha de fútbol en la colonia Modelo. Testigos asentados en la recomendación 03/2018, responsabilizaron a elementos del Grupo de Coordinación Veracruz Seguro, comandado por Marcos Conde Hernández.
Entre las víctimas estaban Arturo Figueroa Bonastre y su amigo Miguel Ángel Sandoval Cervantes y otros dos jóvenes -cuatro en total- cuyos restos fueron hallados después de años en el predio Colinas de Santa Fe, reconocido como la fosa clandestina más grande de Latinoamérica, donde han sido exhumados más de 300 cadáveres.
El 5 de diciembre de 2012, fueron asesinados tres elementos de la entonces dirección municipal de Protección Civil y Bomberos de La Antigua; dos hombres y una mujer.
Con base en registros periodísticos, un comando arribó a la base municipal, ubicada en la Colonia Presidentes Municipal; luego sustrajeron a sus víctimas y los llevaron hasta una parcela de caña, en la comunidad de La Ceiba del municipio de Paso de Ovejas. Todos fueron asesinados mediante golpes con bates. Junto a la escena del crimen fueron encontradas imágenes de la Santa Muerte.
Para extrañeza del reportero entrevistado, los empleados municipales fueron encontrados “en batería”, es decir formados en hilera y sin ninguna otra aparente lesión, como solía suceder con demás víctimas en la zona conurbada.
El 20 de diciembre de 2012 Jesús Daniel Vargas Ramírez, alias El Popeye, exjefe del Cartel de los Zetas en Cardel fue asesinado en un operativo en el municipio de Puente Nacional. Los hechos se registraron entre las comunidades de Chichicaxtle y Paso Mariano cuando Vargas Ramírez fue sorprendido comiendo en una cachimba (comederos de paso, exclusivos para traileros).
Personal del Ejército Mexicano, de la Armada de México, policías estatales y federales, implementaron el dispositivo y lograron abatir al capo desde helicópteros tras varios minutos de refriega. Fue posible incautar varios vehículos con reporte de robo, los cuales tenían armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, entre las unidades aseguradas, estaba un taxi de la ciudad de Cardel, un vehículo Suzuki y una camioneta Nissan X-Trail.
El 19 de enero de 2013, Sergio Landa Rosado –quien había regresado el 1 de enero de ese año del refugio donde se encontraba– desapareció luego de recibir una serie de llamadas telefónicas. A la fecha el paradero del comunicador sigue siendo un misterio.
De acuerdo con la fuente consultada por este medio, eran las 5 de la tarde. Landa redactaba sus notas diarias y recibió una llamada telefónica a su celular.
“Él tenía la costumbre de contestar frente a todos, pero esa vez no lo hizo así, se metió al baño y salió 20 minutos después. Visiblemente nervioso, se dispuso a seguir redactando, pero una segunda llamada lo hizo interrumpir e ingresar nuevamente al baño con otros 20 minutos de demora. Landa salió y da la indicación de que su computadora no sea apagada, ya que regresaría a terminar su trabajo. Toma su motocicleta, una Honda Cargo Motor 180cc en color blanco, sin placas y se dirige (según datos de la investigación) hacia Tamarindo, en el municipio de Puente Nacional (…) Fue visto junto a una unidad radio patrulla de la SSP conversando con el personal, posteriormente, se le observó en la localidad de Conejos donde dejó su motocicleta junto a una fonda, para después irse caminando rumbo a Huatusco, es ahí donde se pierde todo tipo de contacto con él”.
Pese a estos crímenes, Marcos Conde Hernández únicamente fue trasladado a nuevas delegaciones: el 19 de abril de 2013 a Xico; 19 de julio de 2013 a Rodríguez Clara; 29 de agosto a Martínez de la Torre; y finalmente el 20 de septiembre de 2014 a Tierra Blanca, donde hay registro de al menos 60 casos de desapariciones y desapariciones forzadas.
El 11 enero de 2016, cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, que regresaban de pasar un fin de semana en el Puerto de Veracruz, fueron detenidos por policías estatales en Tierra Blanca, al sur del estado. El resultado fue el mismo que en otros lugares donde Conde fue delegado: desaparecieron. Se trata de: Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O, Bernardo Benítez Arroniz, José Alfredo González Díaz y Mario Arturo Orozco Sánchez.
De acuerdo con investigaciones judiciales, la escolta particular de Marcos Conde –ocho policías– los detuvo y entregó a una célula del CJNG que los habría asesinado en un rancho del municipio de Tlalixcoyan, donde fueron hallados unos 8 mil restos humanos y diversos objetos utilizados para el robo de combustible.
En El Limón, la Gendarmería Nacional encontró un pedazo de hueso de Bernardo Benítez Arroniz y gotas de sangre de Luis Alfredo González Díaz, dos de los cinco jóvenes, y de otras seis familias. Los demás restos encontrados, pertenecientes a 300 o 400 personas, no pudieron ser identificados por el estado de descomposición que tenían. El exsubsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, confirmó que la desaparición de cuerpos en ese rancho era sistemática desde varios años atrás.
Por el caso de los cinco jóvenes hay 21 detenidos: 13 civiles, acusados de ser parte de una célula del CJNG y ocho policías estatales, entre ellos Marcos Conde.
Según la declaración de tres civiles ante la Fiscalía de Veracruz (asentada en la carpeta de investigación 27/2016) describieron una alianza con Los Estuches, como se referían a los policías estatales y el CJNG.
“Al rancho El Limón, llegaba a quien le apodaban Conde acompañado de cinco o seis policías estatales que se trasladaban en patrullas de la SSP. Había ocasiones que llegaban en vehículos particulares. Nos llevaban a personas que ellos mismos levantaban; nos decían que eran ‘efectivos’ y ya después eran ejecutados por El Flaco”, señaló uno de los detenidos.
De acuerdo con el declarante, los becerros o paquetes eran vendedores de droga, secuestradores, violadores o elementos de diferentes células delictivas. Pero en algunos casos también se refieren a víctimas.
El segundo testimonio dio más detalles de la operación: “El Kuini era el encargado del grupo, él nos avisaba cuando íbamos a tener visita de Los Estuches, quienes llevaban a los becerros. La Estatal la lleva con el Cártel de Jalisco Nuevo Generación, al que yo pertenezco”.
En tanto, el tercer detenido confirmó la relación con la policía a cargo de Conde: “yo nunca conocí a quienes le hacían de halcones, lo que sé es que con la Policía Estatal de Tierra Blanca no había problema alguno; los llamábamos Los Estuches”.
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