Familiares de personas desaparecidas piden que antes que disculpas públicas encuentren a sus ausentes. Las disculpas públicas se convirtieron en un placebo para la justicia en Veracruz. El gobierno de la entidad ha omitido investigar a la policía del estado, en su lugar a las víctimas se les reconoce en actos públicos como agraviados. Mientras, se niega el acceso a la verdad

Texto: José Ignacio De Alba

Foto: Especial

Familiares de víctimas de desaparición en Veracruz se negaron a recibir la disculpa pública que estaba planeada para este 11 de marzo: “nosotros lo que queremos saber es dónde están nuestros familiares, la disculpa pública no es una prioridad”.

Ningún gobernador ha dado tantas disculpas públicas como Cuitláhuac García. Su gobierno ha organizado cuatro actos públicos donde se reconoce que las autoridades de Veracruz han violentado a ciudadanos. La opinión pública recibió bien los eventos . Por primera vez se reconoció que funcionarios del estado agraviaron a pobladores. Pero a un año de la llegada del gobernador el recurso se agota. 

“Nosotros no aceptamos la disculpa pública porque no hay ningún avance en las investigaciones de nuestros familiares”, explica una de las víctimas de los 8 policías municipales desaparecidos en 2013, por la policía del estado.

Las mujeres que pidieron el anonimato aseguran que el gobierno de Veracruz “sólo usa el acto público para no cumplir con las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”.

Las familiares de los policías desaparecidos piden el anonimato. Después de la recomendación 24VG/2019 de la CNDH, quedó más consolidada la hipótesis de que la policía estatal desapareció a los 8 policías municipales, a cargo de Arturo Bermúdez.

La CNDH “acreditó que desde que ocurrió la desaparición forzada, la SSP-Veracruz no realizó las investigaciones sobre la participación de los agentes del entonces denominado ‘Grupo Tajín’ (dirigida por Marcos Conde Hernández) aun cuando existían elementos de convicción que involucraban su participación en el caso”, se lee en la recomendación. 

La recomendación señala a 15 agentes del entonces denominado “Grupo Tajín”, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Y determina que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó de forma inadecuada su trabajo, procuración de justicia y a la verdad en agravio de las esposas, madres e hijos de las ocho policías. 

Desde que se hizo pública la recomendación, las familiares de los 8 policías sólo han recibido ayuda psicológica, aunque se quejan que el apoyo llegó 7 años después de la desaparición. Pero ni las investigaciones, ni el derecho a la verdad, ni las sanciones a los responsables se han cumplido. Por eso dicen en entrevista “si no hay justicia, no queremos disculpa pública”.

Por lo pronto las familiares de los 8 policías desaparecidos aplazaron el acto de la disculpa pública hasta que no haya avances en las investigaciones. “Estamos como al principio, nomás que ahora no nos dejamos engañar”. Sobre el caso no hay ningún detenido y las parejas de los agentes de seguridad temen que haya represalias en su contra. 

El 11 de enero de 2013, ocho policías de Úrsulo Galván salieron a hacer un rondín de rutina y no regresaron a sus hogares. Fueron detenidos y desaparecidos por la policía estatal. Sus nombres son Luis Alberto Valenzuela González, Javier Araus Molina, Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra, Guillermo Torres Perdomo y Aureliano Sánchez Tonil.

Desde entonces las mujeres han colaborado en la búsqueda en cementerios clandestinos del crimen organizado. Hasta el momento han buscado en fosas en Colinas de Santa Fe y los predios Arbolillo y La Guapota.

Cuatro disculpas en un año

En el último año el gobierno de Veracruz ha dado 4 disculpas públicas. En todos los casos se señala a la policía de Veracruz como el responsable de la violencia. También en todos los actos las víctimas han reclamado la falta de justicia en sus casos.

En entrevista, la periodista Norma Trujillo asegura “la disculpa pública es un acto de compensación, pero no de justicia”. La policía del estado en 2015 agredió a la mujer en 2015, cuando cubría una manifestación de jubilados. La CNDH documentó los hechos en la recomendación 32/2018. 

Trujillo asegura que después de la disculpa pública “no cambia nada, sólo muestra la voluntad del gobierno de asumir las acciones de administraciones pasadas”. Pero reclama que la justicia no se lleva a cabo con los que ejecutaron las órdenes y mucho menos contra quienes ordenaron las acciones.