Después del derrame tóxico en Bacanuchi, la empresa Grupo México debía financiar la operación de una planta tratadora de agua por cinco años. Pero no cumplió. Sin pago, los trabajadores dejaron la planta tratadora y los pobladores ahora se quedaron sin agua limpia

Texto y foto: Lydiette Carrion

El problema estalló hace poco más de un mes: los empleados de la planta tratadora de agua en Bacanuchi, municipio de Arizpe, empacaron sus cosas. Se fueron, cerraron la planta. No fue por maldad, llevaban trabajando sin paga por seis meses ya. Antes de irse lo explicaron a los pobladores. Estos quedaron desoldados.

Bacanuchi –un puñado de casas situadas entre el desierto y la ribera del río Bacanuchi– es el epicentro del peor derrame tóxico en la historia de la minería en México. Ocurrió cinco años atrás, el 6 de agosto de 2014. Aquel día la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, vertió por accidente  40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado. La bomba tóxica llegó al arroyo Tinajas, y de ahí a los ríos Bacanuchi y Sonora.

Desde entonces, el agua de los pozos de Bacanuchi es intomable. Tan sólo lavarse con ella, irrita y deja lesiones en el cuerpo.

Instalar una planta tratadora fue uno de los pocos compromisos que Grupo México cumplió: una edificio en lo alto del pueblo que limpia un agua cargada de metales. Otro de sus compromisos era financiar la operación de planta por cinco años.

Pero eso no lo cumplió.

Desde entonces, los salarios de los operadores entraron en un pantano de responsabilidades asumido a medias por Conagua. Hasta siete, ocho meses atrás. Cuando dejaron de pagarles.

Sin agua

Antes de que se fueran los trabajadores, la planta tratadora abastecía a la comunidad, y también a una segunda instalación de agua potabilizadora, a la que los lugareños se refieren como la “planta chiquita”.

En Bacanuchi, aún con planta tratadora, no se tuvo  certeza de la calidad del agua. Así que durante años la gente compraba garrafones traídos desde Cananea. Pero es un gasto muy fuerte para las familias, además de una violación al derecho humano al agua.

El año pasado, tras mucho trabajo y búsqueda de financiamiento, las mujeres gestionaron una pequeña potabilizadora de agua. Ésta funciona como un segundo filtro después de la planta tratadora, para que los habitantes beban con tranquilidad. 

Es una instalación chiquita en el centro del pueblo, donde la gente deposita unas monedas y rellena sus garrafones con agua potable.

Pero sin la planta tratadora, el agua llega a la chiquita tan cargada de metales, que los filtros se estropearon. Así que ésta ha dejado de funcionar también.

Al día de hoy, la gente debe bañarse con agua de los pozos, de dudoso riesgo. Para abastecerse de agua, debe comprar sus garrafones en Cananea, viajando previamente por una carretera de mala calidad. Esto último, porque Grupo México también se apropió del camino comunal para construir una nueva presa de lixiviados tóxicos.

¿Y Conagua?

Apenas en diciembre, los titulares de Salud y Semarnat se comprometieron a vigilar que Grupo México y autoridades estatales combatan la contaminación del agua en Bacanuchi. “Pero ahora estamos peor que antes”, explica Ramón Aguirre, ejidatario. “Llevamos más de un mes sin agua”.

Ramón Aguirre explica en entrevista telefónica: “En Bacanuchi no hay agua en las plantas tratadoras. Llevan sin agua tratada más de un mes. Ni la planta purificadora ni la tratadora. Sólo tienen agua del pozo, que presenta un riesgo a la salud.

Y el ejidatario advierte: apenas el pasado 28 de febrero, Conagua asistióa la comunidad “y no arreglaron nada”. 

Desde junio del año pasado, autoridades federales tuvieron encuentros con la red de afectados por el derrame. Bacanuchi, la más afectada por el derrame de 2014, la principal demanda era la falta de monitoreo de agua. 

El tema no sólo continúa pendiente, sino que ha empeorado.