La Secretaría de Seguridad de Chiapas inició una investigación sobre la represión que sufrieron los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y normalistas de Mactumactzá. Absolvió a altos mandos.

Por Andrés Domínguez / Chiapas Paralelo

Fotos: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana inició una investigación a 60 policías antimotines que participaron durante el desalojo del pasado domingo contra familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, a través de la Unidad de Asuntos Internos.

La SSyPC informó que de estos hechos resultaron lesionados algunos manifestantes. Por ello dio inicio al archivo de investigación número SSPC/UAI/AII/AI/350/2020 en contra de 60 elementos antimotines y determinar la presunta responsabilidad.

La información oficial no contempla ningún alto mando de la SSyPC o algún integrante de la Mesa de Seguridad. Las decisiones de estos mandos son vitales para las acciones de seguridad en campo dentro del estado. Resaltan el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Fiscal General del Estado Jorge Luis Llaven Abarca.

También, el Gobierno de Chiapas, a través del Secretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, sostuvo una mesa de diálogo con el Comité Ejecutivo Estudiantil de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y representantes de la caravana de padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa.

Entre ellos, se comprometió el Gobierno a pagar los gastos médicos y determinar responsabilidades jurídicas.

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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena la actuación de la policía estatal de Chiapas. Aseguró que realizó un uso desproporcionado de la fuerza y esocausó lesiones a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá y de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y a personas defensoras de derechos humanos, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 16 de febrero.

La ONU-DH recuerda la obligación de todas las autoridades de garantizar el legítimo derecho a la protesta pacífica de conformidad con los estándares internacionales en la materia. Indica que la protección de las personas debe constituir el objetivo central de la actuación de las autoridades en relación con las protestas sociales en línea con lo establecido en la legislación mexicana.

“La actuación policial desarrollada en Tuxtla Gutiérrez muestra la necesidad de garantizar la regulación efectiva y precisa de la acción policial en manifestaciones y la supervisión de su actuación, incluyendo tanto a los agentes participantes como a los responsables de la planeación, preparación y ejecución de los operativos” ONU-DH.

A cuatro días del ataque, continúan las condenas por parte de organizaciones, políticos y diversos sectores. Al mismo tiempo, el Gobierno de Chiapas anunció que absorberá los gastos médicos por las personas lesionadas durante el desalojo.

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llegaron a Chiapas como parte del recorrido que realizan por los estados del sur del país. Al arribar, fueron recibidos por estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, quienes en el marco de las protestas que realizan, bloquearon el libramiento norte de la capital.

En respuesta, policías antimotines de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) los desalojaron, lo que dejó el saldo de un estudiante con herida en la cabeza, provocada por una granada de gas lacrimógeno que le golpeó de manera directa. También hay personas intoxicadas.

Derechos humanos

Hasta el momento, Amnistía Internacional Américas se pronunció al respecto:

“Las autoridades deberían proteger a las familias de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en su manifestación de conmemoración, no atacarles por querer expresarse libremente. También deben investigar las denuncias para que hechos similares no se repitan” mencionó Erika Guevara Rosas, Directora de Amnistía.

Además, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), integrada por 279 defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de 27 estados de la República, y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos expresaron preocupación e indignación por la brutal agresión.

“Se establece la represión desde el momento en que se decide implementar un operativo de magnitud desproporcionada, en el que participaron cerca de 200 elementos de la policía del estado de Chiapas y de la Guardia Nacional. También es inconcebible que dichas fuerzas de seguridad hayan actuado por mutuo propio y que autoridades de alto nivel desconocieran las agresiones perpetradas en contra de la manifestación convocada por jóvenes normalistas de Chiapas, en la cual también participaban familiares de los 43 así como estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa” expresó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.

Ante esto, a la Red le  preocupó el grado de vulnerabilidad de las medidas de protección y seguridad que el Gobierno Mexicano está obligado a otorgar y garantizar a las familias de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero sobre todo nos indigna que sea la propia autoridad encargada de brindar seguridad la que violente a quienes debe proteger.

Este trabajo fue publicado originalmente en Chiapas Paralelo que forma parate de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original

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