Este 1 de febrero el Congreso de la Ciudad de México reanuda sus actividades. Hay deudas de hace dos años, leyes que hay que volver a legislar porque están mal hechas. Dos razones identifican los especialistas: bajos perfiles técnicos y operadores territoriales más que legisladores

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: María Ruiz

El próximo periodo legislativo tendrá que resolver una agenda que arrastra desde el 2018, por no haber atendido diversas leyes que la Constitución local mandata. Además, durante el próximo periodo el Congreso tendrá que repetir discusiones legislativas sobre iniciativas que se echaron para atrás, ya sea por vicios en su discusión o porque contradicen la Constitución de la ciudad. 

“Llevan retrasos de más de un año”, acusa Mónica Tapia, de Ruta Cívica, una Organización Civil que promueve la incidencia de los habitantes de la ciudad en leyes como la Ley de Planeación o la del Sistema Anticorrupción.

“Hay dos factores que hacen que el Congreso no funcione muy bien: uno, que los diputados son operadores políticos territoriales y no de legisladores que promuevan ciertas causas, y la otra son los bajos perfiles técnicos. No hacen el trabajo eficiente de sacar las discusiones de comisiones ni de tener acuerdos”, asegura.

Entre las leyes más importantes de este periodo, según dictó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, después de una reunión con la bancada de Morena el viernes 17 de enero, destaca la discusión (por tercera vez) del Sistema Anticorrupción, así como reformas a las leyes de Educación y Salud. 

La ley orgánica del Instituto de Planeación está entre las leyes que todavía le falta aprestar a la primera legislatura del Congreso.

De acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, en 2019 debían esta lista la batería de leyes y reglamentos de la Ley de Planeación, pero hasta el momento sólo está la ley general. A ésta le faltan leyes generales, orgánicas y reglamentos, como la ley Orgánica del Instituto de Planeación, de donde se desprenderán las leyes de ordenamiento, así como los programas de ordenamiento de las alcaldías y los planes de desarrollo de las colonias.

Estos definirán la forma en la que se construye, acomoda y planea la urbe a 20 años para asegurar que siga siendo habitable. Además de que, según la Constitución, debe poner los lineamientos para evitar desplazamientos forzosos dentro de la ciudad.

Lo mismo pasa con la Ley de Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad: a pesar de que ya existe la ley general, aún faltan reglamentos y demás leyes secundarias.

Además de estas leyes, el Congreso deberá nombrar al Fiscal Anticorrupción así como discutir el entramado legal del Sistema anticorrupción local. El pasado 14 de enero, la Suprema Corte invalidó el sistema existente, por haber sido aprobado con “vicios legislativos”. 

Este sistema es parte de una entramado a nivel nacional para combatir la corrupción que se creó en el sexenio de Enrique Peña. La ciudad es la única entidad del país que no lo tiene. En Chiapas aún no se echa andar, pero en ese estado sólo faltan algunos nombramientos.

Este sistema es el que debería estar actuando en la investigación de los 656 millones de pesos que la Auditoría Superior de la ciudad dijo que están extraviados de las contraprestaciones que empresas inmobiliarias debieron haber pagado al gobierno de la ciudad en tiempo de Miguel Ángel Mancera, por ejemplo.

Falta de capacidad legislativa

Las ineficiencias se notan en el pleno del Palacio de Donceles, donde sesionan los diputados locales. Es común que, durante las sesiones, los diputados tengan que corregir el proceder legislativo de otros compañeros porque no conocen los procedimientos o no los llevan a cabo de manera adecuada. 

Esto ha causado un retraso en la agenda legislativa, como también reconoce Mayela Delgadillo, quien fue integrante del Congreso Constituyente “De la agenda (que marca la Constitución) pues prácticamente no han cumplido con nada”, dice tajante.

“Yo creo que hay una incapacidad total sobre qué es lo que tienen que hacer como legisladores. Si bien ellos son representantes populares y no deberían tener idea, la verdad es que tampoco se rodearon de un equipo que les ayudará a subsanar esas carencias, sino que trajeron a la gente que los apoyó en las campañas”, añade.

Este tipo de carencias, según coinciden ambas, ha causado problemas en la armonización legislativa, es decir, en la manera en que las nuevas leyes que vienen de la Constitución de la Ciudad se entrelazan y de alguna manera ‘juegan’ con el resto de leyes existentes. Entre ellas existen contradicciones y duplicidad en las funciones de órganos de gonierno. 

“Este congreso no tiene la menor idea de qué está haciendo. Cuando empezó todo este desastre, les llamamos, y  publicamos una carta en la que les dijimos ‘así no’. Hasta les ofrecimos ayuda. Si no entienden: pregunten”, cuenta Mayela Delgadillo, quien cree que, de seguir así, el terreno de derechos ganado con la Constitución, podría quedar en letra muerta.

Impugnaciones y reclamos

Asimismo, este desastre legislativo, como lo describe la constituyente, es el que permite que organizaciones civiles que no fueron tomadas en cuenta en el desarrollo de algunas leyes, como la de Planeación o la de Participación Ciudadana, puedan ser impugnadas para que no entren en vigor y tengan que ser corregidas.

Algunos de los artículos de la Ley de Derechos Humanos, como el 60, que protegía de desalojos forzados, están en proceso de impugnación por inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También la Ley de Participación Ciudadana, sarcásticamente, por no haber tomado en cuenta a los ciudadanos en su creación.

A pesar de que son varias, hay muchas impugnaciones en contra de nuevas leyes que aún no se hacen públicas, o que el Congreso mismo no ha dicho que existen, por lo que no se conoce el número exacto de leyes nuevas que tienen un proceso judicial por estar mal hechas. 

Otras leyes

Además de ese cúmulo de pendientes, entre las iniciativas de este periódico que están en puerta en el Congreso se encuentra la Ley de Trabajo no Asalariado, que busca regular a trabajadores informales de la ciudad, como ambulantes y prostitutas.

También está pendiente el nombramiento de un fiscal electoral, pues en la segunda mitad de este año iniciarán los preparativos para los comicios locales de la ciudad.

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