En tres años, los habitantes de 24 departamentos en el centro de la Ciudad de México han sido hostigados para desalojar el inmueble donde viven por parte del supuesto dueño que no ha acreditado la propiedad. Sólo quedan cuatro familias, entre ellas Rufina Galindo, quien pese a contar con un amparo legal, está expuesta a agresiones de un grupo de personas que ocuparon los departamentos vacíos en connivencia con el supuesto dueño y ante la inoperancia de las autoridades

Fotos: Arturo Contreras Camero

Rufina Galindo vive en el edificio de Zapata 68. Padece diabetes y todos los días cuida a tres nietos y un bisnieto mientras las madres trabajan. Se ha defendido de múltiples desalojos de su departamento en el Centro Histórico, y legalmente ha ganado. Sin embargo, el 12 de marzo pasado quedó prácticamente secuestrada por un grupo de jóvenes que se metió al edificio, porque supuestamente el “verdadero dueño” les había rentado, y se metieron a departamentos vacíos. Luego, se apostaron a la entrada del edificio, vigilando.

Rufina resume: “Ellos llegaron a invadir por parte del supuesto dueño. Yo estaba adentro del edificio (en el día me quedo al cuidado de niños pequeños), cuando una vecina me llamó: ‘Está entrando gente por la accesoria, donde hay una tienda de mezclilla’”, la alertó. La accesoria usada como tienda de mezclilla es administrada por el hijo de Ricardo Piñeirua, quien asegura ser el dueño legal del predio.

Rufina continúa su historia: “Me salí y sí, gente desconocida. En cada piso había gente desconocida. Salí [del edificio] y había un tipo que dijo: ‘soy el dueño del edificio y les voy a rentar a ellos’”.

Desde entonces, en el edificio nadie se siente seguro. Los invasores fuman marihuana e inhalan solventes en los pasillos, y no permiten que nadie “ajeno” al edificio entre. Acosan a las mujeres que llegan a entrar e intimidan a todos por medio de ruidos, azotones, etcétera.

El pasado 11 de marzo, Rufina se sintió mal. Ella padece diabetes y con el estrés se le subió la presión. Llamó a una vecina de la cuadra que es enfermera, pero los jóvenes no le permitieron entrar. Entonces una de las hijas de Rufina la llevó al hospital. Los jóvenes aprovecharon para robarse un tanque de gas, y golpearon a uno de los nietos de Rufina cuando los interpeló.

Éste es el más reciente hostigamiento, amenaza y uso de la fuerza de una larga historia de despojo y expropiación por parte de particulares, que actúan bajo cauces legales e ilegales, para hacerse de este predio localizado en la colonia Centro.

Una expropiación inconclusa

La historia de Zapata 68 la resume el periodista Carlos Acuña: “El edificio estuvo a punto de ser expropiado por el INVI hace 20 años. El trámite quedó incompleto: la dueña original murió y no hubo manera de continuar con el proceso. Hoy el edificio está en disputa entre sus antiguos ocupantes y un supuesto heredero que jamás ha logrado acreditarse como tal”.

El edificio originalmente era de María del Rosario Fernández y Fernández, para quien trabajó Ricardo Piñeirua y quien, al momento de su muerte, fue declarado como albacea del testamento de la señora. Pero no como heredero, según dice Rufina Galindo.

En enero de 2002, el entonces Gobierno del Distrito Federal publicó el decreto expropiatorio de varios predios en el centro de la ciudad, debido a que los edificios presentaban daños estructurales severos, que representaban un riesgo para los inquilinos, entre ellos, el de Zapata 68. Esto se hizo a través del Instituto de Vivienda (Invi), y la intención era prevenir un desastre y crear viviendas de interés social.

“A nosotros, a partir de eso, nos dijeron que no pagaríamos renta y que seríamos dueños de nuestros departamentos. Que íbamos a pagar una como renta al Invi, por lo de la reparación”, asegura la señora Rufina.

La dueña del edificio, sin embargo, se amparó contra la expropiación. El juicio siguió su curso, pero la querellante falleció el 18 de julio de 2004, por lo que el proceso que se realizaba quedó en el limbo, y en alguno de los documentos, un juez regresó la propiedad a la señora Fernández y Fernández, finada.

Pasaron los años y llegó el año 2016, entonces un hombre, Ricardo Piñeirua, se presentó con un papel notarial (que no fue legalmente verificado, explica la entrevistada); alegaba que él era beneficiario de la señora Rosario Fernández.

Carlos Acuña, miembro de la organización La 06000, plataforma vecinal y observatorio del Centro Histórico, resume en una ficha del caso: “Desde 2016 el edificio está en disputa ya que el supuesto heredero universal de la dueña, que según los vecinos jamás ha logrado acreditarse como tal, está buscando desalojar a los inquilinos. Para hacerlo, levantó una demanda por atraso de pago de rentas empleando para ello contratos a nombre de personas ya fallecidas o falsos”.

Desde el inicio, los habitantes de Zapata 68 buscaron defenderse legalmente, explica Rufina. “Todos los años hemos tramitado el folio real (en el Registro Público de Propiedad), y hasta 2012, Ricardo Piñeirua no es mencionado como dueño del predio. De hecho, según una copia (en malas condiciones) del Registro Público de Propiedad que muestra la señora Rufina, el propietario legal seguiría siendo la señora Fernández.

Sin embargo, las querellas y los recursos continuaron.

Así llegaron al 13 de julio de 2016, cuando unos 800 granaderos sacaron a una veintena de familias del predio Zapata 68, entre ellas, la de Rufina. En esa ocasión, utilizaron incluso dos helicópteros para que los invasores ingresaran al predio por las azoteas.

Silvia Emmanuelli es coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. Ella identifica que justo durante la administración de Mancera se dispararon los casos de desalojo con uso de la fuerza pública.

“Lo que empezamos a ver desde hace unos dos años es el incremento muy importante de los desalojos forzosos que presentan una serie de irregularidades, y faltas al debido proceso. Los procesos se realizan con documentos cuestionables, probablemente apócrifos, y desalojos con mucha violencia. Y finalmente las personas son echadas de sus casas.

“Eso ocurrió en los procedimientos llamados jurisdiccionales. Incluso cuando este caso se lleva a cabo con un juez civil, los supuestos dueños se están aprovechando de una situación: no se sabe realmente cuáles son los dueños. Hay temas de herencias no esclarecidos (como es el caso de Zapata 68), y los que están en estos predios no pueden con facilidad defenderse. Hay grupos de poder que intervienen para aprovecharse de esta situación de irregularidad de los predios, para echar a personas que no tienen las herramientas para defenderse”.

La especialista concluye: los casos más violentos se presentaron en la delegación Cuauhtémoc.

Rufina al amparo de la justicia

A raíz del desalojo de 2016, muchas familias quedaron sin hogar y desistieron, pero otras –las menos– interpusieron recursos, entre ellas la de Rufina, quien ganó el juicio precisamente porque Ricardo no logró acreditar la propiedad del predio.

“Nomás quedamos cuatro familias. Yo tengo un juicio, mi departamento me lo devolvió un juez civil. ‘Sí, señora Rufina, definitivamente no tenían por qué haberla sacado’, me dijo”.

Pero el predio sigue en limbo legal; las familias han intentado interponer un recurso por prescripción a su favor. Es decir, la ley local contempla un supuesto: si los dueños “originales” abandonan su obligación de cobrar renta y dar mantenimiento al inmueble durante 10 años o más, los inquilinos pueden solicitar la prescripción a favor y exigir que el inmueble sea suyo. Todo esto se cumple con creces en el caso de Zapata 68. Sin embargo, han perdido los juicios. “Nosotros pensamos que hay un político atrás de todo esto”, dice doña Rufina, aunque no han logrado corroborar esta hipótesis.

Lo que sí es cierto es que los hostigamientos han continuado. A finales de 2018, otra familia fue desalojada como narró la agencia Sputnik. Y en febrero de este año, un grupo de personas llegó a intimidar a las cuatro familias que resisten.

Ley en contra

El pasado febrero, la vez que llegaron los invasores, los vecinos corrieron a la esquina de la calle y apretaron un botón de pánico. Llegó la policía y detuvo las hostilidades. Legalmente no se puede comprobar que esta agresión fue orquestada por el supuesto dueño del predio. Sin embargo, doña Rufina asegura que en aquella ocasión vio a Ricardo Piñeirua mirando a lo lejos. Por eso buscó pruebas.

“Inmediatamente denunciamos ante la Fedapur (Fiscalía Especializada en Delitos Ambientgales y Protección Urbana), metí un oficio para resguardar los videos del C5. Es hora que no nos los han dado”.

Y después ocurrió la agresión del 11 de marzo.

Silvia Emmanuelli explica que han detectado situaciones como la de Rufina. “Ella se logra defender del desalojo, la reintegran en la posesión, “pero el camino que escogen los supuestos dueños es la presión, para que ella de todas maneras deje el predio”.

Red de redes

Rufina, junto con otros habitantes que sufren el mismo riesgo, han comenzado un grupo en defensa de los desalojos, ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Tan sólo en la zona centro de la ciudad, están los siguientes predios:

• Turín 46,
• Chapultepec 380
• San Luis Potosí 100
• 5 de febrero 278
• Zapata 42 (a dos cuadras de donde vive Rufina)
• Álvaro obregón 298
• Durango 270
• Querétaro 122

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