Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa debe responder por sus decisiones criminales. Y no sólo con una sanción popular o en redes sociales. El juicio en Estados Unidos a su principal colaborador, Genaro García Luna, es la oportunidad para que encare su responsabilidad en el México roto que se esmeró en crear. La sangre con que festejó cada una de sus decisiones de gobierno está presente. No debe seguir impune. Es un error apostar a la amnesia gubernamental

Twitter: @anajarnajar

En su cuenta de Twitter el exdiputado Manuel Clouthier promovió una encuesta: Felipe Calderón es, preguntó, cómplice o pendejo.

Se refería a los comentarios del personaje ante la captura en Estados Unidos de su principal colaborador, Genaro García Luna. Calderón jura que no supo de las actividades ilícitas del expolicía, y mucho menos supo de la protección al Cartel de Sinaloa de que se le acusa hace casi dos décadas.

Por la forma como se desempeñó en el gobierno se antoja difícil que el impresentable sujeto (el que vive en México, no el detenido en Texas) no se enterase de tales señalamientos.

Calderón solía leer las síntesis informativas que elaboraba la Dirección de Comunicación Social. De hecho eran una de las fuentes de su permanente enojo, pues muy temprano se enteraba de su mal desempeño, sobre todo en el tema de seguridad.

En esos reportes aparecían historias sobre García Luna, como la ocasión en que fue retenido unas horas cuando regresaba de Cuernavaca a Ciudad de México. Un grupo armado interceptó a su convoy y lo llevó a una cabaña cercana donde recibió un mensaje de los hermanos Beltrán Leyva:

Ya sabían de su apoyo al grupo de Sinaloa. Y  lo único que pedían era una cancha pareja, porque tenían claro que los golpes del gobierno contra su organización –como la captura de Alfredo Beltrán El Mochomo– eran filtraciones de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.

Eso fue publicado en algunos medios. Lo mismo las denuncias de colaboradores como la del general Felipe Ángeles Dauahare, el comandante Javier Herrera Valles o Noé Ramírez Mandujano. Los tres acusaron a García Luna de vincularse con el narco. Los tres fueron detenidos. Y absueltos.

Lo supo Felipe Calderón. Si lo creyó o no es otra historia. O si le importó poco también. Pero estaba enterado. Es mentira, entonces, que tenía otros datos sobre su secretario de Seguridad, como hoy alega. 

En todo caso la discusión es otra. En todos los gobiernos, incluso los cuestionados o poco legítimos como el de 2006-2012, existe responsabilidad legal de los funcionarios que participan especialmente de quien lo encabeza, como fue el caso de Calderón.

Hace meses el impresentable personaje repitió en su cuenta de Twitter una frase del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde recordaba que los mandatarios mexicanos siempre están enterados de lo que sucede en su gobierno.

Y sí. Felipe Calderón no puede alegar ignorancia en los productivos pasos de su colaborador cercano. Es imposible creer que no sabía de los aliados de su compañero de juegos en el remedo de cuarto de guerra que ordenó construir en el sótano de Los Pinos.

Calderón, pues, es imputable legalmente. Por lo menos de encubrimiento. Y en tal escenario es complicado entender la posición del presidente López Obrador.

Es cierto, pretender encarcelar en México a tal sujeto sin un juicio político previo derivaría en enorme y divertido circo mediático. Pero también lo es que la presunta prudencia política también genera costos.

No sólo en popularidad, sino en el mensaje de poca claridad que se envía. Muchos creen que Felipe Calderón, su entorno familiar, los colaboradores y las organizaciones civiles beneficiadas en su gobierno deben responder por las miles de personas asesinadas y desaparecidas entre 2006 y 2012.

También por los miles de huérfanos, mutilados, lesionados o afectados psicológicamente por los juegos de guerra del impresentable michoacano.

Más aún, debería existir una explicación de por qué se multiplicaron los carteles de narcotráfico y las bandas de extorsión, secuestro y robo de combustible a pesar de que todo el gobierno calderonista supuestamente se concentró en combatir esos delitos.

Cientos de miles, quizá millones de mexicanos no están de acuerdo con la política de amnesia en el gobierno de López Obrador. El primer y fundamental paso hacia la reconciliación se llama justicia. Y eso pasa con sancionar a los perpetradores.

No hay perdón posible sin justicia. Es imposible sanar a la sociedad sin que se rindan cuentas. Y Calderón tiene una larga lista en ese terreno. 

Es necesario empezar por su papel en el caso García Luna. ¿Qué sucedería si el gobierno de Estados Unidos emite una orden de presentación o captura contra el personaje? Tales peticiones deben cumplirse por la policía internacional, la Interpol, que en México está conformada por agentes nacionales.

Calderón tiene fuero, gracias a su imposición en el gobierno mexicano. ¿Quién lo podría aprehender? Porque el personaje es acusado de promover miles de homicidios y bañar de sangre al país, pero no de tonto. Difícilmente saldría de su casa si el gobierno estadounidense le persigue.

Es un dilema que tarde o temprano deberá enfrentar el presidente López Obrador. Apostar a la amnesia, a que prospere una petición popular para sancionar al chaparrito pelón de lentes (así fue definido en la campaña de 2006. El autor es Manuel Espino) no necesariamente es la mejor opción.

En diciembre de 1994 el entonces presidente Ernesto Zedillo y su gabinete de hacienda compartieron a un grupo de empresarios su caótico análisis sobre las finanzas del país. Les adelantaron la decisión de devaluar el peso y pidieron, como había sido costumbre, su respaldo a un nuevo pacto económico de solidaridad.

Sí, por supuesto. Primero es México respondieron los empresarios. Minutos después de la reunión ordenaron vender sus bonos en la Bolsa de Valores, transferir cuentas mexicanas al extranjero y suspender pagos, aguinaldos, contrataciones. Ah, y advirtieron de la crisis a los financieros en Nueva York, Chicago y Japón, entre otros.

El resultado fue una crisis económica mayúscula. En el mundo se le llamó Efecto Tequila. En México fue bautizada como El Error de Diciembre. El costo todavía se paga.

En este diciembre voltear la mirada a otro lugar que no sea sancionar a los perpetradores de la violencia puede salir caro. Obviamente no una catástrofe financiera, pero sí un bache en el respaldo popular, fundamental para un presidente como López Obrador.

Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa debe responder por sus decisiones criminales. Y no sólo con una sanción popular o en redes sociales. Pretender que la historia ubica a cada personaje en su lugar es válido. Pero también puede resultar equivocado. El riesgo de un nuevo Error de Diciembre se acerca día con día.

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