Hace un año, la policía estatal de Guanajuato asesinó a un migrante que buscaba señal de telefonía para hablar con su novia. Hasta ahora, el caso sigue impune y las autoridades se han dedicado a empañar su nombre

Texto: Carmen Pizano / PopLab

Fotos: Juan Manuel Pascencia

LEÓN, GUANAJUATO.- Un trozo de cinta preventiva en Corralejo de Abajo es el único vestigio que se tiene de la escena de un crimen. La víctima es un joven, cuyo único delito fue buscar señal telefónica desde un cerro cercano a casa.

El ombudsman de Guanajuato y el secretario de Atención al Migrante presumen un convenio para garantizar la protección de los derechos humanos de los guanajuatenses en el extranjero. Mientras, Guadalupe Cayente busca justicia para su hijo, un joven sanmiguelense que fue víctima de una bala de la ley.

Leonardo Reyes Cayente fue un guanajuatense que migró a Estados Unidos en busca de oportunidades. Su sueño era mejorar la imagen de la tierra que lo vio crecer. Pero fue abatido por policías. Y tras el homicidio, el gobierno de Guanajuato lo clasificó como delincuente.

Contraria a la versión oficial, familiares de Leo Reyes narran lo que vieron esa madrugada del 13 de diciembre. Ellos, advierten, fueron testigos de cómo se montó una historia basada en falacias; luego de que el grupo de “élite” de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato abatieran a Leo.

Guadalupe sabe que nada ni nadie le podrá regresar a su hijo, el más chico de sus cinco hijos. Pero está convencida en seguir luchando porque, asegura, no hay mejor homenaje para Leo que limpiar su nombre. Después de que las autoridades lo boletinaran como delincuente.

El día de la tragedia

El 12 de diciembre de 2018, los pobladores de Corralejo de Abajo se preparan para festejar a la Morenita del Tepeyac. La comunidad se inunda con los aromas de la comida típica. Los jóvenes, ansiosos por demostrar sus habilidades y obtener la gloria en tan importante fecha, se preparan para participar en el tradicional torneo del fútbol.

Leonardo se levanta temprano, saluda a su madre, con quien viajó desde Texas para pasar las fiestas decembrinas con sus familiares y seres queridos. Leonardo prepara sus tachones, un uniforme improvisado se convertirá en su armadura en la cancha de fútbol. Se dispone a ser el mejor jugador del pueblo.

Y efectivamente, el equipo de Leonardo se consagra como el mejor del torneo. Feliz por el triunfo toma su camioneta, quiere compartir la historia con su novia. Pero en el pueblo no hay señal. Entonces se dirige a una colina donde pueda recibir una débil señal telefónica. Ahí, llama a su novia, presume su hazaña y dedica el trofeo a su amada.

Pero de regreso a casa la alegría se acaba. Probablemente escucha detonaciones de armas de fuego. Una bala impacta en su espalda, rápidamente, la luz de sus ojos desaparece. Leo muere, víctima de ejecución extrajudicial.

El discurso oficial

El gobierno de Diego Sinhue Rodríguez habla de la heroica defensa de las Fuerzas de Seguridad del Estado, quienes gracias al estricto entrenamiento que reciben, lograron combatir a un grupo armado que arremetió en su contra. El saldo: un presunto criminal muerto y dos más que se dieron a la fuga.

Hasta aquí la versión oficial de Gobierno del Estado.

Las autoridades no contaban con que la madre del joven abatido, su cuñada y algunos habitantes del poblado, escondidos entre los matorrales, temerosos y en silencio, observaron cómo los elementos policiales lamentaban el error que cometieron.

“Pinche Reyes, ya valió…” escucha la señora Guadalupe decir a un elemento. La madre pensó que se dirigían a su hijo (por el apellido que mencionaban), mientras la impotencia y el temor a las autoridades no le permitían acercarse a la escena para ver si se trataba de Leonardo.

Entre la oscuridad, los testigos logran ver la camioneta de Leo sobre la cinta asfáltica, mientras dos camionetas de las fuerzas estatales rodean la unidad, como si trataran de ocultar un grave error.

A rastras, sigilosamente, sin importar el espinoso tramo, o el exponerse a la mordida o picadura de algún animal ponzoñoso, los testigos de aquella trágica escena se resguardan temerosos en sus hogares.

Horas después, algunos familiares de Leo se dirigen a la cabecera municipal para ver si había sido detenido y liberarlo.

Una llamada informa a los comisionados de localizar al joven que ya no lo busquen más. Él está muerto. La escena comienza a ser resguardada por personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.

Al llegar, familiares advierten que la escena es diferente a la que observaron unas horas antes, la camioneta todavía con Leo sin vida está impactada contra un árbol que cedió ante el potente golpe.

Al acercarse al lugar con el corazón destrozado, los familiares comienzan a cuestionar a los elementos de seguridad: ¿Por qué la camioneta está impactada si horas antes vieron la unidad sobre la carretera, custodiada por los oficiales?

Temerosos, los oficiales comienzan a amedrentar a los familiares, su agresiva actitud se vio reflejada en amenazas de un posible arresto de los testigos de la escena. “No digan mentiras que se van a la cárcel”.

Un año de peregrinar en busca de justicia

Ha pasado un año de la muerte de Leo. Guadalupe Cayente regresa de Texas a tierras guanajuatenses para celebrar una misa por el primer aniversario luctuoso de su hijo.

El viaje es desgarrador, al pasar por la calle principal de la comunidad es imposible olvidar cómo el joven de tan solo 23 años fue víctima de las balas de policías estatales.

Por su mente cruza la vaga esperanza de llegar a casa y encontrarse a su hijo, como cada año, con ese alegre semblante en su rostro y el instinto por solucionar problemas en el poblado. Pero Leo ya no está.

2019 ha sido un doloroso año en el que ha luchado por limpiar el nombre de su hijo; en el que ha buscado que se investigue y esclarezca el caso, pero sigue sin respuesta de las autoridades. Desde el gobierno estatal, la ahora Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de Derechos Humanos no se ha tenido un solo acercamiento con la familia.

La Fiscalía General del Estado a cargo de Carlos Zamarripa se limitó a los dichos de los elementos de la policía estatal: un presunto ataque por parte de Leo y otras dos personas, aunque en la carpeta de investigación solo se da cuenta de 27 casquillos percutidos calibre .223 de una arma larga tipo AR 15, arma que portaban los policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

“El miedo no me detendrá”

Guadalupe siente miedo. Miedo de ser víctima de las balas de Gobierno del Estado, de que alguno de sus hijos pueda tener el mismo final que Leonardo. Pero su objetivo es claro y no descansará hasta lograrlo.

“Yo temo por mi vida, yo temo por mi vida y la de mis familiares. Sí tengo miedo porque yo no sé cómo reaccionen ellos, porque nosotros no nos hemos quedado callados. Estamos diciendo la verdad”

Guadalupe es una de tantas mexicanas que ha dejado de confiar en los cuerpos de seguridad, por el contrario, teme que su lucha le pueda traer represalias durante su regreso a México para el aniversario luctuoso de su hijo.

La delicada situación la obliga a no solicitar la protección de las corporaciones. Lo único que resta es hacer público el caso, que quede la responsabilidad en las autoridades ante cualquier atentado contra su persona o familiares.

Estados Unidos, un país con radicales reformas migratorias contra la comunidad latina, y un estado como Texas, cuya historia ha sido formada sobre el racismo y la xenofobia, es más seguro para una madre migrante mexicana, que la propia tierra que la vio nacer.

La lucha se ha expandido hasta los Estados Unidos. En febrero de 2019, mientras el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se encontraba en Texas, los familiares y amigos de Leo se manifestaron en el Consulado Mexicano para exigir el esclarecimiento del caso.

Una salida rápida para el gobernador fue designar a Juan Hernández, secretario de Atención al Migrante, como contacto para atender la inconformidad de la familia del connacional asesinado unos meses antes.

La oficina de los derechos humanos estatal también forma parte de la amplia lista de organismos que han olvidado por completo su función principal.

Raúl Montero de Alba, al frente de la Procuraduría de Derechos Humanos, se pavonea de emitir recomendaciones a corporaciones policiales municipales. Pero ha dejado en el cajón de su escritorio el expediente del joven ejecutado, también la protección de sus familiares.

A un año, la madre de Leonardo Reyes asegura que no ha habido ningún acercamiento por parte de las autoridades. Mientras, la desgastante lucha por la verdad cada vez se prolonga más.

Harta de falsas promesas y la poca voluntad del gobierno del estado, Guadalupe se acercó al Senado de la República para que la Fiscalía General de la República tome el caso e investigue el asesinato su hijo.

Para la madre ha quedado claro que las autoridades de Guanajuato sólo buscan proteger a los elementos; sin importar dejar manchado el nombre de su hijo.

Hay algo seguro: los familiares y amigos de Leo, así como quienes mancharon de sangre inocente sus manos, no olvidan al joven migrante.

Cuatro exigencias

La familia de Leo tiene cuatro demandas para el Gobierno de Guanajuato:

• Disculpa pública por parte del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y del fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, por haber criminalizado a Leonardo Reyes.
• La instalación de una antena receptora de señal de teléfono celular en la comunidad Corralejo de Abajo.
• Compromiso de Carlos Zamarripa para que la Agencia Especializada en Investigación de Homicidios ejerza acción penal contra los seis elementos de FSPE que participaron en el homicidio de Leo.
• Compromiso de Diego Sinhue Rodríguez para que exhorte al procurador de Derechos Humanos a que emita una resolución por el expediente que se inició por el asesinato del joven.

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