28 noviembre, 2019
Siete chicas que se preparaban para protestar el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Mérida fueron violentadas. El discurso gubernamental de que no “pasa nada” contrasta con la carencia instituciones con operatividad para atender las violencias contra la mujer, que favorecen su revictimización
Texto: Paul Antoine Matos
Fotos: Especial
La marcha del 25 de noviembre en Mérida, Yucatán, se dio en un ambiente de tensión entre las casi 500 mujeres que se dirigieron del Remate de Paseo de Montejo a la Plaza Grande. A unos minutos de iniciar la concentración, atestiguaron cómo una decena de policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán detenían arbitraria, violenta e ilegalmente a siete de sus compañeras, una de ellas menor de edad.
Era la marcha en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La policía yucateca justificó el acto bajo el argumento de que con tijeras, cutters, latas de pintura en aerosol y palos podrían poner en riesgo a más personas.
Las seis mujeres detenidas arbitrariamente fueron liberadas cuatro horas después. La séptima fue llevada al hospital (dada de alta la misma noche). La acción de la policía yucateca fue calificada como “una estupidez” por parte de la organización defensora de Derechos Humanos, Equipo Indignación.
Además, tras los hechos, el colectivo Mujeres Feministas Víctimas del 25 de noviembre denunció, mediante un comunicado, que durante el martes sufrieron acoso policial en algunos de sus hogares e intentos de hackeos en sus cuentas de redes sociales. En el mismo, repudiaron a los medios de comunicación que previamente criminalizaron la marcha. El episodio revela una sistemática violencia contra las mujeres en la capital yucateca.
La violencia intrafamiliar es uno de los principales problemas que afecta a las mujeres en Yucatán, ya que las coloca en una situación de vulnerabilidad, que potencializa el miedo y el estigma.
Así lo dice el documento Derechos Humanos en Contexto: Aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil Yucatán, un análisis realizado por Elementa Derechos Humanos y The Carter Center.
Las instituciones, señalan, carecen de operatividad para atender las distintas violencias, y favorecen la revictimización de las mujeres.
También consideran al feminicidio en Yucatán como “un fenómeno invisible” dentro deldiscurso oficial, con la intención del gobierno del estado de mantener la imagen de “estado seguro”.
Los feminicidios se esconden como homicidios.
El documento destaca que las autoridades locales desconocen los protocolos nacionales e internacionales al respecto.
Con todo y ello, el registro de feminicidios, sin embargo, van en ascenso.
En 2017, se han registrado tres feminicidios en Yucatán, según el acumulado de octubre del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El mismo organismo indica que en 2018 se registraron siete feminicidios y en 2019 fueron nueve.
Los datos oficiales señalan que en los últimos tres años, hasta octubre, se documentaron mil 238 delitos contra la libertad y seguridad sexual: En 2017, se registraron 669; en 2018 fueron 345 y hasta octubre de 2019 han sido 224.
El informe señala, sin embargo, que: «la violencia pocas veces es denunciada ante las autoridades. Cuando se hace, generalmente son revictimizadas».
La Fiscalía General de Yucatán carece de unidad de género y personal capacitado. Eso implica que no reciben atención integral frente al delito.
Abuso sexual, con 821 casos en tres años, es el delito sexual más registrado. Las violaciones (simples y equiparadas) le siguen con 364.
Renata Demichelis Ávila, coordinadora de la Oficina de México Elementa Derechos Humanos, advirtió que en la entidad existe un discurso de que “no pasa nada”.
Lo anterior genera que se olviden las violaciones a los derechos humanos de distintos grupos como los pueblos indígenas, la población LGBT y las mujeres.
En los días previos a la manifestación del 25N, aumentó la tensión en contra de las mujeres que participarían. El medio de comunicación peninsular Telesur, de corte católico y pro vida, emitió un video en sus redes sociales en el que criminalizaba las protestas feministas.
Telesur advertía a sus seguidores que las mujeres en la marcha del 25 de noviembre podrían replicar lo ocurrido el 28 de septiembre. En esa marcha a favor de la libertad de abortar de forma gratuita, legal y segura, las manifestantes intervinieron el Monumento a la Madre con pintas de consignas.
La escultura, construida hace un siglo, es un símbolo de la Liga de Acción Social, que se opone a la interrupción legal del embarazo.
El medio de comunicación acusó a los grupos feministas de tener un “modus operandi” para dañar monumentos de la ciudad. El video provocó una ola de odio dirigida hacia las mujeres mediante redes sociales.
La publicación en Facebook se llenó de cientos de comentarios misóginos y machistas.
Las mujeres que asistirían a la marcha solicitaron la intervención de visitadores de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey)
De nuevo, el discurso de que “todo está bien” en Yucatán volvió a aparecer. Por la mañana, frente a la prensa, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció una campaña permanente para eliminar la violencia contra las mujeres, titulada Queremos un Yucatán sin violencia y también indicó que en el presupuesto 2020 la Secretaría de la Mujer tendría un incremento de sus recursos en un 10 por ciento.
Más tarde, siete chicas manifestantes fueron detenidas de forma arbitraria.
Antes de comenzar la marcha, elementos de las policías estatal y la municipal de Mérida intentaban revisar las mochilas de las mujeres. Cuando se negaban, llamaban a personal femenino para lograrlo, pero muchas de las manifestantes evitaron que se checaran sus pertenencias.
La detención ocurrió al interior de un centro de copiado ubicado en frente al parque de Santa Ana.
Esa noche, la primera versión sugería que las mujeres estaban imprimiendo stickers para utilizar durante la marcha, cuando los policías irrumpieron al establecimiento privado y procedieron a detener.
Para el lunes, el colectivo Mujeres Feministas Víctimas del 25 de noviembre narró que fue que a las 17:40 horas, sobre la calle 58-A, cuando se vieron rodeadas por policías estatales.
Eran 11 mujeres que se sintieron intimidadas por cuatro patrullas y 30 policías, por lo tanto decidieron resguardarse en un negocio de impresiones, según el comunicado.
Intentaron grabar las agresiones desde sus celulares y publicaron videos en vivo. Los policías se agrupaban fuera del establecimiento, hasta que entraron.
Les arrebataron mochilas, carteras y celulares, además de que las obligaron a entrar a redes sociales y borrar los videos subidos a ellas.
“La policía intentó en todo momento evitar ser grabados y borrar evidencia de los testigos que se encontraban presenciando las agresiones verbales y físicas. Nos obligaron a proporcionar nuestras contraseñas de celulares y entraron a revisar nuestros perfiles en redes sociales”, denunciaron.
Dentro, fue cuando procedieron con la detención arbitraria –sin elementos en flagrancia ni orden judicial– de las siete mujeres.
Los videos muestran a los policías dentro el establecimiento, forcejeando con varias mujeres para detenerlas. La gente que observaba decidió grabar los videos que mostraron el proceder de la SSP en Yucatán.
El colectivo indicó que, tras las detenciones, otro grupo de mujeres fue acosada por la policía estatal yucateca. Eso causó crisis asmáticas en dos de ellas, por lo cual fueron liberadas.
La marcha inició a las 19 horas, poco más de una hora después de la detención de las siete mujeres. Fue en silencio. Duró más de una hora en llegar a la Plaza Grande. Cualquier advertencia de incidente, las mujeres se detenían y se sentaban en la calle hasta que pasase. Al llegar a la Plaza Grande, se escuchó la consigna: ALERTA, ALERTA.
Recorrieron la plaza principal de Mérida y se dirigieron al centro. En ese momento la visitadora de la Codhey no sabía qué ocurrió con las mujeres detenidas. Tampoco el área de comunicación de la Fiscalía General del Estado; en la SSP no había respuesta y desde el gobierno del estado llegó un primer mensaje: la SSP enviará comunicado.
Fue a través de la Codhey que se supo el paradero de las mujeres detenidas, en las instalaciones de Seguridad Pública, en las afueras de Mérida. Estaban en entrevista con dos de los visitadores.
Alrededor de las 22 horas, la SSP emitió el comunicado, vía WhatsApp, en el que afirmaron que las tijeras, pinturas en aerosol y palos “podrían poner en riesgo a más personas”, por lo que actuaron “en previsión” de su conducta.
Las autoridades argumentaron que las detenciones se hicieron “para garantizar que el libre ejercicio de los derechos ciudadanos». Por ello, dijeron, las mujeres fueron detenidas y trasladadas a la cárcel pública».
Indicaron que se trató de una una detención administrativa.
El martes, Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Equipo Indignación, agrupación defensora de los Derechos Humanos en la Península de Yucatán, declaró que “fue una estupidez haber violentado a siete chicas, revisándolas arbitrariamente, cuando solamente estaban imprimiendo sticker en el día en que se conmemora la eliminación de la violencia contra la mujer.
El activista calificó la detención como “una clara declaración de intenciones de este gobierno”. El abogado expresó que las detenciones arbitrarias no tuvieron justificación bajo el sospechosismo con el que afirmó la SSP, porque ocurrieron sin orden judicial y sin flagrancia.
El abogado de Indignación advirtió que se ejerció un “uso arbitrario del poder y la fuerza pública, con fines de reprimir una legítima manifestación, en un día emblemático, en un estado con violencia feminicida, institucional y al interior del hogar”.
Equipo Indignación urgió a la Codhey a emitir una recomendación de oficio tras las detenciones arbitrarias cometidas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante la tarde del lunes, previo a una marcha en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Telesur volvió a publicar un video, con música clásica, para decir que con las detenciones arbitrarias se evitó el vandalismo. Se pregunta: “¿hubo detenciones ilegales?” Y responde “una simple revisión de rutina, que terminó en una oposición con la autoridad”.
En su comunicado, el colectivo de mujeres repudió el abuso de autoridad de las fuerzas estatales de la SSP, la omisión del Estado, y la criminalización previa de medios de comunicación como Telesur y otros amarillistas “que promovieron el odio hacia nuestro sexo y la xenofobia, señalando nuestros lugares de origen”.
“Es indignante que medios comprados por el Estado mientan, oculten y minimicen que las yucatecas también tenemos participación activa”, señalaron
También denunciaron intentos de hackeo de sus cuentas y acoso policial con la presencia de patrullas afuera de las casas de algunas de sus compañeras. En lo individual cada quien decidirá si denuncia el acoso e intentos de hackeos.
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