Karla murió de manera violenta en la discoteca donde trabajaba. Tenía 22 años y vivía en San Luis Potosí. El principal sospechoso de su asesinato es su jefe, un hombre que la acosaba y violentaba; pero la principal prueba de la fiscalía es el testimonio de cuatro empleados que culpan a Karla de su propia muerte. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y con este reportaje, en Pie de Página nos sumamos a la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género

Karla Pontigo tenía 22 años cuando trabajaba como animadora en la discoteca Play Club, en la ciudad de San Luis Potosí. El domingo 28 de octubre del 2012, a las 3 de la madrugada, su hermano la encontró en esa discoteca herida. Murió horas después en el hospital.

La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí entrevistó a cuatro empleados del bar. Sus testimonios son como copias: todos repiten que subió al tercer piso sola, que iba borracha, que la encontraron tirada llena de sangre y vidrios, moviendo las manos y la cabeza sin poder hablar, que uno de los empleados bajó a avisarle al dueño, Jorge Vasilakos, y al hermano de Karla (quien en ese momento fue a recogerla), que la ambulancia se tardó 25 minutos en llegar y después no supieron más.

La versión oficial de la muerte de Karla está sustentada en los testimonios de 3 hombres y una mujer, empleados de uno de los principales sospechosos del crimen.

La versión oficial de la muerte de Karla ignora lo que su cuerpo dice. Por la batalla judicial que ha emprendido la familia, se logró una segunda necropsia. En ella se encontraron 39 lesiones en zonas cóncavas que difícilmente se habrían hecho al estrellarse contra la puerta, o con el recuento de su hermano Fernando que tuvo que forzar su entrada al antro para encontrar a Karla convaleciente y ella le pidió ayuda, o el testimonio de su madre quien narra que su hija sufría violencia psicológica y hostigamiento sexual por parte de su jefe.

Después de que su hermano la encontró herida en el bar, llegó la ambulancia 25 minutos después. Karla ingresó a la sala de urgencias Hospital General de San Luis Potosí casi sin pulso, su cuerpo tenía 35 grados de temperatura y sus pupilas estaban sumamente dilatadas. Eran las 3:40 de la mañana.

Le tomó al equipo de urgencias 20 minutos reanimarla, se enumeraron múltiples lesiones atribuidas a un objeto punzocortante en el cuello, área pélvica, los brazos y las muñecas, moretones en el párpado, la mejilla y el labio izquierdo.

Las autoridades hospitalarias, al ver el estado en que llegó Karla, debieron –por ley, NOM-046 de la Secretaría de Salud Violencia familiar, sexual y contra la mujeres- llamar de inmediato al Ministerio Público y no lo hicieron sino hasta 22 horas después, hasta las 1:15 de la mañana del 29 de octubre.

En esas 22 horas, Karla entró dos veces a cirugía, se le amputó la pierna para controlar la hemorragia, su madre Esperanza Lucciotto fue presionada a donar los riñones y córneas de su hija (en su relato ella cuenta que le presionaron a donar los órganos a cambio de llamar a las autoridades judiciales) y Karla falleció.

Esa no fue la única irregularidad de las autoridades de Salud. De acuerdo con Ana Sandra Salinas, abogada de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompaña el caso en los tribunales, el expediente de Karla está incompleto, el informe de los paramédicos que son esenciales para que un doctor pueda atender al paciente, no han sido entregados a la defensa.

La investigación por parte de la Procuraduría empezó 38 horas y media más horas tarde y la persona que le abrió la puerta a los detectives fue Jorge Vasilakos, el jefe de Karla –para la familia es el principal sospechoso de la muerte- a quien finalmente se le adjudicó el homicidio culposo de la joven por tener “mala iluminación en el bar”, razón por la cual, según la investigación, la joven se habría caído y herido.

El expediente que la PGJ de SLP hizo de la muerte de Karla sólo aportó las pruebas para investigar el caso como un accidente. No hubo pruebas para detectar violencia sexual, nunca se entrevistó a las otras animadoras de la discoteca para saber si ellas también eran hostigadas, no se permitieron los testimonios de la familia y sólo con un amparo se le dio acceso al expediente.

La familia de Karla junto con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, llevan años peleando por modificar la sentencia de homicidio imprudencial que se le dictó al dueño del bar en agosto del 2013 y porque se juzgue a los siete servidores públicos que permitieron que Vasilakos, en lugar de estar sentenciado por feminicidio, camine libre.

El jueves 23 de noviembre la familia de Karla, Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, entregaron firmas a las autoridades judiciales de San Luis Potosí para exigir justicia por el feminicidio.

Obstáculos legales

Cuando Karla murió, el delito de feminicidio llevaba más de un año tipificado en el estado. El artículo 114 Bis del Código Penal lo define como: el homicidio cometido en agravio de una mujer cuando se cometiera por desprecio u odio a la víctima, por tortura o tratos crueles, para ocultar una violación, existiera o hubiera existido una relación de afecto o cuando la víctima se encuentre en estado de indefensión.

Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, dice, “todos los supuestos que se imponen para hablar de feminicidio son sumamente difíciles de comprobar, además, condicionan a que se cometiera otro delito. Lo preocupante de la redacción es que para ser considerado feminicidio tenía que acreditar todos los puntos de la lista.”

Desde entonces, el delito se ha reformado tres veces y a pesar de que este ya incluye hipótesis de género para ser investigado, entre el 2011 y 2015 de las 171 muertes de mujeres sólo 37 fueron tipificados como feminicidios en el estado.

La mayoría de los casos se quedan atorados en el Procuraduría, como no tienen elementos para vincular, siguen sin investigar, no llegan al proceso judicial.

El 29 de mayo del 2017, el Procurador de Justicia de San Luis Potosí, Federico Garza, declaró que el ministerio público “analiza la conducta de las mujeres” antes de presentar cargos por el delito de feminicidio. La responsabilidad sigue recayendo sobre las víctimas.

Luz Estrada del Observatorio dice, “hoy nos preguntamos si es falta de perspectiva de género o de debida diligencia. Está habiendo una falta de obligación de investigar, de sancionar y con eso cómo vas a prevenir y juzgar.”

Alerta de género

El 23 de noviembre del 2015 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí solicitó una declaración de alerta de género para seis municipios del estado. La alerta se dio el 21 de junio del 2017.

En el estado la violencia se vive, en su mayoría, en casa. De acuerdo al informe para solicitar la alerta de género, 91% de las atenciones a mujeres son por violencia familiar; más de la mitad de estas agresiones son psicológicas, seguido por violencia física.

Las estadísticas del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) registró entre el 2010 y 2014 un total de 26 mil 156 atenciones a mujeres por lesiones y violencia en San Luis Potosí (2.6% del total nacional).

Cuidarse entre mujeres

“Hace unas semanas levantaron a una chica que iba caminando con su novio a las 7:00 de la tarde a unas cuadras de mi casa, al final bajaron a la chica toda golpeada y a mí me hace sentir muy insegura pensar en mi hermana con su novio por esas mismas calles, me hace sentir muy insegura saber que yo tengo que andar por esas mismas calles”, dice Aida, una joven feminista de SLP.

“Siento como se me baja la peda cada vez que llega el uber por mí, el taxi, cuando una de mis amigas aborda un transporte y me quedó pensando que el recorrido, en esos diez minutos, en los que no puedes tener la certeza de la seguridad de tu compa”.

Aida se siente una presa fácil, una joven que mide 1.50 y no pesa más de 50 kilos, tiene miedo cada vez recorre la ciudad de noche en su bicicleta y carga consigo una navaja para defenderse, pero su escudo más fuerte son las amigas que están pendientes de ella cada vez que sale a divertirse.

Aida y sus amigas crearon un grupo llamado Feministas Enfiestadas, “surge una vez que nos juntamos un grupo de amigas y terminamos medio borrachas en un bar y la amistad creció conforme nos fuimos cuidando, la mayoría veníamos de una situación amorosa complicada y optamos por hacer nuestra noche de chicas, así nació el grupo”.

Desde entonces utilizan un chat para estar al tanto de la seguridad de sus compañeras cada vez que salen y se sienten menos solas en el recorrido a casa.

“Primero, tratamos de acompañarnos a la fiesta, vamos al mismo plan. Cuando salimos con alguien nos compartimos la información por un chat grupal, con quién y a dónde vamos, si alguien no nos da buena espina también nos lo decimos, si atravesamos una situación que nos incomodó, también el chat sirve como foro para decirnos eso que ocurre. Procuramos estimar y publicar nuestros tiempos de llegada y si se pasa por mucho tiempo ellas puedan saber que algo pasó”, dice Aida.

Este grupo se suma a otro llamado La Castilla Combativa, que nació en el 2013 y en estos años se ha consolidado. Tienen una columna en La Jornada SLP, organizan el cinedebate feminista y la Escuelita Popular Feminista de los Derechos de la Mujeres, que son talleres gratuitos para niñas y mujeres que tienen entre 12 y 20 años, donde ven: estrategias contra la violencia a la mujer, derechos sexuales, autodefensa y teoría de género.

Así han comenzado a cuidarse a sí mismas las mujeres en San Luis Potosí.