Conocedor como pocos de los mecanismos que reproducen la violencia contra la prensa en México, Carlos Lauría está en el país como parte de la coalición internacional de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que busca visibilizar la impunidad en los asesinatos de periodistas. En entrevista, recorre la historia del abandono que nos llevó a ser el país más letal para el periodismo

Texto: Vania Pigeonutt

Foto: Duilio Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- La consecuencia más grave de más de 100 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000 es la reducción de la libertad de expresión, que no sólo atenta contra el gremio sino contra toda la población. Esta crisis genera cada vez más zonas de silencio: lugares donde no es posible vivir, mucho menos informar.

Carlos Lauría es quizá la voz más autorizada para hablar del tema América Latina. Más de la mitad de su vida la ha dedicado a la protección de periodistas y a defender la libertad de expresión. Durante 15 años, coordinó el programa para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y tiene en la memoria una línea del tiempo puntual de cómo se ha expandido la violencia hacia la prensa en la región.

“Lo que está viviendo México no es una crisis de periodistas, es una crisis profunda de libertad de expresión, que está impidiendo que miles de mexicanos puedan ejercer su derecho a opinar libremente, a recibir información, a acceder información”, advierte el defensor, que ahora coordina el programa de periodismo independiente de la organización internacional Open Society Fundations.

Lauría forma parte de la coalición internacional de organizaciones defensoras de la libertad de expresión que esta semana visitan México con el objetivo de llamar la atención del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador hacia este tema.

Lo mismo ha hecho con los tres presidentes anteriores.

Lauría conoce bien la historia de impunidad y terror que viven periodistas, medios de comunicación y familiares que esperan justicia por sus asesinados. También identifica a todos los funcionarios y todos los momentos que han sido claves en la construcción de un andamiaje de protección para la prensa mexicana en las últimas cuatro administraciones.

Para él, venir a México es recordar cada informe que hizo, los estados que visitó y palpar una crisis profunda.

¿Cuándo inició esta espiral de violencia? ¿La impunidad casi total en estos casos ha permitido un aumento? ¿Cómo se convirtió México en uno de los países más peligrosos para ser periodista? ¿Hay soluciones? Tan sólo en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre de 2018, suma una decena de periodistas asesinados. 

Para hilvanar la madeja hay que empezar por el pasado. Así comienza la charla con Pie de Página.

La guerra de Calderón, el parteaguas

Para Lauría hay un antes y un después de la violencia expandida hacia los periodistas: el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Ese sexenio, de 2006 a 2012, terminó con 49 periodistas asesinados.

“Llega Calderón a partir del 2006, yo creo que producto de una decisión que carecía de estrategia, que fue desplegar al Ejército para combatir al narco. Generó en distintas zonas del país, mucha mayor violencia, mucho mayor abuso de las fuerzas de seguridad, militares, policía federal, policía estatal; allí estalló la espiral de violencia, producto también de la situación de tensión que esto generaba, y las embestidas contra los carteles, y los periodistas que se dedicaban a reportear sobre esto”, dice.

— ¿Cuál es el antecedente de estos crímenes contra periodistas y la violencia focalizada hacia la prensa mexicana?

— Comencé a trabajar en el CPJ en el año 2002, en una época donde todavía, fines de 2002, comienzos de 2003, era el preludio de lo que fue el inicio de la enorme espiral de violencia, que se desató en México a partir de la década del 2000. Ya existía una situación de bastante vulnerabilidad en el trabajo de los periodistas locales.

Lauría recuerda el caso del director del periódico El Mañana, Roberto Mora García, asesinado en 2004 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El periodista fue atacado cuando llegaba a su domicilio, por unos hombres que le produjeron 20 heridas con arma punzocortante. Las investigaciones concluyeron que fue un crimen pasional.

“En una investigación que dio miles de giros y que terminó, como han terminado la mayoría de las investigaciones en México, en la más profunda impunidad, y vicios de procedimiento que arrancan con el trabajo de la policía y concluyen con la falta de justicia”.. 

Otro caso impune es el de Francisco Ortiz Franco, coeditor de Zeta de Tijuana, asesinado frente a sus hijos. El semanario ya había sufrido el asesinato de su director y fundador, Jesús Blancornelas en 1997.

Lauría sabe de memoria las fechas, números, presidentes en turno, procuradores de justicia, subprocuradores: los conoció a todos, desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto, a quien dedicó el último informe que presentó en México por parte de CPJ en 2017.

Recuerda que en 2005 visitó Tijuana, por la investigación del crimen de Ortiz Franco. Se reunió con José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la entonces SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada), para que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera los casos.

La PGR no tenía capacidad normativa para investigar crímenes contra la libertad de expresión. Aunque estos delitos fueran federales por la participación del crimen organizado y el uso de armas exclusivas del Ejército.

Los avances

Los crímenes contra la prensa iban en aumento. En 2006 fue atacado El Mañana de Nuevo Laredo. Por las armas de alto calibre como Ak–47, el empleo de una granada y otros elementos, la PGR atribuye el atentado, donde un periodista queda paralítico, a miembros de la delincuencia.

“Evidenciamos la necesidad de crear una fiscalía que pudiera reunir los casos de periodistas de todo el país. Atraer los casos donde hubiera elementos de juicio, que hubiera posibilidad de vínculo entre asesinato y el ejercicio periodístico. Es el antecedente de la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión)”, narra.

A los pocos días del ataque a El Mañana, el subprocurador de Procedimientos Penales de PGR, Gilberto Higuera Bernal anuncia una Fiscalía contra delitos de periodistas, durante una entrevista conjunta con Carmen Aristegui y el mismo Lauría. 

Sin embargo, no había aún un marco jurídico como en la actualidad. No existía el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con múltiples fallas, pero una herramienta directa de protección desde el estado.

Los daños y las salidas

Lauría cuestiona y responde esta elipsis de precariedad laboral, desatención gubernamental e incertidumbre de la prensa mexicana, una historia que ha acompañado durante dos décadas. En ese camino, ha perdido también a amigos, como al sinaloense Javier Valdez.

— ¿Hay posibles soluciones?

— Es fundamental que haya una señal, en el sentido que se resuelva algún caso, si es emblemático mejor, porque sería una señal que se resuelva, que haya procesamientos exitosos, con condenas, con todo el peso de la ley,  que permitan determinar quiénes han sido los autores materiales, quiénes han sido los intermediarios, quiénes han sido los autores intelectuales y poder dar resolución o justicia plena que pueda llegar a todos los que han intervenido.

En su propia experiencia el daño emocional social es gravísimo. Vivir en un país de muertos, desplazados y desaparecidos, no sólo para la prensa, para la población en general causa estragos. La impunidad agrava la situación de por sí violenta.

“La impunidad es un factor sumamente agravante de la situación de violencia, de la situación de censura, el silencio; no hay nada peor que la impunidad, lo que genera es, dentro de los periodistas y los medios, una sensación de vulnerabilidad absoluta, y además una desconfianza hacia la autoridad, hacia el sistema de impartición de justicia cada vez mayor, porque los casos se siguen acumulando, y la impunidad sigue a niveles altísimos. Son sinónimos de un sistema de impartición de justicia tan disfuncional y sobrecargado”.

El último informe que el CPJ presentó a Enrique Peña Nieto, en 2017, abordó la impunidad con casos de periodistas asesinados en Veracruz y Oaxaca. Días después, el 15 de mayo, fue asesinado en Culiacán Javier Valdez.

El informe contextualizaba los asesinatos de periodistas en un marco casi bélico: las cifras de muertos y desaparecidos de México son similares a las de países en guerra, la situación no es diferente ahora y va en aumento.

“La prensa mexicana está atrapada en un ciclo letal de violencia e impunidad y los periodistas del estado de Veracruz, en particular, corren el riesgo de ser secuestrados y asesinados. Pese a que las autoridades han designado a un fiscal especial para la investigación de delitos contra la libertad de expresión y han establecido un mecanismo de protección de periodistas, la falta de voluntad política para acabar con la impunidad convierte a México en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo”, empezaba su informe en 2017.

Desde aquella fecha, Lauría ha recorrido otros países en crisis. Concluye que en el caso mexicano casi nada ha cambiado, sólo que la lista de periodistas asesinados en el país ha crecido de manera exponencial. Sus advertencias en eso quedaron.

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