Textos: Miguel Ángel León Carmona y Daniela Pastrana

Imágenes: Archivo / Mónica González

Este 4 de marzo, familiares de los cinco jóvenes desaparecidos por policías estatales en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, el 11 de enero de 2016, recibirán una disculpa pública del gobierno, como parte de la reparación del daño recomendada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es la primera acción de esta naturaleza en un estado que fue declarado en crisis humanitaria frente al cúmulo de desapariciones forzadas ejercidas durante la administración de Javier Duarte

XALAPA, VERACRUZ.– Este lunes, cinco familias de Playa Vicente, Veracruz, recibirán una disculpa pública del gobierno mexicano por haberles arrancado a sus hijos, detenidos ilegalmente y desaparecidos por agentes de la policía estatal el 11 de enero de 2016.

Es la primera vez que una medida de este tipo se aplica en un estado que tiene un registro oficial de 5 mil personas desaparecidas en la última década (organizaciones civiles aseguran que son 20 mil) y que en diciembre pasado emitió una declaración de “emergencia humanitaria” frente a las desapariciones de miles de personas, ocurridas mayoritariamente en las gestiones de Fidel Herrera y Javier Duarte.

La disculpa del gobierno es una de las medidas de reparación recomendadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2017.

En el evento público, que será encabezado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, las autoridades reconocerán la inocencia de las cinco víctimas (que en un inicio intentó criminalizar) y la responsabilidad de los policías estatales involucrados en su desaparición.

“Nosotros queríamos que fuera la culminación de la justicia, pero no será así”, dijo en entrevista telefónica Columba Arroniz, madre de Bernardo Benítez Arroniz, uno de los jóvenes desaparecidos.

“Tomamos (la disculpa) como una posibilidad de revivir el caso, porque ya lo habían encarpetado. Queremos que sirva para poner en bien el nombre de nuestros hijos y para decir que no hemos encontrado la justicia, porque no hay ninguna persona sentenciada por este caso, ninguna de las 21 personas detenidas está sentenciada y nosotros esperamos una sentencia ejemplar, que sirva para que ningún otro policía vuelva a desaparecer a nadie”.

La justicia que demandan, agregó Arroniz, debe alcanzar a los altos mandos de la policía y del gobierno.

El “caso” de Playa Vicente

El 11 enero de 2016, Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Alfredo González Díaz, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arroniz regresaban de pasar un fin de semana en el puerto de Veracruz cuando fueron detenidos de manera ilegal por policías estatales en Tierra Blanca, en la zona conocida como La Cuenca del Papaloapan.

El entonces gobernador, Javier Duarte, y el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo, fueron informados de lo sucedido desde el primer día. Duarte fue enterado por un amigo en común con los familiares de los jóvenes (Gabriel “N” originario de Tuxtepec, dueño de caballos de carrera que compiten en el Hipódromo de Las Américas). En tanto que Bravo Contreras se comprometió a investigar ese caso luego de recibir una llamada telefónica de una pariente que vivía en Playa Vicente y es madrina de Columba Arroniz.

Las autoridades veracruzanas, sin embargo, reaccionaron hasta que la desaparición forzada de los jóvenes se hizo pública en medios nacionales, mediante videograbaciones que capturaron el momento exacto del ilícito, que fueron conseguidas por los padres.

“¿Cómo conseguimos esos videos? Pues hincándonos a los comerciantes de la zona. Nadie quería hablar ni ayudarnos porque todos tenían miedo”, recuerda José Benítez Herrera, padre de José Benítez de la O.

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El 18 de enero de 2016, cuando apenas habían transcurrido ocho días desde la desaparición forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, la Fiscalía de Veracruz intentó sellar el caso con la fabricación de una escena, al presentar a las familias afectadas restos de perro disueltos en ácido y objetos personales de las víctimas, que nunca explicaron cómo fueron obtenidos.

En una reunión a puerta cerrada, el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras –actualmente preso por entorpecer investigaciones sobre desaparición forzada– notificó a las cinco familias sobre el hallazgo de esos indicios en un predio ubicado entre Medellín y Huixcolotla, comunidades pertenecientes a Tierra Blanca, municipio donde policías estatales habían detenido arbitrariamente a los jóvenes.

A las familias les presentaron objetos personales de tres desaparecidos que, según Bravo Contreras, se encontraron sobre la batea de una camioneta Chevrolet color blanco, donde además habían abandonado restos presuntamente humanos disueltos en tambos de metal.

Los indicios eran: un reloj metálico color blanco marca Guess y unas gafas negras, propiedad de José Benítez de la O; un escapulario de metal de José Alfredo González Díaz y un rosario de oro que perteneció a Bernardo Benítez Arroniz.

Aquella ocasión, revela José Benítez Herrera, las cinco familias contuvieron el llanto, rechazaron que las prendas fueran de sus hijos, y pidieron que los restos disueltos en ácido fueran sometidos a exámenes clínicos. La conclusión terminaría por ser reveladora.

“Nosotros reconocimos que todas esas cosas eran de nuestros hijos, pero la desconfianza a las autoridades ya era mucha y queríamos saber la verdad”, refiere en entrevista.

Tras la presión mediática, la Fiscalía de Veracruz dijo en un comunicado –el mismo 18 de enero– que los restos abandonados en tambos no pertenecían a los cinco jóvenes veracruzanos, sino a perros. El trabajo pericial fue calificado en medios nacionales como una “pifia” y el caso siguió abierto y sería abordado por autoridades federales.

“¿Cómo obtuvo la Fiscalía las prendas de mi hijo y de los otros dos muchachos? Es una pregunta que me he hecho tres años y que daría lo que fuera por hacérsela a Luis Ángel Bravo Contreras”, dice José Benítez.

La aparente fabricación de la muerte de los cinco jóvenes avivó una resistencia de los padres, quienes tomaron las instalaciones del ministerio público de Tierra Blanca y allí acamparon durante 100 días. La verdad sobre el caso abollaría la ya desgastada administración de Javier Duarte, hoy sentenciado por lavado dinero y asociación delictuosa.

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El gobierno federal asumió las investigaciones. El 1 de marzo de 2016, Roberto Campa Cifrián, entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dio una nueva versión de los hechos que desacreditó el trabajo de la Fiscalía sobre el hallazgo de restos disueltos en ácido.

Los cinco jóvenes, dijo Campa, fueron torturados y asesinados en el rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, a unos 90 kilómetros del lugar donde la Fiscalía construyó la escena con los huesos de perros y las pertenencias de las víctimas.

“Los restos, conforme a la información con que se cuenta, fueron quemados, posteriormente fueron molidos, seguramente en un molino de caña y luego fueron tirados a un pequeño río que pasaba por ahí”, dijo Campa a los familiares.

Tras meses de investigación a cargo de la Policía Federal, fueron detenidos ocho expolicías estatales (entre ellos el subdelegado de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández), quienes permanecen recluidos en el penal de Gómez Palacio, Durango. También fueron capturados 13 civiles que confesaron pertenecer a una célula de la delincuencia organizada. Ninguno de los 21 detenidos por el caso ha sido sentenciado.

De acuerdo con la declaración de Rubén Pérez Hernández –uno de los ocho policías detenidos- los jóvenes detenidos fueron entregados a integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación en el rancho El Limón.

Allí, los oficiales atestiguaron como a los cuatro hombres los metieron a una habitación para torturarlos. Después, declaró el detenido, a los cinco jóvenes los obligaron a caminar en dirección recta, hasta llegar a la parte baja de un terreno, junto a un arroyo que desemboca en el río Blanco.

“Mi compañero y yo nos paramos desde un lugar donde se podía ver todo lo que les hacían. Vimos cuando acostaron a los jóvenes boca abajo. Recargaron sus cabezas sobre una piedra. Un sujeto agarró un hacha grande, como de 50 centímetros de largo…”.

“Cerca de donde estaban (los cinco jóvenes), allá abajo, había dos tambos metálicos con capacidad de 200 litros. Entonces escuché cuando gritaron: Traigan el diésel, y pues pienso que los quemaron. Yo mejor le dije a mi compañero que nos fuéramos”, declaró el policía.

Opiniones Técnicas en Materia de Medicina Forense –incluidas en la recomendación 5VG/2017- especificaron que las causas que provocaron el fallecimiento de las víctimas fueron traumatismo cervical con lesión de médula espinal y/o traumatismo craneoencefálico.

Según Rubén Pérez Hernández, él y su compañero regresaron por el kilómetro 16 de la carretera La Tinaja-Tierra Blanca, alrededor de las 10 de la noche del 11 de enero 2016, después de haber presenciado el multihomicidio.

Justicia simulada

A pesar de las pruebas y detenciones, el caso se estancó en los tribunales y quedó perdido con el cambio de gobierno estatal, en diciembre de 2016, cuando asumió el poder el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

El 1 de septiembre de 2017, autoridades de la administración de Yunes Linares acudieron al municipio de Playa Vicente, donde el entonces secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié ofrecería la disculpa por el caso. El evento fue cancelado y referido por los deudos como “un insulto público».

Según los familiares, la reunión se salió de control cuando los deudos pronunciaron el nombre del exsecretario de Seguridad Arturo Bermúdez.

“¿Por qué no lo investigan por la desaparición forzada de nuestros hijos?”, preguntaron. El cuestionamiento hizo que se levantaran de la mesa Téllez Marié y el entonces fiscal Jorge Winckler Ortiz. Ambos se marcharon del pueblo y la disculpa no fue reconocida por la CNDH.

La prueba de fuego

Para Bernardo Benítez Herrera, padre de Bernardo Benítez Arroniz, la investigación de la cadena de mando es la prueba de fuego para las actuales autoridades, es decir a los superiores de los ocho policías detenidos, incluidos Arturo Bermúdez Zurita y el exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

Duarte fue sentenciado por delitos de corrupción mediante un procedimiento abreviado y saldría de prisión en menos de siete años.

En tanto, Arturo Bermúdez, jefe de la policía durante la administración de Duarte, y quien dirigió una corporación que en cinco años acumuló un centenar de recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por detener, torturar y asesinar ciudadanos, no está imputado por este caso.

El 8 de febrero de 2018 fue imputado por otros 15 casos de desaparición forzada durante el gobierno de Duarte. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2018 salió de prisión, luego de que la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez decidiera que el exfuncionario podía seguir su proceso judicial desde su casa.

“Imagínate, ¿cómo vamos a creer en las leyes mexicanas si para un juez (el que ordenó liberar al exfiscal Bravo) la desaparición forzada en Veracruz no es un delito?”, dice al teléfono Columba Arroniz, quien reconoce que este lunes será un día de inmenso dolor para las cinco familias a las que los encargados de protegerlas les destruyeron la vida.

“Para nosotros este día será muy difícil porque tenemos que revivir otra vez todo, pero nosotros tenemos que seguir buscando que se haga justicia, porque nuestros hijos se merecen que lo hagamos”.

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