La CNDH recomendó al gobierno de Veracruz reparar el daño a las familias de ocho policías municipales de Úrsulo Galván víctimas de desaparición forzada por parte de policías estatales durante la administración de Javier Duarte

Texto: Miguel Ángel León Carmona / E-consulta Veracruz

Foto: Archivo / Daniela Pastrana

XALAPA, VERACRUZ. – La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 24VG/2019 por la desaparición forzada de ocho policías municipales del municipio de Úrsulo Galván, ocurrida el 11 de enero de 2013. 

Este hecho, señala la CNDH, es atribuible a 15 agentes del entonces denominado “Grupo Tajín”, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la inadecuada procuración de justicia y a la verdad en agravio de las esposas, madres e hijas de las ocho víctimas.

“Este Organismo Constitucional Autónomo acreditó que los policías que laboraban en el municipio de Úrsulo Galván fueron víctimas de desaparición forzada por agentes del Estado, al ser detenidos y privados de su libertad, de quienes a la fecha se desconoce su paradero”.

“La Recomendación de la CNDH acreditó que desde que ocurrió la desaparición forzada, la SSP-Veracruz no realizó las investigaciones sobre la participación de los agentes del entonces denominado ‘Grupo Tajín’ aun cuando existían elementos de convicción que involucraban su participación en el caso”, se lee en el comunicado. 

La historia de las desapariciones

El 11 de enero de 2013, a las 18:00 horas, los ocho policías de Úrsulo Galván salieron a hacer un rondín de rutina y no regresaron a sus hogares. Se trata de Luis Alberto Valenzuela González, Javier Araus Molina, Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra, Guillermo Torres Perdomo y Aureliano Sánchez Tonil.

Los ocho oficiales -media planilla de la corporación- se reportaron con sus esposas y uno de ellos con su madre. De acuerdo con la declaración de un vendedor de cervezas, todos fueron interceptados por cuatro patrullas estatales en la comunidad de El Arenal mientras compraban esquites y posteriormente fueron desarmados. Desde entonces no se sabe de ellos.

Los ocho hombres habían compartido con sus familiares las intenciones de dejar sus empleos, debido al periodo violento que se vivía en esa región ‘gobernada’ por el Cartel de Los Zetas.

El plagio de los ocho fue el cierre de numerosos crímenes considerados de lesa humanidad emprendidos por el equipo de Conde Hernández, exmando de la Secretaría de Seguridad Pública, preso por desaparición forzada.

En 55 días -entre el 26 de noviembre de 2012 y el 19 de enero de 2013- 22 personas fueron desaparecidas o asesinadas en los municipios de La Antigua y Úrsulo Galván, zona conurbada que se ubica a 40 kilómetros del Puerto de Veracruz. Entre las víctimas, además de los ocho policías, hubo taxistas, estudiantes, bomberos, brigadistas y un reportero, se carearon con la muerte, infiltrada entre uniformes azules.

Las recomendaciones

La CNDH recomendó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reparar el daño a las víctimas indirectas, incluyendo compensación y/o indemnización, así como inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, proporcionarles atención integral, y ofrecer una disculpa pública institucional por las omisiones y la impunidad derivada de la desaparición forzada.

La CNDH recomienda también a la SSP Veracruz concluir el Procedimiento Disciplinario contra los 15 agentes estatales iniciado en 2017, y consecuentemente, la Comisión de Honor y Justicia deslinde responsabilidades.

En el caso de la Fiscalía, fue exhortada a continuar las investigaciones y formula una queja contra el personal ministerial que participó en las diligencias de investigación de ese caso por probables irregularidades cometidas. 

La CNDH, se informó, “presentará denuncia ante la Fiscalía Estatal contra 15 agentes integrantes del entonces “Grupo Tajín” de la SSP-Veracruz, y quienes resulten responsables, por la desaparición forzada de las víctimas, así como una queja de responsabilidad administrativa contra los mismos funcionarios”.

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