10 octubre, 2019
Francisco Navarrete Serna ha sido acusado de ser miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación, de estar vinculado a la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca en 2016. También, de enlazar crimen organizado y Fuerzas Armadas. Pero está libre, y es dueño de un diario
E-Consulta/ Alianza de Medios
XALAPA, VERACRUZ.- El pasado 7 de octubre de 2019 fue inaugurado el periódico El Sol de Tierra Blanca. El diácono Miguel Ángel Ochoa Cruz, excandidato por Morena a la alcaldía de ese municipio, bendijo las nuevas instalaciones. El proyecto también recibió felicitaciones de la diputada local por el mismo partido, Margarita Corro Mendoza.
El presidente editor del flamante medio es Francisco Navarrete Serna. Tres años atrás, el 24 de enero de 2016, fue detenido y presentado por la fiscalía de Veracruz como el jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Navarrete Serna hasta tenía un alias: “El Primo”. O así difundieron en comunicados autoridades tanto estatales como federales. Estos oficios también lo señalaron como coordinador de “la distribución de droga, la operación de secuestros y posiblemente varias ejecuciones [SIC] cometidas en este municipio (Tierra Blanca)”.
En el expediente se presume que Navarrete Serna fue además un enlace del Nueva Generación con elementos de la Secretaría de Marina. Se le atribuyen secuestros y homicidios, y lo vinculan a la desaparición forzada de cinco jóvenes en 2016. Sin embargo, el pasado agosto salió libre y ahora inauguró su periódico.
En 2016, Francisco Navarrete, su hijo Francisco Navarrete Abraham y un presunto lugarteniente, Junior Alarcón, fueron imputados por delincuencia organizada bajo la causa penal 45/2016. Se les ligó a la desaparición forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, cometida el 11 de enero de 2016, durante el gobierno de Javier Duarte.
Como se narró en aquel entonces, Susana Tapia Garibo (menor de edad), Bernardo Benítez Arroniz, José Benítez de la O, José Alfredo González Díaz y Mario Arturo Orozco Sánchez viajaba de regreso a su hogar en Playa Vicente. Pero al pasar por Tierra Blanca fueron detenidos por policías municipales. Estos últimos entregaron a los jóvenes al crimen organizado, quienes los torturaron y asesinaron en el rancho El Limón.
Este predio, cabe resaltar, también fue ligado a Francisco Navarrete.
“El Primo” es mencionado en dos declaraciones ministeriales, a las cuales E-Consulta tuvo acceso. Es señalado como líder del CJNG, y de ser un enlace del grupo criminal con la Secretaría de Marina. «El Primo» fue acusado de coordinar crímenes de lesa humanidad con el entonces subdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad, Marcos Conde.
“…Que era “EL NAVARRETE” quien era el conecte con la gente de la Secretaría de Marina, para que nos brindaran protección”.
Expediente Luis Delfino Alcaraz López, presunto integrante de un grupo delincuencia.
“…Cuando le dije a los policías que era gente del Conde (Marcos Conde Hernández), me preguntaron: ‘que como me identificaba’ a lo que yo les dije ‘El Charro’, y el poli me pregunto que, si era ‘El Charro’ del primo, refiriéndose a NAVARRETE, porque así le decían algunos ‘Primo’. A este NAVARRETE solo lo conozco de vista por dos veces que fue a la tienda del OXO (lugar destinado al almacenamiento de objetos robados en el rancho El Limón), cuando platicaba con el jefe o patrón (Marcos Conde), pero no se de que hablaban, pero al parecer NAVARRETE era de la Marina y era quien nos daba protección a toda nuestra gente que estaba operando en la zona, ya que nos habían dicho que si nos paraba la Marina, le habláramos en mi caso “al Chango” y él se encarga de hablarle de avisarle a ‘al patrón’, y este se ponía en contacto con NAVARRETE, y ya este hablaba para que nos dejaran ir y no nos agarraran, este NAVARRETE…”.
Ismael López Mendoza, presunto criminal.
Pese a las imputaciones, un juez federal le concedió a Navarrete el amparo 11/2018. Y luego fue confirmado por un tribunal de alzada. El poder judicial argumentó que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) fue deficiente por haber duplicado declaraciones (pruebas) en los juicios por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Las mismas declaraciones citadas arriba fueron algunas de las pruebas que los elementos de la PGR duplicaron y lo que el tribunal de alzada desechó, apoyado en las controversias de la SCJN.
“Este Tribunal de amparo observa que la autoridad responsable ordenadora refirió que del contenido de esas documentales se obtienen datos e indicios, los cuales demuestran en lo de interés, que probablemente desde septiembre de dos mil quince, el quejoso –Francisco Navarrete- era integrante de un grupo criminal, mismo que fue organizado para llevar a cabo de manera permanente el ilícito de secuestro, y operaba en Tierra Blanca, Veracruz, bajo la dirección del amparista, así como que éste era encargado de brindar protección a dicho conglomerado delictivo, respecto de los actos que la Marina efectuaba”
Juicio de amparo 11/2018.
Las deficiencias en la integración del expediente y la investigación fueron señaladas desde el inicio por la defensa legal de los cinco jóvenes.
“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no investigó más allá de lo que se había investigado por desaparición forzada. El proceso local únicamente se enfocó a la conducta de los detenidos con la desaparición y el homicidio de los jóvenes», explicó en su momento Celestino Rivera Espinoza, abogado de las familias.
“La investigación por delincuencia organizada tenía que ir más allá, enfocada a que ellos se dedicaban a realizar varios secuestros en la zona de Tierra Blanca. [Debían] conseguir más testimonios y exponer todo lo hallado en el rancho El Limón, como indicios de robo de combustible y robo de autotransporte de carreteras federales”.
Celestino Rivera Espinoza, abogado.
El 24 de enero de 2016, elementos de la Gendarmería Nacional, en coordinación con La Fuerza Civil de Veracruz, detuvieron a Navarrete Serna, a su hijo y a su presunto lugarteniente en la colonia Lomas de Jazmín, Tierra Blanca. El gobierno estatal informó era allí donde “el presunto responsable reunía a su gente para coordinar operaciones ilegales”.
De acuerdo con el comunicado, los policías federales identificaron dos camionetas estacionadas con tres civiles armados. Estos intentaron huir amagando con armas largas. Uno de los detenidos, Junior Alarcón, declaró pertenecer al CJNG.
“Los tres iban armados y se les aseguró una pistola calibre 9 milímetros, un fusil de asalto AK-47 y otro AR-15, además de diversos equipos de telefonía, los cuales están proporcionando valiosa información sobre la red de complicidades en Tierra Blanca. Anteriormente, ya se contaba con indicios de la vinculación de Navarrete Serna en actividades ilícitas”, se agregó en el informe.
Ese mismo día, el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa informó en su cuenta de Twitter: “#GendarmeríaNacional y #FuerzaCivilVeracruz detienen a jefe de plaza de la delincuencia organizada en Tierra Blanca. Se presume que el grupo criminal del que forman parte los detenidos de hoy es responsable de la desaparición de los jóvenes en #TierraBlanca”.
El 4 de marzo de 2019, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, se comprometió a acompañar las investigaciones del fuero federal contra 21 personas detenidas vinculadas a la desaparición forzada de los cinco jóvenes de Playa Vicente, entre ellos el caso de Francisco Navarrete Serna.
Lo anterior, fue sostenido por el funcionario federal durante la disculpa pública emitida por el gobierno estatal de Cuitláhuac García Jiménez.
“Nos comprometemos, con pleno respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la República, a acompañar las investigaciones federales que se encuentren pendientes: tanto las relacionadas con la delincuencia organizada como aquellas por violación a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad”.
Alejandro Encinas Rodríguez
Sin embargo, seis días después Francisco Navarrete y los otros 20 detenidos fueron exoneradas por el delito de delincuencia organizada.
Ocho expolicías estatales y 10 civiles ligados al CJNG no obtuvieron su libertad por enfrentar todavía cargos del fuero común, como desaparición forzada y homicidio doloso calificado.
De acuerdo con fuentes policiales, Navarrete fue reaprehendido en marzo de 2019 e imputado por dos secuestros cometidos en Córdoba, Veracruz. Pero las investigaciones –nuevamente realizadas por la SEIDO– fueron desechadas por jueces y el acusado obtuvo su libertad –sin haber sido sentenciado. Para agosto de este mismo año ya estaba libre.
“Que Dios les permita transmitir todo tipo de noticias (…) Son de gran ayuda para la humanidad ya que socorren a las personas cuando se presenta alguna necesidad y ayudan a cultivar el espíritu”.
Así bendijo Miguel Ángel Ochoa, diácono y excandidato a alcalde, las instalaciones del periódico El Sol de Tierra Blanca, de Francisco Navarrete.
En una transmisión de Facebook del portal El Sol de Tierra Blanca se aprecia cuando el religioso morenista reza la oración del credo. Mientras Francisco Navarrete y su esposa cortan juntos el listón de las oficinas del diario, ubicadas en la calle Libertad, colonia Centro.
“Hoy este sueño de Paco y de sus amigos se ha convertido realidad. Hoy nace este sol para Tierra Blanca con una alegría infinita. Después de todo lo que la familia sufrió por algo que a todos nos tenía muy molestos, pero que gracias a Dios se sacó adelante porque la verdad siempre llega, porque siempre confiamos en él (Navarrete)”, dijo un directivo del periódico.
Pero los habitantes de Tierra Blanca entrevistados por E-Consulta Veracruz, se expresan de manera distinta.
“Muchos estamos impactados con la noticia. Hay mucho miedo. Todos sabemos el poder que llegó a tener este señor”.
Habitantes de Tierra Blanca
Antes de ser detenido, Francisco Navarrete tuvo en mente el proyecto de montar un medio de comunicación, que tendría por nombre La Voz de Tierra Blanca.
Aquel periódico –cuya inauguración se aplazó por la detención de Navarrete– sería dirigido por Pedro Tamayo Rosas, reportero de Al Calor Político y El Piñero de la Cuenca. Pero Tamayo fue asesinado sorpresivamente el 20 de julio de 2016.
Pedro Tamayo Rojas, de 43 años de edad, atendía su negocio, un puesto de hamburguesas, afuera de su domicilio, cuando llegaron unos desconocidos y lo mataron.
Desde el 11 de abril de 2019, Francisco Navarrete fue representado legalmente por el abogado Rodolfo de la Guardia García. De la Guardia es exdirector de Interpol México y también representante legal de Arturo Bermúdez Zurita. Este último fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Duarte, y enfrenta un juicio por desaparición forzada de personas.
E-consulta Veracruz tuvo acceso a la notificación de un amparo promovido por los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos. Ahí se comprueba que desde el 11 de abril pasado, 21 imputados por ese caso –entre ellos Navarrete Serna– citan como defensor a Rodolfo de la Guardia. También dan como domicilio la avenida La Fragua sin número, fraccionamiento Reforma, en Veracruz, Veracruz.
En el documento de notificación, los imputados –todos aún presos en el penal de Gómez Palacio, Durango– señalaron a De la Guardia como su defensor. En un tuit, el abogado aclaró: “No patrocino la defensa de los policías estatales y civiles mencionados. Ejercí control constitucional a favor del señor Francisco Navarrete Serna, protección federal que le fue concedida. Gracias por atender y publicar la aclaración en términos de ley”.
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