Texto: Ana Cristina Ramos. Fotografía: Prensa AMLO

Con una promesa y una advertencia recibió Andrés Manuel López Obrador su constancia como presidente electo: el Ejecutivo dejará de ser el poder avasallador, y los políticos corruptos y fraudulentos irán a la cárcel. Esta es la primera vez en 12 años que afuera del Tribunal hubo porras y no protestas

“El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia”. Estas fueron las primeras palabras de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de México.

A las 13:20 horas de este miércoles 8 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgó la constancia de presidente electo a López Obrador. La sesión solemne duró aproximadamente 40 minutos y con ello prácticamente terminó un proceso que inició desde el 2006, cuando AMLO, como se le conoce en México, oficialmente perdió la elección con un margen de 0.56 por ciento de los votos.

López Obrador enfatizó que respetará las potestades y soberanía de los otros poderes legalmente. “Ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen”.

Al inicio de su discurso, recordó su postura sobre elecciones pasadas y dio una advertencia velada a los servidores públicos que han torcido la ley: “Los mexicanos votaron también para que se ponga fin a las imposiciones y los fraudes electorales. Quieren castigo por igual para políticos corruptos y para delincuentes comunes o de cuello blanco”.

La Sesión Solemne, tuvo un marco muy diferente de la que ocurrió hace seis años, cuando Enrique Peña Nieto recibió su constancia. A diferencia del 2012, cuando se arremolinaron las protestas afuera del Tribunal, este día, hubo más bien porras y apoyo. Peña Nieto en ese entonces llegó en helicóptero. López Obrador, arribó en un auto Jetta en compañía de su incondicional César Yáñez.

Una alegre sesión solemne

Durante su discurso, la magistrada presidenta, Janine Madeline Otálora Malassis –y la primera mujer que otorga constancia de presidente electo– recordó que más de 56 millones de personas salieron a emitir su voto el pasado 1 de julio, a pesar del contexto de violencia que vive el país. Destacó también que existe por primera vez una integración paritaria, del Congreso de la Unión.

Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña señaló que los tribunales refrendan la voluntad de las mayorías, pero sin abdicar de su compromiso de defensa de los derechos de las minorías y los grupos en situación de desventaja. “En esta elección ganó la oposición, ganó el licenciado López Obrador, ganó la izquierda, no hay duda ganó con votos ciertos”.

Otro magistrado, Felipe de la Fuente Barrera, dijo que no hay democracia sin participación ciudadana, ejercicio de libertades, instituciones sólidas, actores políticos ajustados a las reglas del juego y la democracia se defiende con jueces autónomos e imparciales que la garantizan”.

Finalmente, Indalfer Infante González añadió que el verdadero protagonista de la jornada fue la ciudadanía, “la elección mostró una extraordinaria participación popular y un sentido inequívoco de la voluntad ciudadana que propicia gobernabilidad y paz social”.

A la una de la tarde los magistrados Janine Otálora, Indalfer Infante y Mónica Arali Soto recibieron al presidente electo en las vallas afuera del Tribunal, y lo escoltaron por el juzgado hasta su asiento en primera fila. López Obrador se sentó entre sus hijos mayores.

En los asientos cercanos se encontraban la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el futuro jefe de la oficina de presidencia, Alfonso Romo, el futuro canciller Marcelo Ebrard y la escritora Elena Poniatowska.

En la tercera fila, estaba Hugo Eric Flores, presidente del Partido Encuentro Social (PES) arreglándose la barba. Es el aliado de López Obrador que impugnó las elecciones presidenciales y que provocó un retraso en la entrega de la constancia.

López Obrador empezó su discurso como muchos otros, con una evocación histórica pues recordó que este 8 de agosto nació el general Emiliano Zapata, y coincidentemente también falleció el periodista Jaime Avilés, quien fuera una de las personas más cercanas al presidente electo.

Desde que se inició el proceso electoral, el Tribunal resolvió mil 196 casos para renovar la presidencia, de éstas a partir del día de la elección se promovieron 286 juicios de inconformidad en 138 mil casillas en contra de la presidencia de López Obrador, las cuales fueron desechadas por el tribunal.

Impugnaron la elección los Aliado

La constancia como presidente electo se retrasó por diversas impugnaciones realizadas ante el tribunal electoral.

La solicitud del acta de nacimiento y cartilla de servicio militar de López Obrador por parte de una asociación civil, la demanda de Marcela Dávalos Aldape, presidenta del Partido Político Democracia Ciudadana (PPDC), y las denuncias del Partido Encuentro Social contra su aliado en la contienda son las últimas impugnaciones que retenían el nombramiento oficial en contra del presidente electo.

Todas fueron presentadas el viernes 3 de agosto, en los últimos veinte minutos de una sesión de cinco horas ante Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero los temas no se debatieron. Todos se resolvieron por cuestiones técnicas.

En el primer caso, “La Yura” Grupo Alameda pidió los documentos oficiales del presidente. Pero, cuando llegó al tribunal su representante legal, Alfonso Raúl de Jesús Ferriz Salinas, no acreditó la relación que tenía con el grupo, por ello se determinó como no presentado.

El segundo caso interpuesto por Dávalos Aldape, presidenta del PPDC que por cierto es líder nacional de votos nulos, se deshechó porque el partido no tiene registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El artículo 54 de la Ley de Medios establece que sólo los partidos políticos o los candidatos pueden presentar juicios de inconformidad. El partido intentó obtener su registro ante el INE en el 2013.

La sentencia del tribunal sólo se centra en desecharla, pero no menciona que en estas elecciones un 2.7 por ciento de la población anuló sus votos en la contienda presidencial y que esto no es suficiente para anular la elección.

El tercer caso es el de mayor impacto. Después de que salieron los cómputos distritales para las elecciones federales, el PES no logró obtener el tres por ciento en ninguno de los comicios –el presidencial, por senadurías, y diputaciones–, un requisito indispensable para mantener su registro como partido.

El 11 de julio pasado, el representante de este partido de corte evangelista, aseguró en entrevista: “Estamos muy confiados de que vamos a obtener nuestro registro.”

Explicó: hay distritos donde su partido tiene cero votos, pero la coalición que formó junto con los partidos Movimiento Regeneración Nacional y Partido del Trabajo, Juntos Haremos Historia, obtuvo el triunfo y por lo tanto, aseguró, es muy posible que se hicieron mal lo conteos.

“No estamos esperando que se abran (las urnas), estamos esperando que se redistribuyan los votos, si en una casilla ya está el dato, ya sabemos cuantos votos hay para la coalición y en lugar de que el PES aparezca con cero, si en ese distrito hubo 1 mil 200 votos divididos entre los tres partidos, tienen que ser 400 para cada uno, eso es lo que estamos esperando.”

Lo que no mencionó en aquellos días es que su partido también impugnaría las elecciones presidenciales para hacerlo.

El partido presentó 282 juicios de inconformidad que versan sobre las elecciones federales, presentando argumentos que no sólo arremetieron contra los cómputos, también descalificaron la elección del candidato Jaime Heliodoro Rodríguez, El Bronco.

Las razones del Tribunal Electoral para no admitir las demandas del Partido Encuentro Social son que éstas no se presentaron ante la autoridad correcta. Por ejemplo, en el caso del juicio de inconformidad 1/2018, en lugar de acudir al Consejo General, el partido debió acudir a cada uno de los consejos distritales a presentar su demandas.

Además, en la mayoría de los casos, los recursos se presentaron fuera de tiempo; a lo que el partido alegó que esperaron las acta certificadas de los cómputos de la elección.

Al final de la sesión la magistrada presidenta, Janine Otálora, no pudo sino hacer un comentario con sorna: “El partido pretendió tener conocimiento de los resultados a partir de que tuvo dichos documentos, cuando en la realidad, en la mayoría de los casos, sus representantes estuvieron en las sesiones de computo e incluso firmaron las actas correspondientes”.

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