Más allá de la promesa presidencial de ser diferente a sus antecesores, ¿puede garantizarse la imparcialidad de una estructura de “servidores de la nación” creada a partir de la maquinaria electoral de Morena?

Twitter: @chamanesco

Una estructura de más de 18 mil funcionarios públicos recorre el país permanentemente para llevar la “cuarta transformación” hasta la puerta de tu casa. 

Se trata de los “Servidores de la Nación”, un grupo creado meses después del 1 de julio de 2018, heredero de las estructuras de promoción del voto de Morena y que hoy, convertidos en un ejército bajo el paraguas de la Secretaría del Bienestar, cuestan al erario unos 2 mil millones de pesos al año.

Su existencia ha sido clave para la implantación territorial del nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A nombre de él, los servidores tocan la puerta de las casas en las zonas más humildes del país, preguntan sobre las necesidades de sus habitantes, revisan si son beneficiarios de algún programa social, los inscriben en los nuevos programas, les reparten tarjetas en donde recibirán los nuevos apoyos, y les dejan folletos con información sobre las acciones del gobierno.

También se les ha visto en colonias de clase media o clase alta, llevando a los adultos mayores la “tarjeta del bienestar” otorgada por el gobierno y el Banco Azteca.

Son, literalmente, representantes personales del presidente ante los gobernados. Usan camisetas y gorras blancas con el logotipo de Bienestar –la nueva marca de la política social del gobierno federal–, portan gafete y chalecos color marrón rotulados con el nombre de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con datos del portal nómina transparente de la Secretaría de la Función Pública, actualmente existen 18 mil 299 Servidores de la Nación desplegados en todo el país (con sueldos de 10 mil 217 pesos mensuales cada uno), 266 coordinadores regionales (con sueldos brutos de 73 mil 507 pesos), y 32 delegados estatales de Programas para el Desarrollo (mejor conocidos como “súper delegados”, que ganan más de 100 mil pesos mensuales).

Una estructura piramidal que tiene en su cúspide a Gabriel García Hernández, coordinador nacional de Programas para el Desarrollo, quien trabaja directamente con el presidente, y a quien se atribuye un enorme poder dentro de la 4T.

Ex secretario de Organización de Morena, Gabriel García fue pieza fundamental para el triunfo de AMLO en 2018. Junto con los hijos del hoy mandatario (Andy Manuel, Ramón y Gonzalo), García fue el responsable de desplegar una estructura partidista que, por primera vez en las tres campañas presidenciales de López Obrador, en 2018 logró cubrir todas las secciones electorales del territorio nacional y garantizar una votación masiva en favor del candidato. 

Si algo aprendió López Obrador en las campañas de 2006 y 2012 –cuando tuvo que ponerse en manos de la deficiente maquinaria del PRD–, fue que sin estructura sería imposible ganar la Presidencia algún día.

Por eso, en 2018 la dejó en manos de sus colaboradores más confiables: Gabriel García, los coordinadores estatales de Morena (convertidos después en súper delegados), sus coordinadores regionales y su ejército electoral, hoy convertido en Servidores de la Nación.

La discusión sobre el verdadero rol de estos funcionarios inició prácticamente desde su nacimiento, en la etapa de transición. Legisladores y dirigentes del PAN, PRI y PRD, y analistas políticos, advirtieron sobre el peligro de montar la política social del nuevo gobierno sobre una estructura nacida originalmente como maquinaria electoral de Morena.

A la suspicacia de la oposición abona la poca transparencia con la que se conduce la oficina del coordinador de Programas para el Desarrollo, quien es el jefe de facto de los Servidores de la Nación, aunque éstos pertenecen a la nómina de la Secretaría del Bienestar.

La polémica llegó hasta las instancias electorales el 8 de agosto, cuando el PRD interpuso una queja en contra del presidente, por hacer promoción personalizada con los programas sociales, al incluir su nombre en los chalecos marrón de los Servidores de la Nación.

El 16 de agosto, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a la Secretaría del Bienestar retirar el nombre de Andrés Manuel López Obrador de los chalecos. Instrucción que el presidente aceptó y que su gobierno acató colocando pegotes de masking tape encima del nombre del presidente.

En el desahogo de esa queja, el 23 de septiembre la Comisión de Quejas del INE emplazó a denunciantes y denunciados a llevar a cabo una audiencia de pruebas y alegatos el viernes 27.

El citatorio incluyó al presidente de la República; a la secretaria María Luisa Albores y al coordinador Gabriel García Hernández, quienes podían comparecer por sí mismos, por medio de un representante o incluso por escrito.

No es la primera vez que esto ocurre. Siendo presidentes, a Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y al propio López Obrador el INE los citó en anteriores procedimientos. Pero esta vez, la cita provocó gran polémica.

Por un lado, el PRD aprovechó para atraer reflectores hacia su causa y arremeter en contra de su dos veces candidato presidencial y hoy presidente, al que han decidido boicotearle todas sus iniciativas.

Por su parte, legisladores de Morena como Martí Batres, o voceros de la 4T en redes sociales se quejaron del citatorio.

El presidente respondió mediante un escrito presentado por un funcionario de la Consejería Jurídica de la Presidencia, deslindándose de la idea de poner su nombre en los chalecos. Pero también habló del tema.

Interrogado en la mañanera del viernes, aseguró que no hay un uso electoral de la política social, como sí lo hubo de los programas Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera, antecedentes directos de los hoy llamados Programas para el Bienestar.

“Vámonos respetando”, pidió al INE, “porque no somos iguales”.

Más tarde, envió una carta en la que reiteró su promesa de que “nunca jamás permitiremos que el presupuesto federal sea utilizado por los funcionarios, para beneficio de ningún candidato o partido”.

Muy bien, pero a esa misma hora, en Morena, Yeidckol Polevnsky y Alejandro Rojas Díaz Durán, candidatos a la dirigencia nacional, acusaban a Gabriel García de usar a los Servidores de la Nación para respaldar la candidatura de Bertha Luján, presunta favorita del presidente en la contienda interna.

La acusación pone en entredicho la promesa presidencial de no usar ese ejército con fines políticos, amplía las dudas de quienes sospechan de sus verdaderos fines y otorga carta de naturalización a las acusaciones de los opositores. Si eso se hacen entre los de Morena, ¿qué pueden esperar ellos en las elecciones de 2021?

La pregunta es válida porque, como lo aseguró el presidente en su carta del viernes, el voto del 1 de julio de 2018 también fue un voto en contra de la simulación, la manipulación y el uso electorero de la política social que, por ley, debería tener como único fin combatir la pobreza.

Más allá de las promesas del presidente, ¿puede garantizarse la imparcialidad de los servidores de la Nación?

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