La desaparición de 43 estudiantes y la muerte de seis personas en el caso Ayotzinapa continúan impunes. Este recuento ilustra el largo camino de los familiares en búsqueda de la verdad y la justicia durante un lustro

Texto: Kau Sirenio

Fotos: Luis Carbayo, Duilio Rodríguez y José I. Hernández / Cuartoscuro

Durante más de cuatro años, el gobierno de Enrique Peña Nieto desdeñó la lucha de los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala.

La única respuesta a la exigencia de justicia fue lo que el propio gobierno federal quiso imponer como la “verdad histórica”, la cual se halla desmoronada. 

En un afán por deslindar al Ejército mexicano de cualquier responsabilidad en el caso, el régimen priista trató de que toda la culpa recayera en el crimen organizado.

Desde el primer momento se le atribuyó al grupo delincuencial Guerreros Unidos la desaparición de los normalistas, como si no hubieran sido atacados por agentes del Estado. 

Gabriel y Alexis, otras víctimas

El 12 de diciembre de 2011, a ocho meses de la llegada de Ángel Aguirre a la gubernatura por segunda ocasión, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino fueron asesinados durante un desalojo de estudiantes de Ayotzinapa que protestaban por la falta de atención a una minuta acordada meses antes con el gobernador. 

Posteriormente, desde su arribó al poder, el gobierno de Peña Nieto combatió a luchadores sociales y al magisterio disidente que se oponía a la reforma educativa.

Mil 500 policías federales desalojaron a maestros y normalistas que protestaban en contra de la reforma educativa, en la Autopista del Sol, el 5 de abril de 2013. En el movimiento magisterial participaban los normalistas de Ayotzinapa y ocho normales públicas más.

Después de este desalojo, el 1 de mayo del mismo año, en Chilpancingo, la Policía Federal detuvo a cuatro maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), después de la conmemoración del Día Internacional de Trabajo, y los envió esa misma tarde a una cárcel de alta seguridad en Tepic, Nayarit, acusados de terrorismo. 

A la detención de los cuatro maestros en mayo de 2013, siguió la desaparición, el 30 de mayo, del líder de Unidad Popular (UP) de Iguala, Arturo Hernández Cardona, y siete de sus compañeros, a manos de sujetos desconocidos.

Tres días después, los cuerpos del dirigente y dos de sus compañeros aparecieron con huellas de tortura en un paraje cercano a la colonia Valerio Trujano, perteneciente al municipio de Tepecoacuilco. 

Frente al féretro de Hernández Cardona, el activista Bertoldo Martínez Cruz, ahora fallecido, acusó: “El Estado mexicano recurre al escuadrón de la muerte (sicarios del narcotráfico) para callar las voces disidentes en el país”. 

Y agregó: “Ni en las peores dictaduras militares de Sudamérica fue tan aterrador lo que estamos viviendo estos años. El regreso del ‘nuevo’ PRI es la encarnación de la guerra sucia”.

Otoño rojo

El Otoño Rojo de 2014 alcanzó su punto más cruento la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, cuando policías municipales y civiles armados atacaron a normalistas de Ayotzinapa que llegaron a Iguala para hacerse de autobuses en los cuales viajar a la Ciudad de México a la conmemoración de la matanza del 2 de octubre.

El atentado dejó tres normalistas y tres civiles asesinados, dos decenas de heridos, y 43 estudiantes desaparecidos. 

Hasta antes de la desaparición de los 43 normalistas, 10 activistas que apoyaban la lucha de los normalistas que demandaban justicia por el asesinato de Gabriel y de Alexis habían sido asesinados. En todos estuvieron involucrados civiles armados con la intención de hacerlos pasar como ajuste de cuentas. Ni uno de estos crímenes ha sido esclarecido.

En cambio, 25 activistas más fueron encarcelados, tres de ellos, enviados a cárceles de máxima seguridad de Oaxaca, Veracruz y Nayarit. Arturo Campos Herrera, de la policía comunitaria de Ayutla, fue enviado a Almoloya; Gonzalo Molina, primero en Oaxaca y luego en el Altiplano. La hoy senadora por Morena Nestora Salgado, fue enviada a Nayarit. 

La persecución política estuvo acompañada de una campaña en contra de los movimientos sociales. Aguirre Rivero acusó en entrevistas televisivas a los normalistas: “los muchachos de la Normal de Ayotzinapa tienen rencor social, porque son adoctrinados por la guerrilla”. 

“Además, ellos se dedican a robar combustible a los transportistas; mi gobierno ha sido y será tolerante ante estos hechos, pero llegará el día que meteremos en orden a los muchachos porque ya rebasaron el límite de la ley; pronto llegará el día en que aplicaremos todo el rigor de la ley”, advirtió. 

Las autoridades federales violaron el debido proceso. Gran parte de las declaraciones de los detenidos fueron obtenidas con base en tortura o se integraron mal los expedientes. 

El nuevo gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador anuncia nueva investigación y enfilan su aparato hacia los autores intelectuales de la distorsionada “verdad Histórica”: El ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y el ex encargado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

La administración de Peña Nieto protegió al Ejército mexicano, para que sus elementos señalados por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) no se presentaran a declarar sobre los hechos.

la administración de Peña Nieto se confrontó como el Equipo Argentino de Antropología Forense y el mencionado GIEI (de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), al grado de que prácticamente los expulsó del país.

La versión oficial no convenció a medios internacionales como The New York Times, que publicó que el caso Ayotzinapa es una de las peores atrocidades en materia de derechos humanos cometidas en México. Mientras The Economist señaló que Ayotzinapa es prueba de la descomposición del sistema judicial mexicano.

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Tres policías comunitarios resguardan la calle que conduce a la Normal de Ayotzinapa, mientras en la puerta, donde se lee “Cuna de la conciencia social”, un par de normalistas apurados montan unas fogatas para iluminar a los familiares y vecinos de Tixtla que van llegando a la escuela para saber que pasó en Iguala.

Hay cierta agitación en Ayotzi. Los estudiantes caminan de prisa al comedor del internado. Todos preguntan qué pasó. Pero nadie tiene la respuesta. Los cuarteños (estudiantes de cuarto grado) gritan casi al unísono:

–Paisa, muévanse al comedor; hay que organizarse para ir por los compas que se fueron a Iguala. 

–Dicen que hay varios muertos, paisa. ¿Es cierto eso? –quiere saber uno del comité de derechos humanos. 

La noche tomó de sorpresa a todos. Las horas pasaban y las respuestas no llegaban. Así transcurrió la reunión en el comedor. Los del comité de Relaciones Exteriores (Relex) hacen un esfuerzo por comunicarse con las organizaciones sociales de Iguala. 

–Tío, por favor, ayuda a nuestros compañeros. Están atrapados en Iguala –suplica el Relex. 

Del otro lado no hay respuesta. El miedo y la desesperación se apoderan de los normalistas, que a sus 20 años, esa noche viven una de las peores experiencias. 

Después de un saludo de “gracias, Tío, por venir”, el muchacho suelta su teléfono móvil al reportero:

–Escucha, tío, los están matando. Escucha los disparos. 

Del otro lado de la línea telefónica, las ráfagas de armas largas truenan. El Relex se dobla y suelta a llorar. 

En un recuento rápido, los del comité hacen un esfuerzo para hacer su primera lista de los jóvenes que se fueron a Iguala esa tarde: “El Carrilla, El Cochiloco… ese bato no, paisa, no recuerdo los nombres, pero hay que hacer una lista para saber. Urge saber cuántos están allá”, apura un cuarteño que fue del comité estudiantil. 

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Los rayos del sol asomaron en los surcos de cempaxúchitl donde la tarde del 26 de septiembre Los pelones (alumnos de nuevo ingreso) labraron tierra para la siembra de Flor de Muerto antes de salir a Iguala a tomar camiones para ir a la marcha nacional en la Ciudad de México, el 2 de octubre. 

Mientras se recupera de las lesiones de balazos en el brazo, El Carrilla habló con el Semanario Trinchera lo que vivió la noche del 26 de septiembre, desde que salió de la Normal hasta que llegó a Iguala: 

“Salimos a Iguala, a las seis de la tarde del 26 de septiembre, a tomar unos autobuses, que ocuparíamos para trasladar a las delegaciones de la FECSM (Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México) a la marcha nacional del 2 de octubre en la ciudad de México”, empieza su relato. 

“Dos horas y media después de que salimos de la Normal, fuimos atacados por policías municipales en la central camionera de Iguala. Los policías salieron por todos los flancos; no pudimos hacer nada.

Al camión donde iba le cerraron el paso; nos defendimos como pudimos, pero fue imposible. A todos mis compañeros se los llevaron. Si no fuera por la herida, no sé dónde estaría ahora”, evoca. 

Con voz apagada, Carrilla intenta trazar otro esbozo de historia: “No supe qué pasó después”. Los recuerdos del normalista se pierden.

En la primera refriega en las calles de Iguala, Carrilla quedó herido del brazo. Una bala le rozó cuando intentó aventar un extinguidor. Él y otros heridos fueron trasladados a hospitales. 

“De los 40 compañeros que íbamos en el camión, soy el único sobreviviente”, precisa. 

En la primera balacera de esa noche, cayó herido Aldo Gutiérrez Solano –hasta la fecha continúa en estado vegetativo–; minutos después fue atacado el autobús del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo.

Fueron asesinados el chofer del camión y al futbolista David Josué García Evangelista, de 15 años. 

La segunda balacera vino cuando los estudiantes platicaban con los reporteros sobre la primera agresión, en la esquina de Periférico y Juan N. Álvarez, salieron disparando a quemarropa hacia los normalistas, maestros de la CETEG y reporteros. 

En ese ataque cayeron asesinados Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, mientras Édgar Andrés Vargas resultó herido; además, los policías mataron de un disparo a la pasajera de un taxi. 

El primer informe del GIEI revela que el gobernador Ángel Aguirre y presidentes municipales de la región Centro y Norte estaban al tanto de lo que sucedía en Iguala, a través del C4.

El entonces alcalde Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, habló en ese momento con el árbitro del equipo de futbol Los Avispones, pero no hizo nada por contener la agresión en contra de los estudiantes y futbolistas.

Primera búsqueda

La primera búsqueda se realizó el sábado 27, porque en el primer recuento a cargo de normalistas y maestros de la CETEG: faltaban 57 estudiantes. Después de cuatro horas de caminar las calles de Iguala, localizaron el cuerpo del normalista Julio César Mondragón Fontes –originario del Estado de México– con el rostro desollado. 

Veintidós policías preventivos de Iguala fueron detenidos y trasladados a Acapulco, por la Fiscalía del estado, como presuntos responsables de los hechos. 

Tres días después, acompañados de estudiantes, organizaciones sociales, la FECSM y maestros de la CETEG, los padres de los 43 normalistas desaparecidos, marcharon en Chilpancingo.

Tardía reacción institucional

La protesta estudiantil y magisterial obligó a que el 1 de octubre, el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, pidiera licencia al cargo por 30 días.

En cuanto el cabildo aprobó su solicitud, el perredista huyó de Iguala, minutos antes de que policías ministeriales sitiaran el palacio municipal para detenerlo. 

Después de cuatro días de silencio, Peña Nieto habló del tema. Las protestas de normalistas, universitarios, maestros y organizaciones sociales tomaron las calles de Chilpancingo y siete ciudades más de la entidad. 

A 11 días del ataque, maestros de la CETEG, organizaciones sociales y universitarios, marcharon e instalaron un plantón en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo.

Como parte de las protestas, estudiantes de Ayotzinapa incendiaron el Palacio de Gobierno de Guerrero, mientras maestros de la CETEG hicieron lo mismo con el palacio municipal de Chilpancingo. 

Al día siguiente, Enrique Peña Nieto prometió encontrar pronto a los 43 normalistas desaparecidos y presentar a los culpables, promesa que quedó en el olvido. Apoyados por comerciantes, organizaciones sociales y estudiantes, los padres de los 43 estudiantes marcharon en Acapulco y plantean la renuncia del gobernador Ángel Aguirre. 

Durante la llamada Primera acción global por Ayotzinapa el 22 de octubre, más de 150 mil personas tomaron el zócalo de la capital del país. A la protesta nacional se sumaron universidades públicas y privadas para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas.

Las protestas se extendieron en todo el país y en el extranjero. Muchos mexicanos radicados en otros países se congregaron en espacios públicos y sedes diplomáticas a exigir justicia y presentación con vida de los 43 normalistas. 

La condena nacional e internacional obligó al gobernador Ángel Aguirre Rivero a pedir licencia para separarse del cargo, después de ser advertido por el presidente nacional del PRD de que, de no hacerlo, el gobierno federal iniciaría un proceso penal en su contra.

Al cumplirse un mes de la desaparición de los 43 estudiantes, el secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, asumió el cargo como gobernador interino.

El 28 de octubre, Peña Nieto se reúnió con los padres de los 43 normalistas en Los Pinos. El encuentro duró cinco horas y al terminar el mexiquense anunció en cadena nacional la firma de 10 acuerdos, con los que las autoridades se comprometieron a localizar a los normalistas y detener a los responsables. El sexenio de Peña finalizó más de cuatro años después, sin que cumpliera su promesa.

Después de 41 días de los hechos de Iguala, la Policía Federal detiene, en la Ciudad de México, a José Luis Abarca y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. 

El 7 de noviembre, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, presentó su primera versión de la “verdad histórica”. 

Ese día, normalistas, organizaciones sociales, maestros y padres de los 43 desaparecidos cerraron durante tres horas y media las instalaciones del Aeropuerto Internacional Juan N. Álvarez, de Acapulco.

El gobernador Rogelio Ortega Martínez mandó un mensaje en el que señaló que los normalistas de Ayotzinapa, “de víctimas, han pasado a victimarios”. 

El 11 de noviembre, maestros de la CETEG incendiaron las oficinas del PRI estatal; policías estatales desalojan a los maestros con gas lacrimógeno.

Familiares de los desaparecidos parten de Ayotzinapa en tres caravanas, el 13 de noviembre a recorrer ocho estados del norte, sureste y sur. 

Durante la llamada Tercera acción global por Ayotzinapa, el 20 de noviembre, en el zócalo de la Ciudad de México, y en 185 ciudades de todo el mundo, miles de personas salieron a exigir la presentación con vida de los 43 normalistas. 

El presidente Peña Nieto convocó a los guerrerenses a hacer un esfuerzo colectivo “a superar” el dolor que dejó la desaparición de los 43 normalistas. 

Dos días después de la declaración de Peña Nieto, el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, da a conocer que un hueso de los restos encontrados en una bolsa que supuestos sicarios de Guerreros Unidos arrojaron al río de Cocula corresponde al normalista Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos. 

El Equipo Argentino de Antropología Forense aclaró, el 7 de diciembre, que ellos no fueron testigos del hallazgo del fragmento óseo.

Un día antes de que se cumpliera el tercer aniversario luctuoso del asesinato de Jorge Alexis Herrera Pinos y Gabriel Echeverría de Jesús, cinco científicos de la UNAM y de la UAM aseguraron que la hipótesis de la PGR era imposible de probar científicamente, porque para la cremación de 43 cadáveres se requería de algo más que leña y llantas. 

A cuatro meses de la tragedia, el titular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, presentó lo que llamó “la verdad histórica”. El procurador aseguró que exigían elementos legales y científicos suficientes para asegurar que los 43 desaparecidos fueron secuestrados, asesinados, incinerados y que sus restos fueron tirados al río San Juan, en el municipio de Cocula. 

El 24 de febrero, en Acapulco, policías federales asesinaron al profesor Claudio Castillo Peña durante una protesta de la CETEG y del SUSPEG, en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas. 

Llega el GIEI

El 2 de marzo llegan a la Normal de Ayotzinapa los integrantes del GIEI, el español Carlos Beristain, la colombiana Ángela Buitrago, el chileno Francisco Cox Vial, la guatemalteca Claudia Paz y Paz y el también colombiano Alejandro Valencia Villa para iniciar la investigación. 

En su informe preliminar del 6 de septiembre, el GIEI desmanteló la “verdad histórica”, lo que significó un duro golpe a la versión presidencial. Con base en peritajes del experto peruano en Ciencias del Fuego José Torero, se descartó que los 43 detenidos desaparecidos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.

La respuesta del gobierno mexicano llegó el 16 de septiembre, al afirmar que forenses de la Universidad de Innsbruck identificaron material genético del normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 desaparecidos en restos hallados en Cocula.

Los padres rechazaron la versión, mientras que el EAAF aclaró el jueves 17 que los resultados del laboratorio de la Universidad Innsbruc no son definitivos. 

2016: salida del GIEI

Después de un año de investigación, el gobierno mexicano anunció, el 13 de abril de 2016, que daba por concluido el trabajo de GIEI, tras varias confrontaciones por la veracidad de la investigación. 

El domingo 24, el GIEI presenta su segundo informe de los hechos, en donde desecha por completo la versión de la PGR, y el 24 de mayo entrega su último informe sobre el caso y pide cambiar la versión oficial, porque “no existe certeza sobre el destino de los estudiantes”.

Tomás Zerón anunció su renuncia a la Dirección de la Agencia de Investigación Criminal pero horas más tarde Enrique Peña Nieto lo nombró secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad. 

A cinco días del segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se reunió con familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos, en la Normal de Ayotzinapa. 

A dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Ángela Buitrago, exintegrante del GIEI, sostuvo que “era claro y es claro que el resultado final no fue el basurero de Cocula. Sobre esos elementos ya hay cinco dictámenes técnicos en ese sentido”. 

Tercer aniversario atravesado por el sismo

A tres años de la desaparición de los 43 normalistas, organizaciones sociales y padres de los estudiantes suspenden la marcha programada para esta fecha y se suman al apoyo de los damnificados del sismo del 19 de septiembre. 

Padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos irrumpieron en un mitin del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, realizado en esta ciudad.

Cuarenta y cinco días después de que López Obrador asumió la presidencia de la República, fue creada la comisión especial para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas. La encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. 

El 3 de septiembre, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, ordenó la libertad de Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, uno de los presuntos líderes que habría ordenado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

Los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el miércoles 11 de septiembre, 15 días antes de cumplirse cinco años de la tragedia. López Obrador dijo en conferencia de prensa que uno de los compromisos de su gobierno es no descansar hasta dar con el paradero de los 43 normalistas. 

A 13 días de que se cumplieran cinco años de la desaparición de los normalistas, un juez federal ordenó la liberación de 24 vinculados al caso. Con esto, suman ya 77 liberados de un total de 142 detenidos.

El 18 de septiembre, la Fiscalía General de la República anunció que la investigación del caso reiniciaría casi desde cero.

Esta semana, de acuerdo con lo anunciado Fiscalía, será llamado a declarar el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre.

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