Por primera vez las figuras de arraigo y la detención ilegal podrían ser motivo de jurisprudencia en la región por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jorge Marcial Tzompaxtle, víctima de esta figura constitucional, exige que la figura sea eliminada

Texto: Lydiette Carrion

FOTOS: Féliix Márquez

CIUDAD DE MÉXICO.- La moneda está en el aire: la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría conocer y emitir jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad del arraigo, por primera vez en la historia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó el informe de fondo sobre el caso de los hermanos Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López, detenidos y arraigados en 2006. Después de que el Estado mexicano responda, la Corte Interamericana podría atraer el caso, y generar jurisprudencia por primera vez en la región sobre la figura de arraigo, así como la detención ilegal.

En rueda de prensa, la organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad y defensores de derechos humanos que acompañaron a la conferencia reiteraron su rechazo a la figura del arraigo en la Constitución mexicana. Por ejemplo, Fray Julián Cruzalta Aguirre expresó que aunque no se debe negar la inseguridad que vive el país, el arraigo no se ha usado en el combate a la delincuencia organizada; pero sí que se ha documentado su uso contra defensores de derechos humanos, líderes de movimientos sociales y personas de escasos recursos. “Ésta es la realidad del país, no estamos haciendo suposiciones”.

Erika Zamora, encargada del área jurídica de la Red, advirtió que es pertinente revisar justo ahora la figura de arraigo, debido a todos los cambios que está sufriendo el país, y cuestionar también el tema de la Guardia Nacional.

Por su parte, una de las víctimas, Jorge Marcial Tzompaxtle, enfatizó que ellos no van a negociar con el Estado mexicano, no les interesa alguna remuneración económica, sino que se elimine la figura de arraigo de la Constitución. La única ayuda que sí solicitan es para la familia de Gustavo Robles López, quien falleció unos años atrás, dejando a su viuda y un hijo.

Una historia de mala suerte

El 12 de enero de 2006, Gustavo Robles López y los hermanos Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile fueron detenidos en el kilómetro de la autopista Las Flores-Orizaba, en Veracruz, por mala suerte: su auto se descompuso y unos policías se acercaron a “ayudar”. Esa fue la carambola de la “mala suerte”.

Jorge Marcial tenía unos 35 años, Gerardo, unos 30, y Gustavo era más joven, 26. Ese mismo día Gerardo y Gustavo llegaron a Astacinga, en la sierra Zongolica, Veracruz, de donde los Tzompaxtle son oriundos. Apenas se acomodaron, salieron en el auto familiar, decidieron “bajar” de la sierra con la intención era ir a pasear. Para transitar la Zongolica, sólo hay un camino de terracería que serpentea el monte, interrumpido por pequeñas rancherías y pueblitos. En uno de esos, dos desconocidos les pidieron aventón. En la zona era común dar ride; el transporte público es muy deficiente, y son pocos los autos particulares, así que los recogieron.

Continuaron luego por la autopista, hasta que a la altura de la caseta El Fortín, el auto se descompuso. A los pocos minutos llegó una patrulla, los oficiales vocearon que el auto estorbaba el tránsito, luego se bajaron a auxiliar. De pronto, las preguntas de los policías se hicieron más incisivas.

Entonces, los dos desconocidos dijeron que iban “por agua” al poblado cercano. Se alejaron caminando, mientras Jorge Marcial, Gerardo y Gustavo hablaban con los patrulleros, quienes exigieron revisar la cajuela del auto. Ahí habían mochilas que pertenecían a los desconocidos, y dentro de ellas hallaron ropa tipo militar, pasamontañas y una libreta.

Jorge, Gerardo y Marcial fueron inmediatamente detenidos. Primero acusados de cohecho, los policías aseguraron que quisieron darles dinero para que los dejaran ir. Pero no los llevaron ante un juez, sino, a las instalaciones de la Policía Federal, donde un tipo de camisa a cuadros, que después supieron trabajaba en el Cisen, los interrogó.

“Nos revisó el cuerpo: si teníamos cicatrices de bala, marcas de botas, o marcas de mochila. Nos preguntó sobre gente de Guerrero, sobre grupos”.

Jorge Marcial lo ha narrado en otras ocasiones. Sintió un miedo brutal. Pensó: nos van a torturar, nos van a desaparecer. Nadie va a volver a saber de nosotros. Y es que eso fue lo que le pasó a su hermano Andrés, quien después de ser víctima de desaparición forzada por elementos del Ejército, regresó casi muerto, en 1997.

El hermano Andrés

Jorge y Gerardo son hermanos de Andrés Tzompaxtle Tecpile, quien en los años noventa optó por convertirse en rebelde, y formó parte del Ejército Popular Revolucionario. Pero, el 20 de octubre de 1997, fue detenido ilegalmente por elementos del Ejército, desaparecido y torturado por casi 4 meses en un cuartel militar en Teotihuacán, Estado de México. Logró escapar porque estaba tan delgado que se pudo sacar las esposas, y luego colarse por una rendija de la ventana. A raíz de la tortura, Andrés sufrió daños físicos permanentes en riñones y perdió parcialmente la vista.

–Pero nosotros tuvimos suerte–, ha dicho en varias ocasiones Jorge Marcial–No los torturaron físicamente, sólo la presión psicológica. Los interrogatorios ilegales, larguísimos, sin abogado. Ahora, en retrospectiva, concluyen que no los torturaron físicamente porque Maximino Tzompaxtle, un hermano de ellos, y Jairo Guarneros, un activista muy conocido de la región de Córdoba Orizaba, se movilizaron de inmediato y difundieron en la radio, en la prensa, inmediatamente.

–La difusión en las primeras horas ayuda muchísimo– reconoce Marcial. Pero probablemente hubo otro factor: el caso de su hermano Andrés (casi 10 años antes de la detención arbitraria de Marcial, Gerardo y Gustavo) tuvo un alto costo político para el Estado mexicano –en particular para el Ejército–, ya que incluso la ONU se pronunció en su momento.

Después del interrogatorio ilegal, los presentaron ante el Ministerio Público en Veracruz; luego el día 14 de enero, se los llevaron a PGR, en Distrito Federal, acusados de secuestro. El pretexto: la libreta hallada en la mochila e informantes “anónimos” que los acusaron de ser los responsables del secuestro de Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, un priista de la región de Orizaba.

Fueron exonerados el día 16 de enero. Pero, antes de que pudieran salir libres, los llevaron a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo y Acopio y Tráfico de Armas. Se les informó que el juez 14 de distrito de procesos penales federales había ordenado su arraigo por 90 días, por los probables delitos de delincuencia organizada con finalidad de cometer terorrismo.

El problema vino por una libreta y un lazo de sangre.

Libreta rebelde

En la libreta, de tapas duras y hojas rayadas, hay una veintena en la que han escrito: alusiones al homicidio de Rubén Robles Catalán (el cual había ocurrido en agosto de 2005), quien fuera secretario de Gobierno de Guerrero durante la masacre de Aguas Blancas, y de Miguel Ángel Mesino Mesino, líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur.

También había citas: “Frente a la Catedral de Córdova. 6:00 pm. Lapso de 10-15 minutos. Tecolote”.

Citas y direcciones en el estado de Guerrero: Ayutla, Chilpancingo. Domingo 13 noviembre, Zócalo Tecoamapa, con Camilo. Algunas palabras de origen náhuatl se entremezclan con números de teléfono. Cifras, dineros, como si el dueño de la libreta estuviera encargado de las cuentas: 4000 a “Pablillo”, 2000 Chato, 2000 Chana, 4400 Sebas, 200 Tigre, 1000 maripos… pasajes, 50 café, 100 dos playeras.

Las citas continúan: “jueves 6 o 7 de la noche, Casa de Pirio… Miércoles, cita con lo de Luis”.

La PGR achacó la libreta a Jorge Marcial Tzompaxtle, concluyó que la letra pertenecía a él. Pero el defensor de los indígenas, Alfredo Legaria, logró probar en juicio mediante una prueba de grafoscopía -a cargo del criminalista Víctor Manuel Cedillo Flores- que en la libreta había letras de distintas personas; pero ninguna era de los detenidos.

Jorge, Gerardo y Gustavo fueron exonerados de cargos en diciembre de 2008. Desde entonces demandaron la inconstitucionalidad del arraigo. Jorge es enfático: no nos interesa ningún dinero, sino que nadie vuelva a pasar por esto.

Zongolica ahora

Después de que salieron de la cárcel, narra Marcial, los hermanos regresaron a su natal Astacinga, en Zongolica, una región serrana, muy pobre, azotada desde hace décadas por la migración del hambre. Ahí tienen una tienda. Y desde que llegaron, el hostigamiento contra ellos y sus familias no se hizo esperar.

Los policías municipales tenían la consigna de ponerles marcaje personal, y la gente, que no tenía tanta politización, creía que se trataba de delincuentes. “Si se perdía algo, decían que fuimos nosotros”. El arraigo trajo muchos problemas a nuestra vida, mucha desacreditación”.

En la zona luego vino la agresión de Ernestina Ascencio, anciana indígena nahua, que fue agredida por militares. Después de eso, bajó un poco la presencia del Ejército, pero luego, bajo el pretexto del crimen organizado, volvieron a subir.

“El crimen organizado ha sido también un pretexto para amenazar. Porque si te desaparecen ahora, pues fue la delincuencia organizada, ya no se cuestiona al Estado”, explica Jorge.

En estos 10 años, ha aumentado la migración, la inseguridad, el huachicol, expresa. Y abajo, en el área de Orizaba y Córdoba, han aumentado mucho los feminicidios.

“Nosotros a lo que le apostamos es a recuperar nuestra cultura. Nosotros somos indígenas nahuas, y ahora, debido a la migración a Estados Unidos, la influencia de la cultura occidental, o del mestizo, ha dañado mucho nuestra cultura».

Jorge explica lo que resulta imprescindible para rescatar su comunidad: “rescatar nuestra lengua, nuestros orígenes, y nuestra forma de vida comunitaria”.

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