A cinco años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, casi la mitad de los detenidos han sido liberados por irregularidades en la investigación. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador asegura que investigará a ex funcionarios por las malas diligencias

Texto: José Ignacio De Alba

Foto: María Ruiz y Cuartoscuro

Cincuenta de los detenidos por el caso Ayotzinapa podrían quedar libres en los próximos días. Otros 53 ya fueron liberados, en la mayoría de los casos el juez desestimó las investigaciones hechas por la Procuraduría General de la República, dirigida por Jesús Murillo Karam, porque los presuntos culpables fueron sometido a torturas para obtener sus declaraciones.

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo en conferencia matutina: “hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”.

Apenas la semana pasada fue liberado Gildardo López Astudillo, quien fuera “una pieza clave” del caso Ayotzinapa. Según el gobierno de Enrique Peña Nieto, el hombre era el jefe de la célula del cártel Guerreros Unidos que asesinó y desapareció a los normalistas. El día de su detención, en 2015, se dijo que las declaraciones López Astudillo darían pistas cruciales para resolver el caso.

El caso de López Astudillo forma parte de la tendencia de liberar a personas implicadas en el caso de desaparición forzada más emblemático de la historia reciente de México. Encinas atribuye no sólo a la tortura el desmoronamiento del caso, asegura que también se debe a “una indebida integración de la investigación por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley”.

Encinas dijo en conferencia: “queremos anunciar que, por instrucciones del presidente de la República, iniciaremos ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura federal los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios de la Fiscalía General de la República y de los jueces en el caso del Poder Judicial federal, para deslindar las responsabilidades en estos casos, donde en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia a las víctimas, se está generando un pacto que favorecerá al silencio y la impunidad en la comisión de este delito”.

En la conferencia Encinas no descarta que Murillo Karam también sea llevado a juicio, además el funcionario recordó que la actual administración inició un proceso en conta de del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, por su actuación indebida en el caso Ayotzinapa.

Después de su salida como procurador la salida en febrero de 2015, Murillo Karam asegura sobre el paradero de los estudiantes “reitero que la investigación queda abierta hasta agotar todas las posibilidades que permitan identificar los restos humanos encontrados en la barranca y en las bolsas localizadas en el río San Juan mientras tanto, se seguirán considerando como desaparecidos los estudiantes de Ayotzinapa para efectos de la investigación’”.

El gobierno de López Obrador se comprometió desde la campaña presidencial a resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecido, incluso en el Informe de gobierno de este domingo reiteró su compromiso.

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