27 septiembre, 2026

Académicas denuncian irregularidades administrativas en su despido y falta de elementos probatorios. Otros grupos apoyan a las denunciantes. Más allá del origen y el desenlace, la situación ha evidenciado es que la Rectoría no previno ni resolvió a tiempo los conflictos al interior del primer posgrado feminista del Sureste del país y el primero con énfasis decolonial a nivel nacional
Texto: Samara Quinart
Foto: Isabel Mateos / Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO. – En la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas (Unicach) existe el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca). Ahí hace 11 años se inauguró el posgrado de Estudios e Intervenciones Feministas, en el cual se trabaja desde la intervención y la acción política y se apuesta por un estudio desde los feminismos decoloniales. El posgrado es de los pocos que se centran en feminismos y no en género; y es el primero en el país que tiene en su centro a las mujeres indígenas.
El 11 de septiembre de 2026, cuatro profesoras-investigadoras del Posgrado de Feminismos del CESMECA-UNICACH fueron notificadas vía correo electrónico que a partir de ese día sus contratos estaban rescindidos y dejaban de pertenecer a la universidad. A su vez el 17 de septiembre la universidad publicó un comunicado en sus redes sociales oficiales donde anunció que esta decisión se debió a “la reiterada presencia de conductas de acoso laboral (mobbing), racismo, exclusión e invisibilización, ejercidas de manera coordinada en la labor académico-administrativa”, estas acusaciones de acuerdo con el comunicado fueron valoradas por la Comisión de Honor y Justicia de la Unicach.
Entre las académicas denunciadas se encuentra la doctora Teresa Garzón, una de las fundadoras del posgrado y quien sostiene en entrevista vía google meet que el conflicto va más allá de lo que la universidad dice, pues el posgrado es un espacio profundamente disputado, sobre todo porque actualmente es el único posgrado en el Instituto que cuenta con las becas que otorga la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Garzón señala que la comunicación que han tenido con la nueva administración ha sido nula. Hace dos años tomó cargo la nueva rectora de la Universidad, la maestra Juana de Dios López Jiménez; y durante su administración las docentes del posgrado nunca han podido reunirse con ella a pesar de las solicitudes. “Cuando ella llegó estábamos ilusionadas en términos de que es una rectora académica, frente a otros rectores que hemos tenido que no tenían la experiencia académica y que iba a estar más sensible a las necesidades y lo que es este posgrado”, dijo Garzón Martínez fundadora del posgrado.
Menciona también, que con la llegada de la rectora la Mtra. Juana de Dios López Jiménez a la universidad el instituto comenzó a decaer y cuando se tuvo que cambiar al director del instituto Cesmeca y se designó al Dr. Emmanuel Nájera de León se hizo de manera impositiva, pues, detalla Garzón, que “la rectora impuso. No fue democrativo, no fue una consulta, no fue nada”. Las docentes del posgrado han manejado la política de no traer problemas, sino traer soluciones, esto último por la falta de recursos en la que se encuentra actualmente el instituto y la universidad. No obstante, menciona Teresa que con la llegada de esta nueva administración comenzaron a ver una decadencia muy fuerte, de primera instancia en términos de infraestructura, “dejamos de tener papel higiénico, agua en los baños e internet”.
Garzón Martínez expresa que cuando se contrató a la actual coordinadora del posgrado, la doctorante Norma Guadalupe Pérez López, las profesoras se comprometieron con la dirección anterior a brindar un acompañamiento durante la curva de aprendizaje de la nueva coordinadora. Este acompañamiento se realizó durante dos años, hasta que se vieron rebasadas por la carga académica, laboral y administrativa del posgrado, por lo que le comunicaron a la coordinadora, Pérez López, que a partir de ese momento tendría que hacerse responsable de la coordinación del posgrado.
A finales del semestre que concluyó en diciembre de 2025, como parte del propio programa del plan de estudios del posgrado se llevó a cabo una reunión donde se evaluó a las profesoras, a las estudiantes y también a la coordinación. Y fue después de esta evaluación que solicitaron a la dirección de Cesmeca que se realizara un cambio en la coordinación.
“Sabemos que nosotras no somos quienes ponemos o quitamos gente, eso es una función de la Rectoría y también que ha habido casos en donde se reubican a las personas. Eso fue en diciembre y llegamos en enero y nos enteramos que teníamos dos quejas en la defensoría de los derechos humanos de la universidad”.
La primera queja corresponde a una estudiante que denuncia malos tratos a la dignidad y violencia contra ella por parte de dos profesoras. Garzón Martínez sostiene que esto se debe a disputas académicas, en primer lugar por una supuesta falta de un coloquio que afectaba su calificación y por problemas en la sustentación de su tesis doctoral.
“Ella no perdió su último coloquio, lo aprobó; y hemos tenido muchas disputas académicas con esa tesis, tanto con la estudiante como con la directora de tesis, que no es del posgrado, porque a la tesis le falta el problema de investigación, y ya la chica llegó al final de su doctorado y esto no es licenciatura, es doctorado, entonces nos acusa pero no hay pruebas”.
Cabe mencionar que si bien se han hecho públicos dos testimonios, no son los que se mencionan en la denuncia, ya que esta se encuentra en procesos legales.
La segunda queja hacia las profesoras, es por parte de la coordinadora, la Mtra. Norma Guadalupe Pérez López quien las acusa de violencia laboral, y discriminación étnica y racial. Las dos investigaciones que se hicieron llegaron a su fin con la resolución de que las cuatro académicas habrían incurrido en prácticas violatorias de derecho. Sin embargo, Garzón resalta que no se presentaron pruebas documentales, sino que sólo se consideraron testimonios, que de acuerdo a lo que comenta, dentro de los testimonios se argumenta que vieron que la coordinadora Pérez López debía preparar el café, y que cuando se dirigían a ella no se referían como doctora.
Ante estas dos acusaciones la Dra. Teresa Garzón sostiene que “en el caso de la alumna se anexa un acta de evaluación que está mal hecha como prueba. Pero nosotras no hacemos las actas, eso es una función de la coordinación y la secretaría académica”, y sobre la segunda queja, menciona sobre los testimonios que se encuentran en la denuncia que “estamos en una situación económica en la universidad donde todas hacemos todo, inclusive ponemos de nuestro dinero para comprar el café; y segunda nosotras nunca nos llamamos por nuestro grado académico, siempre por nuestro nombre, además ella no tiene doctorado, ¿como la vas a nombrar por un título que no tiene, ella tiene su maestría?”.
La coordinadora del posgrado, doctorante Norma Pérez en un testimonio publicado en la red social de Chiapasenlamira.com menciona que “las violencias que he vivido, no solamente han minado mi salud física, mental y espiritual… en ese sentido dejo mis palabras, dejo mi testimonio que si bien es parte de un expediente de 1200 hojas no es el único. Bajo el papel de la coordinación que asumí hace dos años y medio sabía que además de un papel administrativo tenía que negociar con profesores, estudiantes, directivos, basado en un reglamento, basado en un criterio personal… al ser yo una mujer de pueblo originario considero que la universidad es un espacio de diálogo y apertura… que he estado también en grupos activistas, y que esta mirada multidisciplinar del escucha del respeto, del diálogo es algo que ha marcado a lo largo de mi vida y que no es una cuestión negociable, que por ser de un pueblo originario no estoy dispuesta a una cuestión de la subordinación, al servilismo académico que planteaban estas profesoras”.
Es necesario advertir que el despido de las cuatro académicas ha generado revuelo entre los grupos académicos vinculados a los estudios feministas y de género. Y que también se ha dado respaldo a la actual coordinadora, Norma Guadalupe Pérez López, quien denunció públicamente a las cuatro profesoras.
Ante estas resoluciones, las profesoras lograron parar con un amparo la primera queja y están denunciando la segunda investigación en su contra, porque de acuerdo con Garzón, la investigación que se realizó estuvo llena de vicios, no les informaron que había testimonios, y tampoco les dejaron ver el expediente, por lo que tuvieron que meter un amparo –que ganaron–, para poder verlo. Teresa destaca también que en un principio se negaron a entregar el expediente que se conforma de un volumen de mil hojas.
Garzón denuncia que han existido filtraciones del caso, y que el volumen del expediente se debe a que imprimen una y otra vez los reglamentos de la universidad cada que los citan. “Realmente lo que nos acusa, o sea las pruebas que hay en el expediente acusandonos de violencia y discriminación son testimonios. No hay papeles, no hay ni un papel que diga algo, nada. (Son) testimonios que están muy comprometidos porque son testimonios que vienen del director, de la secretaria académica, de la directora de tesis de la estudiante que puso la queja y de la estudiante que puso la queja”.
Además, destaca Garzón Martínez, en la universidad se dio un caso muy serio con las alumnas de la carrera de Biología, quienes denunciaron ante la defensoría y en la universidad que están sufriendo acoso sexual por parte de un profesor. El posgrado decidió acompañarlas durante este proceso y se dieron cuenta que los organismos encargados de estos casos no estaban dando ningún tipo de acompañamiento. “Ellas hicieron pancartas, se han quejado, han ido a medios de comunicación, y entonces nosotras no solo acompañamos un poquito el proceso, sino que en un evento internacional sobre religiosidades que hubo en el Cesmeca, aprovechamos y yo en compañía de una colega pusimos nuestras pancartas”. Después de este evento, el director del instituto envió un acta administrativa a Garzón, la cual sostiene que existe una molestia por parte de la administración del Cesmeca por aliarse con las alumnas de Biología.
Las profesoras han interpuesto denuncias en la Defensoría de los Derechos Humanos de la universidad, pero también han interpuesto denuncias en Derechos Humanos fuera de la universidad. “Nos empezaron a negar las herramientas para trabajar, dejaron de tener reuniones con nosotras y las que realmente salen afectadas son las estudiantes, porque se volvió todo absolutamente un caos”.
Si bien no hay todavía una conclusión del caso, sí hay ya consecuencias. En diversos espacios feministas se han publicado testimonios en contra de las cuatro académicas; sin embargo, entre círculos cercanos, lo que priva es la siguiente reflexión: no hubo un mecanismo institucional que permitiera mejores prácticas y claridad de funciones, ni mecanismos adecuados para evitar que un proyecto académico tan joven, tan innovador, y tan necesario, cayera en crisis, y que además la única solución fuera el despido y el desempleo y no la resolución de conflictos. Estos mecanismos, señalan, debieron ser provistos por la Universidad.
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